Los derechos sociales y las libertades económicas pueden coexistir

El Protocolo de Progreso Social, propuesto durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa, da prioridad a los derechos de los trabajadores y a los derechos sociales y sindicales cuando entran en conflicto con las libertades económicas. Sin embargo, aunque todo el mundo está de acuerdo en que los derechos sociales y las libertades económicas pueden coexistir, el apoyo a la incorporación del Protocolo al Derecho primario de la UE dista mucho de ser unánime y existen opiniones divergentes entre los interlocutores sociales y en la comunidad académica, tal y como se confirmó en una audiencia del CESE

El 14 de marzo, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebró una audiencia sobre la propuesta de Protocolo de Progreso Social, que otorgaría prioridad a los derechos fundamentales por encima de las libertades económicas en caso de conflicto y también en el marco de las políticas de la UE. Las discusiones giraron en torno a los llamamientos para que el Protocolo de Progreso Social se convierta en un instrumento equivalente a los Tratados, con el fin de salvaguardar y reforzar el modelo social europeo.

El objetivo de la audiencia era recabar información para que el CESE elabore un Dictamen exploratorio solicitado por la próxima Presidencia española del Consejo de la UE, que pidió al Comité su parecer sobre el Protocolo de Progreso Social.

Al iniciar la audiencia, María del Carmen Barrera, ponente del Dictamen del CESE, afirmó: La aplicación del Protocolo de Progreso Social garantizará avances en la economía social y mantendrá el principio de no regresión de las normas sociales. La inclusión del Protocolo de Progreso Social en los Tratados permitirá a la UE salvaguardar el modelo social europeo y promover las libertades económicas, lo que se traducirá en el desarrollo de empresas más sólidas y sostenibles.

El objetivo del Protocolo de Progreso Socia es garantizar los derechos sociales fundamentales y promover el progreso social velando por que la UE y los Estados miembros trabajen sin descanso para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas. También se propone garantizar la autonomía de los interlocutores sociales regulando las relaciones laborales, promoviendo las normas más estrictas en materia de derechos sociales (independientemente de que se deriven del Derecho nacional, europeo o internacional) y salvaguardando todos los derechos sociales vigentes.

El objetivo es aclarar la jerarquía de las normas cuando chocan los derechos sociales fundamentales y los intereses económicos, reforzar las políticas sociales europeas, impulsar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en los Estados miembros y velar por que no se eludan los derechos humanos y fundamentales en el Derecho de la UE, lo que a veces puede dar lugar a la vulneración de convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales.

En 2008 la Confederación Europea de Sindicatos (CES) propuso por primera vez el Protocolo de Progreso Social en respuesta a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en favor de las libertades económicas en los asuntos Viking y Laval. El año pasado, el Protocolo de Progreso Social se mencionó en las Conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en las que se pedía que se modificaran los Tratados de la Unión para convertirlo en un instrumento vinculante del Derecho primario de la UE.

A raíz de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en junio de 2022 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que pedía que el Protocolo de Progreso Social se incorporara al TFUE. La Comisión Europea publicará dentro de unos meses su respuesta a las Conclusiones de la Conferencia.

Alejandro Abellán, en representación de la futura Presidencia española, aseveró: Vivimos en un momento de enormes retos para la competitividad, los mercados y los modelos sociales. Estamos debatiendo cómo puede Europa darles respuesta sin perder nuestro modelo europeo, que combina productividad, un enfoque moderno, el respeto del medio ambiente y la protección de los derechos sociales y laborales.

Por su parte Denis Genton, representante de la Comisión Europea, manifestó: Nos oponemos a las contradicciones entre las libertades económicas y los derechos sociales. Antes de plantear la posibilidad de negociar los Tratados, hemos de trabajar juntos sobre la manera de reforzar la dimensión social de la UE. Disponemos de muchas herramientas para hacerlo, por ejemplo el pilar europeo de derechos sociales, junto con su Plan de Acción y su cláusula de revisión. Y añadió que la Comisión se ha comprometido a hacer pleno uso de su derecho de iniciativa con el debido respeto de sus competencias.

También citó como ejemplos el pilar europeo de derechos sociales y la Garantía Juvenil, instrumentos que, pese a no ser vinculantes, siguen dando excelentes resultados. El pilar europeo de derechos sociales ha cambiado drásticamente el equilibrio entre las dimensiones económica y social de las políticas, mientras que la Garantía Juvenil ha cambiado las vidas de mucha gente joven.

Los interlocutores sociales no están de acuerdo en si el Protocolo de Progreso Social debe convertirse en un instrumento jurídico vinculante: los sindicatos piden que se incluya en los Tratados y las organizaciones patronales sostienen que la legislación actual es suficiente para garantizar el respeto de los derechos sociales fundamentales si se aplica correctamente.

Isabelle Schömann, secretaria confederal de la CES, señaló: La mano de obra no es una mercancía y no puede estar sujeta a las mismas fuerzas del mercado que otros factores de producción del mercado interior. Los derechos de los trabajadores no pueden verse en peligro por la búsqueda del menor o el mayor beneficio en una Unión que se esfuerce por mejorar constantemente las condiciones de vida y trabajo y el bienestar de su ciudadanía.

Asimismo, aseveró que, a su juicio, es imperativo hacer vinculante el Protocolo de Progreso Social, ya que esto garantizaría que la legislación de la UE deje de tratar la protección de los derechos humanos como un obstáculo al libre comercio y a la integración del mercado. Debe quedar claro que los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos y no pueden ignorarse por intereses económicos.

Barbara Caracciolo, de Solidar, una red de sesenta organizaciones nacionales que trabajan para promover la justicia social a través de una transición justa, declaró que es fundamental incluir el Protocolo de Progreso Social en los Tratados al objeto de crear una Europa social y granjearse la confianza de la ciudadanía, dotando de una base jurídica más sólida a la política social europea e impulsando la aplicación del pilar social.

En estos momentos ya se está dando prioridad a los intereses especulativos sobre los derechos fundamentales de las personas, incluido el derecho a acceder a la energía, afirmó la Sra. Caracciolo. Y añadió que las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y los datos del Eurobarómetro indican que la ciudadanía europea es partidaria de un mayor gasto social y una Europa social más fuerte y que, en opinión del 78 % de los encuestados, los gobiernos, con el apoyo de las instituciones de la UE, deben tomar medidas para reducir las diferencias en los niveles de ingresos.

Maxime Cerutti, de Business Europe, manifestó que el equilibrio de la economía social de mercado es el núcleo de los debates sobre el Protocolo de Progreso Social. Los derechos fundamentales y las libertades económicas tienen en la actualidad el mismo valor y el mismo reconocimiento político.

Necesitamos el equilibrio: sin él, no estaríamos en una economía social de mercado, sino en un marco social especial, puntualizó el Sr. Cerutti, a lo que añadió que las empresas ya tienen que respetar las normas, las Directivas sociales y los derechos fundamentales para poder operar en los mercados.

Los expertos jurídicos que participaron en la audiencia coincidieron en la necesidad de reforzar el marco jurídico de la UE para garantizar el respeto de los derechos sociales fundamentales, pero expresaron su desacuerdo con la necesidad de modificar los Tratados para incluir el Protocolo de Progreso Social. Mientras que algunos abogaron por una aplicación más sólida de las Directivas sociales (como las relativas a la transparencia y los salarios mínimos), otros afirmaron que es fundamental convertir el Protocolo de Progreso Social en un instrumento vinculante para que tenga un efecto real.

Los partidarios argumentaron que un Protocolo de Progreso Social claro, con la misma fuerza jurídica que los Reglamentos, podría marcar la diferencia, especialmente en los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Protocolo de Progreso Social debe estar en consonancia con el Derecho laboral internacional y la UE debería aprovechar esta oportunidad para actualizarse y mejorar la armonización con normas clave como la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los convenios de la OIT.

Dados los numerosos y considerables retos sociales que se vislumbran, es necesario consagrar el Protocolo de Progreso Social en los Tratados para reforzar la cohesión social. Es importante encontrar un equilibrio entre los intereses sociales y económicos sin comprometer los derechos sociales fundamentales. La manera en que lo hagamos será crucial.

El Dictamen del CESE sobre el Protocolo de Progreso Social se someterá a votación en el pleno de junio.