La segunda edición de la Semana de la Sociedad Civil del CESE tendrá lugar entre los días 17 y 20 del próximo mes de marzo y se centrará en el tema «El refuerzo de la cohesión y la participación en las sociedades polarizadas». Ya puede inscribirse aquí.
La segunda edición de la Semana de la Sociedad Civil del CESE tendrá lugar entre los días 17 y 20 del próximo mes de marzo y se centrará en el tema «El refuerzo de la cohesión y la participación en las sociedades polarizadas». Ya puede inscribirse aquí.
Aún tiene tiempo para inscribirse y participar en la segunda Semana de la Sociedad Civil del CESE, durante la cual la sociedad civil europea, los responsables políticos de la UE, expertos, periodistas y otras partes interesadas se reunirán para debatir uno de los retos actuales más acuciantes: cómo contrarrestar la polarización de nuestras sociedades.
Alimentada por las distintas crisis que se han ido solapando en el tiempo, desde la pandemia y el cambio climático hasta el aumento del coste de la vida y la creciente disparidad de ingresos, la polarización se ha extendido por toda la UE y fuera de ella, profundizando las divisiones sociales, minando la confianza en las instituciones democráticas y tensionando al límite la unidad en el seno de las comunidades.
En este contexto, la Semana de la Sociedad Civil 2025 emite un llamamiento vehemente a la acción para promover la cohesión social y reforzar la participación democrática. Gracias a sus debates animados y sus talleres colaborativos, este foro de cuatro días proporcionará una plataforma única para que todos los asistentes participen en debates críticos, compartan buenas prácticas y colaboren para desarrollar soluciones pragmáticas.
¿Cómo se desarrollará?
En la Semana de la Sociedad Civil 2025 habrá mesas redondas moderadas por el Grupo de Enlace del CESE, y otros momentos destacados serán el Día de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) y la ceremonia de entrega del Premio Sociedad Civil del CESE.
Los actos comenzarán con un discurso inaugural pensado para suscitar la reflexión, a cargo de la académica, escritora y comentarista política Albena Azmanova, que sentará las bases de la discusión y encuadrará los debates que tendrán lugar posteriormente.
En el siguiente panel de alto nivel se debatirá en torno a la cuestión «¿Seguimos todavía unidos en la diversidad?». Entre los intervinientes figurarán Younous Omarjee, vicepresidente del Parlamento Europeo; en nombre de la Presidencia polaca, Adriana Porowska, ministra de Sociedad Civil; Oliver Röpke, presidente del CESE; Brikena Xhomaqi, copresidenta del Grupo de Enlace del CESE; Petros Fassoulas, secretario General del Movimiento Europeo Internacional, y Mădălina-Mihaela Antoci, del Consejo Nacional de la Juventud de Moldavia.
A lo largo de la Semana de la Sociedad Civil se examinará de qué manera la educación cívica puede contribuir a superar las diferencias, cómo puede Europa liderar la innovación sin poner en entredicho sus valores y qué podría contribuir a hacer la vivienda más asequible y sostenible, al tiempo que se aborda la pobreza energética y se apoya la convivencia de personas de distintas generaciones. También se analizarán maneras de reforzar la sociedad civil mediante el apoyo del sector público, filántropos y organizaciones benéficas, se estudiará cómo garantizar que las políticas de la UE reflejen las necesidades locales en las transiciones ecológicas verde y azul y se debatirá cómo reconocer a la verdadera sociedad civil en toda Europa, protegerla y colaborar con ella de manera más eficaz.
En una sesión especial, organizada conjuntamente con el Parlamento Europeo, se abordará específicamente el marco financiero plurianual (MFP) y sus repercusiones para la sociedad civil.
Día de la ICE 2025
El 18 de marzo se celebrará el Día de la ICE, jornada durante la cual se pondrá el foco en esta poderosa herramienta de democracia participativa que constituye la iniciativa ciudadana europea(ICE). Creada en virtud del Tratado de Lisboa, la iniciativa permite a la ciudadanía pedir a la Comisión Europea que proponga nueva legislación de la UE sobre una cuestión concreta. Para que la Comisión admita a trámite la petición, los promotores deben recoger un millón de firmas de apoyo a su causa.
En los debates de alto nivel y los talleres interactivos, los participantes abordarán temas clave como el papel de la ICE en la lucha contra la polarización y las opciones para consolidar el apoyo en todos los Estados miembros. Se hará especial hincapié en la manera en que las organizaciones de la sociedad civil pueden participar activamente en el proceso de la ICE para hacer oír la voz de la ciudadanía en la elaboración de las políticas europeas.
Los participantes tendrán también la oportunidad única de contactar directamente con promotores de ICE pasadas, presentes y futuras, a fin de intercambiar buenas prácticas y aprender lecciones que puedan servirles para sus propias campañas.
Además, el acto pondrá de relieve la importancia de las estrategias de impacto para lograr que las ICE y los paneles de ciudadanos sean más eficaces y prestará atención a cómo pueden aumentarse las oportunidades de seguimiento legislativo por parte de las instituciones de la UE.
Premio Sociedad Civil 2025
Asimismo, durante la última jornada de la Semana de la Sociedad Civil 2025 se celebrará la ceremonia de entrega de la 15.ª edición del Premio Sociedad Civil del CESE.
El objetivo de este galardón es concienciar sobre la extraordinaria contribución de la sociedad civil a crear una identidad y una ciudadanía europeas y promover los valores comunes que apuntalan la integración europea. Se concede anualmente a particulares y organizaciones de la sociedad civil por sus proyectos no lucrativos, innovadores y creativos sobre diferentes temas de importancia para la UE.
Este año, el premio se otorgará a tres proyectos que luchan contra la polarización perjudicial de la sociedad europea.
La Semana concluirá con una sesión de clausura dinámica, en la que participarán diferentes oradores, entre ellos, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (por confirmar); Katarina Barley, vicepresidenta del Parlamento Europeo; Oliver Röpke, presidente del CESE, y Nataša Vučković, secretaria general de la organización serbia Centre for Democracy Foundation.
Participe en la conversación
Las cuatro jornadas de intensos debates, la presencia de oradores inspiradores de alto nivel y las magnificas oportunidades de creación de redes prometen hacer de la Semana de la Sociedad Civil 2025 una ocasión que nadie debería perderse. Inscríbase hoy mismo y únase a nosotros para transformar el diálogo en cambio. Su voz es importante para construir una Europa más cohesionada y participativa.
El Grupo de Trabajadores del CESE advierte del peligro de que, en el afán de la UE por seguir siendo competitiva en la economía mundial, se dejen de lado unos derechos sociales y laborales obtenidos con tanto esfuerzo. En el contexto del llamamiento a una mayor desregulación, la UE no debe retroceder en principios y derechos clave, como el pilar europeo de derechos sociales.
El Grupo de Trabajadores del CESE advierte del peligro de que, en el afán de la UE por seguir siendo competitiva en la economía mundial, se dejen de lado unos derechos sociales y laborales obtenidos con tanto esfuerzo. En el contexto del llamamiento a una mayor desregulación, la UE no debe retroceder en principios y derechos clave, como el pilar europeo de derechos sociales.
Siguiendo las recomendaciones de los informes Draghi y Letta, la Comisión ha publicado una Comunicación sobre la Brújula para la Competitividad que, junto con las iniciativas horizontales que propone, tiene por objeto impulsar la actividad de las empresas y el fin último de reforzar la ventaja competitiva de Europa.
El Grupo de Trabajadores está profundamente preocupado por la posibilidad de que los derechos sociales y laborales se vean mermados en el proceso, ya que la UE parece haber decidido mantener el ritmo de otras economías competitivas cueste lo que cueste.
Esta es la razón por la que el Grupo de Trabajadores ha presentado una serie de dictámenes de iniciativa que abordan la cuestión de la competitividad desde el punto de vista del valor añadido del capital humano, por ejemplo la propuesta de Dictamen «El papel de los sindicatos en la mejora de la productividad». Con dicho dictamen se pretende mostrar que la fuerza motriz de la productividad en la UE (que influye en la competitividad) es principalmente la inversión en capital humano (los trabajadores) y en tecnología e innovación.
En este sentido, se hace hincapié en el papel fundamental de los sindicatos, ya que aglutinan a una diversidad de trabajadores a través de la negociación y las acciones colectivas, modelando las dinámicas del mercado laboral y contribuyendo así al compromiso de lograr una economía competitiva.
Un próximo estudio del Grupo de Trabajadores tendrá igualmente por objeto hacer un balance y una evaluación de la situación de la legislación de la UE relacionada con el pilar europeo de derechos sociales. El estudio constituirá una importante herramienta de seguimiento de la política social ante la posibilidad de que, en su búsqueda de un camino real hacia la competitividad, Europa se centre principalmente en la economía.
Por último, en su reunión de abril de la Categoría «La voz de los trabajadores en pro de una mayor participación democrática», el Grupo de Trabajadores examinará los trabajos propuestos con el fin de reducir la carga normativa de las empresas —considerada un factor que ralentiza la competitividad de Europa— y su impacto en la legislación de la UE que protege a los trabajadores y el medio ambiente, en concreto en el contexto de la diligencia debida y la presentación de información corporativa en materia de sostenibilidad.
Por el Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del CESE
Entre 2010 y 2022, los precios de la vivienda aumentaron un 47 % en la UE. Durante el mismo período, los alquileres aumentaron un 18 %. Según Eurostat, en 2023 más del 10 % de los hogares de las ciudades y el 7 % de los hogares de las zonas rurales gastaron más del 40 % de su renta disponible en alojamiento. Para arrojar más luz sobre cómo podemos hacer que la vivienda sea más asequible y sostenible para todos los europeos, el CESE encargó un estudio que examina soluciones políticas para lograrlo. En esta entrevista, las coautoras del estudio, Agnieszka Maj, economista, y Karolina Zubel, directora de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático del Centro de Investigación Social y Económica (CASE), comentan sus principales conclusiones.
Por el Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del CESE
Entre 2010 y 2022, los precios de la vivienda aumentaron un 47 % en la UE. Durante el mismo período, los alquileres aumentaron un 18 %. Según Eurostat, en 2023 más del 10 % de los hogares de las ciudades y el 7 % de los hogares de las zonas rurales gastaron más del 40 % de su renta disponible en alojamiento. Para arrojar más luz sobre cómo podemos hacer que la vivienda sea más asequible y sostenible para todos los europeos, el CESE encargó un estudio que examina soluciones políticas para lograrlo. En esta entrevista, las coautoras del estudio, Agnieszka Maj, economista, y Karolina Zubel, directora de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático del Centro de Investigación Social y Económica (CASE), comentan sus principales conclusiones.
¿Qué analiza este estudio del CESE y por qué es pertinente?
Este estudio sobre una vivienda sostenible y asequible en la UE examina la necesidad de contar con una vivienda de estas características en la Unión haciendo hincapié en el papel de la digitalización —la inteligencia artificial (IA), las licencias de obra digitales o las bases de datos pertinentes— y las estructuras de la economía social. A través de estudios de casos, destaca los esfuerzos innovadores que mejoran la asequibilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de la vivienda. El estudio formula recomendaciones practicables para 2030 y 2050, en consonancia con los objetivos de la UE en materia de resiliencia frente al cambio climático, equidad social y crecimiento económico; ofrece información estratégica para adaptar las políticas de vivienda a los retos cambiantes, y fomenta el bienestar de las comunidades.
¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio?
La digitalización representa una oportunidad importante para mejorar la eficiencia en la planificación, la construcción y la gestión de la vivienda, reduciendo potencialmente los costes y mejorando la sostenibilidad. Sin embargo, su impacto actual en el ahorro de costes es limitado. Entre los principales obstáculos a la adopción de los avances digitales figuran las opiniones de las partes interesadas tradicionales, la percepción de que el rendimiento de la inversión es bajo, los elevados costes de incorporación y la falta de incentivos, formación y regulación. A fin de aprovechar todo el potencial de la digitalización, es esencial seguir invirtiendo en infraestructuras digitales, por ejemplo, haciendo que las plataformas digitales sean interoperables.
La participación de las entidades de la economía social (asociaciones de viviendas de lucro limitado, organizaciones de utilidad pública, cooperativas) representa una innovación política prometedora para hacer frente a los actuales retos en materia de vivienda. Estas entidades ofrecen soluciones de vivienda eficientes en términos de costes y bien diseñadas que fomentan la cohesión comunitaria y promueven la estabilidad a largo plazo de la vivienda. Por ejemplo, los proyectos de vivienda sin ánimo de lucro o de lucro limitado en Viena, que representan el 30 % de la construcción total de viviendas en dicha ciudad, desempeñan un papel crucial en la estabilización del mercado de la vivienda al ejercer un efecto moderador de los precios. Esto ayuda a mantener la asequibilidad de los alquileres y evita distorsiones del mercado.
A partir de las conclusiones, ¿cuáles son sus principales recomendaciones de actuación y sus líneas de investigación futuras?
A medio plazo, las políticas de vivienda de la UE deben dar prioridad a la introducción de un «Nuevo Pacto Europeo para una Vivienda Social Sostenible y Asequible» y de una «Directiva sobre la vivienda» para adoptar un enfoque unificado en todos los Estados miembros. Los países deben promover modelos innovadores como las cooperativas y los proyectos de vivienda de lucro limitado, proporcionar apoyo financiero flexible a los proyectos de vivienda y adoptar herramientas digitales que mejoren las soluciones de vivienda.
A largo plazo, las políticas de vivienda deben adoptar un enfoque estratégico y sostenible y hacer hincapié en las soluciones locales y el seguimiento continuo. La digitalización debe normalizarse a través de la legislación, con prácticas de economía circular como los préstamos bancarios vinculados a la circularidad de los edificios, los incentivos al alquiler basados en la eficiencia energética y las iniciativas de financiación de base. Además, el concepto de «vivienda social» debe ampliarse para incluir a las familias de renta media, similar al modelo de «vivienda social» de Viena, promoviendo la mezcla social y evitando la gentrificación. También es fundamental centrarse tanto en las nuevas construcciones como en las renovaciones y reorientar los edificios no utilizados para satisfacer eficazmente las necesidades de vivienda.
La investigación futura debe centrarse en enfoques inclusivos de planificación urbana, construcción y oferta de vivienda destinada a mejorar la accesibilidad para todos los ciudadanos. También debe analizar el impacto de las tecnologías emergentes, como la IA y la automatización, en el ahorro de costes y la eficiencia en el desarrollo y la gestión de la vivienda. Además, debe explorar los modelos de vivienda innovadores en todos los Estados miembros de la UE para detectar aquellas estrategias que puedan incrementar tanto la asequibilidad como la sostenibilidad.
El estudio fue encargado por el CESE a petición del Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil.
El mercado de la electricidad debe reformarse de manera que no se limite a cumplir los objetivos de neutralidad climática para 2050. El Comité Económico y Social Europeo afirma que es fundamental garantizar la seguridad del suministro, unos precios estables y asequibles y el derecho a la energía con el fin de proteger a los grupos vulnerables.
El mercado de la electricidad debe reformarse de manera que no se limite a cumplir los objetivos de neutralidad climática para 2050. El Comité Económico y Social Europeo afirma que es fundamental garantizar la seguridad del suministro, unos precios estables y asequibles y el derecho a la energía con el fin de proteger a los grupos vulnerables.
En el Dictamen Futuro del suministro y de la tarificación de la electricidad en la UE, emitido en enero y elaborado por Jan Dirx y Thomas Kattnig, el CESE aboga por un modelo de regulación pública en los casos necesarios y de iniciativa empresarial privada siempre que sea posible, y recomienda un «mecanismo para la electricidad».
Este mecanismo podría adoptar la forma de una empresa creada por los poderes públicos que actúe como creador de mercado en el mercado de la electricidad, con el fin de lograr la neutralidad climática, la seguridad del suministro y unos precios estables y asequibles.
A juicio del Comité, los cambios necesarios en el mercado de la electricidad deberían llevarse a cabo en tres fases.
En la primera fase, de aquí a 2030:
el mecanismo para la electricidad ampliará su cartera con una combinación de generación de electricidad (sin emisiones de CO2). En este período, el comercio de la electricidad será objeto de negociación diaria, pero la influencia del mecanismo para la electricidad en el mercado será cada vez mayor.
En la segunda fase, de 2030 a 2040:
el mecanismo para la electricidad alcanzará su posición de creador de mercado y controlará una parte adecuada de la oferta del mercado mediante contratos de suministro. La negociación diaria se irá ajustando en consecuencia durante este período.
En la tercera fase, de 2040 a 2050:
el mecanismo para la electricidad optimizará la oferta de energía para garantizar, a partir de 2050, un suministro sostenible a largo plazo de electricidad con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y precios estables y predecibles. (mp)
Europa avanza a un ritmo considerablemente más lento en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que hace temer por el cumplimiento de las metas para 2030. El Informe sobre el Desarrollo Sostenible en Europa 2025, publicado por la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (SDSN) de las Naciones Unidas, revela que los avances en materia de ODS entre 2020 y 2023 fueron inferiores a la mitad de los registrados en el período anterior.
Europa avanza a un ritmo considerablemente más lento en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que hace temer por el cumplimiento de las metas para 2030. El Informe sobre el Desarrollo Sostenible en Europa 2025, publicado por la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (SDSN) de las Naciones Unidas, revela que los avances en materia de ODS entre 2020 y 2023 fueron inferiores a la mitad de los registrados en el período anterior.
Entre 2016 y 2019, se observaron progresos de 1,9 puntos en sentido positivo, cifra que se desplomó hasta tan solo 0,8 puntos en los años siguientes. Esta ralentización se produce en un contexto de retos medioambientales, sociales y geopolíticos cada vez más acuciantes. El objetivo 2 («Poner fin al hambre») sigue suscitando gran preocupación, debido a los problemas persistentes de seguridad y sostenibilidad alimentarias en toda Europa.
En un estudio independiente elaborado para el Comité Económico y Social Europeo (CESE) se insiste en la necesidad de introducir cambios alimentarios que sirvan de apoyo a la agricultura sostenible y la salud pública.
Aprovechando el inicio de un nuevo ciclo institucional de la UE, los expertos piden políticas e inversiones más vigorosas para acelerar los avances en la consecución de los ODS. La cooperación y la financiación a escala mundial se consideran cuestiones cruciales; en este sentido, se espera que la 4.ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará el próximo mes de junio en España, se centre en aumentar el apoyo financiero a la sostenibilidad.
Guillaume Lafortune, vicepresidente de la SDSN y autor principal del informe, advierte de que el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas complica los esfuerzos en materia de sostenibilidad, pero se mantiene optimista.
«Nuestro planeta es un lugar cada vez más peligroso, inestable e incierto —afirmó—, pero cuyos habitantes, en particular los jóvenes, desean un desarrollo sostenible. Dada la magnitud de la economía mundial y las tecnologías disponibles, el mundo tiene potencial para lograr un desarrollo sostenible pleno».
«La sostenibilidad de los sistemas alimentarios constituye un factor fundamental para la aplicación de los ODS. En aras de agilizar la adopción de medidas, necesitamos mecanismos más ambiciosos que protejan los medios de subsistencia de los agricultores, los pequeños productores de alimentos y otras partes interesadas en toda la cadena alimentaria, pero también debemos acabar con la distribución inicua y garantizar una transición justa», declaró Peter Schmidt, presidente de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) del CESE, al tiempo que pedía un mayor compromiso de la sociedad civil.
Con tan solo cinco años ante sí, a la UE se le presenta la disyuntiva de actuar con decisión o correr el riesgo de no cumplir sus compromisos con un futuro sostenible y equitativo. (ks)
La forma óptima de defender los intereses legítimos de la UE en el Ártico europeo es actuar conjuntamente a través de una estrategia de la UE para el Ártico que refuerce la participación de la sociedad civil en todas las decisiones pertinentes. Una cooperación estrecha con Groenlandia también es vital para una inversión sostenible en el Ártico que garantice la prosperidad y la resiliencia de la región.
La forma óptima de defender los intereses legítimos de la UE en el Ártico europeo es actuar conjuntamente a través de una estrategia de la UE para el Ártico que refuerce la participación de la sociedad civil en todas las decisiones pertinentes. Una cooperación estrecha con Groenlandia también es vital para una inversión sostenible en el Ártico que garantice la prosperidad y la resiliencia de la región.
El miembro del CESE Anders Ladefoged, ponente del Dictamen, ha declarado: «Mediante nuestro nuevo Dictamen sobre la política de la UE en relación con el Ártico, presentamos la perspectiva de la sociedad civil sobre la forma en que la UE podría desarrollar su política en la región, tanto para cuidar de sus propios intereses como para contribuir a garantizar la resiliencia y prosperidad de la región en favor de sus habitantes».
El CESE también apoya y alienta las consultas exhaustivas y la cooperación con los pueblos indígenas del Ártico. En este contexto, el miembro del CESE Christian Moos, coponente del Dictamen, ha afirmado: «Los intereses de los Estados del Ártico europeo se defienden mejor conjuntamente, tanto mediante la cooperación entre los Estados miembros del norte de la UE como mediante una estrategia europea para el Ártico, que debe velar por la participación de la sociedad civil y defender los derechos de la población local y los pueblos indígenas».
Groenlandia, cuya problemática también se trata en el Dictamen, se enfrenta a una situación similar a la del Ártico europeo en lo que respecta tanto a las oportunidades como a los retos relacionados con la rápida transformación de la región.
En relación con Groenlandia, el Sr. Moos ha declarado: «La cooperación reforzada europea, también en Groenlandia, es vital para una inversión sostenible en el Ártico europeo que lo convierta en una región próspera y resiliente».
Para los groenlandeses, uno de los principales objetivos es reforzar su autodeterminación como nación, bajo el lema «nada sobre nosotros sin nosotros». No obstante, la UE es considerada un aliado cercano con valores comunes, como los derechos humanos y el diálogo social. (at)
La UE necesita prestar mayor atención a la política de competencia para reforzar su competitividad a escala mundial, impulsar la productividad y garantizar que el mercado único siga siendo un pilar de la pujanza económica.
La UE necesita prestar mayor atención a la política de competencia para reforzar su competitividad a escala mundial, impulsar la productividad y garantizar que el mercado único siga siendo un pilar de la pujanza económica.
En su pleno de enero, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó el Dictamen «Una política de competencia en la base de la competitividad de la UE». El Dictamen pide una mayor integración de las economías nacionales y unas estrategias de ayudas estatales más inteligentes para aprovechar el potencial económico de Europa y abordar los principales retos mundiales, como la digitalización, el cambio climático y la resiliencia.
El CESE ha destacado que la política de competencia es fundamental para fomentar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico. «No hay conflicto entre competencia y competitividad», ha afirmado la ponente, Isabel Yglesias. «Con procedimientos simplificados, instrumentos flexibles y recursos suficientes, la política de competencia puede impulsar la prosperidad de las empresas y la ciudadanía de la UE».
Las nuevas normas de competencia de la UE, como el Reglamento de Mercados Digitales y el Reglamento sobre subvenciones extranjeras, ya están abordando las perturbaciones del mercado y mejorando la posición mundial de la Unión. No obstante, el CESE pide que se adopten nuevas medidas para modernizar las evaluaciones de las concentraciones y garantizar un control eficaz de las concentraciones impulsadas por la innovación, incluso si se sitúan por debajo de los umbrales actuales de la UE.
El Dictamen destaca el papel fundamental de las ayudas estatales en el apoyo a la doble transición ecológica y digital. Sin embargo, las subvenciones mal coordinadas plantean el riesgo de socavar la productividad y el crecimiento. Algunos estudios señalan que una mejor coordinación dentro de la UE podría aumentar la productividad en más de un 30 %. El CESE recomienda armonizar las subvenciones en todos los Estados miembros para reforzar las cadenas de valor europeas y prevenir las ineficiencias.
Los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) y el Fondo Europeo de Competitividad propuesto deben diseñarse con una perspectiva paneuropea para contribuir a la innovación industrial a gran escala. Estos instrumentos deben garantizar que los beneficios se distribuyan equitativamente en toda la Unión, promoviendo la sostenibilidad y la resiliencia.
A fin de posicionar a la UE como líder mundial, el CESE hace hincapié en la necesidad de:
una mayor integración que permita reducir las subvenciones mal asignadas e impulsar la productividad;
normas más estrictas para proteger la innovación europea durante las adquisiciones extranjeras;
procedimientos simplificados y más rápidos en materia de competencia y ayudas estatales para aumentar la eficiencia; y
una política de concentraciones equilibrada que promueva la innovación, la sostenibilidad y la inversión en infraestructuras. (ll)
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha pedido modificaciones en las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea con el fin de que reconozcan y respondan mejor a las necesidades de las entidades de la economía social, que desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer frente a los retos sociales.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha pedido modificaciones en las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea con el fin de que reconozcan y respondan mejor a las necesidades de las entidades de la economía social, que desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer frente a los retos sociales.
«Queremos sensibilizar a más personas sobre los beneficios que reporta una regulación eficaz de la competencia y las ayudas estatales, tanto para las empresas de la economía social como para todo el sistema de servicios de interés general», ha afirmado el ponente del Dictamen, Giuseppe Guerini.
Las entidades de la economía social, que van desde cooperativas hasta mutualidades y fundaciones, emplean a más de once millones de personas en toda la UE, es decir, el 6,3 % de la población activa. Operan en ámbitos como los servicios sociales y sanitarios, las energías renovables y la reducción de la pobreza. A pesar de sus contribuciones, muchas de ellas se enfrentan a obstáculos sistémicos para garantizar el capital de inversión a largo plazo y transitar por los procesos de contratación pública, ya que es frecuente que el marco regulador actual no tenga en cuenta su carácter no lucrativo o solidario.
Entre otras cosas, el Dictamen del CESE destaca que las autoridades públicas están infrautilizando los instrumentos a su disposición, como el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) y el marco para los servicios de interés económico general.
Es por esa razón que el Comité pide que se simplifiquen y modernicen las normas excesivamente complejas y obsoletas que aún perviven en el marco del RGEC para apoyar el empleo de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados, en consonancia con algunas de las recomendaciones del informe Letta sobre el mercado único.
Si bien se acoge con satisfacción el reciente aumento en los límites máximos de las ayudas de minimis (300 000 EUR para las empresas ordinarias y 750 000 EUR para las entidades de servicios de interés económico general), el CESE también sostiene que instrumentos más adaptados, como el RGEC o las disposiciones específicas sobre los servicios de interés económico general, abordarían mejor las necesidades de las entidades de la economía social en ámbitos como la salud y los servicios sociales. (ll)
Debe incluirse a la juventud de la región mediterránea en cada fase del proceso, desde la elaboración de políticas hasta su aplicación. Las personas jóvenes no solo dan forma a las políticas, sino también a la vida misma, como se puso de relieve en el debate celebrado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE).
Debe incluirse a la juventud de la región mediterránea en cada fase del proceso, desde la elaboración de políticas hasta su aplicación. Las personas jóvenes no solo dan forma a las políticas, sino también a la vida misma, como se puso de relieve en el debate celebrado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE).
El debate se celebró en el pleno de enero del CESE en relación con la aprobación del Dictamen«Participación de la juventud en el diálogo social y civil en la región mediterránea», el primer dictamen del CESE que tiene en cuenta las aportaciones de los representantes de la juventud de la región. Ocho jóvenes representantes contribuyeron al proceso de elaboración.
Durante el debate, Dubravka Šuica, comisaria para el Mediterráneo, destacó la importancia de la juventud para la prosperidad, la estabilidad y la resiliencia de la región. «El futuro del Mediterráneo está en manos de la juventud de la región. Si queremos un futuro compartido y sostenible, debemos colaborar directamente con las generaciones jóvenes, garantizando que sus voces guíen nuestras políticas y prioridades. Con ellas, configuraremos el nuevo Pacto por el Mediterráneo invirtiendo en educación, empleo y crecimiento».
Oliver Röpke, presidente del CESE, apoyó el nuevo Pacto de la comisaria Šuica, que se centra en las inversiones, la sostenibilidad y la migración, y añadió que la sociedad civil debe participar activamente en su diseño. «La participación de la juventud es esencial para el futuro de la región, y el CESE se ha comprometido a garantizar que sus voces sirvan para configurar las políticas y la toma de decisiones. Junto con la Unión por el Mediterráneo y la Fundación Anna Lindh, estamos trabajando para construir un Mediterráneo pacífico y próspero».
Además de subrayar la importancia de la contribución de los jóvenes representantes al Dictamen, su majestad la princesa Rym Ali, presidenta de la Fundación Anna Lindh, afirmó que trabajar con personas jóvenes no solo es importante, sino imperativo, e infunde savia nueva. «Hay mucho en juego. Sin la plena aceptación y participación de la juventud, sin brindarles herramientas para participar en igualdad de condiciones, no podremos configurar soluciones viables para el futuro. Hemos de asegurarles un puesto en la mesa», afirmó.
Eliane El Haber, representante de la juventud del Dictamen y asesora de la Red de Jóvenes y Estudiantes para el ODS 4 de la Unesco, asumió la iniciativa del CESE de implicar activamente a jóvenes de la región que representaban una diversidad de género, de procedencia y de contextos educativos y culturales.
Por Stefano Mallia, presidente del Grupo de Empresarios del CESE
El 29 de enero la Comisión Europea presentó la Brújula para la Competitividad, un paso crítico y oportuno para reactivar el dinamismo económico en Europa que marcará el rumbo de la UE en los próximos cinco años.
Por Stefano Mallia, presidente del Grupo de Empresarios del CESE
El 29 de enero la Comisión Europea presentó la Brújula para la Competitividad, un paso crítico y oportuno para reactivar el dinamismo económico en Europa que marcará el rumbo de la UE en los próximos cinco años.
Los empresarios de la UE hemos abogado desde hace tiempo por una agenda general de competitividad, y acogemos con satisfacción los tres pilares de la Brújula: cerrar las brechas de innovación y productividad, abordar conjuntamente la descarbonización y la competitividad y reducir las dependencias para asegurar las cadenas de suministro; se trata de pilares fundamentales para garantizar que Europa pueda competir a escala mundial, atraer y retener el talento y fomentar la innovación.
Sin embargo, el éxito de la Brújula depende del desarrollo de medidas concretas y de una aplicación oportuna. Desempeñarán un papel decisivo iniciativas clave como el paquete de simplificación ómnibus, el Pacto Industrial Limpio y una estrategia horizontal que profundice el mercado único. Con todo, dar un nuevo nombre a estrategias propuestas y elegir títulos llamativos, por sí solos, no nos ahorrarán tener que afrontar los desafíos futuros.
Por ejemplo, simplificar el marco normativo es el primer paso y el que más urge. Es esencial reducir la burocracia y promover la agilidad y la flexibilidad: durante demasiado tiempo, las empresas de la UE han tenido que lidiar con una excesiva complejidad y lentitud en la toma de decisiones. Asimismo, necesitamos una aplicación significativa del control de la competitividad, para que las nuevas medidas legislativas y normativas apoyen, en lugar de obstaculizar, el crecimiento empresarial.
La Brújula se centra acertadamente en fomentar la innovación a través de una unión de los mercados de capitales sólida y en abordar los obstáculos estructurales para liberar el potencial de Europa en materia de tecnologías profundas, energía limpia y materiales avanzados, al tiempo que se crea un ecosistema fértil para las empresas emergentes y en expansión.
Precisamente la unión de los mercados de capitales aún sin culminar es un recordatorio de que no podemos permitirnos retrasos. Si bien la Brújula promueve una mejor coordinación de las inversiones de los gobiernos nacionales, carece de un plan claro sobre otras fuentes comunes de financiación. Y lo cierto es que la escena internacional no espera.
La carrera ha comenzado y es el momento de pisar el acelerador. Desbloquear la competitividad no es solo un imperativo económico, sino la puerta hacia una prosperidad compartida por todos. Las empresas europeas son y seguirán siendo parte de la solución.
