En su pleno del mes de marzo, el CESE aprobó un Dictamen en el que instó a las instituciones europeas a que abordaran las diferencias entre los Estados miembros a la hora de aplicar sanciones a terceros países. El CESE manifestó su preocupación por estas incoherencias y pidió que se adoptaran medidas inmediatas para ofrecer ayuda humanitaria y proteger a los periodistas que operan en los países que son objeto de sanciones.

El Consejo de la Unión Europea establece sanciones de política exterior que todos los Estados miembros deben aplicar. Sin embargo, la ejecución y la aplicación de tales medidas están actualmente descentralizadas, lo que ha dado lugar a una miríada de definiciones, ámbitos de aplicación, sanciones y capacidades de investigación que divergen de un Estado miembro a otro. Esta fragmentación resta eficacia a las sanciones de la UE y amenaza con dividir a la Unión, ya que algunos países se muestran más indulgentes que otros cuando se vulneran las sanciones. A fin de abordar estas cuestiones, la Comisión Europea ha propuesto una Directiva para tipificar los delitos y penalizar la vulneración de las sanciones de la UE.

En su Dictamen «Vulneración de sanciones/delitos de la UE», el CESE insta a las instituciones de la UE a que amplíen la salvedad humanitaria para evitar cualquier consecuencia negativa no intencionada para la asistencia y la ayuda humanitarias. «Queremos seguir prestando ayuda humanitaria a las personas necesitadas que viven en regímenes sujetos a sanciones», explicó José Antonio Moreno Díaz, miembro del CESE y ponente del Dictamen. «Pedimos una exención humanitaria permanente para garantizar que el personal humanitario pueda operar sin riesgo de responsabilidad penal».

El Comité destacó la necesidad de que el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil reciban información adecuada y apoyo proactivo para adaptarse a la nueva legislación y cumplir los requisitos de los regímenes de sanciones. Los Estados miembros deben estar dotados de capacidades administrativas, recursos financieros y personal formado suficientes para detectar, enjuiciar y sancionar la vulneración de las sanciones. (gb)