El CESE suscribe las medidas propuestas por la Comisión para luchar contra el uso indebido de las sociedades fantasma y establecer un impuesto de sociedades mínimo efectivo, pero quisiera verlas reforzadas. En dos Dictámenes aprobados en su pleno de marzo, el CESE puso de manifiesto posibles deficiencias y propuso añadir elementos importantes. 

Garantizar una imposición equitativa y efectiva en todo el mercado único es esencial para impulsar una recuperación real tras la pandemia de COVID-19 y financiar la transición digital y ecológica. En ambos Dictámenes el CESE acogió favorablemente las propuestas de la Comisión de luchar contra el uso de sociedades fantasma para evadir impuestos e introducir una imposición mínima efectiva para las empresas, pero señaló posibles lagunas y sugirió una serie de medidas adicionales clave. 

Benjamin Rizzo, ponente del Dictamen «Lucha contra el uso de sociedades fantasma», afirmó: «Las sociedades fantasma que se han creado en los Estados miembros deberán adecuarse a la propuesta de la Comisión, y la colaboración entre los Estados miembros es más necesaria que nunca para evitar que se debiliten las competencias fiscales de la UE». 

Javier Doz Orrit, coponente del Dictamen, declaró:«Si la Directiva contra las sociedades fantasma complementa el paquete legislativo de la Comisión de lucha contra el blanqueo de capitales, una norma contra los “facilitadores profesionales” que gestionen sociedades fantasma lo haría aún más completo». 

Krister Andersson, ponente del Dictamen «Nivel mínimo de imposición efectiva de las empresas», señaló: «Se espera que la OCDE presente importantes normas relativas a regímenes de protección, presentación administrativa simplificada y otros puntos importantes. Estas normas deberían incluirse también en la Directiva. Es fundamental que la legislación se transponga de manera uniforme en la UE y se aplique por igual y al mismo tiempo en todo el mundo». 

Petru Sorin Dandea, coponente del Dictamen, aseveró: «El CESE habría valorado positivamente que se hubiera llevado a cabo una evaluación de impacto de las partes de la Directiva que le confieren conformidad con la legislación de la UE. Pedimos que se efectúe dicho análisis y que se ponga a disposición del público». (tk)