El CESE ha analizado la propuesta de la UE orientada a regular las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). En un Dictamen aprobado en octubre de 2023, el Comité hace hincapié en la necesidad de normas de calidad para luchar contra el blanqueo ecológico y aboga por la inclusión obligatoria del principio de doble materialidad.

Las definiciones de «calificación ASG» y «proveedores de calificaciones ASG» deben precisarse para excluir determinadas actividades no comerciales del ámbito de aplicación del Reglamento. Además, el CESE recomienda que se instaure una agencia de la UE centrada en la sostenibilidad.

Las calificaciones ASG orientan las inversiones hacia prácticas sostenibles, lo que contribuye a la transición hacia una economía climáticamente neutra. Krzysztof Balon, ponente del CESE, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y hace hincapié en «la necesidad de contar con normas rigurosas y transparentes y prevenir los conflictos a fin de aumentar la confianza en los mercados financieros y lograr una economía climáticamente neutra».

A fin de garantizar la calidad y luchar contra el blanqueo ecológico, el CESE propone que los proveedores de calificaciones ASG se sometan a un proceso de autorización y estén sujetos a requisitos organizativos. Asimismo, considera procedente una norma de «doble materialidad», que obligue a las empresas a informar sobre las repercusiones de la sostenibilidad en sus actividades y en la sociedad o entorno en los que se ubican. «Estas medidas pretenden aumentar la fiabilidad de la información mediante una competencia regulada entre los proveedores», afirma el coponente del CESE, Andrea Mone.

Además, el CESE propone precisar la noción de «calificación ASG» y excluir de la regulación las evaluaciones no comerciales que llevan a cabo determinados grupos. El Comité aboga por crear una agencia de la UE centrada en la sostenibilidad para colmar las lagunas del mercado calificando a las pymes, los proveedores de servicios y las empresas de la economía social. Dicha agencia restablecería la confianza de la ciudadanía en los mercados financieros y facilitaría la resolución de litigios, una prioridad para el CESE. (tk)