Los agricultores europeos se enfrentan a crisis agudas, que van desde unas condiciones meteorológicas extremas hasta la inestabilidad de los mercados y la competencia desleal. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) advierte de que las políticas actuales de la UE no protegen a los agricultores y pide reformas urgentes para garantizar sus ingresos, reforzar su poder de negociación y apuntalar una agricultura sostenible.

En un Dictamen solicitado por la Presidencia polaca del Consejo, el CESE aboga por un sistema agrario más resistente, cuyo núcleo sean los agricultores.

«La agricultura es una profesión noble con dos objetivos fundamentales: producir alimentos seguros y de la máxima calidad para alimentar a la población, y preservar y mejorar el medio ambiente. Todo lo que pedimos a cambio es un salario adecuado por un trabajo honesto, respeto y un precio justo por los alimentos que suministramos», declaró Joe Healy, uno de los tres ponentes del Dictamen.

Según el CESE, la política agrícola común (PAC) no está suficientemente bien dotada para afrontar los retos actuales. Entre los instrumentos financieros cuyo uso recomienda para apoyar a los agricultores figuran los seguros públicos para la cobertura de catástrofes naturales, las ayudas anticíclicas y los pagos directos. Los fondos para mutualidades, ya utilizados en algunos Estados de la UE, podrían proporcionar una red de seguridad adicional, financiada colectivamente por los agricultores, la industria, los gobiernos regionales y la UE.

Ante la revisión de la PAC prevista para después de 2027, el CESE aboga por volver a recuperar/restablecer su presupuesto para situarlo al menos al nivel del 0,5 % del PIB de la Unión. Se necesitan normas comerciales más estrictas para garantizar que los productos importados cumplan las normas medioambientales y laborales de la UE.

Otra preocupación clave es la venta por debajo del coste, una práctica que somete a los agricultores a una presión financiera extrema. El CESE insta a los responsables políticos de la UE a que consideren seriamente la posibilidad de prohibir las compras por debajo del coste para evitar que los grandes distribuidores expulsen del negocio a los agricultores, tomando como modelo la legislación española sobre la cadena alimentaria.

Para mejorar la transparencia y reforzar la posición de los agricultores en el mercado, el CESE propone la instauración de un centro digital de la UE para supervisar los precios, costes y beneficios. También aboga por la negociación colectiva de los precios y un mayor apoyo a las cooperativas y organizaciones de productores. Es necesario que la agricultura de la UE en su conjunto aumente su independencia económica y su competitividad.

Aunque los objetivos climáticos son esenciales, los agricultores no pueden ser los únicos que asuman los costes. Un fondo de sostenibilidad podría ayudarlos en la transición hacia prácticas más ecológicas. El Dictamen advierte también del riesgo de fugas de carbono, ya que las estrictas normas de la UE colocan a los agricultores locales en desventaja frente a sus competidores de fuera de la Unión.

El CESE destaca la importancia de la inversión en desarrollo rural, la innovación y la simplificación de las normas de la PAC. La presión creciente a la que se ven sometidos los agricultores hace patente que los dirigentes de la UE deben actuar con urgencia, antes de que desaparezcan más explotaciones. (ks)