El CESE ha criticado duramente a la UE por no garantizar un apoyo y una financiación adecuados a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia.

En su pleno del 21 de septiembre, el CESE celebró un debate con la presidenta de Civil Society Europe, Gabriella Civico, en el que advirtió de la grave situación que atraviesan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) europeas. La creciente presión a la que estas se ven sometidas asume diversas formas, desde cortapisas en su financiación hasta campañas de desprestigio y ataques concertados de origen diverso contra su actividad o su credibilidad.

Además, las OSC que se dedican a las cuestiones sociales y políticas más peliagudas, como las que ejercen una labor de vigilancia o las que promueven la igualdad y la no discriminación, suelen ser las que sufren los problemas de financiación más acuciantes, circunstancia que viene comprometiendo seriamente su función crítica de exigir responsabilidades a los gobernantes y preservar la democracia en Europa.

En su Dictamen sobre el tema «Apoyo y financiación de la sociedad civil en el ámbito de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia», aprobado en el pleno, el CESE señaló la necesidad de abordar esta cuestión sin dilación.

En este sentido, el CESE aboga por la creación de un instrumento financiero específicamente dedicado a las OSC que trabajen en favor de los derechos humanos y la democracia en la UE. También debe crearse una plataforma similar a «Protect Defenders» para los defensores de los derechos humanos que trabajen en los Estados miembros de la Unión.

Por otro lado, merecen especial atención las condiciones de trabajo inadecuadas y los ingresos escasos de las personas empleadas en el sector de la sociedad civil, que a menudo trabajan en condiciones de fuerte estrés, lo que entraña enormes riesgos para su salud mental.

«En un momento en que la democracia está en crisis, la responsabilidad de las instituciones europeas es enorme. Necesitamos más que buenas intenciones. Necesitamos acciones concretas que contribuyan al desarrollo de la sociedad civil europea, también en los países candidatos», afirmó el ponente del Dictamen, Cristian Pîrvulescu.

El presidente del CESE, Oliver Röpke, anunció que, en consonancia con su reciente decisión de integrar a los «miembros candidatos a la ampliación» en sus trabajos, el CESE también seguirá de cerca, a partir de ahora, los cambios que afecten a la sociedad civil en los países «aspirantes a la adhesión a la UE». A tal efecto, tiene previsto ampliar el mandato de su Grupo de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho (DFED) —que, desde 2018, ha realizado numerosas misiones en los Estados miembros interesándose por la situación de las OSC— de modo que incluya también a los países candidatos a la adhesión a la UE.

«No podemos permitir que los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia terminen en las fronteras de la UE», afirmó Röpke. (ll)