La transición digital debe ser justa: los derechos humanos y el control humano deben seguir teniendo una importancia fundamental

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) señala las oportunidades que presenta la revolución digital, pero también advierte de sus peligros: si se implantan con demasiada rapidez, las soluciones digitales podrían dar lugar a la exclusión de gran parte de la población de la UE. La tecnología digital no debe reemplazar el papel de los seres humanos, sino complementarlo y, al mismo tiempo, debe ser inclusiva y proteger a los grupos vulnerables, como las personas mayores.

Muchos europeos todavía no están digitalmente alfabetizados y la mayoría de las administraciones nacionales aún no han implantado soluciones digitales. Condicionar el acceso de las personas a algunos servicios de interés general al hecho de disponer de una identidad digital podría dar lugar a una situación en la que todos pierden: una cantidad significativa de europeos podría ver como se le niega su derecho a acceder a estos servicios.

El Dictamen del CESE aprobado en el pleno de julio y elaborado por Dumitru Fornea alerta sobre la cuestión. Las nuevas herramientas de gobernanza introducidas con la revolución digital e industrial no deben ser opresivas y supeditar la vida cotidiana de las personas a la obligación de adherirse a sistemas de tecnología digital controlados de manera antidemocrática.

Las ventajas de las soluciones de tecnología digital son evidentes, afirma el Sr. Fornea. Sin embargo, su rápida aplicación, especialmente para servicios de interés general como la identidad digital, podría llevar a la exclusión de un número significativo de europeos. Debe garantizarse que los seres humanos sigan estando al mando, con control democrático y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Las soluciones digitales aportan beneficios si complementan el papel de los seres humanos

Por lo general, los europeos están dispuestos a recurrir a soluciones de tecnología digital: a menudo son útiles para racionalizar los procedimientos administrativos y ayudar en otras cuestiones de la vida cotidiana. Una población con alfabetización digital puede utilizar una identidad digital para beneficiarse de un acceso simplificado a los servicios que prestan las autoridades públicas o las empresas.

Sin embargo, desde la entrada en vigor, en septiembre de 2018, de la sección del Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativa a la identificación electrónica, solo catorce Estados miembros han notificado que disponen al menos de un sistema de identificación electrónica. Esto significa que solo el 59 % de los residentes en la UE han tenido acceso a sistemas de identificación electrónica seguros y fiables allende las fronteras y solo siete sistemas son totalmente móviles y responden a las expectativas actuales de los usuarios.

Según el CESE, las soluciones de tecnología digital como la identidad digital, los medios de pago digitales y la incorporación a plataformas de realidad virtual y aumentada deben seguir siendo herramientas complementarias y no deben sustituir de forma completa e injusta a otras prácticas desarrolladas y perfeccionadas por los seres humanos a lo largo de miles de años.

El CESE fue la primera de las instituciones europeas que apeló a un enfoque que permitiese que las personas conservasen su autonomía y control al enfrentarse a sistemas de inteligencia artificial e insiste en que es fundamental que los humanos tengan la última palabra y puedan controlar totalmente los procesos de toma de decisiones respecto de la evolución de las máquinas.

El Comité también señala que las soluciones de tecnología digital deben estar sujetas a un control democrático y que los datos de las personas deben protegerse logrando la soberanía digital de la UE, es decir, que los datos creados en la UE también se deben almacenar en la UE.

Una sociedad digital justa se preocupa por los grupos vulnerables

El control humano y los derechos humanos son, por tanto, los dos pilares de una transición digital justa.

Para garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades de la digitalización, la UE necesita un sistema educativo sólido, con programas de alfabetización digital y transición digital para sus trabajadores. Deben desplegarse programas específicos en todos los Estados miembros, junto con un aprendizaje digital permanente, tutoriales de vocabulario y formación práctica.

Las disparidades digitales están aumentando entre los Estados miembros y esto preocupa al Comité, que es especialmente sensible a la falta de protección de los grupos vulnerables. Por ello reclama una UE que adopte una inclusión digital en la que no se deje a nadie atrás, prestando especial atención a las generaciones de más edad.

Para avanzar democráticamente hacia una sociedad digital justa que todos los ciudadanos de la UE acepten, es fundamental una participación plena de las organizaciones de la sociedad civil.

Cualquier iniciativa para integrar a las personas en el sistema europeo de identidad digital debe basarse en evaluaciones de impacto y estudios sociológicos exhaustivos, y la decisión final solo debe tomarse con el consentimiento informado y libre de las personas.

La Comisión Europea debe llevar a cabo evaluaciones de impacto sobre varias cuestiones: por ejemplo, el impacto de la digitalización y la automatización de la interacción humana en la calidad de vida y las condiciones laborales; en especial, en cuanto concierne a relaciones humanas, como el incremento de la prevalencia de la soledad, cuestiones de salud psíquica, pérdida de inteligencia cognitiva y emocional y mayor riesgo de marginación social.