El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha pedido modificaciones en las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea con el fin de que reconozcan y respondan mejor a las necesidades de las entidades de la economía social, que desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer frente a los retos sociales.

En su Dictamen «Cómo apoyar a las entidades de la economía social de conformidad con las normas sobre ayudas estatales: algunas reflexiones a raíz de las propuestas del informe de Enrico Letta», aprobado en su pleno de enero, el CESE advierte de que las normas vigentes no están sirviendo para prestar un apoyo adecuado a esas empresas, que a menudo reinvierten sus beneficios en esfuerzos dirigidos a alcanzar objetivos sociales en lugar de repartirlos entre sus inversores.

«Queremos sensibilizar a más personas sobre los beneficios que reporta una regulación eficaz de la competencia y las ayudas estatales, tanto para las empresas de la economía social como para todo el sistema de servicios de interés general», ha afirmado el ponente del Dictamen, Giuseppe Guerini.

Las entidades de la economía social, que van desde cooperativas hasta mutualidades y fundaciones, emplean a más de once millones de personas en toda la UE, es decir, el 6,3 % de la población activa. Operan en ámbitos como los servicios sociales y sanitarios, las energías renovables y la reducción de la pobreza. A pesar de sus contribuciones, muchas de ellas se enfrentan a obstáculos sistémicos para garantizar el capital de inversión a largo plazo y transitar por los procesos de contratación pública, ya que es frecuente que el marco regulador actual no tenga en cuenta su carácter no lucrativo o solidario.

Entre otras cosas, el Dictamen del CESE destaca que las autoridades públicas están infrautilizando los instrumentos a su disposición, como el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) y el marco para los servicios de interés económico general.

Es por esa razón que el Comité pide que se simplifiquen y modernicen las normas excesivamente complejas y obsoletas que aún perviven en el marco del RGEC para apoyar el empleo de los trabajadores desfavorecidos y discapacitados, en consonancia con algunas de las recomendaciones del informe Letta sobre el mercado único.

Si bien se acoge con satisfacción el reciente aumento en los límites máximos de las ayudas de minimis (300 000 EUR para las empresas ordinarias y 750 000 EUR para las entidades de servicios de interés económico general), el CESE también sostiene que instrumentos más adaptados, como el RGEC o las disposiciones específicas sobre los servicios de interés económico general, abordarían mejor las necesidades de las entidades de la economía social en ámbitos como la salud y los servicios sociales. (ll)

Debe incluirse a la juventud de la región mediterránea en cada fase del proceso, desde la elaboración de políticas hasta su aplicación. Las personas jóvenes no solo dan forma a las políticas, sino también a la vida misma, como se puso de relieve en el debate celebrado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

El debate se celebró en el pleno de enero del CESE en relación con la aprobación del Dictamen «Participación de la juventud en el diálogo social y civil en la región mediterránea», el primer dictamen del CESE que tiene en cuenta las aportaciones de los representantes de la juventud de la región. Ocho jóvenes representantes contribuyeron al proceso de elaboración.

Durante el debate, Dubravka Šuica, comisaria para el Mediterráneo, destacó la importancia de la juventud para la prosperidad, la estabilidad y la resiliencia de la región. «El futuro del Mediterráneo está en manos de la juventud de la región. Si queremos un futuro compartido y sostenible, debemos colaborar directamente con las generaciones jóvenes, garantizando que sus voces guíen nuestras políticas y prioridades. Con ellas, configuraremos el nuevo Pacto por el Mediterráneo invirtiendo en educación, empleo y crecimiento».

Oliver Röpke, presidente del CESE, apoyó el nuevo Pacto de la comisaria Šuica, que se centra en las inversiones, la sostenibilidad y la migración, y añadió que la sociedad civil debe participar activamente en su diseño. «La participación de la juventud es esencial para el futuro de la región, y el CESE se ha comprometido a garantizar que sus voces sirvan para configurar las políticas y la toma de decisiones. Junto con la Unión por el Mediterráneo y la Fundación Anna Lindh, estamos trabajando para construir un Mediterráneo pacífico y próspero».

Además de subrayar la importancia de la contribución de los jóvenes representantes al Dictamen, su majestad la princesa Rym Ali, presidenta de la Fundación Anna Lindh, afirmó que trabajar con personas jóvenes no solo es importante, sino imperativo, e infunde savia nueva. «Hay mucho en juego. Sin la plena aceptación y participación de la juventud, sin brindarles herramientas para participar en igualdad de condiciones, no podremos configurar soluciones viables para el futuro. Hemos de asegurarles un puesto en la mesa», afirmó.

Eliane El Haber, representante de la juventud del Dictamen y asesora de la Red de Jóvenes y Estudiantes para el ODS 4 de la Unesco, asumió la iniciativa del CESE de implicar activamente a jóvenes de la región que representaban una diversidad de género, de procedencia y de contextos educativos y culturales.

Por Stefano Mallia, presidente del Grupo de Empresarios del CESE

El 29 de enero la Comisión Europea presentó la Brújula para la Competitividad, un paso crítico y oportuno para reactivar el dinamismo económico en Europa que marcará el rumbo de la UE en los próximos cinco años.

Los empresarios de la UE hemos abogado desde hace tiempo por una agenda general de competitividad, y acogemos con satisfacción los tres pilares de la Brújula: cerrar las brechas de innovación y productividad, abordar conjuntamente la descarbonización y la competitividad y reducir las dependencias para asegurar las cadenas de suministro; se trata de pilares fundamentales para garantizar que Europa pueda competir a escala mundial, atraer y retener el talento y fomentar la innovación.

Sin embargo, el éxito de la Brújula depende del desarrollo de medidas concretas y de una aplicación oportuna. Desempeñarán un papel decisivo iniciativas clave como el paquete de simplificación ómnibus, el Pacto Industrial Limpio y una estrategia horizontal que profundice el mercado único. Con todo, dar un nuevo nombre a estrategias propuestas y elegir títulos llamativos, por sí solos, no nos ahorrarán tener que afrontar los desafíos futuros.

Por ejemplo, simplificar el marco normativo es el primer paso y el que más urge. Es esencial reducir la burocracia y promover la agilidad y la flexibilidad: durante demasiado tiempo, las empresas de la UE han tenido que lidiar con una excesiva complejidad y lentitud en la toma de decisiones. Asimismo, necesitamos una aplicación significativa del control de la competitividad, para que las nuevas medidas legislativas y normativas apoyen, en lugar de obstaculizar, el crecimiento empresarial.

La Brújula se centra acertadamente en fomentar la innovación a través de una unión de los mercados de capitales sólida y en abordar los obstáculos estructurales para liberar el potencial de Europa en materia de tecnologías profundas, energía limpia y materiales avanzados, al tiempo que se crea un ecosistema fértil para las empresas emergentes y en expansión.

Precisamente la unión de los mercados de capitales aún sin culminar es un recordatorio de que no podemos permitirnos retrasos. Si bien la Brújula promueve una mejor coordinación de las inversiones de los gobiernos nacionales, carece de un plan claro sobre otras fuentes comunes de financiación. Y lo cierto es que la escena internacional no espera.

La carrera ha comenzado y es el momento de pisar el acelerador. Desbloquear la competitividad no es solo un imperativo económico, sino la puerta hacia una prosperidad compartida por todos. Las empresas europeas son y seguirán siendo parte de la solución.