El estudio sobre El coste del cambio climático para los hogares y las familias de la UE (solo en inglés) brindó una estupenda oportunidad para arrojar algo de luz sobre cómo afectan a los hogares de la UE los costes derivados de las medidas de adaptación al cambio climático, las políticas de mitigación y el impacto del cambio climático, en función de la región de que se trate y de sus características socioeconómicas. El estudio reconoce la existencia de un vacío de publicaciones en este ámbito, ya que falta una evaluación amplia de los costes del cambio climático centrada en los hogares de la UE.
El estudio sobre El coste del cambio climático para los hogares y las familias de la UE (solo en inglés) brindó una estupenda oportunidad para aclarar de qué modo los costes derivados de las medidas de adaptación al cambio climático, políticas de mitigación y el impacto del cambio climático puede afectar a los hogares de la UE en función de la región que habiten y sus características socioeconómicas. El estudio reconoce la existencia de un vacío de publicaciones en este ámbito, ya que falta una evaluación amplia de los costes del cambio climático centrada en los hogares de la UE.
Por otra parte, propone una metodología y unos resultados novedosos que combinan los datos procedentes de Eurostat sobre los ingresos y gastos de los hogares, los peligros relacionados con el clima y las herramientas de modelación. Nuestro estudio considera tanto las pérdidas de ingresos de los hogares como los gastos inducidos por el cambio climático como consecuencia directa del impacto del cambio climático o de las necesidades de adaptación a este.
De aquí a 2050, el cambio climático repercutirá de manera distinta en las distintas regiones y colectivos socioeconómicos. En un escenario moderado de cambio climático, es probable que aumente el gasto sanitario de los hogares en las zonas septentrionales y meridionales de la UE, el gasto en alimentación en las zonas orientales, occidentales y meridionales, el gasto en electricidad en todas las regiones y el gasto en seguros, especialmente en el norte. Este aumento del gasto supondrá una pesada carga para los hogares más pobres, que tendrán menos posibilidades de diversificar su consumo y una capacidad de adaptación limitada. Simultáneamente, surgirán pérdidas de ingresos laborales en el sur de la UE y pérdidas globales de ingresos generalizadas en todas las regiones.
Se prevén repercusiones negativas y regresivas (que afectarán más a los hogares más pobres que a los ricos) en una amplia gama de gastos relativos a bienes o servicios y a fuentes de ingresos, en particular en el sur de la UE (gastos sanitarios, de electricidad y seguros, así como las rentas del trabajo globales), pero también con carácter marginal en las regiones del este (gastos de alimentación) y del norte (gastos de electricidad y seguros). El cambio climático aumentará probablemente el número de personas en riesgo de pobreza en toda la UE; se prevé que en las hipótesis de mitigación del cambio climático ello quede reducido, favoreciendo un crecimiento salarial más rápido de la mano de obra poco cualificada en comparación con la altamente cualificada.
Entre las principales recomendaciones dirigidas a los responsables de las políticas figuran otorgar prioridad a las regiones —por ejemplo en el caso de las zonas meridionales de la UE, cuyos hogares experimentan repercusiones negativas y, simultáneamente, regresividad— y reforzar las medidas de ayuda a la renta, así como adaptar estas a los segmentos más vulnerables de la población de dichas regiones. Por otra parte, el carácter multisectorial de los costes derivados del cambio climático apela a una integración horizontal de las políticas para que su diseño sea más eficaz.
El estudio, realizado por el CMCC a petición del Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil, y su resumen pueden descargarse en el sitio web del CESE.
El 12 de diciembre de 2023, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo (CESE) decidió nombrar a Isabelle Le Galo Flores como nueva secretaria general.
En la sección «Una pregunta para...», el miembro del CESE Stoyan Tchoukanov respondió a una pregunta sobre su Dictamen, cuya aprobación está prevista en el pleno de enero. Pregunta del CESE: «Usted es ponente del Dictamen Promover una producción de alimentos autónoma y sostenible: estrategias de cara a la política agraria común después de 2027. ¿Qué propone el Comité en este Dictamen, en particular sobre la PAC después de 2027 en lo que respecta a la producción sostenible de alimentos?»
En la sección «Una pregunta para...», el miembro del CESE Stoyan Tchoukanov respondió a una pregunta sobre su Dictamen, cuya aprobación está prevista en el pleno de enero.
Pregunta del CESE: «Usted es ponente del Dictamen Promover una producción de alimentos autónoma y sostenible: estrategias de cara a la política agraria común después de 2027. ¿Qué propone el Comité en este Dictamen, en particular sobre la PAC después de 2027 en lo que respecta a la producción sostenible de alimentos?»
La UE siempre ha sido firme partidaria de la integración económica con el resto del mundo. En un mundo pacífico regido por un sistema basado en normas, esta estrategia ha convertido Europa en una de las potencias comerciales más importantes del mundo y una de las regiones más prósperas.
La UE siempre ha sido firme partidaria de la integración económica con el resto del mundo. En un mundo pacífico regido por un sistema basado en normas, esta estrategia ha convertido Europa en una de las potencias comerciales más importantes del mundo y una de las regiones más prósperas.
La pandemia de COVID-19 y la posterior invasión rusa de Ucrania han alterado radicalmente la dinámica de apertura e integración económica, todo lo cual augura una larga y ardua lucha por preservar la prosperidad de la UE. Estas perturbaciones han demostrado la importancia de reforzar la resiliencia de la UE y su capacidad para defender con eficacia sus intereses estratégicos.
La UE se prepara para dar respuesta a unos retos que podrían marcar un distanciamiento del sistema comercial multilateral basado en normas que ha sido la seña de identidad de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, por lo que no puede mostrarse ambigua respecto del significado de autonomía estratégica.
En el estudio realizado por el Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS, por sus siglas en inglés) se analizan estas cuestiones complejas, se examinan las vulnerabilidades de Europa y se formula una serie de recomendaciones sobre la forma de lograr la autonomía estratégica. El estudio fue encargado por el CESE a petición del Grupo de Empresarios del Comité y elaborado por el CEPS.
Cerca de 900 000 personas en la UE pasan la noche habitualmente en la calle o en albergues para personas sin hogar. El número de personas sin hogar ha aumentado en más del doble en los últimos quince años, por lo que el CESE pide a los Estados miembros y a la UE que tomen medidas.
Cerca de 900 000 personas en la UE pasan la noche habitualmente en la calle o en albergues para personas sin hogar. El número de personas sin hogar ha aumentado en más del doble en los últimos quince años, por lo que el CESE pide a los Estados miembros y a la UE que tomen medidas.
El CESE pide una estrategia integral de la UE frente al problema de las personas sin hogar y la rápida puesta en marcha de políticas nacionales eficaces en este ámbito, en un intento de mitigar sustancialmente, de aquí a 2030, un fenómeno que constituye una de las formas más extremas de exclusión social.
«Solicitamos una estrategia de la UE para las personas sin hogar en la que esté plenamente integrada la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo y que permita incluir las políticas nacionales en esta materia en el Semestre Europeo», declaró María del Carmen Barrera Chamorro, ponente del Dictamen del CESE «Por un marco de la UE que afronte el problema de las personas sin hogar».
La estrategia debe sustentarse en una Recomendación del Consejo y el CESE pide a la nueva Presidencia belga del Consejo de la UE que empiece a trabajar en ella. Asimismo, pide a la Comisión que elabore lo antes posible una propuesta de nuevo programa de trabajo plurianual que tenga continuidad durante su próximo mandato y lo abarque íntegramente.
«El CESE quiere que la solución al problema de las personas sin hogar siga siendo una prioridad de la política social de la UE de cara a las elecciones europeas y después de ellas. Necesitamos un cambio estratégico que desplace el objetivo de simplemente lidiar con el problema de las personas sin hogar a solucionarlo efectivamente de aquí a 2030», aseguró Ákos Topolánszky, coponente del Dictamen.
El CESE propone promover activamente el principio de «primero, la vivienda» para abordar el problema crónico de las personas sin hogar. Conforme a dicho principio, la vivienda no es solo un lugar en el que albergarse, sino una herramienta para la reinserción. Supone la oferta de soluciones de vivienda a largo plazo que no dependa de condiciones como demostrar el desarrollo personal o la necesidad de aceptar ayuda.
El planteamiento basado en la vivienda ya se acordó en la Declaración de Lisboa, firmada en 2021 por los veintisiete Estados miembros de la UE, las instituciones europeas y varias ONG del continente. La Declaración constituye la base política de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo, y sus signatarios se comprometieron a cooperar a escala de la UE en lo que respecta al problema de las personas sin hogar y a trabajar para acabar con dicho problema de aquí a 2030. Sin embargo, como el CESE apunta en su Dictamen, a pesar de los esfuerzos políticos, el problema de las personas sin hogar sigue sin abordarse suficientemente, ni a nivel europeo ni a nivel nacional.
Finlandia es el único país que ha conseguido reducirlo de forma consistente en los últimos veinte años. (ll)
El informe anual de situación de 2023 publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) no ha sido especialmente alentador: la UE podría incumplir la mayoría de sus objetivos para 2030. En particular, las perspectivas en cuanto a la huella de consumo, los niveles de consumo de energía, la producción circular y la agricultura ecológica son especialmente malas, aunque el resto de ámbitos, desde la biodiversidad hasta la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, no las mejoran en demasía.
El informe anual de situación de 2023 publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) no es especialmente alentador: la UE podría incumplir la mayoría de sus objetivos para 2030. En particular, las perspectivas en cuanto a la huella de consumo, los niveles de consumo de energía, la producción circular y la agricultura ecológica son especialmente malas, aunque el resto de ámbitos, desde la biodiversidad hasta la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, no las mejoran en demasía.
Este sombrío panorama no debe desanimarnos, sino motivarnos: es necesario actuar. No es el momento para unas tímidas buenas intenciones (que ya hemos mostrado en innumerables ocasiones y que nos han llevado donde estamos), ni para un retorno a medidas de austeridad. Los principios de la transición justa, entre ellos la sostenibilidad económica, social y medioambiental, deben impregnar todas y cada una de las políticas de la UE. En ese objetivo se encuadra, en consonancia con el Dictamen del CESE más reciente sobre esta materia, la adopción de una Directiva para una Transición Justa a escala de la UE dirigida al mundo del trabajo: solo si todos remamos en la misma dirección podremos tener éxito en esta ímproba tarea. Si el coste se traslada a los más vulnerables, como ocurre ya con tanta frecuencia, crecerá el populismo de extrema derecha. Ahora, ya ni siquiera esa corriente puede negar los catastróficos efectos del cambio climático, será demasiado tarde.
El CESE pide que la propuesta de la Comisión de una Tarjeta Europea de Discapacidad vea ampliado su ámbito de aplicación para cubrir estancias más largas de trabajo o estudios, con el fin de garantizar la libertad de circulación de las personas con discapacidad en la UE.
El CESE pide que la propuesta de la Comisión de una Tarjeta Europea de Discapacidad vea ampliado su ámbito de aplicación para cubrir estancias más largas de trabajo o estudios, con el fin de garantizar la libertad de circulación de las personas con discapacidad en la UE.
El CESE celebra la propuesta de la Comisión orientada a establecer una Tarjeta Europea de Discapacidad y una Tarjeta Europea de Estacionamiento como un primer paso para que las personas con discapacidad puedan circular libremente por la Unión Europea.
«La propuesta sobre las dos tarjetas afectará a más de ochenta millones de europeos con discapacidad», declaró Ioannis Vardakastanis, ponente general del Dictamen del CESE sobre las Tarjetas Europeas de Discapacidad y Estacionamiento, que se presentó en el pleno del CESE el 14 de diciembre. «Se trata de un paso muy importante para eliminar importantes obstáculos y garantizar que las personas con discapacidad, tanto europeas como nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, puedan disfrutar del principio fundamental en el que se sustenta la Unión: la libertad de circulación. Otras políticas lo tomarán como punto de partida en el futuro».
Sin embargo, el CESE ha advertido de que la propuesta no llega a eliminar algunas de las barreras más importantes a la libre circulación de los europeos con discapacidad, en particular la falta de portabilidad de las prestaciones por discapacidad cuando se trasladan a otro país de la UE para trabajar o estudiar. En su Dictamen de iniciativa, el CESE pide que se amplíe el ámbito de aplicación de la propuesta de tal forma que una persona con discapacidad que se haya desplazado pueda utilizar temporalmente las tarjetas para seguir percibiendo prestaciones vinculadas a las políticas sociales o a los sistemas nacionales de seguridad social.
Esto no ocurre en la actualidad. Cuando alguien se muda de un Estado miembro a otro, al cruzar la frontera pierde sus derechos a recibir prestaciones por discapacidad, hasta que su discapacidad sea reevaluada en el nuevo Estado miembro.
Este proceso de evaluación puede durar más de un año, durante el cual la persona queda sin ningún tipo de reconocimiento o ayuda. «Pedimos que se amplíe el ámbito de aplicación para garantizar que en el nuevo país no exista ningún vacío legal ni ninguna laguna durante este período. Esto permitirá a las personas con discapacidad vivir con dignidad desde el principio», afirmó el Sr. Vardakastanis. (ll)
