Cerca de 900 000 personas en la UE pasan la noche habitualmente en la calle o en albergues para personas sin hogar. El número de personas sin hogar ha aumentado en más del doble en los últimos quince años, por lo que el CESE pide a los Estados miembros y a la UE que tomen medidas.

Cerca de 900 000 personas en la UE pasan la noche habitualmente en la calle o en albergues para personas sin hogar. El número de personas sin hogar ha aumentado en más del doble en los últimos quince años, por lo que el CESE pide a los Estados miembros y a la UE que tomen medidas.

El CESE pide una estrategia integral de la UE frente al problema de las personas sin hogar y la rápida puesta en marcha de políticas nacionales eficaces en este ámbito, en un intento de mitigar sustancialmente, de aquí a 2030, un fenómeno que constituye una de las formas más extremas de exclusión social.

«Solicitamos una estrategia de la UE para las personas sin hogar en la que esté plenamente integrada la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo y que permita incluir las políticas nacionales en esta materia en el Semestre Europeo», declaró María del Carmen Barrera Chamorro, ponente del Dictamen del CESE «Por un marco de la UE que afronte el problema de las personas sin hogar».

La estrategia debe sustentarse en una Recomendación del Consejo y el CESE pide a la nueva Presidencia belga del Consejo de la UE que empiece a trabajar en ella. Asimismo, pide a la Comisión que elabore lo antes posible una propuesta de nuevo programa de trabajo plurianual que tenga continuidad durante su próximo mandato y lo abarque íntegramente.

«El CESE quiere que la solución al problema de las personas sin hogar siga siendo una prioridad de la política social de la UE de cara a las elecciones europeas y después de ellas. Necesitamos un cambio estratégico que desplace el objetivo de simplemente lidiar con el problema de las personas sin hogar a solucionarlo efectivamente de aquí a 2030», aseguró Ákos Topolánszky, coponente del Dictamen.

El CESE propone promover activamente el principio de «primero, la vivienda» para abordar el problema crónico de las personas sin hogar. Conforme a dicho principio, la vivienda no es solo un lugar en el que albergarse, sino una herramienta para la reinserción. Supone la oferta de soluciones de vivienda a largo plazo que no dependa de condiciones como demostrar el desarrollo personal o la necesidad de aceptar ayuda.

El planteamiento basado en la vivienda ya se acordó en la Declaración de Lisboa, firmada en 2021 por los veintisiete Estados miembros de la UE, las instituciones europeas y varias ONG del continente. La Declaración constituye la base política de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo, y sus signatarios se comprometieron a cooperar a escala de la UE en lo que respecta al problema de las personas sin hogar y a trabajar para acabar con dicho problema de aquí a 2030. Sin embargo, como el CESE apunta en su Dictamen, a pesar de los esfuerzos políticos, el problema de las personas sin hogar sigue sin abordarse suficientemente, ni a nivel europeo ni a nivel nacional.

Finlandia es el único país que ha conseguido reducirlo de forma consistente en los últimos veinte años. (ll)

por el Grupo de Trabajadores del CESE

El informe anual de situación de 2023 publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) no ha sido especialmente alentador: la UE podría incumplir la mayoría de sus objetivos para 2030. En particular, las perspectivas en cuanto a la huella de consumo, los niveles de consumo de energía, la producción circular y la agricultura ecológica son especialmente malas, aunque el resto de ámbitos, desde la biodiversidad hasta la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, no las mejoran en demasía.

por el Grupo de Trabajadores del CESE

El informe anual de situación de 2023 publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) no es especialmente alentador: la UE podría incumplir la mayoría de sus objetivos para 2030. En particular, las perspectivas en cuanto a la huella de consumo, los niveles de consumo de energía, la producción circular y la agricultura ecológica son especialmente malas, aunque el resto de ámbitos, desde la biodiversidad hasta la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, no las mejoran en demasía.

Por su parte, los resultados de la COP28 no suponen un gran alivio. Como mostró el debate enmarcado en el pleno de diciembre del CESE, la sociedad civil está lejos de congratularse de las conclusiones: el texto se queda corto en lo que respecta a la atribución de la responsabilidad y el modo de ejercerla, y contiene más palabras que acciones concretas, pese a que, por primera vez, señala a los combustibles fósiles como la causa profunda del cambio climático. Es improbable que se cumpla el objetivo de limitar el ascenso de la temperatura media mundial a 1,5 º al final del presente siglo: seguramente ese aumento de la temperatura se alcance en los próximos cinco años. El año 2023 fue el más caluroso de la serie histórica: a partir de junio, todos los meses del año superaron los registros máximos de temperatura.

Este sombrío panorama no debe desanimarnos, sino motivarnos: es necesario actuar. No es el momento para unas tímidas buenas intenciones (que ya hemos mostrado en innumerables ocasiones y que nos han llevado donde estamos), ni para un retorno a medidas de austeridad. Los principios de la transición justa, entre ellos la sostenibilidad económica, social y medioambiental, deben impregnar todas y cada una de las políticas de la UE. En ese objetivo se encuadra, en consonancia con el Dictamen del CESE más reciente sobre esta materia, la adopción de una Directiva para una Transición Justa a escala de la UE dirigida al mundo del trabajo: solo si todos remamos en la misma dirección podremos tener éxito en esta ímproba tarea. Si el coste se traslada a los más vulnerables, como ocurre ya con tanta frecuencia, crecerá el populismo de extrema derecha. Ahora, ya ni siquiera esa corriente puede negar los catastróficos efectos del cambio climático, será demasiado tarde.

El CESE pide que la propuesta de la Comisión de una Tarjeta Europea de Discapacidad vea ampliado su ámbito de aplicación para cubrir estancias más largas de trabajo o estudios, con el fin de garantizar la libertad de circulación de las personas con discapacidad en la UE.

El CESE pide que la propuesta de la Comisión de una Tarjeta Europea de Discapacidad vea ampliado su ámbito de aplicación para cubrir estancias más largas de trabajo o estudios, con el fin de garantizar la libertad de circulación de las personas con discapacidad en la UE.

El CESE celebra la propuesta de la Comisión orientada a establecer una Tarjeta Europea de Discapacidad y una Tarjeta Europea de Estacionamiento como un primer paso para que las personas con discapacidad puedan circular libremente por la Unión Europea.

«La propuesta sobre las dos tarjetas afectará a más de ochenta millones de europeos con discapacidad», declaró Ioannis Vardakastanis, ponente general del Dictamen del CESE sobre las Tarjetas Europeas de Discapacidad y Estacionamiento, que se presentó en el pleno del CESE el 14 de diciembre. «Se trata de un paso muy importante para eliminar importantes obstáculos y garantizar que las personas con discapacidad, tanto europeas como nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, puedan disfrutar del principio fundamental en el que se sustenta la Unión: la libertad de circulación. Otras políticas lo tomarán como punto de partida en el futuro».

Sin embargo, el CESE ha advertido de que la propuesta no llega a eliminar algunas de las barreras más importantes a la libre circulación de los europeos con discapacidad, en particular la falta de portabilidad de las prestaciones por discapacidad cuando se trasladan a otro país de la UE para trabajar o estudiar. En su Dictamen de iniciativa, el CESE pide que se amplíe el ámbito de aplicación de la propuesta de tal forma que una persona con discapacidad que se haya desplazado pueda utilizar temporalmente las tarjetas para seguir percibiendo prestaciones vinculadas a las políticas sociales o a los sistemas nacionales de seguridad social.

Esto no ocurre en la actualidad. Cuando alguien se muda de un Estado miembro a otro, al cruzar la frontera pierde sus derechos a recibir prestaciones por discapacidad, hasta que su discapacidad sea reevaluada en el nuevo Estado miembro.

Este proceso de evaluación puede durar más de un año, durante el cual la persona queda sin ningún tipo de reconocimiento o ayuda. «Pedimos que se amplíe el ámbito de aplicación para garantizar que en el nuevo país no exista ningún vacío legal ni ninguna laguna durante este período. Esto permitirá a las personas con discapacidad vivir con dignidad desde el principio», afirmó el Sr. Vardakastanis. (ll)

Usted es el ponente del Dictamen «Promover una producción de alimentos autónoma y sostenible: estrategias de cara a la política agraria común después de 2027». ¿Cuáles son las propuestas que realiza el Comité en su Dictamen, en particular para la PAC después de 2027 en lo que se refiere a la producción sostenible de alimentos?

Usted es el ponente del Dictamen «Promover una producción de alimentos autónoma y sostenible: estrategias de cara a la política agraria común después de 2027». ¿Cuáles son las propuestas que realiza el Comité en su Dictamen, en particular para la PAC después de 2027 en lo que se refiere a la producción sostenible de alimentos?

Stoyan Tchoukanov: La PAC ha permitido a la Unión Europea garantizar un suministro estable de alimentos de calidad elevada y en constante mejora para su creciente población y mantener un modelo de explotación familiar. Durante los últimos sesenta y cinco años la política ha evolucionado, pero todavía persisten muchas críticas en torno a las tres dimensiones de sostenibilidad de la nueva versión que entró en vigor en 2021.

Ante los nuevos retos, ahora más que nunca, necesitamos un marco político estable a largo plazo orientado a una producción sostenible de alimentos y a una autonomía estratégica abierta de la Unión Europea. Esto debe ir unido a la protección de la diversidad de tipos de agricultura de la UE y a una respuesta a las necesidades sociales y ecológicas («dinero público para bienes públicos»), al tiempo que se garantiza el desarrollo rural.

Las políticas medioambientales y climáticas no deben considerarse una carga para la recuperación de la crisis actual, sino más bien como parte de las soluciones y orientaciones a largo plazo para la toma de decisiones en el futuro. La última reforma reforzó el principio de que cada hectárea receptora de la ayuda debía, a su vez, proporcionar a la sociedad beneficios medioambientales.

Sin embargo, una financiación uniforme por hectárea no refleja la realidad desde el punto de vista ecológico ni un apoyo equitativo desde el punto de vista social. Creemos que la próxima PAC debe ir más allá en este compromiso y aumentar las exigencias medioambientales y sociales, que deberán recompensarse y protegerse debidamente de la competencia desleal.

Por eso, los pagos basados en la superficie deben reorientarse hacia incentivos, en lugar de compensaciones, para servicios que aporten beneficios, con un período de transición razonable cuya aplicación pueda prolongarse más allá de un único marco financiero plurianual.

Las pequeñas explotaciones familiares deben tener la opción de mantener una ayuda a la renta basada en pagos por superficie y unidades de mano de obra en la explotación, y debe dejarse a los Estados miembros la definición de los criterios en sus planes estratégicos. Para evitar una nueva caída del número de explotaciones agrícolas y ganaderas en la UE debido a la falta de relevo generacional, es necesario tomar medidas sobre el aumento de la renta media de los agricultores y ganaderos, el acceso a las tierras (mediante subvenciones y ayudas a la inversión, preferencias de crédito y legislación nacional en materia de transmisión de terrenos), las condiciones favorables de inversión en el marco del segundo pilar (aportaciones adicionales de capital privado), el perfeccionamiento profesional (de agricultores y ganaderos, trabajadores del sector y asesores), la capacitación de las mujeres, la mejora de las condiciones laborales y de las perspectivas a largo plazo de los profesionales del sector (pensiones, entre otras) y, en general, el atractivo de las zonas rurales.

La PAC debe contribuir a estimular la demanda de los consumidores de la UE de dietas más saludables y sostenibles (productos ecológicos, locales y de temporada), reducir el desperdicio de alimentos y regular los mercados alimentarios al objeto de abordar una financierización del sector alimentario que conduzca a casos graves de especulación, ya que se están generando enormes beneficios mientras la ciudadanía europea tiene dificultades para hacer frente al aumento de los precios de los alimentos. Las subidas de los precios de la energía y los riesgos de interrupción del suministro de energía y fertilizantes forman parte de la nueva normalidad, por lo que la PAC debe considerar la posibilidad de incluir elementos anticíclicos e implantar regímenes de apoyo a la inversión destinados a mejorar la producción y distribución de energía renovable en las zonas rurales en el plano local y en relación con las explotaciones.

En el Dictamen proponemos que la Comisión considere reforzar los regímenes de seguros de las asociaciones público-privadas —con carácter voluntario en los Estados miembros— en los instrumentos de la PAC después de 2027 en respuesta a los efectos de las condiciones climáticas extremas. A la luz de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y de la futura ampliación de la UE, el CESE considera que este Dictamen brinda la oportunidad de exponer algunas consideraciones, orientaciones y propuestas de la sociedad civil organizada sobre la futura configuración y dirección de la PAC después de 2027 con vistas a lograr una producción autónoma y sostenible de alimentos en el marco de una política alimentaria más global e integral. El objetivo es contribuir a la propuesta de la Comisión para la próxima PAC destacando las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil y las expectativas de la sociedad.

Las elecciones europeas de junio de 2024 serán determinantes para el futuro de Europa, por lo que el CESE, socio institucional de la sociedad civil, ha decidido poner en marcha su primera Semana de la Sociedad Civil.

No olvide anotar esta fecha en su agenda

Las elecciones europeas de junio de 2024 serán determinantes para el futuro de Europa, por lo que el CESE, socio institucional de la sociedad civil, ha decidido poner en marcha su primera Semana de la Sociedad Civil.

No olvide anotar esta fecha en su agenda

Este acto emblemático reunirá a personas de todas las edades y orígenes, incluida la juventud, la prensa y las instituciones de la UE, con el fin de mantener un animado debate sobre temas que importan para nuestra vida cotidiana y el futuro de Europa.

Bajo el lema «Luchar por la democracia» debatiremos las amenazas y los retos a la hora de salvaguardar los valores democráticos y determinar con exactitud qué espera la sociedad civil de los futuros dirigentes europeos. Nuestras recomendaciones se incorporarán a la Resolución del CESE sobre las elecciones europeas.

La Semana de la Sociedad Civil abarcará cinco iniciativas importantes del CESE:

Únase a nosotros y déjese inspirar por nuestros talleres y debates de alto nivel orientados por expertos. Haga oír su voz sobre temas fundamentales para el nuevo ciclo legislativo de la UE y establezca contactos con organizaciones de la sociedad civil y artífices del cambio procedentes de toda Europa.

Las inscripciones se abrirán en enero de 2024.

Pronto habrá más información disponible en la página web de la Semana de la Sociedad Civil (#CivSocWeek) (mt)

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en un Dictamen aprobado en el pleno, propone una estrategia para abordar los retos socioeconómicos a los que se enfrentan las islas, las regiones montañosas y las zonas escasamente pobladas de la UE. El CESE pide que la UE adopte medidas en el marco de la política de cohesión, haciendo hincapié en la necesidad de estrategias adaptadas, datos fiables y mecanismos específicos en favor del crecimiento sostenible.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en un Dictamen aprobado en el pleno, propone una estrategia para abordar los retos socioeconómicos a los que se enfrentan las islas, las regiones montañosas y las zonas escasamente pobladas de la UE. El CESE pide que la UE adopte medidas en el marco de la política de cohesión, haciendo hincapié en la necesidad de estrategias adaptadas, datos fiables y mecanismos específicos en favor del crecimiento sostenible.

 

Las regiones remotas de la UE, desde las islas hasta las zonas montañosas y escasamente pobladas, afrontan retos económicos, sociales y medioambientales que obstaculizan su desarrollo. Las islas remotas se enfrentan a elevados costes debido a su aislamiento, mientras que el cambio climático plantea riesgos para las zonas montañosas. La disminución de la población en las zonas escasamente pobladas exige estrategias de crecimiento innovadoras. El ponente del CESE, Ioannis Vardakastanis, subraya la necesidad de adoptar enfoques adaptados que reconozcan las características específicas de cada región. En su Dictamen, el Comité aboga por una acción cohesionada de la UE y hace hincapié en la solidaridad regional para evitar la marginación. El CESE propone utilizar la sólida base jurídica de la política de cohesión de la UE, y recomienda fondos y pactos específicos como el «pacto por las islas» o el «pacto por las zonas montañosas» para abordar retos únicos, siguiendo el modelo de las estrategias aplicadas con éxito en las zonas urbanas y rurales. Las soluciones abarcan aspectos económicos, sociales y medioambientales, que requieren diversas medidas, desde la reducción de los costes operativos hasta el fomento de la creación de empleo y la preservación de la cultura local. La toma de decisiones con conocimiento de causa depende de datos precisos y del desarrollo de capacidades, con el fin de promover un diálogo activo entre las partes interesadas de la UE, nacionales y locales para configurar políticas que reflejen las circunstancias únicas de estas regiones dentro de la UE. (tk)

El 12 de diciembre de 2023, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo (CESE) decidió nombrar a Isabelle Le Galo Flores como nueva secretaria general del CESE.

El 12 de diciembre de 2023, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo (CESE) decidió nombrar a Isabelle Le Galo Flores como nueva secretaria general del CESE.

La Sra. Le Galo Flores posee un máster en ingeniería matemática, así como en comunicación, estudios sobre medios y relaciones internacionales. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos puestos directivos, siendo el más reciente el de subdirectora general para España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, en la que centró su labor, entre otras cosas, en los sistemas alimentarios sostenibles y en el arte ciudadano.

El secretario general del CESE desempeña una función ejecutiva, prestando asistencia y asesoramiento a los órganos estatutarios del CESE y gestionando una plantilla de aproximadamente setecientas personas. La Sra. Le Galo Flores asumió sus funciones el 16 de enero por un período de cinco años y sucede a Gianluca Brunetti, que dejó el cargo el 31 de diciembre de 2023. (ehp)

El sector financiero, en particular el bancario, es fundamental a la hora de aumentar la competitividad de la economía de la UE, ya que ejerce una influencia considerable sobre la financiación y la transición vital hacia la sostenibilidad. En un Dictamen aprobado durante el pleno, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) destaca las vías clave para reforzar este sector e impulsar su contribución a la autonomía estratégica de la UE, así como los objetivos para alcanzarla.

El sector financiero, en particular el bancario, es fundamental a la hora de aumentar la competitividad de la economía de la UE, ya que ejerce una influencia considerable sobre la financiación y la transición vital hacia la sostenibilidad. En un Dictamen aprobado durante el pleno, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) destaca las vías clave para reforzar este sector e impulsar su contribución a la autonomía estratégica de la UE, así como los objetivos para alcanzarla.

 

Un sistema financiero resiliente es una prioridad para la transformación económica de la UE, pero sigue habiendo retos pendientes pese a los esfuerzos por incorporar controles de la competitividad y perfeccionar la regulación a través del programa REFIT. El ponente del CESE, Antonio García del Riego, señala que el carácter incompleto de la unión bancaria y de la unión de los mercados de capitales constituye un obstáculo para la unidad del mercado, lo que hace que los bancos de la UE se queden rezagados con respecto al bloque mundial. Esto deberá abordarse mediante evaluaciones exhaustivas, a fin de garantizar un sector financiero competitivo y resiliente. La competencia leal es crucial para la estabilidad y el crecimiento, pero requiere el refuerzo de los marcos reguladores que salvaguarden la diversidad del sector bancario. El CESE destaca el papel que desempeña la competencia leal a la hora de garantizar la estabilidad y atraer inversiones, y pide un enfoque equilibrado de la supervisión que fomente la digitalización y la sostenibilidad del mercado. Si bien elogia la inclusión por parte de la UE de un control de la competitividad en las futuras políticas, el CESE señala que hay que mejorar la competitividad sin apartarse de normas mundiales como las del marco de Basilea III. Es fundamental adaptar este control a las especificidades del sector financiero. Completar la unión de los mercados de capitales combatirá la fragmentación del mercado, mejorará la estabilidad financiera y fomentará la integración. El CESE subraya que las claves para avanzar en el sector residen en unos métodos de evaluación eficaces, la participación de las partes interesadas en las evaluaciones de impacto y unos datos sólidos que permitan tomar decisiones fundadas. (tk)

Bélgica asumió el timón de la UE el 1 de enero y ocupará la Presidencia del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2024, de importancia capital. El punto más destacado serán sin duda las elecciones europeas de junio, en las que la ciudadanía europea podrá decidir el futuro rumbo de la Unión. Desempeñaremos un papel activo en la transmisión de información sobre las elecciones y animaremos a los votantes a que acudan a las urnas.

Bélgica asumió el timón de la UE el 1 de enero y ocupará la Presidencia del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2024, de importancia capital. El punto más destacado serán sin duda las elecciones europeas de junio, en las que la ciudadanía europea podrá decidir el futuro rumbo de la Unión. Desempeñaremos un papel activo en la transmisión de información sobre las elecciones y animaremos a los votantes a que acudan a las urnas. «El CESE, como hogar de la sociedad civil organizada, colaborará estrechamente con la Presidencia belga en la construcción de una Europa más fuerte, resiliente y democrática», afirma el presidente del CESE, Oliver Röpke.

Este nuevo folleto presenta nuestras actividades durante el primer semestre y los expedientes clave en los que trabajan nuestras secciones, así como los dictámenes exploratorios que la Presidencia belga ha solicitado.
¿Conoce a nuestros miembros belgas?

Descubra aquí quiénes son y qué sectores de la sociedad civil representan. La información se facilita en inglés, alemán, francés y neerlandes. (cw)

La iniciativa Global Gateway tiene por objeto garantizar la autonomía estratégica abierta de la UE, si bien debe basarse en evaluaciones de impacto, como ha subrayado el Comité Económico y Social Europeo en un Dictamen aprobado en su pleno de diciembre. El CESE propone desempeñar un papel más activo en las fases esenciales del proceso de toma de decisiones relativas a los proyectos de desarrollo asociados a la Global Gateway.

La iniciativa Global Gateway tiene por objeto garantizar la autonomía estratégica abierta de la UE, si bien debe basarse en evaluaciones de impacto, como ha subrayado el Comité Económico y Social Europeo en un Dictamen aprobado en su pleno de diciembre. El CESE propone desempeñar un papel más activo en las fases esenciales del proceso de toma de decisiones relativas a los proyectos de desarrollo asociados a la Global Gateway.

La estrategia Global Gateway aspira a movilizar hasta 300 000 millones EUR en inversiones entre 2021 y 2027 con el fin de combatir el cambio climático, mejorar la conectividad digital, energética y del transporte y reforzar las infraestructuras de salud, educación e investigación en todo el mundo.

El CESE ha matizado que los programas de inversión en el marco de la iniciativa Global Gateway deben basarse en evaluaciones de impacto, asegurar la participación democrática en las iniciativas de desarrollo de los países socios y garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los proyectos. Al mismo tiempo, ha expresado sus reservas sobre los proyectos financiados con cargo a otros fondos de la UE, ya que la falta de claridad en sus procedimientos de evaluación de impacto podría apartarlos de los procesos normalizados de seguimiento.

El miembro del CESE y ponente del Dictamen, Stefano Palmieri, destacó la necesidad de que los proyectos en el marco de la Global Gateway cumplan una serie de principios y objetivos, y aseguró que «el respeto de los valores de la UE y someterse a evaluaciones de impacto detalladas son importantes para garantizar la sostenibilidad de dichos proyectos».

El CESE ha lamentado la ausencia de una participación real de los agentes locales europeos en todo el proceso de desarrollo. Desea desempeñar un papel más activo en las fases esenciales del proceso de toma de decisiones relativas a los proyectos de desarrollo asociados a la Global Gateway, comenzando por la organización de reuniones periódicas entre el Consejo de la Global Gateway y las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales. (mt)