Por Emilie Prouzet

Las disfunciones del mercado único tienen un impacto directo en el coste de la vida y el CESE lamenta que la situación se esté degradando. El coste de la vida es más que nunca la principal preocupación de nuestros conciudadanos y sobre todo de las personas jóvenes. Los más afectados son los 94,6 millones de europeos que viven en riesgo de pobreza o exclusión social.

Según estimaciones del FMI, las barreras no arancelarias dentro de la UE equivalen a derechos de aduana de aproximadamente un 44 % para las mercancías, es decir, tres veces más que las barreras entre los Estados de EE.UU, por citar un ejemplo comparativo que ya se ha convertido en habitual. Para el mercado de servicios, el porcentaje se eleva al 110 %.

Hay muchos sectores, como la alimentación, la vivienda, la energía, la asistencia sanitaria o la educación, que se ven afectados y para los cuales existen iniciativas europeas. Todos tenemos que dar un paso al frente: los Estados miembros, los operadores privados y la Comisión Europea en su papel de guardiana de los Tratados. Quisiera mencionar tres de las recomendaciones clave formuladas en el Dictamen.

En primer lugar, urge abordar las restricciones territoriales de suministro y la segmentación nacional por parte de los operadores privados, que limitan la competencia y se traducen en precios más elevados para los consumidores. Según un estudio realizado en 2020 por el JRC, estas restricciones suponen para los consumidores un coste adicional de 14 000 millones de dólares al año. Si se tiene en cuenta la inflación, es lógico que el principal objetivo ahora sea mejorar el mercado interior. La Comisión está trabajando en ello, principalmente a través del Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único. Se han presentado propuestas pese a la complejidad del problema. Es preciso evaluar su impacto y avanzar rápidamente en este ámbito.

Asimismo, proponemos acelerar los procedimientos contra las normas nacionales que infringen el Derecho de la UE. Habría que estudiar la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra infracciones manifiestas de las normas de la UE. No debemos permitir que se levanten barreras. El proteccionismo de algunos Estados miembros tiene consecuencias directas. ¿Y qué decir de la posibilidad de que los medicamentos caduquen antes de que puedan ser redirigidos allí donde más se necesitan?

Por último, es nuestro deber hallar un planteamiento equilibrado entre prevenir la erosión de unas normas estrictas en materia de sostenibilidad, bienestar y protección de los trabajadores y reducir las cargas administrativas innecesarias y facilitar el comercio transfronterizo para promover un mercado interior justo y competitivo.