(Des)igualdad vacunal: en la UE no se prioriza a las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad se enfrentan a muchos obstáculos y les resulta más difícil mantener la distancia social y física, por lo que corren mayor riesgo de contraer la COVID-19 y de caer gravemente enfermas como consecuencia de ello. Sin embargo, en la UE no se las ha incluido explícitamente en los grupos de vacunación prioritarios.

Las estrategias nacionales de vacunación no contienen criterios claros para priorizar a las personas con discapacidad a la hora vacunarse contra la COVID-19, salvo si están institucionalizadas o corren un riesgo extremo de infección debido, por ejemplo, a un trasplante de órganos o de células madre.

De hecho, en muchos Estados miembros las personas pertenecientes a este colectivo no saben a ciencia cierta si la dolencia causante de su discapacidad les da derecho a recibir la vacuna antes que otras personas de su mismo grupo de edad.

La vaguedad de las normas nacionales que definen los grupos prioritarios no relacionados con la edad, junto con la grave escasez de vacunas en Europa y las reticencias a la vacunación, ha generado a menudo confusión y caos sobre el terreno y situado a muchas personas con discapacidad al final de las listas de espera para vacunarse.

La situación no solo varía de un país a otro, sino también entre regiones de un mismo país, según los resultados de la audiencia Despliegue de la vacunación contra la COVID-19 y personas con discapacidad celebrada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Esta audiencia a distancia fue organizada por el Grupo de Estudio Temático del CESE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el objetivo de captar una instantánea de la situación en los Estados miembros en lo que respecta a la vacunación de las personas con discapacidad, así como de estudiar maneras de garantizar que se les dé prioridad.

En la audiencia participaron miembros del CESE que ejercen activismo en sus países en favor de las personas con discapacidad, así como representantes de la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actuó como moderadora la directora del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Catherine Naughton.

Los países tienen que comprender que, por razones obvias, a las personas con discapacidad les resulta más difícil mantener la distancia social necesaria. Por eso queremos subrayar la importancia y la urgencia de proteger a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable desde el punto de vista de la salud, afirmó en su alocución inicial Pietro Barbieri, presidente del Grupo de Estudio Temático del CESE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esperamos que la UE tenga en cuenta la situación de las personas con discapacidad y no se limite a dejar esta cuestión en manos de los países sobre la base de determinados indicadores.

En sus orientaciones de octubre de 2020 sobre la estrategia de vacunación, la Comisión Europea hizo una referencia genérica pero explícita a determinados colectivos vulnerables a los que se debería dar prioridad en las campañas de vacunación, entre ellos las personas incapaces de mantener la distancia social y aquellas cuyo estado de salud las pone particularmente en peligro; sin embargo, la discapacidad no se mencionó expresamente.

En sus directrices, la OMS reconoce que, por diversas razones, las personas con discapacidad pueden correr un mayor riesgo tanto de contraer la enfermedad como de experimentarla en su forma más grave. En la Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-19 en un contexto de suministros limitados se incluye a las personas con discapacidad entre los grupos sociodemográficos con un riesgo significativamente mayor de enfermedad grave o muerte y se recomienda vacunarlas en la etapa II, en la que se vacuna a la franja de ciudadanos comprendida entre el 11 % y el 20 % del total de la población.

Sin embargo, al no existir clasificaciones claras, y una vez que se puso de manifiesto que inicialmente no habría vacunas para todos, la situación sobre el terreno se volvió caótica. En su breve resumen de la situación en cada país, los miembros del CESE destacaron el papel a menudo crucial que desempeñan en toda la UE las organizaciones del ámbito de la discapacidad a la hora de garantizar que las personas con discapacidad no institucionalizadas y sus cuidadores reciban la vacuna al mismo tiempo que otros colectivos vulnerables designados como prioritarios.

 

PAÍSES BÁLTICOS Y ESCANDINAVOS

En Lituania, tras una campaña activa de las organizaciones en favor de las personas con discapacidad, el Gobierno acordó incluir en los grupos prioritarios a los progenitores que cuidan de hijos con discapacidad, así como a otros cuidadores. Inicialmente no estaban incluidos, como explicó la miembro lituana del CESE Dovile Juodkaite, que habló sobre la situación en su país y en otros países bálticos.

A diferencia de otros países escandinavos que incluyen la discapacidad como factor de riesgo de sufrir casos graves de COVID, en Dinamarca las prioridades se basan actualmente sobre todo en la edad. Esto ha dado lugar a una confusión considerable, con definiciones poco claras de las personas que forman parte de los grupos prioritarios. Esto ha provocado confusión en el personal médico, los hospitales y la población general en cuanto al orden de vacunación, según relató Sif Holst, miembro danesa del CESE.

En Dinamarca, la comunicación del programa de vacunación ha sido deficiente. No se informa a nadie de la categoría a la que pertenece ni se le comunica la fecha probable de vacunación, afirmó la Sra. Holst.

A las personas no incluidas en un grupo prioritario se las vacunará por estrictos criterios de edad. Esto puede hacer que una persona de treinta años con síndrome de Down o esclerosis múltiple tenga que esperar tanto como una persona de su misma edad sin discapacidad.

 

RUMANÍA Y GRECIA

El miembro del CESE Tudorel Tupilusi, que dirige la Asociación de Personas Ciegas de Rumanía, explicó que las organizaciones rumanas que trabajan en el ámbito de la discapacidad habían logrado convencer al Gobierno para priorizar a las personas con discapacidad no institucionalizadas vacunándolas en la segunda fase junto con las personas mayores de 65 años.

Sin embargo, al principio hubo algunos tropiezos, ya que inicialmente las personas con discapacidad solo podían obtener una cita para vacunarse a través de las autoridades locales. Esto habría retrasado todo el proceso, pero el sistema se modificó tras la intervención de asociaciones defensoras de las personas con discapacidad. Como consecuencia de diversos problemas, el número de personas con discapacidad vacunadas hasta marzo en Rumanía seguía siendo bajo, y únicamente 3 000 habían recibido ambas dosis.

En Grecia, las organizaciones en pro de las personas con discapacidad empezaron a hacer campaña desde antes del inicio de la vacunación en diciembre para que se diera prioridad a este colectivo, como explicó el miembro del CESE Ioannis Vardakastanis.

Estas organizaciones desempeñaron una función tanto estratégica como operativa: desarrollaron una estrecha cooperación con las autoridades y lograron que se priorizase a numerosos colectivos con discapacidad. Ahora están intentando conseguir que se vacune a las personas ciegas o con discapacidad visual y personas tetrapléjicas menores de 60 años.

 

ESPAÑA, ITALIA Y FRANCIA

La estrategia de vacunación española se ha modificado en cuatro ocasiones. En dicha estrategia se prioriza a las personas con discapacidad si viven en residencias o viviendas tuteladas, si son atendidas por asistentes o cuidadores y si reciben servicios en espacios compartidos como centros de día. Sin embargo, no prioriza explícitamente a las personas con discapacidad física o intelectual a pesar de que tienen más riesgo de sufrir un cuadro grave.

Estas personas aún no saben si la enfermedad causante de su discapacidad las colocará en la categoría prioritaria, e ignoran el puesto que ocuparán en el orden de vacunación. Esta incertidumbre es inaceptable, afirmó el miembro del CESE Miguel Ángel Cabra de Luna, quien añadió que, si bien es perfectamente comprensible que se considere la edad como factor, también deben tenerse en cuenta otras situaciones que hacen que las personas sean más vulnerables a la COVID-19.

Ante la falta de criterios comunes, las comunidades autónomas españolas han dictado normas diferentes sobre las enfermedades que implican prioridad en la vacunación.

Estas diferencias regionales también son pronunciadas en Italia, donde a personas con una misma enfermedad se las vacuna en una región pero no en otra, como señaló el Sr. Barbieri.

Destacó que inicialmente no se priorizó a las personas con discapacidad, aunque las autoridades intentaron rectificarlo a principios de enero como consecuencia de la presión de las asociaciones del sector y de un artículo periodístico en el que se resaltaba que el plan de vacunación se había olvidado de las personas con discapacidad y de sus familias.

Tras un cambio de Gobierno, y mientras empezaban a escasear las vacunas, se elaboró un nuevo plan de vacunación que establecía diferentes categorías para poder vacunarse. Según el Sr. Barbieri, esto llevó a menudo a desigualdades absurdas y a una confusión y un caos totales.

Por ejemplo, en Lombardía se empezará a vacunar a las personas con discapacidad el 15 de abril, mientras que el debilitamiento del sistema sanitario de Calabria hará que en esa región no comiencen a citar a este colectivo hasta mayo.

Albert Prevos, del Consejo Francés de Personas con Discapacidad para Asuntos Europeos (CFHE), subrayó que las personas con discapacidad que no viven en residencias también son vulnerables y deben ser vacunadas de forma prioritaria, algo que no ha ocurrido en Francia: Las personas que viven solas no deben ser víctimas de la escasez de vacunas, pero a menudo se las olvida.

 

LA IMPORTANCIA CRUCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS SOBRE EL TERRENO

Satish Mishra, de la OMS, afirmó que su organización confía en la sociedad civil para garantizar que los gobiernos apliquen las recomendaciones de la OMS.

Recomendamos, entre otras cosas, que los gobiernos consulten a las personas con discapacidad y a las correspondientes redes de apoyo y organizaciones representativas a la hora de elaborar y aplicar los planes nacionales de vacunación, con el fin de detectar y abordar los obstáculos para acceder al proceso de vacunación, afirmó el Sr. Mishra.

Para Yannis Natsis de la EPHA, los conocimientos expertos sobre el terreno que atesoran las organizaciones de la sociedad civil hacen que estas desempeñen un papel sumamente importante, ya que pueden ayudar a la UE a comprender mejor cómo definir la vulnerabilidad. Además, pueden poner de relieve los riesgos asociados a muchos tipos diferentes de discapacidad, de modo que los países de la UE reconozcan también como prioritarios a los colectivos correspondientes.

El Sr. Natsis también considera que es un buen momento para hablar sobre la equidad vacunal en los países europeos y estudiar cómo podemos incluir a los grupos vulnerables y desfavorecidos y darles prioridad. En cuanto a la UE, es importante que la cuestión de la equidad vacunal se trate a nivel político en Bruselas.

El Sr. Natsis concluyó así su intervención: Siempre se han utilizado contra los grupos vulnerables argumentos basados en la escasez en sentido amplio. Es algo que se repite, y ya ocurría antes de la COVID-19. Intentemos asegurarnos de que no siga ocurriendo después. Aprovechemos esta oportunidad de impulsar un cambio positivo y duradero para los grupos de población vulnerables.