La digitalización debe ser un proceso responsable y no dejar a nadie atrás: así lo afirma la mesa redonda de expertos del CESE

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En una audiencia organizada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), los expertos coincidieron en que los datos del sistema digital deben estar sujetos a un control democrático para respetar la confidencialidad y evitar posibles abusos. Asimismo, destacaron que la transformación digital, especialmente en vista del envejecimiento de la población de la UE, debe ser inclusiva y permitir el acceso de todos a los servicios básicos.

En una sociedad cada vez más hiperdigitalizada e hiperconectada, las cuestiones relativas a la propiedad, la seguridad y la protección de los datos son fundamentales, por lo que debe establecerse alguna forma de control democrático de los datos. Estos son los puntos que se abordaron en la mesa redonda de expertos organizada por la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN) el 19 de abril de 2022.

Baiba Miltoviča, presidenta de la Sección TEN, declaró: La identidad digital ocupa un lugar destacado en la agenda actual y la protección de datos y la seguridad son temas prioritarios. Cuestiones como la confidencialidad de los datos, la posible manipulación de los datos, el reconocimiento facial y las situaciones abusivas que pueden vulnerar los derechos humanos fundamentales son cuestiones muy sensibles que deben abordarse

La audiencia congregó a expertos de diferentes ámbitos para hacer balance de temas de actualidad como la identidad digital y la soberanía de los datos. Dumitru Fornea, ponente del Dictamen de iniciativa del CESE que se está elaborando sobre este asunto, afirmó: El uso de las tecnologías digitales a gran escala ha hecho posible un desarrollo sin precedentes en la historia de la humanidad. Ahora es el momento de debatir su control democrático, porque tienen ventajas pero también conllevan efectos secundarios que han de tenerse en cuenta.

Identidad digital y soberanía de los datos

Las soluciones digitales son de gran interés para la ciudadanía europea, ya que simplifican la vida cotidiana de las personas y alivian el estrés de los trámites administrativos. Por ejemplo, la identidad digital puede proporcionarles un fácil acceso a los servicios públicos o empresariales.

Sin embargo, desde septiembre de 2018, cuando entró en vigor parte del Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica, únicamente catorce Estados miembros de la UE han establecido al menos un sistema de identificación electrónica, lo que significa que, por el momento, solo el 59 % de los residentes en la UE tiene acceso a sistemas de identificación electrónica seguros y fiables allende las fronteras y solo siete sistemas son totalmente móviles, lo que responde a las expectativas actuales de los usuarios.

Sin embargo, si bien las ventajas de los sistemas digitales son claras y evidentes para todos, deben aplicarse con cuidado: una implantación demasiado rápida, sobre todo si se requiere una identidad digital para acceder a algunos servicios de interés general, podría llevar a situaciones delicadas en las que se negara a un número importante de personas el derecho a acceder a servicios básicos como la electricidad, la calefacción, la sanidad o el transporte.

Antonio García del Riego, presidente del Grupo de Estudio del Dictamen del CESE, señaló que en la carrera por avanzar en la digitalización de nuestra economía y sociedad, que ofrecerá mejores niveles de vida, más progreso y mayor productividad, no podemos olvidar centrarnos en la inclusión de aquellos que corren el riesgo de quedarse atrás. La población de la UE está envejeciendo, y este hecho es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre el acceso a los servicios básicos, tanto en el sector público como en el privado. La inclusión digital es crucial.

Dado que, por una parte, la UE sigue teniendo un bajo nivel de educación digital (aunque ha fijado el objetivo de que el 80 % de su población haya adquirido competencias digitales de aquí a 2030) y que, por otra, la evolución de las tecnologías no puede interrumpirse, el principio rector debe ser incorporar estas tecnologías a nuestras vidas y sociedades de manera responsable.

Las voces de las organizaciones de la sociedad civil

Durante el debate, los representantes de BusinessEurope señalaron la importancia de contar con una transformación digital fácil, operativa y centrada en el ser humano. Svetlana Stoilova subrayó que su objetivo clave debe ser la integración del mercado interior de la UE, con una economía digital y una legislación basadas en la proporcionalidad y en unas normas claras, y que la confianza es esencial para que las personas adopten los servicios digitales.

Adnane Lachheb añadió que la inteligencia artificial se considera una necesidad en Europa y podría aportar muchos beneficios a la sociedad: por este motivo, es importante minimizar los errores y pensar en el coste de no utilizar la inteligencia artificial.

Por lo que respecta a la industria de la seguridad digital, Alban Feraud, en representación de Eurosmart, declaró que los avances digitales deben estar en consonancia con los principios de la Carta de los Derechos Humanos y centrarse en la creación de un ecosistema fiable, abierto y transparente basado en la seguridad de la identidad y la protección de los datos.

Diego Naranjo, en nombre de European Digital Rights, abogó por la protección de los derechos digitales, subrayando que los derechos de las personas ocupan un lugar preeminente y mencionando los ámbitos de la protección de datos, la privacidad, la libertad de expresión y la regulación de las plataformas.

Todas estas contribuciones se incorporarán al Dictamen del CESE titulado «Identidad digital, soberanía de los datos y el camino hacia una transición digital justa para la ciudadanía de la sociedad de la información» (TEN/773), cuya aprobación está prevista en el pleno de julio.