Este año, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) volverá a participar en la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, que se celebrará en Bakú, capital de Azerbaiyán.
Este año, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) volverá a participar en la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, que se celebrará en Bakú, capital de Azerbaiyán.
El CESE estará representado por Peter Schmidt, presidente del Grupo ad hoc sobre la COP, y por Diandra Ní Bhuachalla, la delegada juvenil del CESE en la COP. En la conferencia, el CESE reiterará los mensajes de su recientemente aprobado Dictamen sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático e insistirá en sus llamamientos en favor de una transición inclusiva y equitativa que garantice que la acción por el clima no acentúe la desigualdad social. Además, abogará por unos sistemas agroalimentarios sostenibles, las energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías ecológicas y la armonización de los objetivos en materia de biodiversidad y clima. Mediante su participación en la COP29, el CESE pretende garantizar que se escuche la voz de la sociedad civil europea y que los resultados de la conferencia reflejen soluciones equilibradas y socialmente justas a la crisis climática. (ks)
¿Cuál es la razón de que tan pocos periodistas con discapacidad trabajen en los medios de comunicación si pueden hacer su trabajo con plenas garantías y aportar ideas novedosas y creativas? Lars Bosselmann, de la Unión Europea de Ciegos, escribe sobre la escasa representación de las personas con discapacidad en el sector de los medios de comunicación y la necesidad de poner fin a los estereotipos de ellas que aparecen en la prensa.
¿Cuál es la razón de que tan pocos periodistas con discapacidad trabajen en los medios de comunicación si pueden hacer su trabajo con plenas garantías y aportar ideas novedosas y creativas? Lars Bosselmann, de la Unión Europea de Ciegos, escribe sobre la escasa representación de las personas con discapacidad en el sector de los medios de comunicación y la necesidad de poner fin a los estereotipos de ellas que aparecen en la prensa.
Todas las democracias tienen su base en principios fundamentales, siendo la libertad de prensa uno de los más importantes al garantizar la transparencia de las acciones de los dirigentes políticos ante la opinión pública y al permitirnos acceder a la información sin injerencias externas.
Sin embargo, aún deben mejorarse aspectos de la praxis de los medios de comunicación, sobre todo los referidos a la diversidad. En cuanto a la representación en los medios de comunicación o a la cobertura de temas relacionados con diferentes grupos sociales, todavía estamos lejos de recibir un tratamiento equitativo.
Las cifras actuales muestran que las personas con discapacidad no cuentan con una representación adecuada en las plantillas de los medios escritos, radiofónicos o televisivos, una cuestión verdaderamente preocupante si se tiene en cuenta que hasta un 16 % de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad. Además, como se subraya en un informe de la Unesco, las personas con discapacidad suelen ser víctimas de prejuicios debido a que los medios de comunicación las presentan de manera estereotipada ante el público en todo el mundo.
A fin de cambiar la percepción que el público tiene de las personas con discapacidad, hay que subrayar la importancia de contar con ellas en las redacciones y en los procesos de creación de contenidos.
La sociedad debe comprender que el sector de los medios de comunicación solo será plenamente integrador cuando las personas con discapacidad formen parte de los flujos de trabajo. Además, es necesario abordar los temas relacionados con la discapacidad adoptando un enfoque diferente a partir del cual los medios de comunicación reconozcan que las personas con discapacidad deben disfrutar de sus derechos como lo hace el resto de la población. Por otro lado, los formatos de contenido cambian constantemente, lo que hace necesario que los expertos los diseñen de modo que sean accesibles e inclusivos.
Si bien las personas con discapacidad cuentan con una escasa representación en el sector de los medios de comunicación, sí que podemos encontrar ejemplos muy inspiradores con los que demostrar que pueden sobresalir como creadores de contenidos.
No hace mucho, en la Unión Europea de Ciegos dedicamos a los Juegos Paralímpicos de París de 2024 un episodio de nuestra serie de pódcast, en el que charlamos con Laetitia Bernard, periodista francesa invidente de Radio France que ya había cubierto las ediciones de 2012 y 2016 en Londres y Río antes de los Juegos de este año, así como los Juegos de invierno de 2014 y 2018 en Sochi y Pieonchang, respectivamente.
«Acontecimientos como los Juegos Paralímpicos tienen un impacto positivo a la hora de eliminar obstáculos y cuestionar estereotipos», afirmó la Sra. Bernard durante la entrevista. «Los periodistas pueden trabajar de manera eficiente e incluso describir las cosas de forma diferente, aun si sufren discapacidades», añadió. La trayectoria profesional de la Sra. Bernard y sus reflexiones sobre este tema ponen de manifiesto la necesidad de abordar esta dimensión también para crear una sociedad más inclusiva, en la que la igualdad ocupe un lugar central en el sector de los medios de comunicación.
Lars Bosselmann es el director ejecutivo de la Unión Europea de Ciegos (UEC).
Ahora que se ha dado a conocer el nuevo Colegio de Comisarios, no podemos sino constatar la supresión del puesto de comisario de Derechos Sociales y Empleo. En su lugar, ahora tenemos una comisaria de «Personas, Capacidades y Preparación». El uso de la palabra «personas» plantea numerosas dudas.
Ahora que se ha dado a conocer el nuevo Colegio de Comisarios, no podemos sino constatar la supresión del puesto de comisario de Derechos Sociales y Empleo. En su lugar, ahora tenemos una comisaria de «Personas, Capacidades y Preparación». El uso de la palabra «personas» plantea numerosas dudas. Al fin y al cabo, ¿no deberían referirse casi todas las demás carteras también a las personas? Podríamos entrar a opinar sobre otras cuestiones como el recurso a la jerga con términos como el inglés preparedness [traducido tentativamente como «preparación»], que también aparece en el nombre de otra cartera.
Sin embargo, de lo que se trata aquí es de lo que falta y de lo que se ha dejado de lado. La política social y el empleo han pasado a un segundo plano, todo ello en aras de la competitividad. El carácter críptico y en cierto modo llamativo de algunos otros títulos de las carteras habla por sí mismo: desde «aplicación y simplificación» hasta «prosperidad y resiliencia hídrica», por nombrar solo algunos.
Desde la década de 1970 venía existiendo una cartera de Empleo y Política Social, que en 2019 pasó a denominarse Empleo y Derechos Sociales. Incluía políticas clave, como el pilar europeo de derechos sociales y sus iniciativas de amplio calado. El empleo de calidad, la igualdad, el diálogo social y las condiciones de vida y de trabajo siguen siendo cuestiones fundamentales para la propia supervivencia de nuestras democracias.
No obstante, en lugar de empleo, ahora tenemos capacidades. La idea de que muchos de nuestros problemas actuales tienen su origen en el déficit de capacidades parece gozar de amplia aceptación en varios círculos. Las empresas tienen dificultades para encontrar la mano de obra cualificada que necesitan. Y ello no resulta sorprendente. Los empleos de incorporación al mercado laboral exigen que se cuente con varios años de experiencia de trabajo, y no es infrecuente que se pidan un doctorado, varios idiomas y una larga lista de certificados de competencias que, en el puesto de trabajo, podrían aprenderse en solo unos meses. Además, los salarios que muy a menudo se ofertan apenas bastan para cubrir el coste de la vida. Y esto por solo hablar de los puestos cualificados, que son los que salen mejor parados.
Resulta profundamente preocupante, como a menudo afirma la Comisión, que a este uso arbitrario de la jerga se sume un discurso con la competitividad como tema claramente predominante. Parece querer dar a entender que garantizar el bienestar, empleos de calidad y salarios dignos ya es una misión cumplida, y que lo único que queda por hacer es colmar el déficit de capacidades. ¿No será que donde más existe este déficit es en el nuevo Colegio de Comisarios, incapaz de comprender la situación actual, ponerla en perspectiva y ofrecer soluciones realistas? Esperemos que, al margen de las carteras iniciales y más allá de las apariencias, podamos encontrar propuestas sólidas para reforzar los derechos sociales y laborales, la democracia y la lucha contra el cambio climático.
El Reglamento de Inteligencia Artificial es el primer marco jurídico general en el mundo para regular la inteligencia artificial (IA).
El uso de la IA se está extendiendo y afecta a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, influye en la información que las personas ven en línea a través de anuncios personalizados. Pero, algo más importante, ahora se utiliza en el sector sanitario para ayudar a diagnosticar y tratar enfermedades como el cáncer. Para ello, las aplicaciones de IA se basan en modelos de IA de uso general que deben entrenarse. Hay que alimentarlos con muchas imágenes de, por ejemplo, células cancerosas para que al final puedan reconocerlas de forma autónoma.
El éxito del entrenamiento se basa en datos, enormes cantidades de datos. La forma en que se realiza el entrenamiento influye en la calidad de los resultados del modelo entrenado o de la aplicación de IA. Si se alimenta con datos o imágenes incorrectos, confundirá células sanas con cancerosas.
La mejora de la asistencia médica y sanitaria es un ejemplo convincente de por qué es necesario que en la UE tengamos la capacidad y la infraestructura necesarias para desarrollar modelos subyacentes de IA de uso general: simplemente ayudará a salvar vidas.
Además, la IA de uso general representa un punto de inflexión en los procesos de producción, también para las empresas. Para que la economía europea siga siendo competitiva, tenemos que dejar espacio para la innovación dentro de la UE y animar a los emprendedores y a las empresas emergentes a desarrollar sus ideas.
Por supuesto, existen riesgos relacionados con la IA y la IA de uso general, que van desde fallos en los modelos y errores en las aplicaciones hasta un uso claramente delictivo de la tecnología. Así pues, la UE también debe contar con los conocimientos especializados necesarios para rechazar ataques malintencionados y ciberamenazas, y debe poder confiar en infraestructuras establecidas en la UE para garantizar que, en términos sencillos, «las luces sigan encendidas».
Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia de contar con una regulación adecuada, centrada en la calidad de los datos y los métodos de entrenamiento y, en última instancia, del producto final. Debe basarse en valores europeos como la transparencia, la sostenibilidad, la protección de datos o el respeto del Estado de Derecho. Desgraciadamente, son agentes al margen de la jurisdicción de la UE los que están llevando a cabo muchos de los principales avances en materia de AI de uso general. Por lo tanto, la UE debe desarrollar las capacidades para imponer sus disposiciones reglamentarias y los valores europeos a los agentes de la UE y de terceros países que operan en nuestro mercado.
La UE debe reducir la posición dominante en el mercado de las grandes empresas digitales, a menudo no europeas, también mediante la movilización de los instrumentos de la política de competencia. Las autoridades de competencia de la UE deben aprovechar sus capacidades y garantizar que los hiperescaladores no abusen de su posición en el mercado B2B o B2G.
Las autoridades públicas pueden apoyar a los proveedores europeos de IA de uso general y aplicaciones de IA adquiriendo sus productos y mostrando su fiabilidad a otros usuarios y clientes. La UE tiene el talento, los conocimientos tecnológicos y el espíritu empresarial necesarios para crear una «IA hecha en Europa», aunque la falta de inversión, la ausencia de la infraestructura informática necesaria y la fragmentación persistente del mercado interior, que frena la expansión, obstaculizan la competitividad de los agentes europeos en IA.
A medida que aumentan las tensiones mundiales, el CESE insta a los gobiernos a centrarse en la biodiversidad como solución clave a la triple crisis planetaria (cambio climático, pérdida de biodiversidad y desertificación). La COP16 será un momento crucial para acelerar el esfuerzo mundial por salvaguardar los ecosistemas de nuestro planeta, como subrayó el CESE en su Dictamen aprobado en septiembre.
«Sin biodiversidad, los ecosistemas y las economías se derrumbarán, ya que más de la mitad del PIB mundial y el 40 % de los puestos de trabajo dependen directamente de la naturaleza», afirmó Arnaud Schwartz, ponente del Dictamen.
El CESE señala que la biodiversidad, base de los ecosistemas, del bienestar humano y de las economías, debe integrarse en múltiples ámbitos políticos, como el clima, la agricultura y el comercio, y no tratarse de forma aislada. Por ejemplo, los acuerdos comerciales deben promover la sostenibilidad garantizando que los bienes y tecnologías no contribuyan a la deforestación y a la destrucción de hábitats.
También es urgente garantizar un apoyo financiero para la conservación de la biodiversidad. La financiación pública por sí sola es insuficiente, por lo que se necesita una combinación de mecanismos financieros innovadores de carácter público y privado.
El CESE insta a la UE a apoyar a los países del Sur Global a la hora de proteger la biodiversidad, y pide que se eliminen progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, en particular las que apoyan los combustibles fósiles. Reorientar estas subvenciones hacia la restauración de los ecosistemas podría abordar tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad a través de soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación, la agricultura sostenible y la restauración de humedales.
Además, el CESE destacó la importancia del concepto «Una sola salud», que vincula la salud humana, animal y medioambiental. Los ecosistemas sanos prestan servicios críticos, como la polinización, la captura de carbono y la filtración de agua, que contribuyen al bienestar humano. El declive de la biodiversidad socava la resiliencia de los ecosistemas y aumenta el riesgo de zoonosis como la COVID-19.
El CESE también ha pedido una mayor participación de la juventud en la toma de decisiones. Propone crear una Vicepresidencia Ejecutiva para las Generaciones Futuras, que garantice que se dé prioridad a la sostenibilidad y el bienestar a largo plazo frente a los beneficios a corto plazo. (ks)
Preguntamos a Sandra Parthie, ponente del Dictamen «Inteligencia artificial de uso general: el camino por recorrer tras el Reglamento de Inteligencia Artificial», sobre el Reglamento de IA. Más concretamente, ¿por qué es tan importante garantizar que este acto legislativo se aplique correctamente en lo que respecta a los modelos de IA de uso general y a su gobernanza? ¿Cómo podemos producir una IA competitiva en la UE y por qué es esto importante?
Preguntamos a Sandra Parthie, ponente del Dictamen «Inteligencia artificial de uso general: el camino por recorrer tras el Reglamento de Inteligencia Artificial», sobre el Reglamento de IA. Más concretamente, ¿por qué es tan importante garantizar que este acto legislativo se aplique correctamente en lo que respecta a los modelos de IA de uso general y a su gobernanza? ¿Cómo podemos producir una IA competitiva en la UE y por qué es esto importante?
Por Krzysztof Balon, ponente del Dictamen del CESE «Promover la solidaridad intergeneracional europea: hacia un enfoque horizontal de la UE»
El Tratado de la Unión Europea establece que «La Unión [...] fomentará [...] la solidaridad entre las generaciones».
Combinados con numerosas crisis, factores como el edadismo, las actitudes negativas hacia determinados grupos de edad y las tendencias demográficas causan división en las sociedades europeas y levantan obstáculos a una verdadera inclusión y participación. Estas cuestiones no solo afectan a las personas mayores, sino que acabarán repercutiendo también en quienes son jóvenes hoy en día.
Sin embargo, el diálogo intergeneracional y las influencias positivas en el desarrollo económico podrían satisfacer de manera sostenible las necesidades de las distintas generaciones y a la vez reforzar la democracia y la cohesión social. El diálogo intergeneracional sería una de las formas que adopta el diálogo civil.
Necesitamos pues, aquí y ahora, un nuevo enfoque político para la solidaridad intergeneracional.
Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión Europea que publique un Libro Verde sobre la Solidaridad Intergeneracional, que debería incorporar las propuestas formuladas en el Dictamen del CESE «Promover la solidaridad intergeneracional europea», en particular las relacionadas con el mundo laboral, los sistemas de pensiones y los servicios sanitarios y asistenciales. A su vez, se insta a los Estados miembros a que intercambien buenas prácticas en estos ámbitos. Para apoyar estos esfuerzos, la solidaridad intergeneracional debe figurar entre los objetivos de los Reglamentos relativos al Fondo Social Europeo para el período 2027-2034.
Las organizaciones de la sociedad civil y los agentes sociales desempeñan un papel clave en la planificación y aplicación de las políticas energéticas. El CESE debería crear un Foro de Solidaridad Intergeneracional, que serviría de plataforma para el intercambio de información y experiencias y la generación de nuevas ideas, en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes. Con la participación de la Comisión Europea, este foro también podría supervisar la aplicación y el desarrollo del enfoque de solidaridad intergeneracional en toda la UE.
Las organizaciones de la sociedad civil, los particulares y las entidades de Derecho privado pueden ya proponer sus proyectos sin ánimo de lucro para optar al premio del CESE, dedicado a la lucha contra la polarización perjudicial de la sociedad europea.
Las organizaciones de la sociedad civil, los particulares y las entidades de Derecho privado pueden ya proponer sus proyectos sin ánimo de lucro para optar al premio del CESE, dedicado a la lucha contra la polarización perjudicial de la sociedad europea.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acaba de convocar su 15.º Premio Sociedad Civil. El objetivo específico de esta edición es recompensar las iniciativas y actividades eficaces, innovadoras y creativas sin ánimo de lucro llevadas a cabo en la UE que luchen contra la polarización perjudicial de la sociedad europea.
Los premios, con una dotación total de 50 000 euros, se concederán a un máximo de cinco galardonados. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 7 de noviembre de 2024 a las 10.00 horas (hora de Bruselas). La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar durante la Semana de la Sociedad Civil del CESE, en marzo de 2025.
Pueden presentar candidaturas todas las organizaciones de la sociedad civil registradas oficialmente en la UE y que operen a escala local, regional, nacional o europea. Pueden aspirar también al Premio las personas residentes en la Unión, así como las entidades que estén registradas u operen en ella, siempre que sus proyectos sean estrictamente sin ánimo de lucro.
Para poder optar al premio, las iniciativas y proyectos deben llevarse a cabo en la UE, y haber finalizado ya o bien seguir en curso. Puede consultar una descripción completa de los requisitos y cumplimentar el formulario en línea para la presentación de candidaturas en la página web del Premio Sociedad Civil.
Las actividades o iniciativas propuestas para el Premio pueden abarcar un amplio abanico de temas, por ejemplo los siguientes: detectar los factores individuales y colectivos determinantes de la polarización perjudicial; fomentar la transparencia en torno a la financiación de las organizaciones; luchar contra la cada vez menor pluralidad de los medios de comunicación; promover la libertad, diversidad e independencia de los medios de comunicación; luchar contra la desinformación y las noticias falsas.
El objetivo del emblemático Premio Sociedad Civil del CESE es concienciar sobre la extraordinaria contribución de la sociedad civil a crear una identidad y una ciudadanía europeas y promover los valores comunes que apuntalan la integración europea. El Premio se centra cada año en un tema diferente de especial relevancia para la UE. (lm)
A raíz de la designación de un nuevo comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha pedido una actuación más firme de la UE en materia de Estado de Derecho y derechos fundamentales.
A raíz de la designación de un nuevo comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha pedido una actuación más firme de la UE en materia de Estado de Derecho y derechos fundamentales.
En su pleno de septiembre, el CESE albergó un debate sobre la democracia en el que se presentaron ideas para una respuesta más firme de la UE a las violaciones del Estado de Derecho y la erosión de la democracia, entre las cuales se contaba el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de una plataforma de la sociedad civil esperada desde tiempo atrás.
El CESE viene defendiendo la instauración de esta plataforma desde 2016. Se espera que la plataforma permita a la sociedad civil intervenir con mayor firmeza en la configuración de las políticas de la UE, al ofrecer a sus organizaciones un espacio muy necesario para dialogar con las instituciones de la Unión y contribuir a orientar las decisiones sobre cuestiones clave, como la independencia judicial y las libertades democráticas.
Joachim Herrmann, de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, presentó el informe más reciente sobre el Estado de Derecho, en relación con el cual destacó su expansión a los países candidatos a la adhesión a la UE y su impacto en el mercado único.
Kevin Casas-Zamora, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), elogió los esfuerzos de la UE pero advirtió sobre el retroceso democrático, además de reclamar una participación más destacada de la sociedad civil y un mayor grado de detalle en los informes sobre el Estado de Derecho. Alexandrina Najmowicz, del Foro Cívico Europeo, pidió recomendaciones más claras y un sistema de alerta temprana para evitar una mayor erosión democrática.
Durante el debate, los participantes previnieron contra el exceso de confianza y destacaron la necesidad de abordar las crecientes preocupaciones en torno al autoritarismo, las amenazas a la independencia judicial y la reducción del espacio cívico. Jerzy Pomianowski, jefe de la Dotación Europea para la Democracia, advirtió de que soslayar la democracia frente a preocupaciones más inmediatas, como la migración y la seguridad, podría tener consecuencias negativas y pidió que el 5 % de la ayuda al desarrollo se destine a programas democráticos.
El debate del CESE puso de relieve el papel indispensable de la sociedad civil en la defensa del Estado de Derecho; de ahí que se reclamara un papel más prominente de esta en la elaboración de las políticas de la UE. La puesta en marcha de la plataforma de la sociedad civil, junto con un compromiso renovado con los derechos fundamentales, es crucial para el futuro de la democracia en la UE. (gb)
