Hanna Jarzabek, reportera gráfica hispano-polaca y candidata al Premio de Impacto del Periodismo de Investigación para Europa (IJ4EU) de 2024, presenta una imagen sombría de la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, en la que miles de refugiados están intentando cruzar el bosque de Białowieża, llamado «la jungla».

Por Hanna Jarzabek

Desde noviembre de 2021 miles de refugiados, principalmente de países de Oriente Medio y África, han intentado cruzar el bosque de Białowieża, el último bosque primario que queda en Europa, situado a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. El bosque, llamado «la jungla» por algunos refugiados, es un lugar peligroso y difícil de atravesar, especialmente para aquellos que no están acostumbrados al duro clima del noreste de Europa. Muchos refugiados se quedan atrapados en el bosque durante largos períodos de tiempo, donde se enfrentan a condiciones extremas, como la falta de alimentos y agua, y un alto riesgo de hipotermia y muerte durante el invierno. Si son capturados por los guardias de fronteras, normalmente los devuelven al otro lado de la frontera, lo que implica quedarse en los bosques de la parte bielorrusa, a menudo por la noche, sin testigos y con sus teléfonos inutilizados para impedir la comunicación con el mundo exterior. Estos retornos forzosos, conocidos como devoluciones en caliente, se producen incluso en condiciones extremas, sin excepciones para mujeres embarazadas o personas al borde de la hipotermia, que son expulsadas igualmente a territorio bielorruso. Algunos de los refugiados han afirmado haber sufrido estas devoluciones en caliente en varias ocasiones, llegando hasta diecisiete veces.

El anterior Gobierno polaco construyó una valla fronteriza de concertina y reforzada en la base. Al igual que otras barreras similares, no impide que las personas intenten entrar en Europa, pero las expone a lesiones graves. Los guardias de fronteras también han instalado cámaras trampa en el bosque para detectar los movimientos de refugiados y trabajadores humanitarios. Sin campamentos para refugiados, estos se ocultan en el bosque para evitar devoluciones en caliente a Bielorrusia, y la creciente presencia militar dificulta el acceso a la ayuda humanitaria.

Desde el principio, la prestación de ayuda humanitaria en esta frontera se ha enfrentado a importantes dificultades. Después de que el Gobierno de extrema derecha perdiera el poder en octubre de 2023 surgieron esperanzas de un cambio en la política migratoria, pero ha continuado la violencia, el rechazo y el acceso limitado a la atención médica. En la actualidad, Médicos sin Fronteras solo opera con tres empleados a tiempo parcial para ofrecer asistencia médica a lo largo de una frontera de cuatrocientos kilómetros. La organización carece de base permanente, a diferencia de otras regiones fronterizas con flujos migratorios similares. Se enfrentan a condiciones difíciles, en las que a menudo proporcionan ayuda en la oscuridad y sin el equipo adecuado para realizar un diagnóstico preciso. Adaptan su tratamiento a las condiciones del bosque, por ejemplo, haciendo perfusiones intravenosas por la noche o prestando atención médica urgente en casos graves como cuando se produce un aborto.

Tras la construcción del muro, además de los problemas de salud se están produciendo varios tipos de fracturas, ya que las personas que intentan saltar la valla a veces caen de alturas de hasta cinco metros. Algunas de esas fracturas requieren operaciones complicadas y meses de recuperación. En esos casos, así como en los casos de hipotermia, la única solución es llamar a una ambulancia, sabiendo que la persona será detenida y vigilada por los guardias de fronteras durante su estancia hospitalaria. Cuando la persona sale del hospital, la guardia de fronteras decide, en función de sus propios criterios, si la envía a un centro cerrado para extranjeros o a otro abierto. Según el testimonio de varios entrevistados, había situaciones en las que algunos refugiados, tras finalizar su estancia en el hospital, fueron transportados por los guardias de fronteras otra vez al bosque y devueltos a la parte bielorrusa, para comenzar la historia de nuevo desde el principio.

En los últimos meses, el número de soldados estacionados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia también ha aumentado de forma constante, como consecuencia de la escalada de las tensiones en la región. En junio de 2024, un migrante en la frontera apuñaló a un soldado polaco, que más tarde murió a causa de las heridas. Como respuesta, el nuevo Gobierno intensificó su campaña contra la migración e introdujo una ley que permite a los soldados utilizar armas siempre que lo consideren necesario, sin tener que rendir cuentas por sus acciones. Esta decisión suscita importantes preocupaciones, en particular a la luz de anteriores incidentes alarmantes relacionados con el uso de la fuerza. Por ejemplo, en octubre de 2023, un refugiado sirio recibió un disparo por la espalda a la luz del día, lo que le provocó lesiones graves. Del mismo modo, en noviembre de 2023, los voluntarios humanitarios informaron de que los guardias de fronteras disparaban en su dirección sin previo aviso mientras estaban intentando prestar ayuda. La nueva ley no solo entraña el riesgo de normalizar estas prácticas peligrosas, sino que también crea un clima de impunidad que pone aún más en peligro tanto a los refugiados como a los que ofrecen ayuda humanitaria. Al otorgar autoridad sin control a los soldados, esta política socava los derechos humanos básicos y podría agravar la violencia en una región fronteriza ya inestable.

Donald Tusk pretende proyectar la imagen de ser más abierto y consciente de los derechos humanos, pero su Gobierno sigue perpetuando el discurso de la administración anterior de presentar a los migrantes en esta frontera como una amenaza para la sociedad polaca, los deshumaniza y los etiqueta como terroristas o delincuentes. El Gobierno anterior también intentó tachar a los ayudantes humanitarios de ayudantes en la trata de seres humanos, un delito punible con hasta ocho años de prisión. Parece que esta política continuará bajo el Gobierno de Donald Tusk. El 28 de enero de 2025, cinco voluntarios humanitarios que asistieron a una familia de Irak y a un egipcio en 2022 se enfrentarán a un juicio que puede imponerles esa misma pena.

Además, la política migratoria recientemente anunciada (octubre de 2024) invita poco al optimismo. La zona tampón, introducida el pasado mes de julio, sigue en vigor, lo que restringe gravemente el acceso de las organizaciones humanitarias, incluida Médicos sin Fronteras, así como de los periodistas, lo que obstaculiza la prestación de ayuda a los refugiados y la documentación de las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades polacas.

Sin embargo, el aspecto más controvertido de esta política es el plan de suspender el derecho de asilo en esta frontera, una medida que contradice de forma flagrante los derechos humanos fundamentales reconocidos en toda Europa. Además, esta política tendrá implicaciones de gran alcance para la población local de la región fronteriza, pero se ha desarrollado sin ninguna consulta previa con ellos ni con las organizaciones humanitarias. Estas organizaciones, que han trabajado incansablemente para prestar ayuda, también han recabado conocimientos críticos sobre la situación, las necesidades de los refugiados que intentan cruzar la frontera y los retos a los que se enfrentan. Ignorar estas cuestiones no solo socava los esfuerzos humanitarios, sino que también puede exacerbar una situación ya de por sí grave.

Este informe de investigación se ha elaborado con el apoyo de una subvención del Fondo de Periodismo de Investigación para Europa (IJ4EU).

Hanna Jarzabek es una reportera gráfica hispano-polaca basada en Madrid, con formación en Ciencias Políticas y experiencia como analista política para agencias de las Naciones Unidas. Su trabajo se centra en temas como la discriminación, la identidad de género, la diversidad sexual y los flujos migratorios a lo largo de las fronteras orientales de la UE, con un enfoque sensible y respetuoso. Ha publicado en importantes medios de comunicación como El País y Newsweek Japan, su trabajo se ha presentado a nivel internacional y ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos la candidatura para el Premio de Impacto IJ4EU de 2024 y el Premio Leica Oskar Barnack 2023.

Foto del proyecto «The Jungle»:

Pie de trinchera, una infección fúngica que afecta a los pies y uno de los problemas de salud más comunes entre los refugiados que intentan cruzar el bosque de Białowieża (octubre de 2022). 

Por Giuseppe Guerini

Como sugiere el título del informe Letta, la Unión Europea y su sistema económico y empresarial son mucho más que un mercado. Esto se debe a que, desde el principio, la Unión Europea apostó por una economía social de mercado, en la que la prosperidad económica implica no solo la acumulación de riqueza, sino también la capacidad de velar por que este aumento de riqueza —y el comercio que va ligado a ella— beneficie a todos.

De esta forma, las empresas de la economía social forman un ecosistema que garantiza la solidaridad a través de la actividad empresarial, lo que representa un modelo útil para las organizaciones privadas que, al mismo tiempo, actúan en interés general.

El informe Letta destaca este aspecto, que ya venía recogido en el plan de acción y en las recomendaciones sobre la economía social. El informe pide a las instituciones europeas que reconozcan las características específicas de las empresas de la economía social, adaptando las normas que regulan el mercado interior y la competencia y mejorando el marco jurídico de las ayudas estatales para garantizar que estas empresas tengan un acceso más fácil a los préstamos y la financiación.

El CESE ha contribuido significativamente a que las instituciones europeas e internacionales valoren la misión y el papel de las empresas de la economía social. Ha participado en numerosas iniciativas y adoptado numerosos dictámenes en línea con los trabajos que condujeron a la adopción del plan de acción para la economía social, en 2021, y de la correspondiente Recomendación a los Estados miembros en 2023. Por otra parte, al adoptar dictámenes sobre la política de competencia y las ayudas estatales relativas a los servicios de interés económico general, hemos puesto de manifiesto la necesidad de elevar los umbrales para la concesión de ayudas estatales de minimis, y conseguido que se introdujeran modificaciones en el relativo Reglamento, aprobadas a finales de 2023. Las peticiones formuladas en el informe Letta de adaptar el Reglamento general de exención por categorías y mejorar la financiación están en consonancia con lo solicitado por el CESE en varios dictámenes de 2022 y 2023. Ello nos anima a seguir trabajando en la promoción de este Dictamen con el fin de impulsar el reconocimiento de la economía social. Queremos sensibilizar a más personas sobre los beneficios de una regulación eficaz de la competencia y las ayudas estatales, tanto para las empresas de la economía social como para todo el sistema de servicios de interés general.

Elogiado como un hito histórico en el momento de su adopción en mayo de 2024, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE aún no ha demostrado su valor. Pero los retos que nos aguardan en 2025 no serán fáciles: en un entorno geopolítico excepcionalmente incierto, la complejidad inherente al Pacto y el ajustado plazo para su aplicación requerirán cautela y la búsqueda de un delicado equilibrio – Análisis de Camille Le Coz, del Migration Policy Institute Europe (MPI Europe)

A principios de 2025 se plantean cuestiones apremiantes sobre el futuro de las políticas migratorias en la Unión Europea (UE). La nueva Comisión Europea ha trazado un rumbo claro con su plan de aplicación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, pero las circunstancias cambiantes amenazan con desviar la atención política y los recursos a otros asuntos. Las próximas elecciones de Alemania han añadido otra dimensión de incertidumbre, junto con las consecuencias del colapso del régimen de Assad y la impredecible trayectoria de la guerra en Ucrania. Prosiguen los debates sobre los modelos de externalización, pero estos esfuerzos a menudo se producen como maniobras políticas aisladas y no como parte de una estrategia europea coherente. Mientras tanto, la migración sigue siendo utilizada como arma en la frontera polaca con Bielorrusia, y esta instrumentalización da lugar a un número creciente de incumplimientos del Derecho de la Unión. Este año será fundamental para determinar si la Unión Europea puede adoptar un enfoque que fomente la confianza y posibilite una muy necesaria acción colectiva, o si se enfrentará a una mayor fragmentación.

En mayo de 2024, muchos responsables políticos europeos acogieron con satisfacción la adopción del Pacto como un hito histórico logrado tras años de arduas negociaciones. Justo antes de las elecciones europeas, este acuerdo puso de manifiesto la capacidad del bloque para unirse y hacer frente a algunos de sus problemas más complejos. Los objetivos del Pacto son fundamentales para abordar las tensiones en materia de responsabilidad y solidaridad, resolver la percepción de una crisis migratoria perpetua y acabar con las discrepancias entre los procedimientos de asilo entre los Estados miembros, con el fin de armonizarlos. Si bien el nuevo marco se basa en gran parte en el sistema existente, introduce medidas más estrictas, tales como el control sistemático, la mejora de los procedimientos de asilo y retorno en las fronteras y las excepciones a las normas comunes en tiempos de crisis. El Pacto también apuesta por una mayor europeización, ya que prevé la solidaridad obligatoria, el refuerzo del papel de las instituciones y agencias de la UE y el aumento de la financiación y la supervisión europeas.

Sin embargo, este impulso para la credibilidad de la UE en lo referente a la gestión de la migración como bloque podría acabar siendo efímero si los europeos no empezamos a aplicar las nuevas normas en mayo de 2026 a más tardar. Este plazo tan ajustado supone un reto especialmente difícil, ya que el Pacto requiere la creación de un sistema complejo, la movilización de recursos y la contratación y formación de personal, especialmente para los Estados miembros que se encuentran en primera línea. Aunque los Estados miembros han elaborado planes de acción nacionales, gran parte de este trabajo se ha llevado a cabo a puerta cerrada y sin difundir un mensaje político. Esta discrepancia plantea un riesgo cada vez mayor, ya que el liderazgo político es crucial para mantener el frágil equilibrio a escala de la UE.

Además, la aplicación del nuevo sistema requiere la formación de coaliciones entre las partes interesadas. Las agencias nacionales de asilo son fundamentales para que textos legislativos complejos puedan plasmarse en marcos prácticos, y las agencias de la UE —en particular la Agencia de Asilo de la UE— ya desempeñan un papel fundamental en este proceso. Igualmente importante es la participación de organizaciones no gubernamentales a fin de aprovechar sus conocimientos especializados y garantizar el acceso al control y el asesoramiento jurídicos de los nuevos procedimientos, entre otras cosas. Para apoyar estos esfuerzos hacen falta más enfoques colaborativos que incluyan consultas periódicas, mecanismos sólidos de intercambio de información y grupos operativos que se reúnan periódicamente.

En cambio, una parte importante de la atención se ha trasladado a las estrategias de externalización, que son consideradas por un número creciente de capitales europeas como una solución a los retos migratorios de la UE. El acuerdo Italia-Albania ha suscitado numerosos debates sobre su potencial para gestionar mejor los flujos migratorios mixtos, situando a Giorgia Meloni como una figura líder en este ámbito en toda Europa. Sin embargo, todavía no ha dado resultados y sigue siendo un acuerdo bilateral, lo cual excluye las contribuciones de otros socios europeos. Mientras tanto, otros Gobiernos están presentando modelos alternativos —como los centros de retorno— y formas de integrarlos en un enfoque a escala de la UE.

El retorno ocupará el centro del debate político en los meses venideros. De hecho, parte del Pacto depende del incremento de la celeridad de los retornos, especialmente en el caso de quienes estén siendo objeto de procedimientos fronterizos en los Estados de primera línea. La Comisión y los Estados miembros tratan de hacer frente a esta urgencia, dejando margen para determinar la idoneidad de los centros de retorno y con propuestas para revisar la Directiva sobre retorno previstas para marzo. Dada la brevedad de los plazos, el riesgo es que los europeos no reflexionen cabalmente sobre las lecciones aprendidas sobre el terreno, a pesar de los avances realizados durante la última década en ámbitos como el trabajo de acercamiento, el asesoramiento, el apoyo a la reintegración y el aprendizaje mutuo a escala de la UE. Además, Europa debe ser prudente para que la experimentación con modelos de externalización no perjudique sus relaciones con los países de origen ni debilite su posición en términos generales.

Este delicado número de equilibrismo se está desarrollando en un entorno excepcionalmente incierto, lo cual convierte la aplicación del Pacto en una prueba no solo para la gestión de la migración, sino también para el proyecto europeo de forma más general. La situación en la frontera polaca, en particular, pone de relieve los retos específicos que se plantean a la hora de observar normas vinculantes bajo presión de un vecino hostil. Por lo que se refiere a Siria y Ucrania, las capitales europeas deben estar preparadas para acontecimientos imprevistos. En el próximo año, será fundamental fomentar un liderazgo sólido a escala de la UE con el fin de aplicar nuevas normas y seguir explorando innovaciones que sean compatibles con un enfoque conjunto y lo fortalezcan. Esto implica centrar los esfuerzos en la creación de asociaciones resilientes con países prioritarios y evitar el desvío de recursos hacia maniobras políticas.

Camille Le Coz es directora asociada del Migration Policy Institute Europe, un instituto de investigación con sede en Bruselas que busca una gestión más eficaz de los sistemas de inmigración, integración de los inmigrantes y asilo, así como resultados satisfactorios para los recién llegados, las familias de origen inmigrante y las comunidades de acogida.