Por Matteo Borsani
, Grupo de Empresarios del CESE

La primera y principal recomendación que el CESE formula en su Dictamen es que deben adoptarse urgentemente medidas para aplicar las recomendaciones de los informes Letta y Draghi. En mi opinión, los esfuerzos necesarios deberán centrarse en todos y cada uno de sus apartados: las conclusiones de los informes no pueden escogerse según convenga. Las recomendaciones deben aplicarse en su conjunto, sin poner límites a las propuestas, sin atrincherarse en las zonas de confort de cada uno y sin evitar las cuestiones más críticas y divisivas, por ejemplo las relacionadas con las inversiones. 

En lo que respecta al informe Draghi, siendo como es obvia la importancia de centrarse en la competitividad de la UE en su conjunto, considero fundamentales sus recomendaciones sobre la política industrial de la Unión, en particular, su insistencia en la necesidad de adoptar una política industrial que pueda superar el enfoque fragmentado actual. En la actualidad hemos de lidiar con veintisiete políticas industriales nacionales que no siempre funcionan en coordinación. A este respecto, solo un esfuerzo estructurado en toda la Unión nos permitirá proponer, con grandes beneficios para el mercado único, la combinación dinámica de medidas fiscales, normativas, comerciales y aduaneras, y de incentivos financieros que caracteriza las políticas industriales más recientes de China y Estados Unidos.

Sin embargo, estas medidas deberían ir acompañadas de una reducción drástica de las cargas burocráticas innecesarias para las empresas; de ahí que valore en especial el llamamiento de Letta en favor de «un mercado interior para ir rápido y llegar lejos». Entre sus recomendaciones clave, Letta aboga por racionalizar las cargas burocráticas, simplificar los procedimientos administrativos y adoptar nuevas medidas para reducir la burocracia, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En esta misma línea, en su Dictamen el CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de reducir en un 25 % la carga que supone para todas las empresas la presentación de información y elevar este objetivo al menos a un 50 % para las pymes. Además, abundando y profundizando en la recomendación de Letta de considerar un mecanismo que ayude a los colegisladores a realizar una evaluación de impacto dinámica, el CESE apoya con firmeza la idea de un control de la competitividad que se lleve a cabo en el transcurso del procedimiento legislativo.