Nuevo Pacto de Migración y Asilo: escaso en solidaridad y con una pesada carga para los Estados de primera entrada

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El CESE manifiesta su preocupación por la viabilidad de algunas de las propuestas del Pacto. Existen graves temores de que pueda incluso agravar la presión sobre los Estados de primera entrada, que ya se hallan desbordados, y convertirlos en la práctica en «centros cerrados» para los migrantes en las fronteras de la UE.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha acogido de forma positiva el nuevo Pacto de Migración y Asilo, pero afirma que las propuestas que presenta serán difíciles de aplicar y no pueden considerarse un avance claro para crear en la UE una estrategia común resiliente y con visión de futuro en materia de migración y asilo.

En dos Dictámenes recientes, en los que analiza varias propuestas de Reglamento relativas a la gestión del asilo y a los procedimientos de asilo, el CESE afirma que el nuevo Pacto podría no garantizar una tramitación justa y eficiente de las solicitudes de asilo. Estas deberían repartirse de manera equitativa entre los Estados miembros, lo que permitiría conceder rápidamente protección internacional en las fronteras de la UE a los migrantes que la necesitan y retornar a aquellos que no la necesitan.

En cambio, la responsabilidad y los inconvenientes para los países de primera entrada no harán sino aumentar, ya que el mecanismo de solidaridad propuesto, que pretende regular el control de los flujos migratorios en las fronteras, se basa en un sistema de solidaridad hipotético y voluntario.

Y es que, con arreglo a dicho mecanismo, los Estados miembros podrán elegir si desean participar en la reubicación o en el retorno patrocinado de las personas en situación irregular. Sin embargo, no se mencionan incentivos para fomentar la participación de los países, ni criterios claros sobre el grado en que cada país debe contribuir.

Si a ello se le añaden las nuevas propuestas del Pacto relativas a los controles previos y el control fronterizo, que probablemente den lugar a procedimientos complejos y prolongados en las fronteras exteriores de la UE, el mecanismo puede hacer que los países de primera entrada se conviertan en grandes centros previos a la salida o centros de detención, lo que aumentará las posibilidades de violaciones de los derechos humanos y la presión sobre las comunidades de acogida.

El Pacto no es ideal. Hubiéramos querido algo que tuviese más iniciativa, que brindase más apoyo. Pero tenemos que respaldarlo. Contiene algunas ideas nuevas tras el fracaso del proceso de Dublín y es un paquete de gran envergadura. Es sumamente importante para el futuro de la UE, afirma Dimitris Dimitriadis, ponente del Dictamen del CESE sobre la gestión del asilo.

El Sr. Dimitriadis señala que los Reglamentos propuestos en el Pacto invocan los principios de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad, pero opina que las obligaciones de solidaridad de los Estados de primera entrada resultan desproporcionadas. Los procedimientos no ofrecen garantía alguna sobre la reubicación. Solo existen procedimientos fronterizos obligatorios, sin un mecanismo de reparto automático. Dicho llanamente, la solidaridad —en forma de reubicaciones— no puede ser voluntaria. La solidaridad tiene que ser automática y tiene que ser vinculante. Necesitamos reubicaciones obligatorias sin incertidumbres, que no se vean obstaculizadas por trabas administrativas ni burocráticas, añade el Sr. Dimitriadis.

Panagiotis Gkofas, ponente del Dictamen sobre los procedimientos de asilo previstos en el nuevo Pacto, es pesimista respecto a los resultados de la aplicación del Pacto: En última instancia, las propuestas de Reglamento supondrán una enorme carga para los Estados miembros del sur de Europa, con la consecuencia inevitable de que los Reglamentos serán inaplicables y no lograrán el resultado deseado. Dichos Estados miembros no tendrán más opción que convertirse en centros de detención de seres humanos o centros previos a la salida, durante un período de hasta seis o siete meses, si no más, hasta que se conozca el resultado de los procedimientos, lo que dará lugar a situaciones mucho peores que las que ya existían.

El Sr. Gkofas considera, que, al final, los Estados miembros se verán obligados de facto a rechazar numerosas solicitudes de asilo, incluso aunque cumplan las condiciones para la concesión del asilo, con el fin de evitar un aumento del número de personas a las que se mantiene concentradas en condiciones inhumanas.

LAS PROPUESTAS SOMETIDAS A EXAMEN

La legislación analizada en los Dictámenes incluye las propuestas de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y para abordar las situaciones de crisis migratoria y de fuerza mayor. Se examinan también tres de los nueve instrumentos incluidos en el Nuevo Pacto: un nuevo Reglamento sobre el control, una propuesta modificada de revisión del Reglamento sobre los procedimientos de asilo y una propuesta modificada de refundición del Reglamento Eurodac.

El CESE reconoce la importancia de que las propuestas tengan el estatuto jurídico de Reglamento, que es vinculante y directamente aplicable en los Estados miembros. Sin embargo, para constituir una verdadera política todos los Reglamentos pertinentes propuestos deberán adoptarse de forma conjunta.

Entre otros aspectos, el CESE cuestiona la política propuesta de retorno a los países de origen, que puede acarrear problemas, ya que la UE se verá obligada a confiar en la voluntad de estos países, ya sean de origen o de tránsito, para colaborar. Por esa razón, a dichos países deberían ofrecérseles incentivos y desincentivos claros.

 El CESE acoge favorablemente la introducción de un componente de crisis y fuerza mayor en el ámbito de la migración.

Si bien ofrece una oportunidad para una solidaridad vinculante, el Reglamento relativo a las situaciones de crisis y fuerza mayor contempla ayudas en materia de procedimientos, más que medidas de solidaridad de emergencia. La solidaridad se ve socavada por los complejos y burocráticos procedimientos necesarios para su aplicación.

El CESE expresa su preocupación por los nuevos procedimientos fronterizos, especialmente en lo que se refiere a la protección del derecho a solicitar asilo. También se opone al uso de conceptos jurídicos mal definidos, como «amenaza para la seguridad» y «orden público», o del concepto erróneo de «países con bajas tasas de reconocimiento de asilo», que genera inseguridad jurídica.

El CESE considera que las propuestas dejan en el aire muchas preguntas: por ejemplo, cómo y dónde se va a mantener a las personas durante el procedimiento fronterizo, y cómo se podrá evitar una situación de limbo jurídico garantizando el derecho a una tutela judicial efectiva.

El Reglamento sobre el procedimiento de asilo debería hacer que la solidaridad sea obligatoria en caso de reubicación: sin esa disposición, o si no se crean procedimientos que permitan a las personas solicitar asilo en los Estados miembros de la UE sin necesidad de cruzar fronteras de la Unión, en la práctica el Reglamento no funcionará.

Además, el CESE insta a la Comisión a que preste especial atención a las familias con niños y a los menores no acompañados, y afirma que es inaceptable que un niño solo se considere como tal si es menor de 12 años, y no menor de 18 años, lo que es contrario al Derecho internacional.

El texto íntegro del Dictamen sobre la gestión del asilo está disponible aquí. El texto íntegro del Dictamen sobre los procedimientos de asilo puede consultarse aquí.