El CESE pide que la propuesta de la Comisión de una Tarjeta Europea de Discapacidad vea ampliado su ámbito de aplicación para cubrir estancias más largas de trabajo o estudios, con el fin de garantizar la libertad de circulación de las personas con discapacidad en la UE.

El CESE celebra la propuesta de la Comisión orientada a establecer una Tarjeta Europea de Discapacidad y una Tarjeta Europea de Estacionamiento como un primer paso para que las personas con discapacidad puedan circular libremente por la Unión Europea.

«La propuesta sobre las dos tarjetas afectará a más de ochenta millones de europeos con discapacidad», declaró Ioannis Vardakastanis, ponente general del Dictamen del CESE sobre las Tarjetas Europeas de Discapacidad y Estacionamiento, que se presentó en el pleno del CESE el 14 de diciembre. «Se trata de un paso muy importante para eliminar importantes obstáculos y garantizar que las personas con discapacidad, tanto europeas como nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, puedan disfrutar del principio fundamental en el que se sustenta la Unión: la libertad de circulación. Otras políticas lo tomarán como punto de partida en el futuro».

Sin embargo, el CESE ha advertido de que la propuesta no llega a eliminar algunas de las barreras más importantes a la libre circulación de los europeos con discapacidad, en particular la falta de portabilidad de las prestaciones por discapacidad cuando se trasladan a otro país de la UE para trabajar o estudiar. En su Dictamen de iniciativa, el CESE pide que se amplíe el ámbito de aplicación de la propuesta de tal forma que una persona con discapacidad que se haya desplazado pueda utilizar temporalmente las tarjetas para seguir percibiendo prestaciones vinculadas a las políticas sociales o a los sistemas nacionales de seguridad social.

Esto no ocurre en la actualidad. Cuando alguien se muda de un Estado miembro a otro, al cruzar la frontera pierde sus derechos a recibir prestaciones por discapacidad, hasta que su discapacidad sea reevaluada en el nuevo Estado miembro.

Este proceso de evaluación puede durar más de un año, durante el cual la persona queda sin ningún tipo de reconocimiento o ayuda. «Pedimos que se amplíe el ámbito de aplicación para garantizar que en el nuevo país no exista ningún vacío legal ni ninguna laguna durante este período. Esto permitirá a las personas con discapacidad vivir con dignidad desde el principio», afirmó el Sr. Vardakastanis. (ll)