La Confederación Europea de Sindicatos (CES), la principal organización sindical europea que representa a 45 millones de trabajadores a escala europea, se ha negado a aprobar la Brújula para la Competitividad, el plan de la Comisión Europea para impulsar la economía de la UE. En opinión de la CES, la Brújula en su forma actual es inaceptable. Hablamos con la secretaria general de la CES, Esther Lynch, sobre las principales objeciones de los trabajadores a la Brújula y el destino del pilar europeo de derechos sociales en un contexto de nuevos llamamientos en favor de una desregulación drástica y de un mayor énfasis en la competitividad.

Los sindicatos de la UE ya han manifestado su descontento con el plan más reciente de la Comisión Europea para reactivar la economía de la UE. En su opinión, ¿dónde reside el principal defecto de la Brújula para la Competitividad de la Comisión? ¿Qué propuestas del plan considera particularmente alarmantes o cuestionables?

El principal problema de la Brújula para la Competitividad de la Comisión Europea es que prioriza la desregulación frente a las inversiones necesarias para crear puestos de trabajo de calidad, desarrollar una política industrial europea sólida y garantizar unos servicios públicos de alta calidad. Del mismo modo, si bien la Brújula reconoce la importancia de los puestos de trabajo de calidad para una economía competitiva, en lugar de proponer la legislación necesaria para fortalecer los derechos, mejorar las condiciones de trabajo y promover la negociación colectiva, socava esta prioridad al promover la desregulación, que puede dar lugar a unas peores condiciones de trabajo y a inseguridad laboral.

Una de las propuestas más preocupantes es la introducción del 28.º régimen de empresas, que permitiría a las empresas operar al margen de la legislación laboral nacional. Esto podría socavar gravemente la legislación laboral en toda Europa, creando una competición a la baja en términos de derechos y protección de los trabajadores.

En esta misma línea, la prohibición de la sobrerregulación —la facultad de los Gobiernos de adoptar normas que vayan más allá o sean más exigentes que las normas mínimas establecidas por las Directivas de la UE— es profundamente problemática. La idea que subyace a las Directivas de la UE es que, a diferencia de los Reglamentos de la UE, establecen normas mínimas para todos los países. Hacer que las Directivas pasen a determinar el límite máximo de lo posible no solo socavaría esta idea, sino que sería profundamente perjudicial para los trabajadores y acarrearía la supresión de avances que ha costado mucho conseguir en materia de asistencia sanitaria, educación, salud y seguridad en el trabajo o remuneración justa, por citar tan solo algunos ejemplos.

Además, el llamamiento de la Brújula en favor de reformas de los sistemas de pensiones basadas en la prolongación de la vida laboral es problemático, ya que impone una carga desproporcionada a los trabajadores sin abordar la necesidad de unos sistemas de pensiones sostenibles y justos.

Además, la Brújula está muy sesgada en favor de las empresas, ya que contiene numerosas promesas dirigidas a los grupos empresariales, pero no incluye compromisos legislativos concretos que puedan beneficiar a la gente trabajadora. Esto incluye la falta de medidas para garantizar que las inversiones públicas se utilicen para crear puestos de trabajo de calidad en lugar de simplemente aumentar los beneficios empresariales.

En resumen, la Brújula para la Competitividad no concilia adecuadamente las necesidades de las empresas y los derechos y el bienestar de los trabajadores, lo cual la convierte en una propuesta inaceptable en su forma actual.

¿Considera que la aplicación del pilar europeo de derechos sociales podría ahora estar amenazada?

Sobre el papel, la Comisión ha vuelto a comprometerse con el pilar europeo de derechos sociales en su programa de trabajo para 2025, publicado recientemente. Sin embargo, en la práctica, ese mismo programa de trabajo es el primero desde 2019 en no incluir ninguna iniciativa legislativa social.

En cambio, la Comisión ha propuesto ocho actos normativos de «simplificación» para el próximo año. A nadie le gusta verse agobiado por los requisitos administrativos, y los sindicatos están proponiendo soluciones a este problema de manera activa en materia, por ejemplo, de normas sobre contratación pública.

Sin embargo, es evidente que los problemas a los que se enfrenta Europa no se resolverán mediante la simplificación.

La mayor amenaza para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales es la ola de despidos masivos anunciados en toda Europa. Esto pondrá en peligro los salarios y la seguridad laboral, pero también las pensiones, la protección social y muchos de los demás principios del pilar.

Es necesario garantizar las inversiones a fin de proteger y crear puestos de trabajo de calidad, incluido un instrumento SURE 2.0 y un mecanismo de inversión de la UE potente, así como introducir las iniciativas legislativas necesarias para garantizar unos puestos de trabajo de calidad.

Si no es mediante la reducción de la carga normativa, ¿cuál sería el rumbo adecuado para que la UE alcance una mayor relevancia en el actual contexto económico mundial?

Las condiciones que condujeron a estos despidos son imputables a la falta de inversión. Esto es así tanto en el caso de la inversión privada como en el de la pública.

Las empresas han estado reorientando sus inversiones para dirigirlas no a la remuneración de los trabajadores y a la investigación y el desarrollo, que tan necesarios resultan, sino a la distribución de dividendos y a las recompras de valores, que no llevan a ningún lado y suponen un obstáculo para los avances ecológicos y tecnológicos en Europa.

En los últimos años, los Estados Unidos y China han puesto en marcha importantes iniciativas de inversión pública. Mientras tanto, la UE estaba ocupada adoptando nuevas normas para obligar a sus Estados miembros a aplicar recortes en nombre de la austeridad.

La UE debe cambiar urgentemente de rumbo. Las inversiones públicas masivas —con requisitos sociales para garantizar que estas generen puestos de trabajo de calidad— son una condición previa para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

Esther Lynch es secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Tiene una amplia experiencia sindical a nivel irlandés, europeo e internacional y ha sido secretaria general adjunta y secretaria confederal de la CES. En el ejercicio de sus funciones, lideró los esfuerzos por impulsar los derechos de los trabajadores y los sindicatos, influyendo en las Directivas clave sobre salarios mínimos adecuados, condiciones de trabajo transparentes y previsibles y denuncia de irregularidades. También encabezó campañas en pro del pilar europeo de derechos sociales y de una remuneración justa. Su trabajo logró la adopción de quince límites jurídicamente vinculantes de exposición a carcinógenos, así como de acuerdos entre los interlocutores sociales sobre digitalización y reprotoxinas. Esther ha sido feminista durante toda su vida y aboga por poner fin a la infravaloración del trabajo realizado predominantemente por las mujeres.

La CES representa a 45 millones de miembros procedentes de 94 organizaciones sindicales en 42 países europeos, además de a diez federaciones sindicales europeas.

Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta publicados en 2024 han causado revuelo en la UE y los Estados miembros y han terminado por erigirse en hojas de ruta que señalan el rumbo que Europa debe seguir para garantizar un futuro viable. En su Dictamen Evaluación de los informes Letta y Draghi sobre el funcionamiento y la competitividad del mercado único de la UE, el CESE presenta la perspectiva de la sociedad civil respecto de ambos informes y formula recomendaciones para adoptar medidas urgentes. Hemos pedido a Matteo Carlo Borsani, Giuseppe Guerini y Stefano Palmieri, los tres ponentes del Dictamen, que subrayen las propuestas contenidas en los informes que consideren de especial importancia para la futura prosperidad de la UE.

La competitividad parece estar en boca de todos en este momento y la desregulación es aclamada como la receta mágica que convertirá a Europa en uno de los principales protagonistas de la economía mundial. Pero hay muchas formas de medir la competitividad y no existe una respuesta categórica a la cuestión de saber qué constituye un exceso de regulación. Si no se procede con cautela, el debate sobre la competitividad y la desregulación corre el riesgo de verse reducido a un intercambio excesivamente simplista y dogmático que podría suponer una amenaza para la elaboración de políticas económicas sólidas, sostiene nuestro invitado sorpresa Karel Lannoo, director ejecutivo del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS).

Karel Lannoo es director ejecutivo del CEPS, uno de los principales grupos de reflexión independientes de Europa. Entre sus publicaciones más recientes, centradas en la regulación financiera, la gobernanza económica europea o cuestiones relacionadas con el mercado único, figuran «Comprender Europa» (en neerlandés), un informe del grupo de trabajo sobre la política del sector financiero elaborado a instancia de la Comisión Von der Leyen II, y diversas contribuciones a volúmenes y revistas académicos. Karel es un orador habitual en audiencias de las instituciones de la UE, nacionales e internacionales, y también en conferencias internacionales y programas para ejecutivos. Dirige estudios para gobiernos nacionales, organizaciones multilaterales y entidades del sector privado, y colabora frecuentemente con medios de comunicación. Karel también forma parte de consejos de administración de empresas y fundaciones y es miembro de consejos consultivos, como el de la comisión de mercados de capitales de la AFM, la autoridad neerlandesa encargada de supervisar dichos mercados.

Karel Lannoo

Actualmente, está de moda calificar a Europa de «no competitiva» y exigir una campaña masiva de desregulación a escala de la UE. Sin embargo, la medida en que la situación económica puede considerarse problemática depende no solo de las circunstancias, sino también de la definición de «competitividad», del denominador utilizado y del criterio de referencia.

Además, la competitividad se equipara con la desregulación, lo cual es incorrecto, como si la solución fuera una campaña de simplificación masiva. Por lo tanto, es importante aplicar los parámetros correctos a la hora de controlar el debate, ya que de otro modo podría descontrolarse y acabar beneficiando a los euroescépticos.

La competitividad como objetivo político está de vuelta, aunque, en realidad, nunca llegó a desaparecer, y es importante recordar estos precedentes. Con la Estrategia de Lisboa, aprobada formalmente por el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la UE aspiraba a «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». Ya durante la época de Delors, la competitividad era una de las inquietudes de la Comisión Europea: basta leer el famoso artículo de Paul Krugman de 1994, que la calificó de «obsesión peligrosa». En aquel entonces, el Sr. Delors estaba preocupado por el aumento del desempleo europeo en un contexto de competencia con los Estados Unidos y Japón, y propuso como solución un programa de inversión en infraestructuras y alta tecnología. No es la primera vez que oímos esto.

También la simplificación legislativa lleva mucho tiempo figurando en la agenda. Los ejercicios de simplificación de la legislación en el mercado interior (iniciativa «SLIM», por sus siglas en inglés) comenzaron ya en 1996, cuando la UE contaba con quince Estados miembros. El comisario Charles McCreevy (2004-2009) se mostró favorable a las «pausas» normativas en 2005-06, hasta que estalló la crisis financiera. Al vicepresidente Frans Timmermans se le encomendó un programa de mejora de la legislación bajo la Comisión Juncker. Aunque todos estos planes eran encomiables, sería mejor abordar las causas profundas de la complejidad normativa —el proceso de toma de decisiones y las deficiencias en la aplicación— en lugar de limitarse a tratar los síntomas. Sin embargo, con veintisiete Estados miembros, esto es más fácil de decir que de hacer.

La competitividad, al menos tal como se define en el informe Draghi, se refiere más bien a la productividad y al crecimiento del PIB, lo que puede arrojar resultados muy diferentes en función del denominador. Pero también existen otras formas de medir la competitividad. Se podría considerar la competitividad interna frente a la externa. A nivel interno, la UE parece débil, con una productividad decreciente en comparación con los Estados Unidos. En cambio, de cara al exterior, la UE tiene un superávit comercial y por cuenta corriente, mientras que los Estados Unidos se enfrentan a un enorme déficit comercial y por cuenta corriente, lo cual no parece plantear problema alguno (salvo para el presidente Trump).

La UE también goza de una situación presupuestaria mucho mejor que la de los Estados Unidos o incluso Japón, aunque no disponemos de datos precisos para una comparación precisa con China. El déficit presupuestario de la UE fue de aproximadamente el 3,5 % del PIB en 2024, mientras que, en los Estados Unidos, fue de casi el doble (6,4 %). Los Estados Unidos pueden financiar esto en los mercados internacionales gracias al estatus que tiene el dólar en la escena mundial, aunque los tipos de interés a medio plazo en la UE y en los Estados Unidos están divergiendo, lo que pone de manifiesto la preocupación de los mercados por la economía estadounidense. Actualmente, el tipo de interés de los préstamos de mercado a seis meses para el dólar estadounidense se sitúa en el 4,8 %, mientras que en la zona del euro es del 2,5 % (Euribor).

Además, los precios de la energía en la UE han sido mucho más elevados que en los Estados Unidos desde mediados de 2021, cuando Putin empezó a manipular los precios, lo que constituye un problema de competitividad para la industria manufacturera y, en particular, para Alemania. En la actualidad, el coste de la energía en la UE es al menos un 50 % superior al de los Estados Unidos.

La política energética es otro buen ejemplo para el debate en materia normativa: ¿radica el problema en un exceso de regulación? Al contrario: la UE cuenta con un mercado único de la energía para la distribución, pero no para la producción, que sigue bajo el control de los Estados miembros. Esto genera problemas en los países con exceso de producción, ya que aumenta los precios debido a la escasez de energía en otros países, como sucede entre Suecia y Alemania.

Además, en el sector digital cabe preguntarse si acaso es mejor no tener regulación. ¿Queremos la libertad de expresión de tipo estadounidense y la ausencia de moderación de contenidos? ¿Queremos un mercado oligopolístico como el que tenemos hoy?

Esta breve reflexión pone de relieve que cualquier debate sobre la competitividad y la desregulación debe abordarse con la máxima cautela a fin de evitar que degenere en un debate simplista en blanco y negro, algo que podría repercutir negativamente en la elaboración de políticas económicas sólidas.

Por Stefano Palmieri
Grupo de Trabajadores del CESE

Los solapamientos entre los informes Letta y Draghi son abundantes, pese a presentar análisis y proponer estrategias sumamente diferentes.

Centrémonos por ejemplo en la política de cohesión, que desempeña un papel crucial en el informe Letta, al asegurar que los beneficios del mercado único se distribuyen entre el conjunto de la ciudadanía y de las regiones de la Unión. Además, destaca el vínculo entre aquella y los servicios de interés general, esenciales para que los ciudadanos de la UE puedan residir y trabajar en el lugar de su elección. En cambio, el informe Draghi parece restar importancia tanto a la política de cohesión como a las dimensiones social y territorial de la competitividad. En el caso de Europa, aborda la competitividad sin tener en cuenta las disparidades territoriales, lo que deja leer entre líneas que tan solo por impulsar la competitividad global de la UE se resolverían los problemas que afrontan las regiones. Además, pasa por alto que, para muchas regiones, una baja competitividad y las desventajas territoriales representan las dos caras de una misma moneda.

En ambos informes se reconoce que la Unión ya no puede limitarse simplemente a mantener el statu quo. La urgencia y complejidad de las actuales crisis exigen un cambio de paradigma en la elaboración de las políticas europeas, posiblemente incluso mediante una reforma de los Tratados. ¿Estamos de verdad en condiciones de hablar sobre ampliación sin antes abordar la necesaria profundización de la integración política? Este debe ser también un cambio de escala. El marco financiero plurianual (MFP) vigente no es suficiente, está anclado en algo más del 1 % de la RNB de la UE y se ve limitado por la lógica desfasada del «justo retorno». Es necesario adoptar un nuevo enfoque que se inspire en el modelo del NextGenerationEU. Los retos extraordinarios deben aplacarse con soluciones contundentes, por ejemplo mediante la emisión de «activos seguros comunes» como ya ocurriera durante la pandemia.

El próximo MFP 2028-2034 pondrá a prueba las verdaderas intenciones de la UE, ya que establece prioridades para esos siete años. En este contexto, cabe esperar un debate abierto sobre los retos que afronta la UE, habida cuenta de las numerosas crisis en las que se ve sumida, y sobre los objetivos clave y los bienes comunes europeos que pretende proporcionar a sus ciudadanos.

Si se planteara la posibilidad de acometer una reforma legislativa, tal como se recomienda en ambos informes, sería importante recordar que la UE es la «economía social de mercado» más avanzada del mundo. Sus estrictas normas económicas, sociales y medioambientales constituyen elementos esenciales del éxito de este modelo, y no obstáculos al mismo. Por lo tanto, comparar la normativa europea con la estadounidense o la china carece de todo fundamento. Todos los esfuerzos de simplificación de la normativa europea deben seguir protegiendo y defendiendo las condiciones laborales, la seguridad de los trabajadores, los derechos de los consumidores, la cohesión social y económica y el crecimiento sostenible.

Europa ha llegado a entender, si bien tarde, que ya no basta con ser un gran mercado, sino que debe aspirar a lograr una mayor unidad, a profundizar la integración política y a elaborar políticas económicas, industriales, comerciales, exteriores y de defensa verdaderamente unificadas para salir adelante. Los próximos meses serán decisivos para configurar el futuro de Europa.

Por Giuseppe Guerini
Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del CESE

El año pasado, la Comisión Europea y el Consejo Europeo encargaron a Mario Draghi y Enrico Letta la elaboración de sendos informes sobre la competitividad de la UE y la mejora del mercado único. Estos informes representan un ambicioso programa político para la Unión Europea y sirven tanto de hoja de ruta como de punto de referencia para evaluar hasta qué punto las instituciones y los responsables políticos están decididos a conformar el futuro de la Unión, y si son capaces de hacerlo.

Los informes de Draghi y Letta pueden servir de patrón para medir la eficacia de las respuestas de líderes e instituciones a los complejos retos que se plantean en la actualidad.

El Dictamen del CESE sobre ambos informes constituye una herramienta útil para evaluar los primeros pasos de este nuevo ciclo político. El primero de ellos se ve reflejado en la Brújula para la Competitividad, que la Comisión Europea presentó el 29 de enero pasado. Este instrumento abarca una serie de propuestas consideradas de máxima prioridad que también se destacan en nuestro Dictamen, como reducir la brecha de competitividad, realizar el mercado único, simplificar la normativa sin necesidad de desregulación y reconocer que la competitividad depende de las personas y las capacidades.

Sin embargo, más allá de la brecha de competitividad, también salta a la vista la ausencia de medidas concretas. Hasta ahora, la Comisión ha presentado documentos estratégicos, comunicaciones y compromisos, pero pasarán meses antes de que veamos medidas tangibles. Como se señala en nuestro Dictamen, este retraso hace patente la necesidad de que las instituciones y los Estados miembros de la UE entablen también un debate sobre las normas fundamentales de la Unión y la idoneidad de los Tratados en vigor para hacer frente a los retos actuales, que exigen una actuación inmediata.

Pero actuar con rapidez no significa renunciar a la calidad, como demostró la Comisión Europea en 2020, cuando puso en marcha con celeridad la iniciativa NextGenerationEU. Hoy debe dar muestras de esa misma agilidad.

La consecución de estos objetivos requiere un enfoque multidimensional. Si bien resulta esencial realizar rápidamente el mercado único, hay que apostar al mismo tiempo por un firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental, la prosperidad económica y la cohesión social y territorial, ya que son motores clave de la competitividad.

Para hacer realidad esta visión, también necesitamos una política industrial coherente que trascienda de los enfoques nacionales fragmentados y se base en incentivos fiscales y aduaneros estratégicos. Además, se impone reducir la carga burocrática y los costes de cumplimiento, mediante una regulación más inteligente y la racionalización de los procesos administrativos, a fin de fomentar un entorno empresarial más dinámico.

En lo que respecta al sector de la energía, se considera fundamental reducir las disparidades de precios entre los Estados miembros y otras economías mundiales, lo que requerirá una mayor inversión en energías renovables al objeto de garantizar un mercado de la energía más competitivo y sostenible.

Para respaldar estas ambiciones, la UE también debe desarrollar una política común en materia de bienes públicos europeos que le permita definir claramente sus prioridades estratégicas y reforzar su papel en la escena mundial.

El CESE seguirá supervisando la aplicación de estas políticas y velará por que se escuche y se tenga en cuenta la voz de la sociedad civil europea.

Por Matteo Borsani
, Grupo de Empresarios del CESE

La primera y principal recomendación que el CESE formula en su Dictamen es que deben adoptarse urgentemente medidas para aplicar las recomendaciones de los informes Letta y Draghi. En mi opinión, los esfuerzos necesarios deberán centrarse en todos y cada uno de sus apartados: las conclusiones de los informes no pueden escogerse según convenga. Las recomendaciones deben aplicarse en su conjunto, sin poner límites a las propuestas, sin atrincherarse en las zonas de confort de cada uno y sin evitar las cuestiones más críticas y divisivas, por ejemplo las relacionadas con las inversiones. 

En lo que respecta al informe Draghi, siendo como es obvia la importancia de centrarse en la competitividad de la UE en su conjunto, considero fundamentales sus recomendaciones sobre la política industrial de la Unión, en particular, su insistencia en la necesidad de adoptar una política industrial que pueda superar el enfoque fragmentado actual. En la actualidad hemos de lidiar con veintisiete políticas industriales nacionales que no siempre funcionan en coordinación. A este respecto, solo un esfuerzo estructurado en toda la Unión nos permitirá proponer, con grandes beneficios para el mercado único, la combinación dinámica de medidas fiscales, normativas, comerciales y aduaneras, y de incentivos financieros que caracteriza las políticas industriales más recientes de China y Estados Unidos.

Sin embargo, estas medidas deberían ir acompañadas de una reducción drástica de las cargas burocráticas innecesarias para las empresas; de ahí que valore en especial el llamamiento de Letta en favor de «un mercado interior para ir rápido y llegar lejos». Entre sus recomendaciones clave, Letta aboga por racionalizar las cargas burocráticas, simplificar los procedimientos administrativos y adoptar nuevas medidas para reducir la burocracia, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En esta misma línea, en su Dictamen el CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de reducir en un 25 % la carga que supone para todas las empresas la presentación de información y elevar este objetivo al menos a un 50 % para las pymes. Además, abundando y profundizando en la recomendación de Letta de considerar un mecanismo que ayude a los colegisladores a realizar una evaluación de impacto dinámica, el CESE apoya con firmeza la idea de un control de la competitividad que se lleve a cabo en el transcurso del procedimiento legislativo.

En un contexto de remodelación del lugar de trabajo a través de la inteligencia artificial (IA), es fundamental seguir promoviendo una IA centrada en el ser humano y abogar por políticas que establezcan un equilibrio entre un avance vigoroso de la IA en Europa y la justicia social y los derechos de los trabajadores: tal fue la conclusión de un debate de alto nivel del CESE.

En su pleno de enero, el CESE celebró un debate sobre la difusión de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo en el que intervinieron Oliver Röpke, presidente del CESE, Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, y Katarzyna Nowakowska, viceministra de Familia, Trabajo y Política Social de Polonia, entre otros oradores.

En su discurso de apertura del debate, el Sr. Röpke declaró: «La inteligencia artificial es una de las corrientes más transformadoras de nuestro tiempo, ya que ofrece un enorme potencial y a la vez presenta retos decisivos. El debate de hoy reafirma la importancia de que la política en materia de IA esté arraigada en los principios del pilar europeo de derechos sociales».

La Sra. Mînzatu subrayó lo siguiente: «La reflexión sobre la IA, en concreto en el lugar de trabajo, debe ir acompañada de un análisis de las vías para impulsar nuestras inversiones en investigación e innovación y facilitar los avances de las empresas europeas en este ámbito, de modo que nuestras propias tecnologías se alimenten con datos europeos y se amolden a los valores de la UE. Al atenernos a nuestros principios en materia de derechos sociales e igualdad, garantizamos que los trabajadores europeos tengan los mismos derechos en un entorno con o sin IA y gocen de protección, y que se aplique un control centrado en el ser humano».

La Sra. Nowakowska afirmó que la inteligencia artificial brinda enormes oportunidades en el mundo laboral para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas, pero también plantea una serie de dudas sobre su posible impacto en los puestos de trabajo y la contratación, la salud y la seguridad de los trabajadores, las condiciones de trabajo, la calidad general del empleo y el papel del diálogo social.

Aprobación de la Directiva «Inteligencia artificial positiva para los trabajadores» y de la enmienda a la totalidad anexa

Tras el debate en el pleno, el CESE aprobó el Dictamen de iniciativa «En favor de una inteligencia artificial positiva para los trabajadores: mecanismos para aprovechar el potencial y mitigar los riesgos de la IA en relación con las políticas de empleo y del mercado laboral», a cargo de la ponente Franca Salis-Madinier. El Dictamen se aprobó con 142 votos a favor, 103 votos en contra y 14 abstenciones. No recibió el respaldo del Grupo de Empresarios del CESE, que presentó una enmienda a la totalidad.

En el Dictamen, el CESE hace hincapié en que el diálogo social y la participación de los trabajadores desempeñan un papel crucial a la hora de preservar los derechos fundamentales de los trabajadores y de promover una «IA fiable» en el mundo laboral; la normativa vigente debe abordar las lagunas en la protección de los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral y garantizar que las personas mantengan el control en todas las interacciones hombre-máquina.

Figura adjunta al Dictamen la enmienda a la totalidad del Grupo de Empresarios. Los miembros del Grupo explicaron que, en su opinión, la UE ya dispone de herramientas para sumarse a la revolución de la IA y el marco jurídico vigente garantiza un despliegue exento de problemas. (lm)

La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo del trabajo a un ritmo nunca visto, al tiempo que genera tanto oportunidades como retos para los trabajadores, las empresas y los responsables políticos. El 3 de febrero, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebraron una conferencia conjunta de alto nivel titulada «La justicia social en la era digital: el impacto de la IA en el trabajo y la sociedad».

En la conferencia participaron líderes destacados —entre ellos, varias ministras de Trabajo de Estados miembros de la UE—, que reflexionaron sobre estrategias que permitan aprovechar el potencial de la IA y abordaron al mismo tiempo los riesgos que plantea esta tecnología para los derechos de los trabajadores y los mercados laborales. En el transcurso de este acto, que supuso una importante contribución a la Coalición Mundial para la Justicia Social, se destacó la necesidad de adoptar un enfoque coordinado de la gobernanza de la IA tanto a escala europea como mundial. La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) del CESE y la OIT organizaron este acto conjunto de alto nivel.

Un llamamiento a favor del desarrollo ético e inclusivo de la IA

En la sesión inaugural de la conferencia, Oliver Röpke, presidente del CESE, subrayó la urgente necesidad de un enfoque de la IA centrado en el ser humano y afirmó que: «La inteligencia artificial ya está remodelando nuestras sociedades y mercados de trabajo, creando tanto oportunidades como retos. El CESE y sus organizaciones asociadas se han comprometido a velar por que la IA sirva de fuerza motriz de la justicia social, refuerce los derechos de los trabajadores, promueva la inclusión y prevenga nuevas desigualdades. Si queremos que en el futuro la IA sea justa y se centre en el ser humano, es necesaria una acción colectiva por parte de los responsables políticos, los interlocutores sociales y la sociedad civil, dirigida a garantizar que la tecnología funcione para las personas y no contra ellas».

El director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, destacó la importancia de unas políticas proactivas a la hora de mitigar el efecto perturbador de la IA en el empleo y los lugares de trabajo: «Tenemos que asegurarnos de que configuramos la IA de manera que promueva la justicia social. Para ello, es necesario adoptar diversas medidas, como apoyar a los trabajadores, ofreciéndoles también la ocasión de adquirir capacidades y protección social; facilitar el acceso de empresas de todos los tamaños y en todos los rincones del mundo a la tecnología de IA para aprovechar los beneficios en términos de productividad; y garantizar una integración de la IA en el lugar de trabajo que proteja los derechos de los trabajadores y promueva el diálogo social en la transición digital».

Los oradores de alto nivel que participaron en dos paneles de debate intercambiaron puntos de vista sobre los retos y las oportunidades que presenta la IA para promover el trabajo digno y los mercados laborales inclusivos, y contribuir a la igualdad de género en los próximos años. Entre las personalidades invitadas se encontraban las ministras de Trabajo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Polonia), Yolanda Díaz (España), Níki Keraméos (Grecia) y Maria do Rosário Palma Ramalho (Portugal), además de la delegada del Gobierno francés en la OIT y en el G7-G20, Anousheh Karvar.

Los debates pusieron de relieve que, aunque la implantación de la IA entraña riesgos evidentes, no hay por qué adoptar una actitud de rechazo ante esta nueva tecnología. Sin embargo, resulta esencial priorizar el diálogo social e implicar a los trabajadores en el despliegue de la IA, prestando especial atención a los esfuerzos de reciclaje y perfeccionamiento profesional. Es preciso implantar y regular la IA de manera adecuada y controlada para evitar grandes perturbaciones y permitir que esta tecnología reduzca las tareas repetitivas sin provocar necesariamente despidos a gran escala. (lm)

El 13 y 14 de marzo 2025 el Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebrará su acto juvenil anual ¡Tu Europa, tu voz! (YEYS), que congregará a más de 130 participantes de toda Europa y de fuera de ella. Este acto único reúne a estudiantes de centros escolares, representantes de organizaciones juveniles y delegados de los consejos nacionales de la juventud y, todos ellos con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, procedentes de los veintisiete Estados miembros de la UE, nueve países candidatos y el Reino Unido.

Con su amplia gama de talleres, paneles de discusión y debates, el acto brinda una plataforma para que los jóvenes puedan contribuir de manera activa a la configuración del futuro de Europa. Este año, el lema es «Dar voz a la juventud» y los participantes abordarán, entre otros temas cruciales, la sostenibilidad, la inclusión social y la transformación digital.

Las conclusiones e ideas resultantes de estos intercambios se presentarán en la segunda Semana de la Sociedad Civil del CESE y se les dará también difusión en el Evento Europeo de la Juventud (EYE), que el Parlamento Europeo organiza en junio de 2025 en Estrasburgo.

En el acto se hará hincapié en la importancia de plasmar el compromiso de los jóvenes en la acción cívica, la democracia participativa y la elaboración de las políticas europeas.

Manténgase al tanto de las conclusiones e iniciativas de este importante encuentro. (kc)