La instrumentalización de los migrantes auspiciada por el Estado con el objetivo de desestabilizar la UE y la afluencia sin precedentes de refugiados como consecuencia de la guerra de Ucrania requieren una revisión de la política europea de migración. El CESE insiste en que la solidaridad y el reparto de las cargas entre los Estados miembros son necesarios para dar una respuesta común a las crisis de los refugiados. Al mismo tiempo, destaca la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes. 

En el Dictamen del CESE «Instrumentalización de los migrantes» aprobado en el pleno de junio, los miembros destacaron que la respuesta de la UE a esta táctica debe enmarcarse en una política migratoria común, compartida y coherente. 

La futura y muy esperada regulación específica en este ámbito debe prever mecanismos para el reparto solidario de responsabilidades entre los Estados miembros. 

Especialmente ahora, con la guerra de Ucrania y los flujos masivos de refugiados, ha quedado claro que la migración afecta a todos los Estados miembros. Por ello, debe revisarse el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo al objeto de lograr el cambio sistémico necesario para desarrollar una política de asilo y migración racional y basada en los derechos. 

Stefano Palmieri, ponente del Dictamen del CESE, destacó: «Ahora es necesario seguir trabajando para consolidar la reputación de Europa como lugar capaz de prestar ayuda humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos».

Por lo que se refiere a las «amenazas híbridas» desplegadas por terceros países para poner a prueba la unidad de la UE, Pietro Vittorio Barbieri, coponente del Dictamen del CESE, señaló que los seres humanos no son la amenaza sino las víctimas de estas tácticas. 

El CESE subrayó que los inmigrantes afectados son muy vulnerables y necesitan protección e insistió en que la ayuda humanitaria debe cumplir las normas exigidas por la legislación de la UE y respetar las prácticas establecidas para apoyar a las personas vulnerables. El CESE recomienda que se reconozcan los derechos de los migrantes instrumentalizados de forma justa, plena e inmediata, lo que evitará la incertidumbre administrativa. (at)