Del 2 al 4 de octubre, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones (CDR) acogieron el Mes Europeo de la Ciberseguridad en Bruselas. El acto reunió a importantes oradores de las instituciones de la UE, los gobiernos regionales y la sociedad civil para abordar los desafíos del panorama cibernético actual, que cambia rápidamente. ​

Del 2 al 4 de octubre, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones (CDR) acogieron el Mes Europeo de la Ciberseguridad en Bruselas. El acto reunió a importantes oradores de las instituciones de la UE, los gobiernos regionales y la sociedad civil para abordar los desafíos del panorama cibernético actual, que cambia rápidamente. ​

La 12.ª edición del Mes Europeo de la Ciberseguridad se centró en la ingeniería social, una amenaza creciente que se sirve del comportamiento humano para obtener acceso no autorizado a la información y los servicios, y violar así las medidas de seguridad.

Las principales conclusiones del acto de este año son las siguientes:

  1. El nuevo Reglamento sobre Ciberseguridad establece una base de referencia común para las instituciones de la UE y los Estados miembros.
  2. Las evaluaciones periódicas de riesgos son fundamentales para detectar vulnerabilidades y priorizar las estrategias de mitigación.
  3. Las amenazas emergentes, como los ataques impulsados por IA y la computación cuántica, requieren contramedidas innovadoras.
  4. Los entes regionales desempeñan un papel esencial en el apoyo a las entidades locales a través del intercambio de conocimientos, la asistencia técnica y unos programas de formación adaptados.
  5. Los ataques de ingeniería social impulsados por IA van en aumento, y para contrarrestarlos es necesario un enfoque multidisciplinar y colaborativo.

Puede encontrar más información sobre el acto aquí. (lp)

La iniciativa Hannah Arendt fue uno de los programas que se presentó en la edición de 2024 del seminario organizado por el CESE «Conectar la UE» sobre el periodismo. Se trata de una red de organizaciones de la sociedad civil que apoya y protege a periodistas que trabajan bajo una presión extrema y que sufren censura, acoso y persecución. La iniciativa, un programa de protección financiado con cargo alGobierno Federal alemán, ofrece a periodistas en todo el mundo —desde Afganistán y Sudán hasta Rusia y Ucrania, con independencia de que se encuentren en sus países de origen o en el exilio— un sinfín de medios de ayuda inestimables.

La iniciativa Hannah Arendt fue uno de los programas que se presentó en la edición de 2024 del seminario organizado por el CESE «Conectar la UE» sobre el periodismo. Se trata de una red de organizaciones de la sociedad civil que apoya y protege a periodistas que trabajan bajo una presión extrema y que sufren censura, acoso y persecución. La iniciativa, un programa de protección financiado con cargo alGobierno Federal alemán, ofrece a periodistas en todo el mundo —desde Afganistán y Sudán hasta Rusia y Ucrania, con independencia de que se encuentren en sus países de origen o en el exilio— un sinfín de medios de ayuda inestimables.

El amordazamiento de voces disonantes, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de medios de comunicación son actos que conculcan el derecho de la ciudadanía a acceder a una información independiente, la cual es, no obstante, esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de opiniones y el funcionamiento de la democracia.

Dos años después de que el Gobierno Federal alemán pusiera en marcha la iniciativa Hannah Arendt, los motivos de preocupación no dejan de multiplicarse. La última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras muestra que las condiciones de los profesionales de los medios de comunicación han empeorado en todo el mundo. En la actualidad, hay más países —treinta y seis en total— situados en la peor categoría (con una situación calificada de «muy grave») que en toda la última década. Algunos de ellos —entre ellos Rusia, Afganistán y Sudán— cuentan con el apoyo de varios proyectos gestionados por las organizaciones asociadas a esta iniciativa.

Gracias a la iniciativa Hannah Arendt, un programa de protección financiado con cargo a la Oficina federal alemana de Asuntos Exteriores y puesto en marcha por iniciativa de la delegada del Gobierno Federal para Cultura y Medios de Comunicación, los profesionales de los medios de comunicación pueden recibir muchos tipos de ayuda, con independencia de que se encuentren en su país de origen o en el exilio. En ocasiones, la ayuda es posible incluso donde a primera vista parece imposible. Por ejemplo, un proyecto puesto en marcha en el marco de la iniciativa presta apoyo a mujeres periodistas en Afganistán brindándoles oportunidades de formación en materia de seguridad, becas y tutorías en su lengua materna. Un número especialmente elevado de mujeres han perdido su empleo en los medios de comunicación desde que los talibán tomaron el poder en 2021, por lo que actualmente apenas quedan mujeres que trabajen en los medios radiofónicos o televisivos. Desde entonces, todo el sector ha experimentado una recesión considerable.

Los profesionales de los medios de comunicación rusos y sudaneses pueden acogerse a la iniciativa Hannah Arendt en los países vecinos. Se han creado centros especiales, gestionados o respaldados por los socios de la iniciativa, que sirven de puntos de contacto para los trabajadores de los medios de comunicación que se encuentran en el exilio. Los centros para los medios de comunicación exiliados y la Casa para el Periodismo Libre —un espacio concebido para periodistas exiliados— en América Central constituyen asimismo lugares seguros, que ofrecen asesoramiento psicológico y jurídico y formación continua, y un punto de partida para la creación de redes entre los profesionales de los medios de comunicación que sufren persecuciones en sus países de origen por diversas razones.

La reconstrucción de estructuras editoriales sostenibles en el exilio es otro planteamiento que se sigue en el marco de la iniciativa Hannah Arendt. Se trata de garantizar que la población de los países totalitarios de que proceden los periodistas sigan recibiendo información independiente.

Afganistán, Rusia y Sudán no son los únicos países cuyos periodistas reciben apoyo, pues la iniciativa abarca prácticamente todo el mundo y puede reaccionar con flexibilidad cuando empeoran las condiciones de seguridad. En la actualidad, se está prestando apoyo principalmente a profesionales bielorrusos, centroamericanos, birmanos, norteafricanos y ucranianos de los medios de comunicación. A este respecto, Ucrania es un caso especial, ya que el proyecto tiene por objeto garantizar que se siga informando sobre la guerra que desuela el país, para lo cual es necesario disponer de recursos materiales y técnicos, así como de seguros y formación específicos, para dar cobertura a las operaciones de primera línea.

DW Akademie, el Fondo Europeo para el Periodismo en el Exilio (JX-Fund), Medios de Cooperación y Transición (MiCT), y el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación son las cuatro organizaciones de la sociedad civil asociadas a la iniciativa Hannah Arendt. El programa exige la independencia de los medios de comunicación frente al control estatal y la neutralidad del Estado. La financiación se concede únicamente siguiendo criterios de imparcialidad, y la decisión se deja a jurados que gozan de independencia al no sufrir injerencias del Estado.

Puede encontrar más información acudiendo al sitio web de la iniciativa (https://hannah-arendt-initiative.de/hannah-arendt-initiative-english/) o escribiendo a la dirección de correo electrónico info@hannah-arendt-initiative.de.

La iniciativa Hannah Arendt es una red destinada a la protección de periodistas y medios de comunicación en todo el mundo creada en 2022 por iniciativa de la delegada del Gobierno Federal alemán para Cultura y Medios de Comunicación y financiada con cargo a la Oficina federal de Asuntos Exteriores de Alemania. 

El 23 de septiembre de 2024 la Comisión Europea anunció los ganadores de la tercera edición de los premios ecológicos de la UE. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) eligió y premió a los ganadores en tres categorías clave: mejor pyme de transformación de alimentos ecológicos, mejor minorista de alimentos ecológicos y mejor restaurante ecológico.

El 23 de septiembre de 2024 la Comisión Europea anunció los ganadores de la tercera edición de los premios ecológicos de la UE. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) eligió y premió a los ganadores en tres categorías clave: mejor pyme de transformación de alimentos ecológicos, mejor minorista de alimentos ecológicos y mejor restaurante ecológico.

Los galardonados son:

  • Mejor pyme de transformación de alimentos ecológicos: Gino Girolomoni Cooperativa Agricola (Italia), una cooperativa que produce pasta ecológica en la región de Las Marcas utilizando energía renovable y que trabaja con más de trescientos agricultores locales.
  • Mejor minorista de alimentos ecológicos: SAiFRESC (España), una iniciativa de agricultores que produce setenta variedades de frutas y verduras ecológicas en un terreno agrícola ecológico de treinta hectáreas, en donde promueven la economía circular y organizan talleres educativos.
  • Mejor restaurante / servicio de restauración ecológico: Kalf & Hansen (Suecia), una cadena de restaurantes especializada en una cocina nórdica totalmente ecológica y de temporada, conocida por su abastecimiento sostenible y su estrecha relación con productores locales.

Peter Schmidt, presidente de la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) del CESE, felicitó a los ganadores y señaló que los premios reconocen la innovación y la excelencia en el sector ecológico de la UE. Hizo hincapié en que aumentar la accesibilidad y asequibilidad de los productos ecológicos es esencial para el crecimiento del sector y para ayudar a la UE a cumplir su objetivo de que el 25 % de la agricultura sea ecológica de aquí a 2030. «Sin embargo, querer solucionar problemas sociales a través de las políticas agrícolas es un enfoque equivocado. Las políticas sociales deben lograr que los ciudadanos europeos puedan permitirse consumir productos ecológicos», añadió.

Los premios ecológicos de la UE forman parte de la iniciativa más amplia del Día de la Producción Ecológica de la UE, puesto en marcha en 2021 para destacar los beneficios de la agricultura ecológica, la cual cuenta con el apoyo de la política agrícola común de la UE y ha crecido significativamente. En efecto, las superficies agrícolas de la UE pasaron del 5,9 % en 2012 al 10,5 % en 2022, año este último en el que las ventas al por menor alcanzaron los 45 000 millones EUR. A pesar de las dificultades económicas, la UE sigue siendo el segundo mayor mercado ecológico a escala mundial, solo por detrás de los Estados Unidos. (ks) 

Por Stefano Mallia, presidente del Grupo de Empresarios del CESE

El informe de Mario Draghi ha vuelto a centrar la atención en que urge abordar los retos económicos de Europa. Tanto el informe Letta como el informe Draghi dan la voz de alarma y bien alto: Europa se enfrenta a un momento decisivo y no podemos permitirnos ser complacientes.

Por Stefano Mallia, presidente del Grupo de Empresarios del CESE

La publicación del informe de Mario Draghi ha vuelto a centrar la atención en que urge abordar los retos económicos de Europa. Tanto el informe Letta como el informe Draghi dan la voz de alarma y bien alto: Europa se enfrenta a un momento decisivo y no podemos permitirnos ser complacientes.

Es mucho lo que está en juego, más que nunca: en las dos últimas décadas, el crecimiento económico de la UE ha sido invariablemente más lento que el de los Estados Unidos, mientras que China colmaba rápidamente la brecha. De 2002 a 2023, la brecha entre la UE y los Estados Unidos en sus valores de PIB (a precios de 2015) pasó de algo más del 15 % a un preocupante 30 %. El contraste es aún más obvio si se analiza la paridad del poder adquisitivo (PPA): la brecha ha aumentado del 12 % a un significativo 34 %.

Uno de los mayores retos es el marco normativo europeo. Las cifras son palmarias: entre 2019 y 2024, la UE adoptó aproximadamente 13 000 actos legislativos, frente a unos 3 500 en los Estados Unidos.

Esta sobrecarga normativa ha supuesto importantes costes de cumplimiento a las empresas, evitando que los recursos se canalicen hacia la innovación y la mejora del rendimiento. Además, ha dado lugar a una preocupante tendencia a la deslocalización de empresas fuera de la UE, con un 30 % de los «unicornios» europeos desplazados entre 2008 y 2021.

Como subraya Draghi, la inversión por sí sola no impulsará a Europa. Lo que hay que hacer es velar por que las reformas conduzcan a avances significativos. Debemos centrarnos en completar el mercado único, eliminar los obstáculos, priorizar un enfoque coherente de la reducción de las cargas y racionalizar la normativa. Tales son medidas clave que pueden adoptarse inmediatamente sin grandes enfrentamientos políticos y que aportarían beneficios tangibles a las empresas, en particular a las pymes, que son la columna vertebral de nuestras economías.

Por otro lado, no podemos ignorar la interconexión entre los sectores y nuestras economías. Las mejoras en un ámbito pueden dar lugar a un efecto dominó positivo en otros. Por ejemplo, la integración de la inteligencia artificial y las tecnologías basadas en datos puede contribuir a una gestión energética más inteligente en todas los sectores, desde la fabricación avanzada hasta la agricultura de precisión, y reducir considerablemente los costes y las emisiones. Estos son los tipos de sinergias a los que debemos aspirar.

El camino a seguir es obvio. Europa tiene la capacidad, el talento y el potencial de innovación necesarios para recuperar su ventaja competitiva, No obstante, se necesita una firme voluntad política, una colaboración y un enfoque centrados en objetivos estratégicos a largo plazo. Ahora nos corresponde a nosotros —las instituciones de la UE y los Estados miembros— traducir estas oportunidades en acciones que produzcan cambios reales.

Desequilibrios sobre protección social

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Crear una iniciativa emblemática europea en favor de la salud

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Este año, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) volverá a participar en la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, que se celebrará en Bakú, capital de Azerbaiyán.

Este año, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) volverá a participar en la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, que se celebrará en Bakú, capital de Azerbaiyán.

El CESE estará representado por Peter Schmidt, presidente del Grupo ad hoc sobre la COP, y por Diandra Ní Bhuachalla, la delegada juvenil del CESE en la COP. En la conferencia, el CESE reiterará los mensajes de su recientemente aprobado Dictamen sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático e insistirá en sus llamamientos en favor de una transición inclusiva y equitativa que garantice que la acción por el clima no acentúe la desigualdad social. Además, abogará por unos sistemas agroalimentarios sostenibles, las energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías ecológicas y la armonización de los objetivos en materia de biodiversidad y clima. Mediante su participación en la COP29, el CESE pretende garantizar que se escuche la voz de la sociedad civil europea y que los resultados de la conferencia reflejen soluciones equilibradas y socialmente justas a la crisis climática. (ks) 

¿Cuál es la razón de que tan pocos periodistas con discapacidad trabajen en los medios de comunicación si pueden hacer su trabajo con plenas garantías y aportar ideas novedosas y creativas? Lars Bosselmann, de la Unión Europea de Ciegos, escribe sobre la escasa representación de las personas con discapacidad en el sector de los medios de comunicación y la necesidad de poner fin a los estereotipos de ellas que aparecen en la prensa.

¿Cuál es la razón de que tan pocos periodistas con discapacidad trabajen en los medios de comunicación si pueden hacer su trabajo con plenas garantías y aportar ideas novedosas y creativas? Lars Bosselmann, de la Unión Europea de Ciegos, escribe sobre la escasa representación de las personas con discapacidad en el sector de los medios de comunicación y la necesidad de poner fin a los estereotipos de ellas que aparecen en la prensa.

Todas las democracias tienen su base en principios fundamentales, siendo la libertad de prensa uno de los más importantes al garantizar la transparencia de las acciones de los dirigentes políticos ante la opinión pública y al permitirnos acceder a la información sin injerencias externas.

Sin embargo, aún deben mejorarse aspectos de la praxis de los medios de comunicación, sobre todo los referidos a la diversidad. En cuanto a la representación en los medios de comunicación o a la cobertura de temas relacionados con diferentes grupos sociales, todavía estamos lejos de recibir un tratamiento equitativo.

Las cifras actuales muestran que las personas con discapacidad no cuentan con una representación adecuada en las plantillas de los medios escritos, radiofónicos o televisivos, una cuestión verdaderamente preocupante si se tiene en cuenta que hasta un 16 % de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad. Además, como se subraya en un informe de la Unesco, las personas con discapacidad suelen ser víctimas de prejuicios debido a que los medios de comunicación las presentan de manera estereotipada ante el público en todo el mundo.

A fin de cambiar la percepción que el público tiene de las personas con discapacidad, hay que subrayar la importancia de contar con ellas en las redacciones y en los procesos de creación de contenidos.

La sociedad debe comprender que el sector de los medios de comunicación solo será plenamente integrador cuando las personas con discapacidad formen parte de los flujos de trabajo. Además, es necesario abordar los temas relacionados con la discapacidad adoptando un enfoque diferente a partir del cual los medios de comunicación reconozcan que las personas con discapacidad deben disfrutar de sus derechos como lo hace el resto de la población. Por otro lado, los formatos de contenido cambian constantemente, lo que hace necesario que los expertos los diseñen de modo que sean accesibles e inclusivos. 

Si bien las personas con discapacidad cuentan con una escasa representación en el sector de los medios de comunicación, sí que podemos encontrar ejemplos muy inspiradores con los que demostrar que pueden sobresalir como creadores de contenidos.

No hace mucho, en la Unión Europea de Ciegos dedicamos a los Juegos Paralímpicos de París de 2024 un episodio de nuestra serie de pódcast, en el que charlamos con Laetitia Bernard, periodista francesa invidente de Radio France que ya había cubierto las ediciones de 2012 y 2016 en Londres y Río antes de los Juegos de este año, así como los Juegos de invierno de 2014 y 2018 en Sochi y Pieonchang, respectivamente.

«Acontecimientos como los Juegos Paralímpicos tienen un impacto positivo a la hora de eliminar obstáculos y cuestionar estereotipos», afirmó la Sra. Bernard durante la entrevista. «Los periodistas pueden trabajar de manera eficiente e incluso describir las cosas de forma diferente, aun si sufren discapacidades», añadió. La trayectoria profesional de la Sra. Bernard y sus reflexiones sobre este tema ponen de manifiesto la necesidad de abordar esta dimensión también para crear una sociedad más inclusiva, en la que la igualdad ocupe un lugar central en el sector de los medios de comunicación.

Lars Bosselmann es el director ejecutivo de la Unión Europea de Ciegos (UEC).

Por el Grupo de Trabajadores del CESE

Ahora que se ha dado a conocer el nuevo Colegio de Comisarios, no podemos sino constatar la supresión del puesto de comisario de Derechos Sociales y Empleo. En su lugar, ahora tenemos una comisaria de «Personas, Capacidades y Preparación». El uso de la palabra «personas» plantea numerosas dudas. 

Por el Grupo de Trabajadores del CESE

Ahora que se ha dado a conocer el nuevo Colegio de Comisarios, no podemos sino constatar la supresión del puesto de comisario de Derechos Sociales y Empleo. En su lugar, ahora tenemos una comisaria de «Personas, Capacidades y Preparación». El uso de la palabra «personas» plantea numerosas dudas. Al fin y al cabo, ¿no deberían referirse casi todas las demás carteras también a las personas? Podríamos entrar a opinar sobre otras cuestiones como el recurso a la jerga con términos como el inglés preparedness [traducido tentativamente como «preparación»], que también aparece en el nombre de otra cartera.

Sin embargo, de lo que se trata aquí es de lo que falta y de lo que se ha dejado de lado. La política social y el empleo han pasado a un segundo plano, todo ello en aras de la competitividad. El carácter críptico y en cierto modo llamativo de algunos otros títulos de las carteras habla por sí mismo: desde «aplicación y simplificación» hasta «prosperidad y resiliencia hídrica», por nombrar solo algunos.

Desde la década de 1970 venía existiendo una cartera de Empleo y Política Social, que en 2019 pasó a denominarse Empleo y Derechos Sociales. Incluía políticas clave, como el pilar europeo de derechos sociales y sus iniciativas de amplio calado. El empleo de calidad, la igualdad, el diálogo social y las condiciones de vida y de trabajo siguen siendo cuestiones fundamentales para la propia supervivencia de nuestras democracias.

No obstante, en lugar de empleo, ahora tenemos capacidades. La idea de que muchos de nuestros problemas actuales tienen su origen en el déficit de capacidades parece gozar de amplia aceptación en varios círculos. Las empresas tienen dificultades para encontrar la mano de obra cualificada que necesitan. Y ello no resulta sorprendente. Los empleos de incorporación al mercado laboral exigen que se cuente con varios años de experiencia de trabajo, y no es infrecuente que se pidan un doctorado, varios idiomas y una larga lista de certificados de competencias que, en el puesto de trabajo, podrían aprenderse en solo unos meses. Además, los salarios que muy a menudo se ofertan apenas bastan para cubrir el coste de la vida. Y esto por solo hablar de los puestos cualificados, que son los que salen mejor parados.

Resulta profundamente preocupante, como a menudo afirma la Comisión, que a este uso arbitrario de la jerga se sume un discurso con la competitividad como tema claramente predominante. Parece querer dar a entender que garantizar el bienestar, empleos de calidad y salarios dignos ya es una misión cumplida, y que lo único que queda por hacer es colmar el déficit de capacidades. ¿No será que donde más existe este déficit es en el nuevo Colegio de Comisarios, incapaz de comprender la situación actual, ponerla en perspectiva y ofrecer soluciones realistas? Esperemos que, al margen de las carteras iniciales y más allá de las apariencias, podamos encontrar propuestas sólidas para reforzar los derechos sociales y laborales, la democracia y la lucha contra el cambio climático.

Por Sandra Parthie

El Reglamento de Inteligencia Artificial es el primer marco jurídico general en el mundo para regular la inteligencia artificial (IA). 

Por Sandra Parthie

El Reglamento de Inteligencia Artificial es el primer marco jurídico general en el mundo para regular la inteligencia artificial (IA).

El uso de la IA se está extendiendo y afecta a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, influye en la información que las personas ven en línea a través de anuncios personalizados. Pero, algo más importante, ahora se utiliza en el sector sanitario para ayudar a diagnosticar y tratar enfermedades como el cáncer. Para ello, las aplicaciones de IA se basan en modelos de IA de uso general que deben entrenarse. Hay que alimentarlos con muchas imágenes de, por ejemplo, células cancerosas para que al final puedan reconocerlas de forma autónoma.

El éxito del entrenamiento se basa en datos, enormes cantidades de datos. La forma en que se realiza el entrenamiento influye en la calidad de los resultados del modelo entrenado o de la aplicación de IA. Si se alimenta con datos o imágenes incorrectos, confundirá células sanas con cancerosas.

La mejora de la asistencia médica y sanitaria es un ejemplo convincente de por qué es necesario que en la UE tengamos la capacidad y la infraestructura necesarias para desarrollar modelos subyacentes de IA de uso general: simplemente ayudará a salvar vidas.

Además, la IA de uso general representa un punto de inflexión en los procesos de producción, también para las empresas. Para que la economía europea siga siendo competitiva, tenemos que dejar espacio para la innovación dentro de la UE y animar a los emprendedores y a las empresas emergentes a desarrollar sus ideas.

Por supuesto, existen riesgos relacionados con la IA y la IA de uso general, que van desde fallos en los modelos y errores en las aplicaciones hasta un uso claramente delictivo de la tecnología. Así pues, la UE también debe contar con los conocimientos especializados necesarios para rechazar ataques malintencionados y ciberamenazas, y debe poder confiar en infraestructuras establecidas en la UE para garantizar que, en términos sencillos, «las luces sigan encendidas».

Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia de contar con una regulación adecuada, centrada en la calidad de los datos y los métodos de entrenamiento y, en última instancia, del producto final. Debe basarse en valores europeos como la transparencia, la sostenibilidad, la protección de datos o el respeto del Estado de Derecho. Desgraciadamente, son agentes al margen de la jurisdicción de la UE los que están llevando a cabo muchos de los principales avances en materia de AI de uso general. Por lo tanto, la UE debe desarrollar las capacidades para imponer sus disposiciones reglamentarias y los valores europeos a los agentes de la UE y de terceros países que operan en nuestro mercado.

La UE debe reducir la posición dominante en el mercado de las grandes empresas digitales, a menudo no europeas, también mediante la movilización de los instrumentos de la política de competencia. Las autoridades de competencia de la UE deben aprovechar sus capacidades y garantizar que los hiperescaladores no abusen de su posición en el mercado B2B o B2G.

Las autoridades públicas pueden apoyar a los proveedores europeos de IA de uso general y aplicaciones de IA adquiriendo sus productos y mostrando su fiabilidad a otros usuarios y clientes. La UE tiene el talento, los conocimientos tecnológicos y el espíritu empresarial necesarios para crear una «IA hecha en Europa», aunque la falta de inversión, la ausencia de la infraestructura informática necesaria y la fragmentación persistente del mercado interior, que frena la expansión, obstaculizan la competitividad de los agentes europeos en IA.