El CESE sostiene que un acceso efectivo a la justicia en materia medioambiental es fundamental para alcanzar los objetivos del Pacto Verde de la UE

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A pesar de constituirse como una de las partes del Convenio de Aarhus en 2005, la Unión Europea sigue sin cumplir plenamente sus disposiciones en lo referente al «acceso a la justicia». En su Dictamen aprobado el 27 de enero, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de revisar la aplicación del Reglamento de Aarhus en la UE como un paso adelante para mejorar el acceso de los ciudadanos y las ONG a los procedimientos de recurso administrativo y judicial en materia de medio ambiente. Sin embargo, la Comisión no va lo suficientemente lejos. Las organizaciones de la sociedad civil piden a la UE unos mecanismos de ejecución más potentes para cumplir eficazmente el Convenio de Aarhus y el Pacto Verde Europeo.

El Convenio de Aarhus, un instrumento clave de la democracia medioambiental

El CESE ha destacado en diversas ocasiones la importancia de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El Convenio es el único instrumento internacional jurídicamente vinculante que confiere a la ciudadanía, ya sea a título individual o colectivo, unos derechos amplios y específicos en materia medioambiental. Representa, por lo tanto, un instrumento clave de la democracia medioambiental.

Este Convenio consta en particular de tres pilares:

  • el derecho a recibir información sobre el medio ambiente que obre en poder de las autoridades públicas («acceso a la información»);
  • el derecho a participar en las decisiones relacionadas con el medio ambiente («participación del público en la toma de decisiones»), y
  • el derecho a recurrir ante un tribunal de justicia para hacer valer los derechos de información y participación, o impugnar decisiones públicas que infrinjan la legislación medioambiental («acceso a la justicia»).

El hecho de que el Convenio gire en torno a la protección del medio ambiente y los derechos humanos, así como a la implicación de los ciudadanos, proporciona un poderoso mecanismo para que los gobiernos rindan cuentas de sus esfuerzos por abordar los retos pluridimensionales a los que se enfrenta el mundo de hoy, entre los que figuran el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire y el agua.

La propuesta de la Comisión de mejorar el acceso a la justicia no llega lo suficientemente lejos

La UE es una de las partes del Convenio de Aarhus, y el Reglamento de Aarhus que se adoptó en 2006 contribuye a la aplicación de las obligaciones establecidas en el Convenio a efectos de las instituciones y órganos de la UE.

La propuesta de la Comisión de reforzar el mecanismo de revisión interna recogido en el Reglamento sobre la aplicación del Convenio de Aarhus en la UE es, por consiguiente, un importante paso adelante a la hora de mejorar el acceso a la justicia en materia medioambiental, algo que resulta esencial para alcanzar los objetivos del Convenio de Aarhus y del Pacto Verde Europeo.

En términos generales, el CESE valora positivamente las modificaciones que propone la Comisión. Lo que se persigue es mejorar las posibilidades que se ofrecen a las ONG medioambientales para solicitar a las instituciones de la UE la revisión de aquellos actos que, a su juicio, puedan infringir la legislación medioambiental de la UE.

Sin embargo, el CESE ha detectado algunas lagunas en la propuesta que pueden ser utilizadas por las instituciones para no tener que rendir cuentas.

La propuesta de la Comisión es un paso importante hacia la mejora del acceso a la justicia en materia medioambiental. Pero no es suficiente, afirmó Arnaud Schwartz, ponente del CESE. Las organizaciones de la sociedad civil están pidiendo a la UE unos mecanismos de ejecución robustos. Los ciudadanos y las ONG deben poder exigir responsabilidades a las instituciones de la UE y a los Estados miembros en caso de que no consigan cumplir los objetivos en materia de protección del medio ambiente y la salud.

A modo de ejemplo, el CESE no apoya la propuesta de la Comisión de excluir los actos de la UE que incluyan «medidas de ejecución nacionales», ya que existe una posibilidad real de que esta exclusión haga inefectiva la propuesta de la Comisión o la devalúe. Al CESE también le preocupa que el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil solo puedan solicitar la revisión una vez adoptadas las medidas de ejecución exima de someter a revisión interna muchos de los actos y omisiones de la UE, cuando no la mayoría de ellos.

Si no se mejora la propuesta, muchas decisiones seguirán siendo inimpugnables, aunque contravengan claramente la legislación medioambiental, añadió el Sr. Schwartz.

El CESE también pide a la Comisión que facilite el acceso a la justicia a todas las organizaciones de la sociedad civil. En particular, Isabel Caño Aguilar, coponente del CESE, destacó que los interlocutores sociales son agentes clave en las cuestiones medioambientales y deben ser reconocidos de modo explícito en lo que se refiere al acceso a la justicia.

Para hacer accesible el recurso judicial en la práctica, las organizaciones de la sociedad civil no deben verse obligadas a asumir cargas adicionales, como costes extraordinarios y medidas burocráticas, concluyó la Sra. Caño.

Contexto

Según el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (CCCA), la UE sigue sin cumplir plenamente sus disposiciones en lo referente al «acceso a la justicia». ¿Por qué razón?

Según el CCCA, el Reglamento de Aarhus no aplica adecuadamente los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Convenio de Aarhus.

La formulación del artículo 9, apartado 3, del Convenio deja claro que su ámbito de aplicación son los «actos y omisiones» sin restricciones, con excepción de las decisiones adoptadas en el marco de la capacidad legislativa y judicial de las autoridades públicas. Esto significa que, cada vez que la institución actúe en su capacidad administrativa, se deberá someter la decisión a control.

No obstante, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el artículo 10 del Reglamento solo ofrece la posibilidad de recurrir al procedimiento de revisión interna de los actos de alcance individual. Teniendo en cuenta que los actos adoptados en el ámbito medioambiental son, en su mayoría, actos de ejecución general, esta interpretación limita excesivamente el ámbito de aplicación del Convenio.

Según este criterio de afectación directa e individual, las únicas personas que pueden impugnar la decisión son aquellas a quienes va dirigida la misma:

«Quienes no sean destinatarios de una Decisión solo pueden alegar que esta les afecta individualmente cuando dicha Decisión les atañe debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, les individualiza de una manera análoga a la del destinatario».

Mensajes principales de Dictámenes afines del CESE

NAT/716 Acceso a la justicia a nivel nacional en relación con las medidas de aplicación de la legislación medioambiental de la UE (Comunicación)

A fin de que esta Comunicación tenga un efecto real, es necesario que se complemente con planes de capacitación y formación en los Estados miembros, dirigidos a sus destinatarios y en particular a los órganos de recurso judiciales y administrativos, así como a los ciudadanos.

Es necesario desarrollar y mantener al día una referencia independiente, objetiva, integral y actualizada que deberá reflejar la evolución positiva y las cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia a nivel de los Estados miembros, así como todos los elementos del artículo 9 del Convenio de Aarhus.

NAT/730 Acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental (Comunicación)

El CESE se hace eco del énfasis que pone la Comisión en las deficiencias actuales, que minan la confianza de los ciudadanos en la eficacia de la legislación de la UE, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que movilicen recursos financieros importantes para contratar personal adicional, a fin de supervisar la aplicación de la gobernanza y la legislación en materia de medio ambiente.

El CESE también pide que se aborde el coste de este acceso a la justicia para la sociedad civil.

NAT/759 Un papel más constructivo para la sociedad civil en la aplicación de la legislación medioambiental (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión Europea)

Una vez más, en referencia a un Dictamen anterior, el CESE pide a la Comisión Europea que trabaje en la mejora del acceso a la justicia para la sociedad civil (por ejemplo, con el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a comparecer ante el Tribunal de Justicia, con jueces y fiscales especializados a escala local, nacional y europea).

Para mejorar el acceso a la justicia, el CESE también considera que las personas deberían poder dirigirse directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuando la transposición de legislación de la UE a legislación nacional se vea afectada y se hayan agotado las vías de recurso nacionales.

Dados los retrasos judiciales, con frecuencia excesivos, que se producen, el CESE pide a la CE que se plantee establecer un requerimiento medioambiental para problemas que no sean emergencias. Los Estados miembros estarían obligados a cumplir este requerimiento, y ello implicaría la suspensión de los trabajos en espera de una decisión del Tribunal de Primera Instancia en caso de que se produjera cualquier daño inmediato al medio ambiente.

El CESE pide, asimismo, a la Comisión Europea que instaure un mecanismo adecuado para garantizar que las multas abonadas por causar daños ambientales se inviertan en medidas destinadas a apoyar la protección del medio ambiente.

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