Actualmente, está de moda calificar a Europa de «no competitiva» y exigir una campaña masiva de desregulación a escala de la UE. Sin embargo, la medida en que la situación económica puede considerarse problemática depende no solo de las circunstancias, sino también de la definición de «competitividad», del denominador utilizado y del criterio de referencia.
Actualmente, está de moda calificar a Europa de «no competitiva» y exigir una campaña masiva de desregulación a escala de la UE. Sin embargo, la medida en que la situación económica puede considerarse problemática depende no solo de las circunstancias, sino también de la definición de «competitividad», del denominador utilizado y del criterio de referencia.
Además, la competitividad se equipara con la desregulación, lo cual es incorrecto, como si la solución fuera una campaña de simplificación masiva. Por lo tanto, es importante aplicar los parámetros correctos a la hora de controlar el debate, ya que de otro modo podría descontrolarse y acabar beneficiando a los euroescépticos.
La competitividad como objetivo político está de vuelta, aunque, en realidad, nunca llegó a desaparecer, y es importante recordar estos precedentes. Con la Estrategia de Lisboa, aprobada formalmente por el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la UE aspiraba a «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». Ya durante la época de Delors, la competitividad era una de las inquietudes de la Comisión Europea: basta leer el famoso artículo de Paul Krugman de 1994, que la calificó de «obsesión peligrosa». En aquel entonces, el Sr. Delors estaba preocupado por el aumento del desempleo europeo en un contexto de competencia con los Estados Unidos y Japón, y propuso como solución un programa de inversión en infraestructuras y alta tecnología. No es la primera vez que oímos esto.
También la simplificación legislativa lleva mucho tiempo figurando en la agenda. Los ejercicios de simplificación de la legislación en el mercado interior (iniciativa «SLIM», por sus siglas en inglés) comenzaron ya en 1996, cuando la UE contaba con quince Estados miembros. El comisario Charles McCreevy (2004-2009) se mostró favorable a las «pausas» normativas en 2005-06, hasta que estalló la crisis financiera. Al vicepresidente Frans Timmermans se le encomendó un programa de mejora de la legislación bajo la Comisión Juncker. Aunque todos estos planes eran encomiables, sería mejor abordar las causas profundas de la complejidad normativa —el proceso de toma de decisiones y las deficiencias en la aplicación— en lugar de limitarse a tratar los síntomas. Sin embargo, con veintisiete Estados miembros, esto es más fácil de decir que de hacer.
La competitividad, al menos tal como se define en el informe Draghi, se refiere más bien a la productividad y al crecimiento del PIB, lo que puede arrojar resultados muy diferentes en función del denominador. Pero también existen otras formas de medir la competitividad. Se podría considerar la competitividad interna frente a la externa. A nivel interno, la UE parece débil, con una productividad decreciente en comparación con los Estados Unidos. En cambio, de cara al exterior, la UE tiene un superávit comercial y por cuenta corriente, mientras que los Estados Unidos se enfrentan a un enorme déficit comercial y por cuenta corriente, lo cual no parece plantear problema alguno (salvo para el presidente Trump).
La UE también goza de una situación presupuestaria mucho mejor que la de los Estados Unidos o incluso Japón, aunque no disponemos de datos precisos para una comparación precisa con China. El déficit presupuestario de la UE fue de aproximadamente el 3,5 % del PIB en 2024, mientras que, en los Estados Unidos, fue de casi el doble (6,4 %). Los Estados Unidos pueden financiar esto en los mercados internacionales gracias al estatus que tiene el dólar en la escena mundial, aunque los tipos de interés a medio plazo en la UE y en los Estados Unidos están divergiendo, lo que pone de manifiesto la preocupación de los mercados por la economía estadounidense. Actualmente, el tipo de interés de los préstamos de mercado a seis meses para el dólar estadounidense se sitúa en el 4,8 %, mientras que en la zona del euro es del 2,5 % (Euribor).
Además, los precios de la energía en la UE han sido mucho más elevados que en los Estados Unidos desde mediados de 2021, cuando Putin empezó a manipular los precios, lo que constituye un problema de competitividad para la industria manufacturera y, en particular, para Alemania. En la actualidad, el coste de la energía en la UE es al menos un 50 % superior al de los Estados Unidos.
La política energética es otro buen ejemplo para el debate en materia normativa: ¿radica el problema en un exceso de regulación? Al contrario: la UE cuenta con un mercado único de la energía para la distribución, pero no para la producción, que sigue bajo el control de los Estados miembros. Esto genera problemas en los países con exceso de producción, ya que aumenta los precios debido a la escasez de energía en otros países, como sucede entre Suecia y Alemania.
Además, en el sector digital cabe preguntarse si acaso es mejor no tener regulación. ¿Queremos la libertad de expresión de tipo estadounidense y la ausencia de moderación de contenidos? ¿Queremos un mercado oligopolístico como el que tenemos hoy?
Esta breve reflexión pone de relieve que cualquier debate sobre la competitividad y la desregulación debe abordarse con la máxima cautela a fin de evitar que degenere en un debate simplista en blanco y negro, algo que podría repercutir negativamente en la elaboración de políticas económicas sólidas.
Por Stefano Palmieri Grupo de Trabajadores del CESE
Los solapamientos entre los informes Letta y Draghi son abundantes, pese a presentar análisis y proponer estrategias sumamente diferentes.
Centrémonos por ejemplo en la política de cohesión, que desempeña un papel crucial en el informe Letta, al asegurar que los beneficios del mercado único se distribuyen entre el conjunto de la ciudadanía y de las regiones de la Unión. Además, destaca el vínculo entre aquella y los servicios de interés general, esenciales para que los ciudadanos de la UE puedan residir y trabajar en el lugar de su elección. En cambio, el informe Draghi parece restar importancia tanto a la política de cohesión como a las dimensiones social y territorial de la competitividad. En el caso de Europa, aborda la competitividad sin tener en cuenta las disparidades territoriales, lo que deja leer entre líneas que tan solo por impulsar la competitividad global de la UE se resolverían los problemas que afrontan las regiones. Además, pasa por alto que, para muchas regiones, una baja competitividad y las desventajas territoriales representan las dos caras de una misma moneda.
En ambos informes se reconoce que la Unión ya no puede limitarse simplemente a mantener el statu quo. La urgencia y complejidad de las actuales crisis exigen un cambio de paradigma en la elaboración de las políticas europeas, posiblemente incluso mediante una reforma de los Tratados. ¿Estamos de verdad en condiciones de hablar sobre ampliación sin antes abordar la necesaria profundización de la integración política? Este debe ser también un cambio de escala. El marco financiero plurianual (MFP) vigente no es suficiente, está anclado en algo más del 1 % de la RNB de la UE y se ve limitado por la lógica desfasada del «justo retorno». Es necesario adoptar un nuevo enfoque que se inspire en el modelo del NextGenerationEU. Los retos extraordinarios deben aplacarse con soluciones contundentes, por ejemplo mediante la emisión de «activos seguros comunes» como ya ocurriera durante la pandemia.
El próximo MFP 2028-2034 pondrá a prueba las verdaderas intenciones de la UE, ya que establece prioridades para esos siete años. En este contexto, cabe esperar un debate abierto sobre los retos que afronta la UE, habida cuenta de las numerosas crisis en las que se ve sumida, y sobre los objetivos clave y los bienes comunes europeos que pretende proporcionar a sus ciudadanos.
Si se planteara la posibilidad de acometer una reforma legislativa, tal como se recomienda en ambos informes, sería importante recordar que la UE es la «economía social de mercado» más avanzada del mundo. Sus estrictas normas económicas, sociales y medioambientales constituyen elementos esenciales del éxito de este modelo, y no obstáculos al mismo. Por lo tanto, comparar la normativa europea con la estadounidense o la china carece de todo fundamento. Todos los esfuerzos de simplificación de la normativa europea deben seguir protegiendo y defendiendo las condiciones laborales, la seguridad de los trabajadores, los derechos de los consumidores, la cohesión social y económica y el crecimiento sostenible.
Europa ha llegado a entender, si bien tarde, que ya no basta con ser un gran mercado, sino que debe aspirar a lograr una mayor unidad, a profundizar la integración política y a elaborar políticas económicas, industriales, comerciales, exteriores y de defensa verdaderamente unificadas para salir adelante. Los próximos meses serán decisivos para configurar el futuro de Europa.
Por Giuseppe Guerini Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del CESE
El año pasado, la Comisión Europea y el Consejo Europeo encargaron a Mario Draghi y Enrico Letta la elaboración de sendos informes sobre la competitividad de la UE y la mejora del mercado único. Estos informes representan un ambicioso programa político para la Unión Europea y sirven tanto de hoja de ruta como de punto de referencia para evaluar hasta qué punto las instituciones y los responsables políticos están decididos a conformar el futuro de la Unión, y si son capaces de hacerlo.
Por Giuseppe Guerini Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del CESE
El año pasado, la Comisión Europea y el Consejo Europeo encargaron a Mario Draghi y Enrico Letta la elaboración de sendos informes sobre la competitividad de la UE y la mejora del mercado único. Estos informes representan un ambicioso programa político para la Unión Europea y sirven tanto de hoja de ruta como de punto de referencia para evaluar hasta qué punto las instituciones y los responsables políticos están decididos a conformar el futuro de la Unión, y si son capaces de hacerlo.
Los informes de Draghi y Letta pueden servir de patrón para medir la eficacia de las respuestas de líderes e instituciones a los complejos retos que se plantean en la actualidad.
El Dictamen del CESE sobre ambos informes constituye una herramienta útil para evaluar los primeros pasos de este nuevo ciclo político. El primero de ellos se ve reflejado en la Brújula para la Competitividad, que la Comisión Europea presentó el 29 de enero pasado. Este instrumento abarca una serie de propuestas consideradas de máxima prioridad que también se destacan en nuestro Dictamen, como reducir la brecha de competitividad, realizar el mercado único, simplificar la normativa sin necesidad de desregulación y reconocer que la competitividad depende de las personas y las capacidades.
Sin embargo, más allá de la brecha de competitividad, también salta a la vista la ausencia de medidas concretas. Hasta ahora, la Comisión ha presentado documentos estratégicos, comunicaciones y compromisos, pero pasarán meses antes de que veamos medidas tangibles. Como se señala en nuestro Dictamen, este retraso hace patente la necesidad de que las instituciones y los Estados miembros de la UE entablen también un debate sobre las normas fundamentales de la Unión y la idoneidad de los Tratados en vigor para hacer frente a los retos actuales, que exigen una actuación inmediata.
Pero actuar con rapidez no significa renunciar a la calidad, como demostró la Comisión Europea en 2020, cuando puso en marcha con celeridad la iniciativa NextGenerationEU. Hoy debe dar muestras de esa misma agilidad.
La consecución de estos objetivos requiere un enfoque multidimensional. Si bien resulta esencial realizar rápidamente el mercado único, hay que apostar al mismo tiempo por un firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental, la prosperidad económica y la cohesión social y territorial, ya que son motores clave de la competitividad.
Para hacer realidad esta visión, también necesitamos una política industrial coherente que trascienda de los enfoques nacionales fragmentados y se base en incentivos fiscales y aduaneros estratégicos. Además, se impone reducir la carga burocrática y los costes de cumplimiento, mediante una regulación más inteligente y la racionalización de los procesos administrativos, a fin de fomentar un entorno empresarial más dinámico.
En lo que respecta al sector de la energía, se considera fundamental reducir las disparidades de precios entre los Estados miembros y otras economías mundiales, lo que requerirá una mayor inversión en energías renovables al objeto de garantizar un mercado de la energía más competitivo y sostenible.
Para respaldar estas ambiciones, la UE también debe desarrollar una política común en materia de bienes públicos europeos que le permita definir claramente sus prioridades estratégicas y reforzar su papel en la escena mundial.
El CESE seguirá supervisando la aplicación de estas políticas y velará por que se escuche y se tenga en cuenta la voz de la sociedad civil europea.
Por Matteo Borsani , Grupo de Empresarios del CESE
La primera y principal recomendación que el CESE formula en su Dictamen es que deben adoptarse urgentemente medidas para aplicar las recomendaciones de los informes Letta y Draghi. En mi opinión, los esfuerzos necesarios deberán centrarse en todos y cada uno de sus apartados: las conclusiones de los informes no pueden escogerse según convenga. Las recomendaciones deben aplicarse en su conjunto, sin poner límites a las propuestas, sin atrincherarse en las zonas de confort de cada uno y sin evitar las cuestiones más críticas y divisivas, por ejemplo las relacionadas con las inversiones.
Por Matteo Borsani , Grupo de Empresarios del CESE
La primera y principal recomendación que el CESE formula en su Dictamen es que deben adoptarse urgentemente medidas para aplicar las recomendaciones de los informes Letta y Draghi. En mi opinión, los esfuerzos necesarios deberán centrarse en todos y cada uno de sus apartados: las conclusiones de los informes no pueden escogerse según convenga. Las recomendaciones deben aplicarse en su conjunto, sin poner límites a las propuestas, sin atrincherarse en las zonas de confort de cada uno y sin evitar las cuestiones más críticas y divisivas, por ejemplo las relacionadas con las inversiones.
En lo que respecta al informe Draghi, siendo como es obvia la importancia de centrarse en la competitividad de la UE en su conjunto, considero fundamentales sus recomendaciones sobre la política industrial de la Unión, en particular, su insistencia en la necesidad de adoptar una política industrial que pueda superar el enfoque fragmentado actual. En la actualidad hemos de lidiar con veintisiete políticas industriales nacionales que no siempre funcionan en coordinación. A este respecto, solo un esfuerzo estructurado en toda la Unión nos permitirá proponer, con grandes beneficios para el mercado único, la combinación dinámica de medidas fiscales, normativas, comerciales y aduaneras, y de incentivos financieros que caracteriza las políticas industriales más recientes de China y Estados Unidos.
Sin embargo, estas medidas deberían ir acompañadas de una reducción drástica de las cargas burocráticas innecesarias para las empresas; de ahí que valore en especial el llamamiento de Letta en favor de «un mercado interior para ir rápido y llegar lejos». Entre sus recomendaciones clave, Letta aboga por racionalizar las cargas burocráticas, simplificar los procedimientos administrativos y adoptar nuevas medidas para reducir la burocracia, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En esta misma línea, en su Dictamen el CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de reducir en un 25 % la carga que supone para todas las empresas la presentación de información y elevar este objetivo al menos a un 50 % para las pymes. Además, abundando y profundizando en la recomendación de Letta de considerar un mecanismo que ayude a los colegisladores a realizar una evaluación de impacto dinámica, el CESE apoya con firmeza la idea de un control de la competitividad que se lleve a cabo en el transcurso del procedimiento legislativo.
En un contexto de remodelación del lugar de trabajo a través de la inteligencia artificial (IA), es fundamental seguir promoviendo una IA centrada en el ser humano y abogar por políticas que establezcan un equilibrio entre un avance vigoroso de la IA en Europa y la justicia social y los derechos de los trabajadores: tal fue la conclusión de un debate de alto nivel del CESE.
En un contexto de remodelación del lugar de trabajo a través de la inteligencia artificial (IA), es fundamental seguir promoviendo una IA centrada en el ser humano y abogar por políticas que establezcan un equilibrio entre un avance vigoroso de la IA en Europa y la justicia social y los derechos de los trabajadores: tal fue la conclusión de un debate de alto nivel del CESE.
En su pleno de enero, el CESE celebró un debate sobre la difusión de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo en el que intervinieron Oliver Röpke, presidente del CESE, Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, y Katarzyna Nowakowska, viceministra de Familia, Trabajo y Política Social de Polonia, entre otros oradores.
En su discurso de apertura del debate, el Sr. Röpke declaró: «La inteligencia artificial es una de las corrientes más transformadoras de nuestro tiempo, ya que ofrece un enorme potencial y a la vez presenta retos decisivos. El debate de hoy reafirma la importancia de que la política en materia de IA esté arraigada en los principios del pilar europeo de derechos sociales».
La Sra. Mînzatu subrayó lo siguiente: «La reflexión sobre la IA, en concreto en el lugar de trabajo, debe ir acompañada de un análisis de las vías para impulsar nuestras inversiones en investigación e innovación y facilitar los avances de las empresas europeas en este ámbito, de modo que nuestras propias tecnologías se alimenten con datos europeos y se amolden a los valores de la UE. Al atenernos a nuestros principios en materia de derechos sociales e igualdad, garantizamos que los trabajadores europeos tengan los mismos derechos en un entorno con o sin IA y gocen de protección, y que se aplique un control centrado en el ser humano».
La Sra. Nowakowska afirmó que la inteligencia artificial brinda enormes oportunidades en el mundo laboral para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas, pero también plantea una serie de dudas sobre su posible impacto en los puestos de trabajo y la contratación, la salud y la seguridad de los trabajadores, las condiciones de trabajo, la calidad general del empleo y el papel del diálogo social.
Aprobación de la Directiva«Inteligencia artificial positiva para los trabajadores» y de la enmienda a la totalidad anexa
En el Dictamen, el CESE hace hincapié en que el diálogo social y la participación de los trabajadores desempeñan un papel crucial a la hora de preservar los derechos fundamentales de los trabajadores y de promover una «IA fiable» en el mundo laboral; la normativa vigente debe abordar las lagunas en la protección de los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral y garantizar que las personas mantengan el control en todas las interacciones hombre-máquina.
Figura adjunta al Dictamen la enmienda a la totalidad del Grupo de Empresarios. Los miembros del Grupo explicaron que, en su opinión, la UE ya dispone de herramientas para sumarse a la revolución de la IA y el marco jurídico vigente garantiza un despliegue exento de problemas. (lm)
La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo del trabajo a un ritmo nunca visto, al tiempo que genera tanto oportunidades como retos para los trabajadores, las empresas y los responsables políticos. El 3 de febrero, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebraron una conferencia conjunta de alto nivel titulada «La justicia social en la era digital: el impacto de la IA en el trabajo y la sociedad».
La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo del trabajo a un ritmo nunca visto, al tiempo que genera tanto oportunidades como retos para los trabajadores, las empresas y los responsables políticos. El 3 de febrero, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebraron una conferencia conjunta de alto nivel titulada «La justicia social en la era digital: el impacto de la IA en el trabajo y la sociedad».
En la conferencia participaron líderes destacados —entre ellos, varias ministras de Trabajo de Estados miembros de la UE—, que reflexionaron sobre estrategias que permitan aprovechar el potencial de la IA y abordaron al mismo tiempo los riesgos que plantea esta tecnología para los derechos de los trabajadores y los mercados laborales. En el transcurso de este acto, que supuso una importante contribución a la Coalición Mundial para la Justicia Social, se destacó la necesidad de adoptar un enfoque coordinado de la gobernanza de la IA tanto a escala europea como mundial. La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) del CESE y la OIT organizaron este acto conjunto de alto nivel.
Un llamamiento a favor del desarrollo ético e inclusivo de la IA
En la sesión inaugural de la conferencia, Oliver Röpke, presidente del CESE, subrayó la urgente necesidad de un enfoque de la IA centrado en el ser humano y afirmó que: «La inteligencia artificial ya está remodelando nuestras sociedades y mercados de trabajo, creando tanto oportunidades como retos. El CESE y sus organizaciones asociadas se han comprometido a velar por que la IA sirva de fuerza motriz de la justicia social, refuerce los derechos de los trabajadores, promueva la inclusión y prevenga nuevas desigualdades. Si queremos que en el futuro la IA sea justa y se centre en el ser humano, es necesaria una acción colectiva por parte de los responsables políticos, los interlocutores sociales y la sociedad civil, dirigida a garantizar que la tecnología funcione para las personas y no contra ellas».
El director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, destacó la importancia de unas políticas proactivas a la hora de mitigar el efecto perturbador de la IA en el empleo y los lugares de trabajo: «Tenemos que asegurarnos de que configuramos la IA de manera que promueva la justicia social. Para ello, es necesario adoptar diversas medidas, como apoyar a los trabajadores, ofreciéndoles también la ocasión de adquirir capacidades y protección social; facilitar el acceso de empresas de todos los tamaños y en todos los rincones del mundo a la tecnología de IA para aprovechar los beneficios en términos de productividad; y garantizar una integración de la IA en el lugar de trabajo que proteja los derechos de los trabajadores y promueva el diálogo social en la transición digital».
Los oradores de alto nivel que participaron en dos paneles de debate intercambiaron puntos de vista sobre los retos y las oportunidades que presenta la IA para promover el trabajo digno y los mercados laborales inclusivos, y contribuir a la igualdad de género en los próximos años. Entre las personalidades invitadas se encontraban las ministras de Trabajo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Polonia), Yolanda Díaz (España), Níki Keraméos (Grecia) y Maria do Rosário Palma Ramalho (Portugal), además de la delegada del Gobierno francés en la OIT y en el G7-G20, Anousheh Karvar.
Los debates pusieron de relieve que, aunque la implantación de la IA entraña riesgos evidentes, no hay por qué adoptar una actitud de rechazo ante esta nueva tecnología. Sin embargo, resulta esencial priorizar el diálogo social e implicar a los trabajadores en el despliegue de la IA, prestando especial atención a los esfuerzos de reciclaje y perfeccionamiento profesional. Es preciso implantar y regular la IA de manera adecuada y controlada para evitar grandes perturbaciones y permitir que esta tecnología reduzca las tareas repetitivas sin provocar necesariamente despidos a gran escala. (lm)
El 13 y 14 de marzo 2025 el Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebrará suacto juvenil anual¡Tu Europa, tu voz! (YEYS), que congregará a más de 130 participantes de toda Europa y de fuera de ella. Este acto único reúne a estudiantes de centros escolares, representantes de organizaciones juveniles y delegados de los consejos nacionales de la juventud, todos ellos con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, procedentes de los veintisiete Estados miembros de la UE, nueve países candidatos y el Reino Unido.
El 13 y 14 de marzo 2025 el Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebrará suacto juvenil anual¡Tu Europa, tu voz! (YEYS), que congregará a más de 130 participantes de toda Europa y de fuera de ella. Este acto único reúne a estudiantes de centros escolares, representantes de organizaciones juveniles y delegados de los consejos nacionales de la juventud y, todos ellos con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, procedentes de los veintisiete Estados miembros de la UE, nueve países candidatos y el Reino Unido.
Con su amplia gama de talleres, paneles de discusión y debates, el acto brinda una plataforma para que los jóvenes puedan contribuir de manera activa a la configuración del futuro de Europa. Este año, el lema es «Dar voz a la juventud» y los participantes abordarán, entre otros temas cruciales, la sostenibilidad, la inclusión social y la transformación digital.
Las conclusiones e ideas resultantes de estos intercambios se presentarán en la segunda Semana de la Sociedad Civil del CESE y se les dará también difusión en el Evento Europeo de la Juventud (EYE), que el Parlamento Europeo organiza en junio de 2025 en Estrasburgo.
En el acto se hará hincapié en la importancia de plasmar el compromiso de los jóvenes en la acción cívica, la democracia participativa y la elaboración de las políticas europeas.
Manténgase al tanto de las conclusiones e iniciativas de este importante encuentro. (kc)
En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo, y del 69.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 69 de las Naciones Unidas, el principal organismo mundial de promoción de los derechos de la mujer), Maria Nikolopoulou, miembro del CESE y ponente del Dictamen «Contribución del CESE a las prioridades de la UE en la CSW 69 de las Naciones Unidas», escribe sobre los avances de la UE en materia de igualdad de género. A pesar de las mejoras logradas, que deben reconocerse, las mujeres todavía están lejos de tener los mismos derechos que los hombres. Quedan abundantes lagunas por colmar y muchas más batallas por ganar.
En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo, y del 69.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 69 de las Naciones Unidas, el principal organismo mundial de promoción de los derechos de la mujer), Maria Nikolopoulou, miembro del CESE y ponente del Dictamen «Contribución del CESE a las prioridades de la UE en la CSW 69 de las Naciones Unidas», escribe sobre los avances de la UE en materia de igualdad de género. A pesar de las mejoras logradas, que deben reconocerse, las mujeres todavía están lejos de tener los mismos derechos que los hombres. Quedan abundantes lagunas por colmar y muchas más batallas por ganar.
Unos días antes de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, y a la espera de la 69.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (UNCSW69) en Nueva York, es un buen momento para reflexionar y evaluar los logros en materia de igualdad de género. También es la ocasión propicia para mirar hacia el futuro y seguir allanando el camino.
Unos días antes de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, y a la espera de la 69.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (UNCSW69) en Nueva York, es un buen momento para reflexionar y evaluar los logros en materia de igualdad de género. También es la ocasión propicia para mirar hacia el futuro y seguir allanando el camino.
En lo que respecta al marco legislativo, constatamos mejoras: hay más mujeres activas en el mercado laboral, que perciben mejores ingresos, alcanzan mayores niveles de educación, aumentan su representación política y ocupan más puestos de poder. Sin embargo, los avances han sido lentos y desiguales en los distintos Estados miembros.
Mientras persistan las desigualdades estructurales, los estereotipos de género y las reacciones contra los derechos de la mujer, las mujeres seguirán estando infrarrepresentadas en la esfera pública, en la política y en la educación en CTIM, se verán expuestas a la violencia en línea y fuera de línea y carecerán de acceso a recursos y capital para emprender. También serán más vulnerables a la pobreza de tiempo y dinero, y las diferencias salariales y de jubilación tardarán demasiados años en corregirse.
Avanzar pasa por la formación, la financiación y el compromiso. Necesitamos recursos que impulsen las capacidades de las mujeres para la transición justa digital y ecológica, que financien planes de acción nacionales para combatir la violencia contra las mujeres y que ofrezcan formación a todo el personal que trabaja con quienes sobreviven a la violencia.
Tenemos que financiar proyectos empresariales y crear servicios de atención a la infancia y a la tercera edad asequibles, accesibles y de alta calidad para aliviar la carga de responsabilidades asistenciales no remuneradas de las mujeres. Además, debemos comprometernos en firme a crear espacios seguros, implicar a más mujeres en los parlamentos locales, nacionales y de la UE, y garantizar su participación activa en procesos no violentos de resolución de conflictos y consolidación de la paz, promoviendo al mismo tiempo enfoques que tengan en cuenta la perspectiva de género en estos esfuerzos.
Por otro lado, contar con una amplia estrategia europea para la Agenda 2030 nos ayudaría a avanzar mucho más rápido a la hora de hacer de la igualdad de género un elemento clave de nuestras políticas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían abordarse en su totalidad, no uno por uno.
En la UE, los avances van «bien». Pero «bien» no es suficiente para los hombres, mujeres y niñas de la UE que luchan por una igualdad de género real en los próximos años. Nuestro papel como sociedad civil es redoblar la presión sobre los responsables políticos para que hagan avanzar las cosas con rapidez.
