En 2021, la asociación belga Abuelos por el Clima ganó el premio Sociedad Civil de Acción por el Clima del CESE con su campaña «Nuestro ahorro para su futuro». La campaña tenía por objeto animar a alrededor de 2,4 millones de abuelos y abuelas belgas a reinvertir sus ahorros —estimados en unos 910 000 millones EUR en activos— en proyectos más sostenibles. CESE info habló recientemente con Abuelos por el Clima sobre clima y finanzas sostenibles, así como sobre sus expectativas y planes para el futuro.

¿Ve resultados tangibles de su campaña al cabo de estos tres años? ¿Cómo evaluaría, en general, la situación de la lucha contra el cambio climático y de las finanzas sostenibles en Bélgica? ¿Hay avances y aumenta la concienciación entre la ciudadanía sobre su importancia?

El premio del CESE fue un reconocimiento y un apoyo importante para la asociación. Lo hemos citado como referencia en numerosas ocasiones en nuestros contactos con el Gobierno, con otras organizaciones de apoyo y con nuestros conciudadanos. Sirvió de ayuda para seguir tejiendo contactos y llevar adelante nuestra campaña, tanto con otros abuelos como entre las generaciones más jóvenes, mediante el desarrollo de presentaciones, talleres y una serie de conferencias sobre finanzas sostenibles.

Somos conscientes de que se trata de una cuestión que todavía no está muy clara, pero al mismo tiempo hay que reconocer que se han realizado importantes esfuerzos legislativos desde Europa (taxonomía, Pacto Verde, Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, etc.), lo que significa que ahora también las empresas y los sectores adoptan cada vez más iniciativas que podemos utilizar como referencia. Es una evolución esperanzadora y necesaria, como lamentablemente han demostrado una vez más los resultados (exiguos) de la COP de Bakú.

Un estudio reciente nos ha hecho ver que nuestra labor de sensibilización sigue siendo muy necesaria. Solo entre el 5 % y el 15 % de los inversores hacen uso de su derecho a pedir a las entidades financieras con las que trabajan que tengan en cuenta sus preferencias en favor de la sostenibilidad. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en este sentido.

¿Qué esperaba de la COP29? ¿Ha participado en la conferencia, si no directamente, apoyando al joven activista de 12 años, Ferre, y a sus abuelos? ¿Cree que la financiación de la lucha contra el cambio climático es un tema fundamental para una transición justa?

En el momento de realizar esta entrevista, acaba de concluir la COP29. Desde el principio prestamos todo nuestro apoyo, financiero y de comunicación, a Ferre, el niño de doce años que realizó el viaje a Bakú con sus abuelos, miembros de Abuelos por el Clima, para que se escuchará la voz de la infancia. También queremos dar las gracias a todos los demás abuelos y abuelas y a las autoridades que lo han hecho posible.

La COP29 hubiera tenido que ser la COP de la financiación de la lucha contra el cambio climático porque, de hecho, la financiación es un factor crucial para la transición justa. Lamentablemente, en Bakú hemos visto que la financiación va a seguir resultando insuficiente. Nuestro mensaje sigue vigente, el dinero existe y pedimos a quien lo tiene que asuma la responsabilidad y lo utilice de manera sostenible para el futuro de nuestros nietos.

¿Cuáles son los proyectos más recientes de Abuelos por el Clima que le gustaría mencionar? ¿Hay nuevos proyectos en marcha?

Seguimos mirando hacia el futuro con esperanza. En 2025, diez años después del Acuerdo de París, los Abuelos por el Clima nos proponemos ir, con todos nuestros recursos, al encuentro de los otros abuelos de Flandes que sean miembros de las grandes organizaciones de personas mayores. Estamos inmersos en una serie de preparativos: varias decenas de miembros de Abuelos por el Clima están siguiendo una formación para poder interactuar con confianza, con la mano extendida y con ánimo de escuchar, en una serie de entornos relacionados con el clima.

Hemos puesto en marcha varios talleres, incluido uno sobre ahorro e inversión sostenibles, que ofrecemos gratuitamente a todos las secciones locales de las organizaciones de personas mayores. Ya estamos notando que han generado gran entusiasmo. A finales de noviembre de 2025, tenemos previsto organizar un acto final de mayor envergadura. Confiamos en que no será un punto final, sino el comienzo de un compromiso cada vez mayor con el futuro.

Hugo Van Dienderen es cofundador y copresidente de Abuelos por el Clima. Fundada en 2019, Abuelos por el Clima es un movimiento independiente de personas mayores, principalmente abuelos y abuelas, que quieren legar un mundo habitable a las generaciones futuras.

En la foto: Ferre con sus abuelos por el clima en la COP29 de Bakú. Ferre pudo transmitir ante muchas personas importantes su preocupación por la crisis climática.

¿Podemos ayudar a salvar el mundo invirtiendo de forma sostenible? Ante la notable transformación que está experimentando el sector financiero para afrontar los retos medioambientales y sociales, la Dra. Brigitte Bernard-Rau, de la Universidad de Hamburgo, analiza la inversión de impacto, una poderosa estrategia nueva de inversión. que cuestiona la noción tradicional de que los inversores deben elegir entre ganar dinero y marcar la diferencia. Se trata de un cambio fundamental en la manera en que se concibe el papel del capital y de las finanzas en la sociedad.

Por Brigitte Bernard-Rau

El sector financiero está experimentando una notable transformación en un mundo que se enfrenta a retos medioambientales y sociales sin precedentes, desde el cambio climático y la pérdida de biodiversidad hasta la inseguridad alimentaria, pasando por la desigualdad y los retos para el bienestar y la asistencia sanitaria. La inversión de impacto surge con fuerza como un enfoque que pone en tela de juicio la idea tradicional de que los inversores deben elegir entre ganar dinero y marcar la diferencia. Pero, ¿qué es exactamente la inversión de impacto y cómo difiere de otras formas de financiación sostenible?

Comprender las inversiones de impacto

En esencia, las inversiones de impacto representan un cambio fundamental en la manera en que concebimos el papel del capital y las finanzas en la sociedad. Tal como la define la red Global Impact Investing Network, se trata de una estrategia de inversión que abarca «las inversiones realizadas con la intención de generar un impacto social y medioambiental positivo y mensurable, además de rendimientos financieros». Sin embargo, esta definición aparentemente sencilla contrasta con la complejidad del potencial transformador de las inversiones de impacto.

Para comprender plenamente el carácter distintivo de las inversiones de impacto en las finanzas modernas —incluida su perspectiva materialista— es necesario ver cómo se encuadran en el espectro más amplio de los enfoques de inversión. En un extremo del espectro se encuentran las inversiones tradicionales, en las que priman la rentabilidad financiera y la maximización de los beneficios y en cuya toma de decisiones no tienen cabida las consideraciones sociales o medioambientales. A medida que nos desplazamos por el espectro hallamos otros enfoques, cada cual más sofisticado, para incorporar factores de rendimiento social y medioambiental, dando paso a todo un elenco de inversiones financieras sostenibles. Entre ellas, las inversiones de impacto representan la estrategia de inversión definitiva, que defiende un cambio positivo y transformador combinando la rentabilidad financiera con objetivos sociales y medioambientales.

Los enfoques de inversión, en pocas palabras:

• las inversiones tradicionales se centran únicamente en la rentabilidad financiera y hacen caso omiso de los factores sociales y medioambientales. Durante mucho tiempo fueron la piedra angular de los mercados de capitales;
• la integración de los factores ASG supone incorporar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (de ahí la sigla) como indicadores del riesgo de las decisiones de inversión, pero no los toma en consideración como principales motores de inversión;
• las finanzas sostenibles integran los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones de inversión, con atención a que la sostenibilidad cree valor añadido. Se apoyan las inversiones que abordan los retos en materia de sostenibilidad y generan cambios sociales y medioambientales positivos, así como las inversiones en la transición, financiando tanto lo que ya es respetuoso con el medio ambiente (financiación ecológica) como lo que está en transición hacia esos niveles de rendimiento respetuoso a lo largo del tiempo (financiación de transición);
• las inversiones de impacto remiten a un cambio significativo en los mercados financieros, una «reorientación sustancial hacia el impacto», y abordan la cuestión de si las inversiones en sostenibilidad contribuyen a un mundo mejor. Por lo tanto, las inversiones de impacto se erigen en el enfoque más consciente, que persigue activamente lograr tanto una rentabilidad financiera como un impacto social o medioambiental positivo mensurable, como compromisos a la par.

Las dos caras de las inversiones de impacto: alineación frente a generación

En el concepto de inversión de impacto existe una distinción crucial entre las inversiones que se alinean con el impacto existente y las que generan impacto. Esta diferenciación ayuda a los inversores a comprender no solo el destino de su capital, sino también su contribución a un cambio positivo.

• las inversiones alineadas con el impacto apoyan a las empresas que ya han demostrado que aplican prácticas medioambientales o sociales positivas y se muestran comprometidas con la generación de un impacto positivo a través de sus actividades y resultados.
• las inversiones generadoras de impacto aportan activamente nuevas soluciones a los retos sociales o medioambientales, a menudo centrándose en la transformación y el cambio sistémico.

Esta distinción teórica se ha puesto en práctica en el mundo real, aplicándose en diferentes sectores.

Energía limpia

En el proceso de transición hacia fuentes de energía limpias, unas inversiones alineadas con el impacto podrían traducirse en la compra de acciones de empresas establecidas de energías renovables o de fabricantes de vehículos eléctricos, puesto que ya contribuyen a la sostenibilidad medioambiental a través de su actividad principal. En cambio, las inversiones generadoras de impacto en este mismo sector podrían centrarse en financiar empresas emergentes en su fase inicial, por ejemplo del ámbito de la tecnología de las baterías o proyectos comunitarios innovadores sobre energía solar para zonas con servicios insuficientes, creando así soluciones completamente nuevas para los retos energéticos.

Agricultura sostenible

El sector de la agricultura sostenible nos brinda otros ejemplos ilustrativos. Las inversiones alineadas con el impacto podrían apoyar a productores de alimentos ecológicos ya establecidos o a explotaciones agrícolas sostenibles, mientras que las inversiones generadoras de impacto se centrarían en el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas regenerativas o soluciones revolucionarias de agricultura urbana con potencial para transformar la manera en que producimos alimentos.

Impacto social

En el contexto del impacto social, las inversiones alineadas a menudo sustentan empresas con políticas de diversidad sólidas y prácticas laborales justas. Por otro lado, las inversiones generadoras podrían por ejemplo financiar la construcción de vivienda nueva asequible o soluciones tecnológicas pioneras en el ámbito de la educación para colectivos con carencias, creando activamente nuevas vías hacia la equidad social.

El proceso de inversión: de la motivación al impacto

El éxito de las inversiones de impacto exige un proceso riguroso que, con la intención de lograr un cambio social y medioambiental positivo, comience con la fijación de objetivos de impacto claros. Los inversores han de definir los resultados medioambientales o sociales específicos que pretenden alcanzar, establecer metas mensurables y, a menudo, adaptar estos objetivos a marcos establecidos, como el indicador global de las Naciones Unidas sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas de la Agenda 2030.

Dicha motivación distingue esta modalidad de inversión de otras formas de financiación sostenible. Exige que los inversores orientados al impacto comiencen por un proceso de diligencia debida que evalúe exhaustivamente tanto la rentabilidad financiera como la capacidad para generar y medir los resultados sociales o medioambientales significativos.

La evaluación financiera de las inversiones es una práctica consolidada, respaldada por parámetros normalizados y una metodología sólida. Sin embargo, la evaluación no financiera, como la que se refiere al impacto social y medioambiental, sigue estando comparativamente menos desarrollada y carece de marcos universales. Los inversores han de ir más allá del análisis financiero tradicional para valorar el grado de compromiso de una empresa; por ejemplo, hasta qué punto la dirección está comprometida con la consecución de los objetivos de impacto y cuenta con la capacidad para medir eficazmente dicho impacto y divulgar y notificar de forma transparente los resultados. El proceso de evaluación implica a menudo examinar parámetros de impacto específicos adaptados a los objetivos de inversión, velando por la armonización con marcos reconocidos como IRIS+ o el Proyecto de Gestión de Impacto (PGI, 2024).

Además, para mejorar el proceso de diligencia debida, es esencial diferenciar entre el «impacto de la empresa» y el «impacto del inversor». El impacto de la empresa es el impacto social o medioambiental generado directamente por la actividad y los productos de una empresa. Por el contrario, el impacto del inversor es la influencia que tienen los inversores en el comportamiento y los resultados de una empresa a través de sus opciones de inversión y sus estrategias de implicación. Comprender esta diferencia es crucial para evaluar con precisión los efectos globales de las inversiones y desarrollar prácticas eficaces de medición del impacto.

Retos, complejidades y consideraciones

Aunque prometen, las inversiones de impacto afrontan importantes obstáculos:

1. La medición del impacto: a falta de parámetros de medición normalizados, es difícil cuantificar o comparar los resultados sociales y medioambientales. La transparencia y un seguimiento y notificación rigurosos de los parámetros de impacto son cruciales para aportar coherencia y rendir cuentas, y debe velarse por que las alegaciones de impacto estén respaldadas por pruebas.
2. El reto de la atribución: es difícil aislar los efectos de una inversión específica en un contexto de cambios sistémicos más amplios y atribuirlos a la propia inversión. Determinar en qué medida el cambio observado puede atribuirse directamente a una inversión específica sigue siendo uno de los retos más recalcitrantes para las inversiones de impacto. Por ejemplo, las mejoras en cuanto al ODS 3 (Salud y bienestar) podrían ser resultado de una combinación de inversiones en instalaciones sanitarias, educación e infraestructuras, en lugar de deberse a una única inversión específica. Es necesario desarrollar metodologías como el análisis contrafáctico y la comparación entre grupos de control, pero tales medidas pueden exigir muchos recursos y no ser siempre viables, especialmente en el caso de proyectos más pequeños o en mercados en desarrollo.
3. El blanqueo de impacto: las declaraciones exageradas o falsas de empresas o sobre fondos en torno a su impacto social o medioambiental socavan la confianza en el sector. Para mantener la confianza y la integridad en todo el ámbito de la inversión de impacto, la transparencia en la presentación de informes y unas alegaciones de impacto verificadas revisten la máxima importancia (Impact Taskforce). A fin de mantener la credibilidad, son fundamentales unas normas claras de medición del impacto y unos métodos de verificación sólidos, además de auditorías de terceros y sistemas de certificación independiente.

Liberar el potencial transformador de las inversiones de impacto

Las inversiones de impacto se sitúan a la vanguardia de una profunda transformación de las finanzas mundiales y representan mucho más que una estrategia adicional de inversión. Encarnan una profunda reconfiguración del papel de las finanzas en la sociedad. Pone en tela de juicio la creencia tradicional de que la rentabilidad financiera y el impacto social y medioambiental positivo deben subsistir en compartimentos estancos separados.

El progreso de las inversiones de impacto ha demostrado que los inversores pueden obtener simultáneamente una rentabilidad positiva y contribuir al mismo tiempo a un cambio social y medioambiental significativo. Al integrar una motivación positiva en el ánimo de lucro, las inversiones de impacto aportan una perspectiva convincente a un sistema financiero que preste servicios tanto a las personas como al planeta.

Brigitte Bernard-Rau es investigadora posdoctorada y becaria de la Escuela de Empresariales, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Hamburgo. Su investigación se centra en las calificaciones ASG y las agencias de calificación, las finanzas sostenibles, la inversión socialmente responsable, la inversión de impacto y la responsabilidad social de las empresas. Ha publicado recientemente Sustainability Stories: The Power of Narratives to Understand Global Challenges (Springer Nature, 2024). Es un libro con una treintena de historias inspiradoras de diferentes autores de todo el mundo, que versan sobre diversas formas de participar en el bien común y marcar la diferencia en las comunidades, las prácticas profesionales y la vida de las personas.

Adélaïde Charlier, una joven activista en materia de clima y derechos humanos y cofundadora del movimiento belga Youth for Climate, enumera todo lo que ha salido mal en torno al acuerdo climático de la COP29 que acaba de negociarse en Bakú, la capital de Azerbaiyán. La COP29, considerada por muchos como un símbolo de traición a la confianza y de desigualdad climática, ha decepcionado profundamente a las naciones vulnerables y a la sociedad civil.

La reciente Conferencia sobre el Cambio Climático (COP29) celebrada en Bakú ha dejado al mundo dividido, y las naciones vulnerables y la sociedad civil han expresado una profunda frustración por lo que consideran una traición a su confianza. Si bien se ha cerrado un acuerdo con el compromiso de aportar 300 000 millones USD anuales para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático de aquí a 2035, está muy por debajo de lo que necesitan urgentemente quienes se encuentran en primera línea de la crisis climática.

«No alcanzar un acuerdo es mejor que alcanzar un mal acuerdo»

Harjeet Singh, director de Compromiso Global de la Iniciativa por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, marcó la pauta veinticuatro horas antes de que se aprobase el acuerdo final: «No alcanzar un acuerdo es mejor que alcanzar un mal acuerdo». Con su declaración se hizo eco de la creciente tensión entre los países afectados, la sociedad civil y las naciones más ricas. Llegado el domingo, se presentó en la Conferencia la cruda realidad de un único objetivo financiero: el compromiso de «300 000 millones USD anuales de aquí a 2035». Lo pactado es ridículo: está muy por debajo de lo que las naciones vulnerables habían pedido colectivamente (1,3 billones USD para cubrir sus necesidades de adaptación, mitigación y respuesta a pérdidas y daños).

Este acuerdo está vinculado al nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés), destinado a financiar la transición climática en los países en desarrollo. Aunque es tres veces superior al objetivo de 100 000 millones USD fijado en 2009 —que solo se cumplió dos años más tarde de su plazo, en 2022—, todavía dista mucho de ser suficiente. El compromiso alcanzado en 2009 de 100 000 millones USD, teniendo en cuenta la inflación, ascendería a 258 000 millones USD anuales de aquí a 2035, por lo tanto ciertamente el esfuerzo real se ha traducido en un aumento de tan solo 42 000 millones USD. La petición de las naciones vulnerables era clara: «Billones, no miles de millones».

La estructura del objetivo financiero propuesto es tan decepcionante como el propio importe. Carece de un compromiso específico con mecanismos de financiación pública, como ayudas o subvenciones, que los países del Sur Global necesitan con urgencia.

Además, no existen subobjetivos para financiar adecuadamente la mitigación, la adaptación y la respuesta a pérdidas y daños. La falta de una atención clara a la adaptación, combinada con un énfasis desproporcionado en la mitigación —financiada principalmente por los bancos multilaterales de desarrollo y el sector privado—, demuestra que se sigue sin aprender de lo que pasó tras 2009: una significativa infrafinanciación de la adaptación, agravada por la falta de rendición de cuentas y de financiación específica para pérdidas y daños.

Además, aunque se mencionan las pérdidas y los daños, solo se alude a ellos de forma vaga y superficial, en lugar de integrarlos de manera relevante en el acuerdo. El marco también deja la puerta abierta a una fuerte dependencia de la financiación privada, también de las asociaciones público-privadas, de inversiones privadas desprovistas de riesgos con el apoyo de fondos públicos y de fuentes totalmente privadas, que se promueven activamente.

Ignorar las responsabilidades históricas

Más allá de la financiación insuficiente, el acuerdo ha puesto de manifiesto profundas fisuras en la diplomacia climática. Las naciones más ricas han hecho caso omiso a la noción de responsabilidad diferenciada, desplazando parte de la carga financiera a países vulnerables que ya soportan la peor parte del impacto climático. Naciones como la India, Cuba, Bolivia y Nigeria expresaron su indignación acusando a los países ricos de eludir pagar por sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero.

Esta falta de consideración ha acabado de hacer trizas la confianza y las tensiones han alcanzado niveles sin precedentes en la historia de las negociaciones de la COP. El compromiso actual de 300 000 millones USD resulta insignificante en comparación con el billón USD que los expertos de las Naciones Unidas consideran la inversión mínima necesaria para los países en desarrollo (excluida China) de aquí a 2035.

Un mal acuerdo bajo presión

Las naciones más pobres y vulnerables del mundo, incluidos los cuarenta y cinco Países Menos Adelantados y los cuarenta Pequeños Estados Insulares, aceptaron en última instancia el acuerdo bajo una enorme presión política. El miedo a perder toda posibilidad de acuerdo, en concreto ante la posibilidad de que la presidencia de Trump en ciernes amenace los avances climáticos, forzó su mano. Para muchos, fue un compromiso amargo: aceptar una financiación insuficiente para asegurar una ayuda inmediata.

Sobre el precio del retraso

Este «mal acuerdo» no es solo un varapalo para las relaciones diplomáticas: tendrá consecuencias devastadoras para millones de personas. Las naciones vulnerables ya se han visto arrastradas al límite por las condiciones meteorológicas extremas, la subida del nivel del mar y la escasez de recursos. Los gobiernos de las naciones más ricas deben reconocer que invertir ahora en la acción por el clima costará mucho menos que esperar a que se encarezca la factura demoledora que ya nos pasa la Naturaleza.

En el resultado de la COP29 resuena una advertencia palmaria: la crisis climática exige una acción audaz y urgente, y justicia para los más afectados. Sin compromisos transformadores, estaremos acrecentando año tras año las diferencias entre el Norte y el Sur Global, socavando la esencia misma de la cooperación climática mundial.

Si extendemos la mirada hacia la COP30, está claro que la batalla por la justicia climática dista mucho de haber terminado.

Adélaïde Charlier es una activista europea de justicia climática de 23 años, conocida como cofundadora del movimiento Youth for Climate Belgium y ahora como fundadora de la organización Bridge (puente entre la juventud y la política climática). También es candidata a la lista Forbes 30 Under 30 2024.

Por Mariya Mincheva

Bulgaria y Rumanía cumplieron las condiciones para formar parte del espacio Schengen en 2011. Sin embargo, trece años después, aún no se les han concedido todas las ventajas de la libre circulación. Esta paradoja acarrea un precio político y alimenta el euroescepticismo.

En la reunión que el Consejo celebró el 22 de noviembre en Budapest, los ministros de Interior de Hungría, Austria, Bulgaria y Rumanía acordaron poner en marcha las medidas necesarias para fijar una fecha de supresión de los controles en las fronteras terrestres, a condición de que se redoblen los esfuerzos para frenar a los migrantes irregulares que llegan a través de la ruta de los Balcanes Occidentales.

El Acuerdo de Schengen es esencial para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales dentro de la UE, y constituye un factor clave para el éxito económico de esta. Las limitaciones socavan la competitividad y el crecimiento económico de la UE e impiden que la economía social de mercado, tal como se establece en los Tratados, sea una realidad.

A lo largo de los años, los Estados miembros han restablecido temporalmente los controles fronterizos. Sin embargo, el impacto económico y social de estas decisiones en el mercado único no ha sido objeto de evaluación. La Comisión Europea analiza las barreras físicas al comercio, pero abarcando únicamente los bloqueos fronterizos, las manifestaciones y los ataques a camiones, sin tener en cuenta los efectos de los controles en las fronteras terrestres, incluido su restablecimiento temporal por parte de los Estados miembros de Schengen.

En 2023, el Consejo acordó suprimir los controles en las fronteras aéreas y marítimas interiores con Bulgaria y Rumanía a partir del 31 de marzo de 2024. Sin embargo, se han mantenido los controles en las fronteras terrestres interiores, sin que se haya fijado una fecha para su supresión, lo que genera costes elevados e impide a las empresas aprovechar plenamente los beneficios del mercado único.

La adopción de medidas para la plena integración de Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen puede reforzar la cohesión interna de la UE, aumentar su competitividad y apuntalar los principios fundamentales de libre circulación y solidaridad que sustentan el proyecto europeo.

El Parlamento Europeo ha argüido que la no pertenencia al espacio Schengen podría afectar a las expectativas del mercado en relación con la situación de estos países dentro de la UE. Se trata de una señal política que podría influir en el rendimiento de la deuda pública, los precios de los activos financieros y los tipos de interés que se aplican a las empresas y los hogares, y podría perjudicar a la economía real.

Ambos países pagan miles de millones de euros al año debido al aumento de los costes logísticos, de combustible y de manutención de los conductores y a los retrasos en la entrega de bienes y equipos. Todos estos costes directos se repercuten inevitablemente sobre los consumidores en forma de precios más elevados, y afectan a la salud física y mental de los trabajadores.

La situación supone trabas para el turismo. Además, socava la libre circulación de trabajadores, al limitar las oportunidades de los trabajadores de Bulgaria y Rumanía de buscar empleo en los Estados miembros vecinos, lo que afecta a los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios, que dependen en gran medida de los trabajadores estacionales y temporales.

En su informe sobre el futuro del mercado único, Enrico Letta aboga por una firme oposición ante cualquier intento de limitar la libertad de circulación entre los Estados miembros, incluidas las restricciones técnicas en las rutas y el transporte por carretera, y ante toda suspensión del Acuerdo de Schengen.

Ha llegado el momento de que el Consejo fije una fecha para la supresión de los controles en las fronteras terrestres entre Bulgaria, Rumanía y los demás Estados miembros que forman parte del espacio Schengen. Se espera una decisión definitiva sobre esta cuestión en la sesión del Consejo de la UE dedicada a Justicia y Asuntos de Interior que tendrá lugar el 12 de diciembre.

Bulgaria y Rumanía están pagando un alto precio económico y político por no beneficiarse plenamente del régimen de Schengen, lo que también tiene un efecto negativo sobre la competitividad y el crecimiento económico de la UE. Ha llegado el momento de que el Consejo de la UE fije una fecha para la supresión de los controles fronterizos terrestres entre ambos países y los demás Estados miembros de Schengen, escribe Mariya Mincheva, ponente del Dictamen «El coste de no pertenecer al espacio Schengen para el mercado único – Impacto en Bulgaria y Rumanía».  (ll)

Un prometedor año de avances: reflexiones del presidente Oliver Röpke

Ahora que 2024 se acerca a su fin, quiero reflexionar sobre un año de logros significativos para el Comité Económico y Social Europeo (CESE). Juntos hemos reforzado la voz de la sociedad civil, fortalecido los principios democráticos y defendido la sostenibilidad en Europa y en todo el mundo.

Uno de los éxitos de los que nos mostramos más orgullosos ha sido la puesta en marcha de la iniciativa de los miembros de los países candidatos a la adhesión, que incorpora a representantes de esos países a los procesos consultivos del CESE. Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con un proceso de ampliación transparente y basado en los méritos, y allana el camino para que los futuros Estados miembros participen plenamente en la configuración de la UE.

Hemos ampliado nuestras asociaciones a escala mundial mediante la firma de un memorando de entendimiento con el Consejo de Desarrollo Económico Social Sostenible de Brasil. Esta cooperación reforzada en materia de desarrollo sostenible y democracia ha quedado ejemplificada en mis reuniones con el presidente Lula da Silva. . En la Cumbre Social del G20 celebrada en Río de Janeiro, el CESE desempeñó un papel prominente en defensa de una reforma de la gobernanza y una mayor protección social, junto con el presidente Lula y el Gobierno brasileño. Del mismo modo, nuestra asociación con la Unión Africana, formalizada mediante una declaración conjunta en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, hizo hincapié en una gobernanza mundial inclusiva y una acción por el clima equitativa. Estas iniciativas de índole internacional ponen de relieve la creciente influencia del CESE a la hora de abordar los retos comunes.

Dentro de Europa, la Semana de la Sociedad Civil demostró la importancia del compromiso desde la base para configurar el futuro de la UE. En el Foro de Alto Nivel sobre la Ampliación reafirmamos que esta no solo implica ampliar las fronteras, sino también profundizar en los valores compartidos. Las reuniones con dirigentes como el primer ministro albanés Edi Rama se centraron en garantizar que la sociedad civil desempeñe un papel fundamental en las negociaciones de adhesión a la UE. Estos esfuerzos se complementaron con debates sobre la transformación digital en la reunión de la Mesa del CESE celebrada en Varsovia, en los que se destacó que los avances tecnológicos deben ir en consonancia con los valores europeos de equidad y justicia. Esta labor servirá de fundamento a la próxima Presidencia polaca de la UE.

Con vistas a 2025, seguiremos centrándonos en reforzar la democracia participativa, promover la justicia social y hacer frente a retos de alcance mundial como el cambio climático y la digitalización. El CESE seguirá trabajando incansablemente por una Europa que escuche, inspire y no deje a nadie atrás.

Que el próximo año traiga paz, progreso y prosperidad a todos. 

«Las mujeres rurales no anhelamos pena o compasión, sino reconocimiento y valor como aliadas en los esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible. Necesitamos oportunidades y servicios básicos de calidad para poder permanecer en nuestras tierras y seguir alimentando al mundo», afirma Luz Haro Guanga, campesina ecuatoriana y secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (RedLAC), que intervino recientemente en el debate del CESE que lleva por título «Las mujeres y la triple crisis planetaria». En una entrevista concedida a CESE info, la Sra. Haro Guanga habla del impacto del cambio climático en América Latina y explica por qué, pese a los contratiempos observados en la COP16, no hay lugar ni tiempo para el pesimismo en la lucha por un planeta más sostenible y saludable.

Su organización, RedLAC, participó en la COP16. ¿Se siente decepcionada por los resultados de la conferencia y la falta de consenso en torno a la financiación de la protección de la naturaleza y la biodiversidad? ¿Se ha logrado algo en la COP16?

Luz Haro Guanga: Como mujer del campo, llevo luchando por los derechos de mis hermanas en las zonas rurales de mi país, Ecuador, desde los años ochenta del siglo pasado. En estos casi cuarenta años de trayectoria, he aprendido, entre otras cosas, que los procesos sociales requieren enormes esfuerzos, pero dan muy pocos resultados inmediatos y, sobre todo, hay que ser constante, coherente y persistente. Habría sido magnífico llegar a un consenso sobre la financiación de la protección de la naturaleza y la biodiversidad, pero estoy segura de que los miles de hombres y mujeres de zonas urbanas y rurales, que aportaron su granito de arena e hicieron oír su voz en la COP16, conquistaron el corazón y la confianza de quienes anteriormente no se proponían apoyar esta acción por el clima urgente.

En definitiva, no hemos logrado nuestro objetivo, pero ahora hay que seguir presionando a las autoridades de cada ciudad, comunidad y país para que tomen conciencia, muestren su voluntad de actuar, a nivel personal, técnico y político, y adopten las decisiones más apropiadas para evitar que nuestra actual inacción provoque muertes por inanición en el futuro.

¿Cómo afecta el cambio climático a las mujeres indígenas y rurales en América Latina?

Si me lo permite, quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos de un documento elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que se basa en diálogos con setenta mujeres dirigentes de dieciséis países. El proceso de diálogo se inició en septiembre de 2024. El documento, que se presentó en la COP16, recoge los puntos de vista de mujeres rurales.

La conclusión a la que se llega es que el cambio climático es una realidad no solo en las Américas sino en todos los países del mundo y está teniendo graves consecuencias. Sin embargo, hay cuatro fenómenos climáticos que destacan por su importancia.

Sequías prolongadas: algunos países han registrado precipitaciones muy escasas durante meses, mientras que otros más meridionales vienen experimentando sequías desde hace años.

El aumento de las temperaturas muy por encima de los niveles normales: este fenómeno contribuye, junto con la sequedad del suelo, a un mayor número de incendios, algunos espontáneos y otros intencionados, pero todos facilitados por la sequía, en detrimento de los biotopos y la biodiversidad. Por ejemplo, durante la sesión sobre Brasil, se registraron trescientos incendios activos en el Estado de Piauí.

Tormentas de viento: se señaló que la lluvia es intensa e intermitente y que suele ir acompañada de fuertes vientos. Las participantes de Centroamérica, México, República Dominicana y el litoral de Colombia explicaron que los huracanes y las tormentas tropicales golpean a sus regiones cada vez con mayor frecuencia e intensidad.

Cambios en las pautas de precipitación: en todas las sesiones se pudo escuchar la expresión «llueve cuando uno menos se lo espera» y también se habló de heladas, granizadas o nevadas imprevistas en zonas meridionales y andinas. En general, se observó una disminución de las precipitaciones anuales, pero también se señaló que, cuando finalmente llegan las lluvias, estas suelen ser torrenciales, provocan inundaciones y catástrofes naturales que se cobran vidas, arrasan infraestructuras, carreteras y cultivos, y empeoran las condiciones de vida de la población, sobre todo en las zonas rurales. Una participante resumió la situación al afirmar que «a veces llueve de manera aterradora».

Además, se recurre a prácticas insostenibles que acaban con los recursos naturales. Las cuestiones más preocupantes y que se mencionaron con mayor frecuencia fueron la explotación forestal o la desaparición de bosques y manglares, los incendios forestales provocados, la gestión inadecuada de los recursos hídricos, la contaminación, la promoción de actividades productivas intensivas, expansivas, de alto consumo hídrico y contaminantes, y el uso excesivo de agroquímicos, herbicidas y pesticidas.

La inacción de algunos gobiernos locales y nacionales que no desarrollan marcos normativos para frenar las actividades destructivas y fomentar estrategias productivas sostenibles fue uno de los aspectos que más llamó la atención. Algunos países cuentan con dichos marcos, pero las autoridades no aplican las normas debido a la corrupción o por motivos que obedecen a intereses políticos personales.

Por ello, se pide a los líderes internacionales que ejerzan una mayor presión sobre los Estados para que respeten los acuerdos de biodiversidad y cambio climático que han firmado.

¿Se muestra optimista o más bien pesimista sobre el derrotero que está tomando la acción por el clima y la protección del medio ambiente? En su opinión, ¿qué hay que hacer?

Si no soñamos en grande, no alcanzaremos grandes metas. Aunque el cambio climático nos afecta y avanza a pasos agigantados, no podemos dejar de luchar para que los responsables políticos presten atención a las cuestiones fundamentales que requieren una actuación prioritaria —no solo en términos de financiación, sino también de coordinación y cooperación— y dejen de lado el egoísmo y los intereses políticos partidistas.

Soy optimista porque creo que si seguimos insistiendo, alzando nuestras voces, apoyando con perseverancia los procesos sociales a largo plazo y forjando alianzas estratégicas, tanto en las Américas como en todo el mundo, podremos influir en las políticas públicas y lograr que quienes ocupan puestos de poder o asumen responsabilidades decisorias cumplan su deber con la convicción de que urge combatir el cambio climático y frenar, al mismo tiempo, las acciones que aceleran sus efectos nocivos y destructivos para nuestro planeta, ya sean los incendios, los monocultivos, el uso arbitrario de insecticidas y productos químicos, la pérdida de las cuencas hídricas, la pesca indiscriminada, la destrucción de los manantiales o el tratamiento inadecuado de las aguas residuales, por citar solo algunos ejemplos.

Una actitud pesimista hará que nuestras voces pierdan fuerza y, a la larga, nos llevará a abandonar nuestro trabajo y nuestra lucha. A pesar de las noticias negativas, no hay tiempo que perder ni lugar para el pesimismo en la lucha por un planeta mas sostenible y saludable. Es una cuestión de vida o muerte para las generaciones actuales y venideras.

El momento de actuar fue ayer, pero hoy es un buen día para empezar a cambiar de actitud y asumir compromisos por el bien de todas las personas.

Luz Haro Guanga es una campesina de Ecuador y secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (RedLAC), además de presidenta de la Fundación Ecuatoriana de Mujeres Rurales de Latinoamérica y El Caribe (FUNMUJERURAL-E), rama técnica de la RedLAC en Ecuador. La RedLAC es una organización social integrada por más de doscientas organizaciones de mujeres rurales de toda América Latina y el Caribe. Fundada en Argentina en 1990, su finalidad es promover una participación cívica y política efectiva de las mujeres rurales. Gracias a los prolongados esfuerzos de la RedLAC, la OEA declaró el período 2024-2034 «Decenio Interamericano por los Derechos de Todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en entornos Rurales de las Américas».

Por Andrey Gnyot

Para ser detenido en Bielorrusia, basta con elegir la profesión equivocada. Como ha quedado claro, un error tan grave puede hacer que te detengan incluso en el centro de Europa, por ejemplo en Serbia, y una organización internacional tan prestigiosa como Interpol lo facilitará. En mis palabras hay sarcasmo y amargura, pero no estoy exagerando. Mi nombre es Andrey Gnyot. Soy cineasta, periodista y antiguo preso político bielorruso. Esta es mi historia.

Decidí convertirme en periodista en 1999. La televisión y la radio eran mi pasión, mi sueño y mi afición. ¿Podía un joven de diecisiete años imaginarse que, en su país, el periodismo independiente se calificaría de extremismo y el resto de medios de comunicación se reducirían a meros instrumentos propagandísticos? No, ninguno de nosotros esperaba que esto ocurriera en Europa en el siglo XXI. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucede en la Bielorrusia dictatorial de hoy: no existe un solo medio de comunicación independiente en el país. Todas las estructuras mediáticas son propiedad del Estado, que ejerce un control férreo sobre la política editorial, por otra parte muy simple: se alaba el poder autoproclamado de Lukashenko y cualquiera que se atreva a criticarlo, incluso de forma constructiva, es tildado de «enemigo del pueblo», epíteto tomado de nuestro pasado comunista.

Así pues, a mediados de los años dos mil, un joven e ingenuo licenciado en periodismo intentó encontrar su lugar en la profesión. Durante mis estudios y después de ellos, obtuve mucha experiencia práctica en televisión y radio, y supe exactamente lo que quería. Sin embargo, la ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente: las emisoras de radio privadas se estaban clausurando o nacionalizando, y los canales de televisión independientes no podían ni siquiera asegurarse una frecuencia de emisión. No había muchas opciones: o eras parte de la propaganda, o evitabas tratar temas sensibles y te limitabas a entretenimiento inofensivo. El periodismo solo sobrevivió en Bielorrusia gracias a un puñado de diarios y portales de internet independientes. Muchos periodistas abandonaron la profesión, otros muchos sufrieron represalias. El Ministerio de Información bielorruso enviaba regularmente advertencias a los medios de comunicación, y tres de ellas eran suficientes para que se revocaran sus licencias. Según la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, el número de periódicos disminuyó un 21 % entre 2020 y 2024. Solo quedaron en el mercado bielorruso publicaciones inocuas, como las destinadas a los propietarios de dachas, los amantes del humor y los aficionados a los crucigramas. Todas las publicaciones sociopolíticas independientes fueron clausuradas por las autoridades u optaron por no acudir a las rotativas al resultarles imposible seguir funcionando.

Por fortuna, pude hallar una solución de compromiso para mí: opté públicamente por las tareas de dirección y creativas, en las que alcancé gran éxito. Al mismo tiempo, continué mi labor periodística como voluntario, sin revelar mi nombre para no ponerme en peligro. Esa táctica demostró ser eficaz. Gracias a toda mi experiencia y contactos profesionales, pude facilitar a los medios de comunicación independientes interesantes imágenes de vídeo de los acontecimientos de 2020, y también pude tomar parte en el activismo cívico y político, como cofundador del movimiento civil de derechos humanos «Free Association of Athletes of Belarus SOS.BY». No creo que se me pueda acusar de sesgo y de tomar partido por haber elegido estar del lado del pueblo de mi país: una dictadura no tiene nada que ver con la objetividad, al igual que la propaganda no tiene nada que ver con el periodismo.

En 2021, Bielorrusia ocupó el puesto 158 de 180 países en la clasificación de libertad de prensa. En comparación con 2020, perdió cinco posiciones. Bielorrusia es el país más peligroso de Europa para los trabajadores de los medios de comunicación, según ha advertido la organización internacional de derechos humanos Reporteros sin Fronteras.

Hay que destacar las preferencias de los bielorrusos en 2020, año marcado por las protestas: internet y los medios sociales fueron las principales fuentes de noticias para el 60 % de los encuestados, mientras que la televisión solo lo fue para el 11 %, los medios impresos para el 7 %, y la radio para el 5 %. Tras percatarse de ello, el régimen dictatorial comenzó a actuar de forma dura y despiadada. La principal invención ha sido la lucha contra el «extremismo» como fundamento de la censura y la persecución. Las autoridades bloquean el acceso al contenido de los medios de comunicación que llevan a cabo sus actividades desde el extranjero, y cualquier cooperación con ellos se considera una manifestación de extremismo.

A finales de 2023, treinta y dos periodistas estaban encarcelados en Bielorrusia. En los centros de detención, se ha sometido a los periodistas a presiones y a tratos inhumanos. Según los defensores de los derechos humanos, Igor Losik, bloguero y periodista de Radio Liberty, emprendió una prolongada huelga de hambre en su centro penitenciario y, a continuación, se hizo cortes en las manos y el cuello. Fue condenado a quince años de cárcel. Se ha intensificado la persecución penal contra cualquier forma de cooperación con medios de comunicación independientes denominados «formaciones extremistas». Una nueva tendencia es perseguir no solo a los representantes de la sociedad civil, sino también a los ciudadanos de a pie que comentan cualquier acontecimiento social y político para periodistas.

El 31 de octubre de 2024, mi cuenta personal de Instagram fue declarada «material extremista» por el régimen bielorruso. Esto significa que no solo yo, sino también todos mis seguidores en Bielorrusia serán procesados por haberse suscrito a ella. Más de 5 000 recursos de internet en Bielorrusia han sido declarados «extremistas» por la dictadura. Puede que ningún otro país europeo pueda presentar estadísticas tan impresionantes. ¿Creemos los bielorrusos que se presta suficiente atención al problema del periodismo en nuestro país? Se lo diré con franqueza: no, no se presta atención a este problema. No solo se está desmantelando la institución del periodismo en Bielorrusia, sino que también se está destruyendo físicamente a los profesionales del ramo.

La dictadura también intenta perseguir a los periodistas y activistas fuera de Bielorrusia, como ilustra claramente mi propio ejemplo. El régimen ha aprendido a utilizar las instituciones democráticas para alcanzar sus monstruosos objetivos. Periodistas, activistas, blogueros y ciudadanos políticamente activos han sido procesados por delitos fiscales, principalmente por no haber pagado impuestos en el pasado, lo que ha resultado ser una cortina de humo perfecta para ocultar los motivos políticos que están realmente detrás de la persecución. Ales Bialiatski, activista de los derechos humanos galardonado con el Premio Nobel, se encuentra en prisión por cargos económicos. La redactora jefe del medio de comunicación independiente «TUT.BY» (destruido por el régimen en 2020) y sus colegas han sido encarcelados con base en el mismo artículo financiero. Interpol aceptó el mismo artículo sobre delincuencia financiera para activar mi búsqueda: les llevó casi ocho meses completar una investigación interna y descubrir que esa búsqueda infringía los artículos 2 y 3 de su Estatuto. No obstante, fui arrestado y encarcelado en la prisión central de Belgrado durante siete meses y seis días. Pasé cinco meses bajo arresto domiciliario con graves restricciones. El Tribunal Supremo serbio decidió, dos veces, extraditarme a la Bielorrusia dictatorial. En ambas ocasiones, mi abogado y yo pudimos recurrir con éxito la decisión. En total, me robaron un año de mi vida, amén de mi salud física y mental, solo porque escogí la profesión equivocada en el país equivocado, solo por tener una opinión y expresarla a través de la ciudadanía activa.

Afortunadamente, conseguí ganar, de lo contrario nadie podría leer estas palabras. Gracias a la increíble solidaridad de periodistas, políticos, sociedad civil y organizaciones, abandoné Serbia y conseguí un lugar seguro en Berlín. Pero mi historia no ha terminado: aún me queda un largo proceso de recuperación y lucha. Sé que he elegido lealmente mi vocación, aunque algunos lo consideren extremismo. Sé que el periodismo independiente es una parte indisoluble de una sociedad democrática, el tipo de sociedad que los bielorrusos queremos construir. Esperamos no estar solos en esta importante labor.

Por Peter Schmidt, Diandra Ní Bhuachalla y Arnaud Schwartz

En el marco de su papel representativo de la sociedad civil de la UE en la COP29 de Bakú (Azerbaiyán), el CESE abogó por una acción urgente y tangible por el clima y por la priorización de la justicia social y medioambiental en las negociaciones en este ámbito. 

Peter Schmidt, presidente del Grupo ad hoc sobre la COP, nos explica cuáles fueron los mensajes clave del CESE en torno al tema principal de la COP29: la financiación de la lucha contra el cambio climático.

Peter Schmidt: El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo es un recordatorio muy elocuente de que debemos aumentar la ambición climática. Este año, que está a punto de convertirse en el más cálido en los anales de la Historia, hemos visto que se están produciendo con mayor frecuencia e intensidad catástrofes climáticas de origen humano, como inundaciones, incendios forestales y sequías, que agravan las desigualdades sociales. La pasividad ante el cambio climático conlleva costes mucho mayores que combatirlo.

En la COP29 hay mucho en juego. Acordar soluciones mundiales de financiación de la lucha contra el cambio climático es crucial para que los países en desarrollo desbloqueen los medios para la acción mundial por el clima. La participación del CESE en la COP29 de Bakú ha servido para aportar recomendaciones basadas en nuestro Dictamen sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, centrándonos en remodelar la arquitectura financiera internacional a fin de desbloquear y facilitar una financiación para el clima que cumpla sus objetivos y sea accesible.

Hemos hecho hincapié en la necesidad de establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado que colme las brechas de la financiación para el clima y consiga que esta se ajuste mejor a su finalidad, favorezca la biodiversidad, aumente su impacto y se dirija con mayor precisión a los países y comunidades vulnerables. La asignación de flujos de financiación en este ámbito debe guiarse por los principios de la transición justa, estar en consonancia con el Acuerdo de París y tener los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje. Es fundamental un compromiso a largo plazo de los agentes tanto privados como públicos. La financiación pública desempeñará un papel crucial a la hora de movilizar y reducir el riesgo de las inversiones privadas en iniciativas por el clima.

El Comité pide que se dé acceso a la financiación para el clima a las iniciativas locales y los movimientos de base, y además que se adopte un enfoque global para romper el círculo vicioso de endeudamiento y falta de inversión en adaptación. Pedimos también una distribución equitativa de los fondos para el clima, al objeto de abordar las disparidades. Por último, insistimos en que la participación de la sociedad civil es crucial para crear un enfoque integrador y democrático que garantice que las inversiones climáticas sean eficaces y sostenibles.

La delegada de la juventud del CESE ante la COP (2023-2025), Diandra Ní Bhuachalla, ha compartido con nosotros sus expectativas sobre la COP29. Desde su punto de vista como persona joven, ¿cuáles serían los problemas climáticos más acuciantes que deben resolverse en primer lugar?

Diandra Ní Bhuachalla: Tras la decepción de los resultados de la COP28, traté de gestionar mis expectativas lo mejor posible de cara a la COP29. Como era consciente de que los resultados de la siguiente conferencia anual serían limitados debido al país elegido para ejercer la presidencia —otro Estado que depende en gran medida de los beneficios de los combustibles fósiles—, me resultaba especialmente difícil mantener la esperanza.

No obstante, tras consultar con diversas organizaciones juveniles de toda Europa a través de las reuniones estructuradas del Grupo de Trabajo sobre la juventud, como delegada de la juventud designada por el CESE para hacer avanzar el programa de la COP, decidí que era mejor centrarnos en la justicia climática y la transición justa, en la financiación para el clima y el establecimiento de un nuevo objetivo colectivo cuantificado, y en que aumente de manera significativa la participación de la juventud en los procesos internacionales de toma de decisiones.

Ahora bien, a la vista de todas las negociaciones que no lograron prosperar en la primera semana debido a la total falta de acuerdo y cooperación —también en materia de género, financiación de la lucha contra el cambio climático y transición justa—, me di cuenta de que mis expectativas habían vuelto a ser demasiado elevadas y, en consecuencia, reorienté mis esfuerzos de promoción hacia actos paralelos y reuniones bilaterales. Ahora, mis esperanzas giran en torno a mantener el texto existente, en particular en materia de derechos humanos, y a lograr avanzar, por poco que sea, en que todo esté perfectamente alineado de cara a la COP30, que es la carta en la que todo mundo ha depositado sus esperanzas para jugar su baza.

Debido a la naturaleza interrelacionada del cambio climático y sus efectos, ni siquiera he intentado clasificar las cuestiones por orden de importancia o urgencia. Los jóvenes están preocupados por su futuro: por su seguridad laboral y por si se verán obligados a reciclarse; por sus hogares y familias y si están seguros frente a los riesgos de tormentas, inundaciones y erosión; por la salud y calidad de vida de sus futuros hijos —de hecho, la siguiente generación—, y por la manera en que esta generación nuestra se deberá ocupar de unas negociaciones mucho más difíciles en torno al clima cuando nos convirtamos en responsables de la toma de decisiones, a la vista de que hoy en día no se están tomando medidas suficientes ni de cerca a pesar de un impacto que reverberará durante décadas.

Necesitamos justicia climática sin demora. Necesitamos ya mismo una financiación realista de la lucha contra el cambio climático. Necesitamos que haya ya una transición energética y empleos justos, ponderados y equitativos. Necesitamos ambición y que las cosas se pongan ya en marcha.

También los necesitamos a todos ustedes, aquí y ahora.

La COP16 sobre biodiversidad, que tuvo lugar en Cali (Colombia) en octubre, terminó de manera caótica y sin un acuerdo sobre la financiación de la conservación de la naturaleza. Preguntamos a Arnaud Schwartz, representante del CESE en la COP16, si podemos seguir siendo optimistas a pesar de este retroceso. ¿Qué medidas hacen falta para avanzar en la protección de la biodiversidad?

Arnaud Schwartz: Pues 200 000 millones de dólares al año. Esa es la cantidad que, según las Naciones Unidas, se necesitaría para cumplir nuestros objetivos en materia de biodiversidad, incluyendo todos los tipos de financiación (pública, privada, nacional e internacional). ¿Y de qué va todo esto? Va, ni más ni menos, de poner freno a la destrucción de este mundo de organismos vivos, los cuales están desapareciendo a un ritmo cada vez más vertiginoso; se trata de restaurar la naturaleza y darle una oportunidad de sobrevivir en un entorno supuestamente «habitable», en lugar de permitir que la avaricia y la estulticia conduzcan a su exterminio.

¿Cuál es el futuro tras el fracaso de la COP16?

Todos y cada uno de nosotros debemos hacernos esa pregunta y planteársela a los que nos rodean, máxime cuando se sabe que, solo en Francia, cada año más de una cuarta parte de este importe se utiliza para prepararse para la guerra o participar en ella. Ciertamente, en una escala global, la reunión de Cali fue una oportunidad perdida, debido a la falta de voluntad política y de solidaridad económica.

Sin embargo, no todo está perdido.

Al final del túnel se atisbó algo de luz: en esta COP se reconoció a los pueblos indígenas y a las comunidades locales por su papel de guardianes de la biodiversidad —tras cerca de tres décadas eludiendo el tema deliberadamente—, también las afrodescendientes; asimismo, se creó un nuevo fondo de las Naciones Unidas, conocido como el Fondo de Cali. A largo plazo, dicho fondo se utilizará para recaudar contribuciones voluntarias de empresas privadas, la mitad de las cuales se destinarán a las comunidades mencionadas anteriormente. ¡Uf! ¿Cómo expresarlo?

Ustedes son... Bueno...

Forman parte de nosotros, y nosotros formamos parte de ustedes. Para seguir caminando por nuestra senda común, podría tener sentido empezar por poner de nuevo nuestra economía en una vía que beneficie al bien común. ¿A qué estamos esperando para dejar de tirar piedras sobre nuestro propio tejado, y revisar de una vez por todas las normas internacionales en materia de finanzas y comercio?

El principal objetivo de los delegados del CESE ante la COP29, Peter Schmidt y Diandra Ní Bhuachalla, era la financiación por el clima, en consonancia con el reciente Dictamen del CESE «Financiación de la lucha contra el cambio climático: una nueva hoja de ruta para fijar metas climáticas más ambiciosas y cumplir los ODS». Uno de los actos clave dirigidos por el CESE en Bakú giró en torno a la perspectiva global para fomentar una transición justa en el sector agroalimentario, el 18 de noviembre. El acto exploró la constitución de sistemas alimentarios sostenibles y con bajas emisiones de carbono que sean justos para los agricultores, los trabajadores de la cadena alimentaria y las generaciones futuras, con el objetivo de mejorar la colaboración entre los responsables políticos y la sociedad civil, amplificar las voces del Sur Global y promover soluciones climáticas inclusivas para todos.

Como miembro de la delegación de la UE, Arnaud Schwartz ha participado en diversas reuniones para pedir mayores sinergias entre los procesos de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica (Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB) y el cambio climático (Convención sobre el Cambio Climático, CMNUCC), la eliminación progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente como medio para liberar más recursos financieros y un papel más activo de la sociedad civil organizada en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Puede encontrar más información sobre la contribución del CESE a la COP16 aquí.

Arnaud Schwartz es el ponente del Dictamen del CESE «Una estrategia global para la biodiversidad en la COP16: unir a todos los sectores para alcanzar un objetivo común».

El CESE celebró una conferencia sobre el hidrógeno con bajas emisiones de carbono el 12 de noviembre en Pärnu (Estonia). El objetivo del acto era debatir y señalar acciones estratégicas de cara al desarrollo de infraestructuras sostenibles para el hidrógeno y sus derivados, centrándose en la financiación y el uso.

La conferencia, titulada Offshore Power for E-Fuels: Boosting the New Hydrogen Economy, reunió a la Embajada de los Países Bajos en Estonia, el Centro de Desarrollo del Distrito de Pärnu, el Centro de Investigación Aplicada Metrosert, Invest Estonia y el promotor de la planta de electrometanol Power2X.

El hidrógeno verde y el hidrógeno con bajas emisiones de carbono representan componentes cruciales de nuestra transición energética, e iniciativas recientes —como el Banco Europeo del Hidrógeno— han puesto de relieve que el desarrollo de mercados sostenibles del hidrógeno pasa por un momento de auge. En este sentido, los responsables políticos nacionales y de la UE deben proporcionar los medios necesarios para poner en práctica estas ambiciones y facilitar la cooperación entre los Estados miembros a la hora de adoptar estrategias eficaces.

Refiriéndose a esta urgente necesidad, Baiba Miltoviča, presidenta de la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información del CESE, afirmó: «Una rápida implantación del hidrógeno renovable resulta fundamental no solo para la transformación de nuestro sistema energético, sino también para el bienestar social y económico de la Unión Europea. Sin embargo, es esencial que orientemos nuestros recursos de forma juiciosa. Para maximizar nuestro impacto, debemos dar prioridad a los sectores con emisiones difíciles de reducir y establecer normas ecológicas y sociales eficaces que garanticen unas condiciones de trabajo justas y seguras». (mp)