Cualquier medida de emergencia adoptada por las autoridades públicas en circunstancias extraordinarias debe ser estrictamente proporcionada, estar claramente limitada en el tiempo y ser objeto de un estrecho seguimiento. En sus intervenciones del 23 de febrero de 2022 ante el pleno del CESE, su presidenta Christa Schweng y la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea Věra Jourová expresaron una posición firme.

En relación con la crisis de la COVID-19 y el estado de emergencia declarado por numerosos Estados miembros de la UE para proteger la salud pública, con las consiguientes restricciones de varios derechos y libertades fundamentales, la Sra. Schweng aseguró: «La pandemia constituye una prueba de resistencia para nuestras sociedades y nuestras democracias. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, el CESE ha considerado esencial seguir de cerca la situación. Hemos escuchado especialmente a los agentes de la sociedad civil en lo que respecta a las consecuencias de la crisis, los retos que supone y las estrategias para salir de ella. La UE debe salir de la crisis de la COVID-19 reforzando sus valores comunes».

La Sra. Jourová subrayó que la pandemia de COVID-19 ha ilustrado de modo muy palpable que nuestros derechos fundamentales y valores democráticos son cruciales en nuestra vida cotidiana y no pueden darse por supuestos: «Una importante lección derivada de la crisis sanitaria es que las medidas necesarias para luchar contra la pandemia no deben tomarse en detrimento de la protección de los valores democráticos y los derechos fundamentales. Hemos de permanecer alerta y defender nuestros derechos fundamentales y nuestros valores comunes, que deben situarse en el núcleo de nuestra respuesta a la COVID-19».

La postura del CESE sobre las repercusiones de la COVID-19 en los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en la UE y en el futuro de la democracia se expresa en un Dictamen presentado por el Grupo sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho del CESE y redactado por José Antonio Moreno Díaz y Cristian Pîrvulescu. En el documento, aprobado por el Pleno, el Comité señala que las medidas especiales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 deben ser excepcionales y limitadas en el tiempo y no pueden ir en contra del Estado de Derecho ni poner en peligro la democracia, la separación de poderes y los derechos fundamentales de la ciudadanía europea. (mp)