Con la Declaración sobre los Derechos y Principios Digitales y la Ley de Datos, la UE da dos nuevos pasos hacia la creación de un espacio digital que sitúe a las personas en su centro, tal y como se destacó en un debate en el pleno de junio del CESE.

En su pleno del 15 de junio, el CESE celebró un debate sobre derechos y principios digitales con Andrea Renda, investigador principal y director de Gobernanza Mundial, Regulación, Innovación y Economía Digital en el Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS). El debate estuvo vinculado a la aprobación de los Dictámenes del CESE sobre el proyecto de Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales y la Ley de Datos.

Renda expresó su apoyo a la declaración y a la ley como dos piezas del rompecabezas del sistema normativo de la UE, que constituye una alternativa tanto al estadounidense, dominado por la gobernanza privada, en manos de las grandes empresas, como al chino, controlado por el Estado y en el que los datos obtenidos por los grandes gigantes tecnológicos se han convertido en una herramienta de vigilancia gubernamental masiva.

«Tenemos ciertas ideas de protección y seguridad que requieren no solo que las personas y empresas privadas sean más responsables, sino también que los gobiernos sean más inteligentes y cuenten con más competencias y con las herramientas necesarias para evaluar qué es seguro y qué puede evolucionar hacia algo que no lo es», afirmó. «Y hablamos sobre sostenibilidad, no solo medioambiental, sino cada vez más sobre sostenibilidad económica y social, porque el modelo que ha habido hasta ahora no es sostenible ni económica ni socialmente».

«El compromiso de la UE con los derechos y principios digitales es de gran relevancia para abordar la brecha digital aún existente, especialmente en lo que respecta al acceso a los servicios públicos y privados en línea para la población de mayor edad y la población rural», declaró Philip von Brockdorff, ponente del Dictamen del CESE sobre el proyecto de declaración. 

Subrayó que la declaración debe respaldar el desarrollo sostenible no solo en relación con el medio ambiente, sino también en lo que respecta a la sostenibilidad social, minimizando los efectos perjudiciales y maximizando el impacto positivo de las tecnologías digitales sobre la economía y la sociedad.

Al presentar el Dictamen del CESE sobre la Ley de Datos, su ponente Marinel Dănuț Muresan subrayó que es necesario abordar las inquietudes legítimas de la sociedad civil: «La seguridad de la ciudadanía de la UE es de gran importancia. Todas las partes interesadas deben tener acceso. Tenemos que crear centros de datos que sigan las normas en materia de ciberseguridad y garanticen una formación profesional continua para quien trate datos, así como un acceso equitativo a todas las partes interesadas, en particular, a las pymes». (dm)