Las medidas contra la pandemia de COVID-19 son excepcionales y no deben ir en detrimento de los valores europeos compartidos

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En el pleno de febrero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) se celebró un debate dirigido por Christa Schweng, presidenta del CESE, y Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea. La principal conclusión fue que las medidas extraordinarias adoptadas para luchar contra la pandemia no deben poner en peligro los principios fundacionales de la UE: la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

Cualquier medida de emergencia adoptada por las autoridades públicas en circunstancias extraordinarias debe ser estrictamente proporcionada, estar claramente limitada en el tiempo y ser objeto de un estrecho seguimiento. En sus intervenciones del 23 de febrero de 2022 ante el pleno del CESE, su presidenta Christa Schweng y la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea Věra Jourová expresaron una posición firme.

En relación con la crisis de la COVID-19 y el estado de emergencia declarado por numerosos Estados miembros de la UE para proteger la salud pública, con las consiguientes restricciones de varios derechos y libertades fundamentales, la Sra. Schweng aseguró: La pandemia constituye una prueba de resistencia para nuestras sociedades y nuestras democracias. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, el CESE ha considerado esencial seguir de cerca la situación. Hemos escuchado especialmente a los agentes de la sociedad civil en lo que respecta a las consecuencias de la crisis, los retos que supone y las estrategias para salir de ella. La UE debe salir de la crisis de la COVID-19 reforzando sus valores comunes.

Por su parte, la Sra. Jourová subrayó que la pandemia de COVID-19 ha ilustrado de modo muy palpable que nuestros derechos fundamentales y valores democráticos son cruciales en nuestra vida cotidiana y no pueden darse por supuestos: Una importante lección derivada de la crisis sanitaria es que las medidas necesarias para luchar contra la pandemia no deben tomarse en detrimento de la protección de los valores democráticos y los derechos fundamentales. Hemos de permanecer alerta y defender nuestros derechos fundamentales y nuestros valores comunes, que deben situarse en el núcleo de nuestra respuesta a la COVID-19.

Añadió que las medidas de emergencia han cambiado el equilibrio ordinario de poderes en los países, lo que plantea especiales problemas en cuanto al respeto del Estado de Derecho. Por eso, afirmó, la Comisión ha seguido la situación de forma proactiva y continuará vigilando de cerca el impacto de las medidas: La Comisión ha insistido desde el principio en que las medidas de emergencia deben limitarse a lo necesario, ser estrictamente proporcionadas y estar claramente limitadas en el tiempo». Además, deben respetar las garantías constitucionales nacionales y ajustarse a las normas europeas e internacionales pertinentes.

Las medidas de emergencia para hacer frente a la crisis de la COVID-19 deben ser limitadas en el tiempo

La postura del CESE sobre las repercusiones de la COVID-19 en los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en la UE y en el futuro de la democracia se expresa en un Dictamen presentado por el Grupo sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho del CESE y redactado por José Antonio Moreno Díaz y Cristian Pîrvulescu.

En el documento, aprobado en el pleno, el CESE expresa su profunda preocupación por la forma en que la COVID-19 ha afectado a la vida, la seguridad, el bienestar y la dignidad de las personas. El Comité hace hincapié en que la UE se basa en valores europeos comunes que no son negociables bajo ningún concepto y señala que las medidas especiales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 deben ser excepcionales y limitadas en el tiempo y no pueden ir en contra del Estado de Derecho ni poner en peligro la democracia, la separación de poderes y los derechos fundamentales de la ciudadanía europea.

En su intervención en el debate, el Sr. Moreno Díaz subrayó que estos principios están consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y que no solo no son negociables sino que, además, son inseparables y complementarios y se refuerzan mutuamente, sin que en ningún caso puedan hacerse excepciones a su cumplimiento.

En la misma longitud de onda, el Sr. Pîrvulescu pidió un proceso de recuperación inclusivo que no deje a nadie atrás y que apoye especialmente a los sectores vulnerables de la sociedad al tiempo que fomenta la participación, la democracia y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

Preocupaciones de la sociedad civil en relación con las medidas extraordinarias para combatir la pandemia

En nombre del Grupo de Empresarios del CESE, Martin Hošták señaló que la UE se basa en valores que en los últimos tiempos se han puesto en peligro, por lo que ahora debemos concentrarnos en la estabilidad y en normas claras que defiendan el Estado de Derecho tanto para las empresas como para la ciudadanía.

Oliver Röpke, presidente del Grupo de Trabajadores del CESE, recalcó que, si bien la lucha contra la pandemia requiere medidas sin precedentes, estas no pueden ir contra el Estado de Derecho ni poner en peligro la democracia: hay que respetar e incluso profundizar los derechos humanos, que incluyen los derechos de los trabajadores.

Por último, Séamus Boland, presidente del Grupo Diversidad Europa del CESE, destacó que numerosas organizaciones de la sociedad civil han indicado un deterioro en sus condiciones de actividad durante la pandemia, por lo que hay que apoyarlas mediante un acceso sostenible y simplificado a la financiación: se debe incentivar sistemáticamente a las autoridades públicas para que colaboren con estas organizaciones y las tengan en cuenta.

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En el pleno de febrero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) se celebró un debate dirigido por Christa Schweng, presidenta del CESE, y Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea. La principal conclusión fue que las medidas extraordinarias

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