El CESE propone más medidas para evitar la litigación abusiva contra periodistas y defensores de los derechos

En su Dictamen sobre el tema Iniciativa contra los litigios abusivos contra periodistas y defensores de los derechos, el CESE apoyó la propuesta de la Comisión destinada a proteger a la ciudadanía frente a las demandas estratégicas contra la participación pública. En particular, la iniciativa ampara a periodistas y defensores de los derechos que realizan aportaciones importantes a los debates sobre cuestiones comprometidas.

En el Dictamen, que se aprobó en el pleno de octubre, el CESE propone ampliar la lista de medidas para frenar las demandas estratégicas contra la participación pública. El ponente, Tomasz Andrzej Wróblewski, aseguró: «Si no reforzamos el sistema, la libertad de expresión se verá amenazada».

El coponente, Christian Moos, añadió: «Es una cuestión política sumamente acuciante. Necesitamos que se actúe para defender a los periodistas y a quienes alzan su voz contra los abusos de poder y la corrupción».

Determinados personajes poderosos, grupos de presión, grandes empresas y organismos estatales recurren a las demandas estratégicas contra la participación pública para silenciar a periodistas y otros participantes en el debate público, como activistas sociales, defensores de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, denunciantes en el sentido más amplio, ciudadanos comprometidos o sindicatos. En este tipo de acciones judiciales se aprovechan los resquicios de la jurisdicción civil y penal para presentar demandas o querellas injustificadas que tienen por objeto impedir, limitar o penalizar la participación pública de las personas o colectivos contra quienes van dirigidas.

Entre las propuestas del CESE figura la introducción de una decisión prejudicial que ponga fin a las demandas que se consideren no conformes, así como la consolidación de los procesos en una única jurisdicción a petición del demandado. También podrían considerarse otras medidas, como el establecimiento de un plazo límite o la introducción de un procedimiento de vía rápida. Otra propuesta es que las demandas estratégicas contra la participación pública solo puedan ser financiadas por el propio demandante.

Una revisión de la legislación nacional también ayudaría a determinar posibles mecanismos para poner coto a este tipo de demandas. Sería necesario adoptar un enfoque unificado tanto en los casos nacionales como transfronterizos y revisar las leyes nacionales con el fin de despenalizar la difamación en aquellos Estados miembros en los que aún constituye un delito penal.

El CESE también propone acortar de cinco a dos años el plazo planteado para evaluar la propuesta de Directiva relativa a las demandas estratégicas contra la participación pública.

Por último, es crucial que los profesionales del Derecho y los participantes en el debate público reciban formación para mejorar su capacidad de responder a este tipo de demandas y defender la libertad de expresión. (ll)