La posición del CESE respecto de los informes Draghi y Letta, por Matteo Carlo Borsani, Giuseppe Guerini y Stefano Palmieri
La obsesión por la competitividad, por Karel Lannoo, CEPS
La Brújula de Competitividad no equilibra las necesidades de las empresas con los derechos de los trabajadores, por Esther Lynch, CES
Future 500: expandir las empresas europeas para que tengan éxito en todo el mundo, por Stjepan Orešković, Consejo Atlántico
La Coalición Europea para la Justicia Corporativa dice no al paquete ómnibus: la política de la UE no debe ajustarse a los intereses corporativos, por Andriana Loredan, Coalición Europea para la Justicia Corporativa
La posición del CESE respecto de los informes Draghi y Letta, por Matteo Carlo Borsani, Giuseppe Guerini y Stefano Palmieri
La obsesión por la competitividad, por Karel Lannoo, CEPS
La Brújula de Competitividad no equilibra las necesidades de las empresas con los derechos de los trabajadores, por Esther Lynch, CES
Future 500: expandir las empresas europeas para que tengan éxito en todo el mundo, por Stjepan Orešković, Consejo Atlántico
La Coalición Europea para la Justicia Corporativa dice no al paquete ómnibus: la política de la UE no debe ajustarse a los intereses corporativos, por Andriana Loredan, Coalición Europea para la Justicia Corporativa
«Ha llegado el momento de avanzar con medidas concretas inspiradas en el informe Draghi antes de que este desaparezca en las trastiendas de la política. Hacen falta buenos estrategas y responsables políticos capaces de ir más allá de este informe y desarrollar estrategias para la política industrial de la UE», afirma el emprendedor y científico croata Stjepan Orešković. Junto con Jörn Fleck, director principal del centro de estudios transatlánticos Atlantic Council, presentó la ambiciosa iniciativa «Future 500» en la conferencia internacional pública «Conclave II» en Bruselas. Como parte de la plataforma más amplia SEEUS Futures del Atlantic Council, «Future 500» aspira a seleccionar y apoyar quinientas empresas europeas que están listas para lograr un crecimiento sustancial y un impacto mundial. El objetivo es respaldar a los nuevos empresarios europeos para que compitan a escala mundial, reforzando la presencia de Europa en la escena económica internacional. Stjepan Orešković nos cuenta más cosas sobre este proyecto.
«Ha llegado el momento de avanzar con medidas concretas inspiradas en el informe Draghi antes de que este desaparezca en las trastiendas de la política. Hacen falta buenos estrategas y responsables políticos capaces de ir más allá de este informe y desarrollar estrategias para la política industrial de la UE», afirma el emprendedor y científico croata Stjepan Orešković. Junto con Jörn Fleck, director principal del centro de estudios transatlánticos Atlantic Council, presentó la ambiciosa iniciativa «Future 500» en la conferencia internacional pública «Conclave II» en Bruselas. Como parte de la plataforma más amplia SEEUS Futures del Atlantic Council, «Future 500» aspira a seleccionar y apoyar quinientas empresas europeas que están listas para lograr un crecimiento sustancial y un impacto mundial. El objetivo es respaldar a los nuevos empresarios europeos para que compitan a escala mundial, reforzando la presencia de Europa en la escena económica internacional. Stjepan Orešković nos cuenta más cosas sobre este proyecto.
¿Puede hacer una breve presentación de la idea central del proyecto «Future 500»?
Basándonos en los datos extraídos de informes importantes sobre el futuro de Europa, en concreto los elaborados por Draghi, Letta y Heitor, y analizándolos desde la doble perspectiva de los científicos y los emprendedores, la iniciativa plantea varias preguntas críticas: ¿Quién ejecutará estos planes de competitividad y la recientemente publicada Brújula para la Competitividad? ¿Qué mecanismos se emplearán? ¿En qué costes se incurrirá? Y ¿qué beneficios cabe esperar en comparación con los de las empresas estadounidenses de alto crecimiento? El proyecto «Future 500» constituye una piedra angular de la plataforma SEEUS, que agrupa a los Estados Unidos, la UE y Europa sudoriental, con el objetivo de impulsar la cooperación entre estas regiones y darles más visibilidad. Ha sido estratégicamente diseñado para dar respuesta a la necesidad acuciante de Europa de fomentar un entorno dinámico que haga de las empresas locales líderes en el panorama mundial. La iniciativa se centra en proporcionar capital riesgo, orientación estratégica y oportunidades de creación de redes internacionales, con la ayuda de expertos como Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, y Beata Jaworcik del BERD, a fin de desarrollar políticas industriales del siglo XXI que mejoren significativamente nuestra posición competitiva.
¿Ya tienen candidatos potenciales para las quinientas empresas que está previsto seleccionar? ¿Cuáles son los requisitos básicos que debe cumplir una empresa para ser elegida?
Aunque todavía no se ha seleccionado ninguna empresa específica, «Future 500» buscará entidades con potencial de escalabilidad y crecimiento rápido. El proceso será abierto y continuo, y se dará prioridad a las promesas económicas, la innovación y la importancia estratégica dentro de sus sectores. También trataremos de establecer asociaciones con bancos multilaterales de desarrollo e inversores, que ya están ayudando a las empresas a convertirse en vectores competitivos. Se pondrá el foco en las empresas que demuestran una senda de crecimiento sólida, capacidades innovadoras y la ambición de crecer a escala mundial. De este modo se garantiza que las empresas sean no solo líderes del mercado, sino también verdaderas pioneras en tecnología y en modelos de negocio. Nos basaremos en la experiencia adquirida con grandes proyectos como Scale-Up Europe, que reúnen a fundadores, inversores, ejecutivos y científicos con la misión de hacer de Europa un lugar de acogida para los líderes tecnológicos. Por lo que se refiere a los países candidatos a la adhesión a la UE, las empresas que potencialmente sean seleccionadas tendrán una importancia crucial, ya que incorporarán los principios de la nueva economía y servirán de modelo para empresas ambiciosas y competitivas a escala internacional que no dependan prioritariamente de la financiación de los contribuyentes nacionales.
¿En qué medida es usted optimista sobre el potencial de competitividad mundial de Europa?
Existe un gran optimismo sobre la capacidad de Europa para fortalecer su posición competitiva en el mundo, alejándose de las actitudes de autocompasión que han predominado hasta la fecha. Los rendimientos de referencia totales de las acciones de la zona del euro desde el inicio de este mercado alcista a finales de 2022 superaron los beneficios del índice S&P 500, si descontamos Nvidia. Los sistemas sociales y sanitarios europeos mantienen a las personas sanas y activas durante períodos más largos a un coste muy inferior y tienen un impacto positivo en la productividad y la competitividad de nuestra economía a escala mundial.
Tratamos de hacernos eco del concepto de «entusiasmo genuino» de Immanuel Kant, al que se refirió en el contexto de la Revolución Francesa. Esta mentalidad puede transformar los retos en una fuerza motivadora, dando lugar a una determinación aparentemente invencible. Necesitamos menos peces gordos y menos rémoras en el mundo empresarial —élites afortunadas y complacientes y seguidores excesivamente obedientes y poco ambiciosos—, que se han llevado la parte del león en las dos últimas décadas. En su lugar, necesitamos más «juventud hambrienta», personas con ideas y ambiciosas, dispuestas a asumir los retos.
El objetivo de la iniciativa «Future 500» es abordar de forma proactiva los problemas crónicos señalados en los informes sobre competitividad, por ejemplo la necesidad de innovar con audacia y expandir las empresas. La posición mundial de Europa dependerá en gran medida de su capacidad para integrar tecnologías avanzadas, fomentar el talento empresarial y perfeccionar las políticas industriales en apoyo de un crecimiento integrador. Apoyándose en una mano de obra bien formada, el rico patrimonio innovador y los sectores industriales tradicionales y nuevos, y centrándose en cuestiones como la fragmentación normativa y los desequilibrios del mercado, la iniciativa aspira a crear un entorno fértil para los líderes empresariales y los innovadores.
En resumen, la iniciativa «Future 500» supone un paso importante para poner a prueba el tejido económico europeo y situar al continente como competidor mundial, fomentando empresas de alto potencial a la vez que se refuerza el ecosistema empresarial. No hay posibilidad de ganar la carrera sin saber quiénes son nuestros competidores.
Stjepan Orešković, científico y emprendedor, es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y fundador de Bosqar Invest. Bajo el liderazgo de su familia, Bosqar Invest aumentó el número de empleados de 300 a más de 16 000 en un plazo de cinco años, haciendo gala de una estrategia de expansión formidable que integra la ciencia, la tecnología, las inversiones de fondos de pensiones y otros fondos y coraje emprendedor, el mismo enfoque vital que se defiende en el informe Draghi. Con toda probabilidad, este énfasis estratégico ha influido en la concepción del proyecto «Future 500» del Atlantic Council que aquí se presenta.
La Comisión Europea presentará en breve el conocido como «paquete ómnibus», un paquete de reformas legislativas en materia de obligaciones de información corporativa, que tiene por objeto simplificar y racionalizar la normativa en materia de sostenibilidad y reducir las obligaciones de presentación de información por parte de las empresas. Desde que se anunciara en noviembre, ha causado conmoción en toda Europa, suscitando un amplio debate y un gran rechazo de varios grupos. A organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresas, inversores, juristas y académicos les preocupa que el paquete ómnibus pueda dar lugar a una desregulación, así que instan a la Comisión a que proteja instrumentos disponibles, en lugar de debilitarlos. Andriana Loredan, de la Coalición Europea para la Justicia Corporativa, explica lo que está en juego y las razones por las que las organizaciones de la sociedad civil, como la suya, se oponen a este paquete.
La Comisión Europea presentará en breve el conocido como «paquete ómnibus», un paquete de reformas legislativas en materia de obligaciones de información corporativa, que tiene por objeto simplificar y racionalizar la normativa en materia de sostenibilidad y reducir las obligaciones de presentación de información por parte de las empresas. Desde que se anunciara en noviembre, ha causado conmoción en toda Europa, suscitando un amplio debate y un gran rechazo de varios grupos. A organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresas, inversores, juristas y académicos les preocupa que el paquete ómnibus pueda dar lugar a una desregulación, así que instan a la Comisión a que proteja instrumentos disponibles, en lugar de debilitarlos. Andriana Loredan, de la Coalición Europea para la Justicia Corporativa, explica lo que está en juego y las razones por las que las organizaciones de la sociedad civil, como la suya, se oponen a este paquete.
La competitividad como pretexto para desregular la tan necesaria normativa en materia de sostenibilidad
El paquete ómnibus se centra en tres instrumentos clave de sostenibilidad que constituyen el núcleo del Pacto Verde Europeo, a saber, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y el Reglamento sobre la taxonomía. Este paquete es consecuencia directa del cambio de rumbo de la nueva Comisión, que comenzó en septiembre de 2024 con el informe de Mario Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, en el cual se achaca el estancamiento de los mercados de la UE en parte a la excesiva carga normativa que soportan las empresas. No obstante, el informe pasa por alto a su antojo otros factores clave, como la inflación de los precios del petróleo, el gas o los alimentos impulsada por la especulación de las empresas multinacionales. Según el informe Draghi, el marco de información en materia de sostenibilidad y diligencia debida de la UE constituye una fuente importante de cargas normativas. Sin pruebas que demuestren que la falta apreciable de competitividad en la UE se debe a la legislación en materia de sostenibilidad, esta perspectiva restringida se ha convertido en un pretexto para poder desmantelar por completo la legislación en dicha materia.
Concretamente, con este paquete ómnibus la Comisión pretende simplificar algunos de los instrumentos más importantes que se han adoptado en los últimos tiempos para abordar el impacto que las grandes empresas tienen en las personas y el medio ambiente. Entre dichos instrumentos figura la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que no se adoptó hasta el año pasado y sigue en período de transposición.
Por el momento, debatir el contenido del paquete ómnibus equivale a especular. No obstante, uno de los mayores riesgos que entraña es reabrir la tramitación legislativa de los instrumentos de sostenibilidad, que podría llevar a una renegociación de disposiciones clave (como la responsabilidad civil o los planes de transición para la mitigación del cambio climático aprobados en el marco de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad). La Coalición Europea para la Justicia Corporativa se opone con firmeza a devolver a trámite una legislación que ya ha sido objeto de negociación, ya que ello supondría aumentar la incertidumbre normativa, correr el riesgo de que las empresas no respeten los derechos humanos ni el medio ambiente y penalizar a los pioneros en este ámbito.
Una influencia empresarial desproporcionada en un proceso de consulta deficiente
La Comisión tiene la intención de presentar su iniciativa ómnibus en breve, sin dejar tiempo para efectuar una evaluación de impacto ni una consulta pública adecuadas. Este enfoque contraviene el derecho de participación en los procesos decisorios de la UE —un principio democrático protegido por el Derecho primario de la Unión— y las propias directrices para la mejora de la legislación de la Comisión, que exigen llevar a cabo consultas amplias y transparentes con las partes interesadas durante el procedimiento de elaboración de políticas de dicho órgano ejecutivo.
En cambio, en febrero de 2025 la Comisión celebró una suerte de «consulta» —a la que llamó reality check («comprobación de la situación real»)— con una pequeña selección de partes interesadas, principalmente grandes empresas y asociaciones empresariales, muchas de las cuales se enfrentan a acusaciones por haber vulnerado los derechos humanos o por haber dañado el medio ambiente con sus propias actividades o a lo largo de su cadena de valor. Vemos así que el debilitamiento de la legislación en materia de sostenibilidad responde a los intereses particulares de dichas empresas, y ello a expensas de los trabajadores, las comunidades locales y el clima. Además, la representación desproporcionada de grandes empresas contrastó considerablemente con la poca presencia de la sociedad civil: la concurrencia de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las pequeñas empresas fue simbólica, y las víctimas de abusos empresariales y las empresas que abogan por normas de sostenibilidad quedaron completamente excluidas del debate.
El paquete ómnibus puede suponer una amenaza a las ambiciosas políticas climáticas
La presidenta Ursula von der Leyen y el comisario Valdis Dombrovskis, que supervisa todo el impulso de la «simplificación», parecen estar ajustándose a los planes de las empresas más grandes y poderosas. En particular, entre los principales socios de la Comisión presentes durante la denominada reality check se encontraban corporaciones cuyas actividades contribuyen significativamente al cambio climático y que tienen interés por reducir las obligaciones en materia de clima, como las empresas en los sectores del petróleo, el gas, la petroquímica, la automoción y las finanzas. La actual crisis climática y sus efectos adversos en las personas y el medio ambiente hace temer que el paquete ómnibus suponga un retroceso para las políticas climáticas.
La prioridad de la Comisión debería ser la aplicación, no la desregulación
Si a la Comisión de verdad le preocupara la competitividad y la reducción de la carga normativa, así como los derechos humanos y la justicia climática, buscaría formas efectivas de aplicar los instrumentos de sostenibilidad, lo cual puede lograrse fácilmente elaborando directrices para prestar asistencia a las empresas y a las autoridades de los Estados miembros, tal como se especifica en la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, e impulsando la financiación y el desarrollo de capacidades. Tal enfoque daría respuesta a las críticas formuladas en el informe Draghi sobre la falta de orientaciones para facilitar la aplicación de la legislación de la legislación de la UE en materia de sostenibilidad.
En definitiva, cuesta creer que reformular las normas esenciales en materia de sostenibilidad junto a algunas de las mayores empresas del mundo, en secreto y a puerta cerrada, sea el camino para lograr una verdadera competitividad.
Andriana Loredan es responsable de políticas en la Coalición Europea para la Justicia Corporativa y ha defendido la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad desde que la propuesta se publicara por vez primera en 2022. Anteriormente trabajó para la organización internacional contra la esclavitud sobre las empresas y los derechos humanos desde la perspectiva del trabajo forzoso.
Las empresas europeas siguen enfrentándose a una burocracia excesiva, una fragmentación de la normativa y un aumento de los costes. Además, la sobrerregulación frena su crecimiento e impide que sigan el ritmo de sus competidores de otras partes del mundo. Europa no puede seguir inmersa en un círculo vicioso. Lo que necesitan los empresarios es un cambio real en vez del enésimo análisis de los mismos obstáculos que perduran desde hace años. Nos encontramos en un momento clave para pasar de las palabras a los hechos, asegura Kinga Grafa, representante de la Confederación Lewiatan de los empresarios de Polonia.
Las empresas europeas siguen enfrentándose a una burocracia excesiva, una fragmentación de la normativa y un aumento de los costes. Además, la sobrerregulación frena su crecimiento e impide que sigan el ritmo de sus competidores de otras partes del mundo. Europa no puede seguir inmersa en un círculo vicioso. Lo que necesitan los empresarios es un cambio real en vez del enésimo análisis de los mismos obstáculos que perduran desde hace años. Nos encontramos en un momento clave para pasar de las palabras a los hechos, asegura Kinga Grafa, representante de la Confederación Lewiatan de los empresarios de Polonia.
La Comisión Europea presentó recientemente la Brújula para la Competitividad, una hoja de ruta para el próximo lustro que pretende reforzar la posición económica de la UE y apoyar a las empresas europeas. La línea de actuación que propone la Comisión es la correcta: las empresas llevan tiempo pidiendo estos cambios y han hecho de la «competitividad» y el «mercado único» su caballo de batalla, y la UE tiene que pasar a la acción ya si quiere competir a escala mundial. Una economía fuerte nos permitiría atender urgentemente a la necesidad de racionalizar la legislación, reducir el coste de la energía y garantizar un apoyo eficaz a la inversión y la innovación. En un entorno geopolítico inestable, también es preciso concluir acuerdos de libre comercio con socios clave en ámbitos como el acceso a las materias primas fundamentales.
Las empresas europeas siguen enfrentándose hoy en día a una burocracia excesiva, una fragmentación de la normativa y un aumento de los costes. Los competidores de otras partes del mundo están creciendo con mayor rapidez, mientras que el exceso de regulación frena el crecimiento de nuestras empresas. La Comisión Europea debe proponer reformas concretas que mejoren realmente el entorno empresarial de la UE y la Brújula para la Competitividad aborda los principales obstáculos al crecimiento y la productividad en la UE, a saber, el elevado coste de la energía, la sobrerregulación y la escasez de personal cualificado y mano de obra. Este es el camino a seguir, pero lo más importante es pasar a la acción, para lo cual se necesitan propuestas legislativas y planes de acción que promuevan la competitividad en lugar de frenarla.
El mercado único es uno de los mayores éxitos de la integración europea, si bien su potencial debe aprovecharse plenamente. Es inaceptable que en el mercado único sigan existiendo las mismas barreras desde hace veinte años. La Presidencia polaca del Consejo de la UE tiene la oportunidad de dar un vuelco a la situación, con la libre prestación de servicios como prioridad clave. Esto es esencial no solo para el sector del transporte, sino también para el creciente grupo de empresas que ofrecen servicios profesionales. Lamentablemente, los informes Letta y Draghi no prestaron suficiente atención a esta cuestión. Letta se centró únicamente en la construcción y el comercio al por menor, mientras que Draghi no tuvo en cuenta las estimaciones de la Comisión relativas a las medidas adicionales que se necesitan para liberar el potencial del mercado de servicios. En el lado positivo, el informe Niinistö destacó el papel de los servicios en el desarrollo de la resiliencia y la seguridad. No es necesario convencer a nadie de la importancia que reviste este aspecto en el panorama geopolítico actual. Y es ante este telón de fondo que la Comisión ha propuesto el «28.º régimen», un conjunto único de normas relativas a la fiscalidad, el Derecho laboral y el Derecho de sociedades. Si bien esta iniciativa tiene por objeto simplificar las actividades transfronterizas, en especial para las pymes, no disponemos de información suficiente sobre la propuesta en este momento para poder opinar sobre ella.
Sin duda, el anuncio de la desregulación y racionalización de la legislación es un paso en la dirección correcta. No obstante, ahora es el momento de plasmar en la práctica las propuestas y no puede tratarse únicamente de aminorar la carga que supone la presentación de información. Confiamos en que la Comisión lleve a cabo una «auditoría» exhaustiva de la legislación de la UE que se traduzca en propuestas concretas para mejorar rápidamente el entorno normativo de la UE.
Esperamos con interés el Foro del Mercado Único de Cracovia y el resultado de la consulta pública en la que participaron los miembros de Lewiatan. El objetivo consistirá en preparar la próxima estrategia para el mercado único.
Estamos en un momento clave en el que tenemos que pasar de las palabras a los hechos y aplicar soluciones que acaben realmente con los obstáculos al desarrollo de las empresas europeas. El diálogo entre las instituciones de la UE y los interlocutores sociales será esencial para hallar soluciones que respondan a las necesidades reales de las empresas. Tenemos que ser valientes a la hora de tomar decisiones si no queremos perder un tiempo valioso y quedar a la zaga de nuestros competidores mundiales.
Kinga Grafa es directora general adjunta de Asuntos Europeos de la Confederación Lewiatany delegada permanente en BusinessEurope. Politóloga y periodista de formación, adquirió experiencia sobre el funcionamiento de la UE durante su etapa profesional en la Oficina del Comité para la Integración Europea (2008-2009) y en el Parlamento Europeo (2009-2014). También ha sido coautora de un libro sobre la aristocracia polaca y autora de publicaciones científicas sobre la política exterior de los Estados Unidos, la élite estadounidense y la diplomacia cultural.
La UE debe resistir los cantos de sirena de la desregulación, que solo generaría inseguridad para las empresas, debilitaría la competitividad impulsada por la sostenibilidad y erosionaría el bienestar y la confianza de los ciudadanos, afirma Danny Jacobs, director general de la red medioambiental de Flandes Bond Beter Leefmilieu – BBL, que compartió con nosotros las preocupaciones de las ONG medioambientales en relación con la última propuesta de la UE de simplificar los Reglamentos, al temer que queden relegadas las principales ambiciones del Pacto Verde Europeo.
La UE debe resistir los cantos de sirena de la desregulación, que solo generaría inseguridad para las empresas, debilitaría la competitividad impulsada por la sostenibilidad y erosionaría el bienestar y la confianza de los ciudadanos, afirma Danny Jacobs, director general de la red medioambiental de Flandes Bond Beter Leefmilieu – BBL, que compartió con nosotros las preocupaciones de las ONG medioambientales en relación con la última propuesta de la UE de simplificar los Reglamentos, al temer que queden relegadas las principales ambiciones del Pacto Verde Europeo.
¿Podría comentar las últimas iniciativas de la Comisión en materia de desregulación, como la Brújula para la Competitividad o el paquete ómnibus?
La Comisión Europea ha presentado un programa de desregulación y simplificación motivado por consideraciones económicas que puede poner en peligro los logros medioambientales, sociales y económicos alcanzados con mucho esfuerzo. Esta tensión entre la adaptación y la preservación del acervo europeo dificulta que la UE adopte un rumbo claro.
La Brújula para la Competitividad de la Comisión, presentada a finales de enero, se hace eco de la preocupación de las empresas por los costes de la energía y los retos económicos, pero relega a un segundo plano prioridades clave como la contaminación cero y el bienestar de los ciudadanos, al no orientar la economía europea hacia un futuro limpio, próspero y circular. La Brújula entraña el riesgo de desviar a Europa de sus objetivos. Fomentar una descarbonización competitiva sin integrar objetivos sociales y medioambientales socava la finalidad misma de las instituciones de la UE de servir al bien común y defenderlo.
Lo que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil es el arriesgado objetivo de simplificación del 25 % en el marco de la Brújula. Aunque la racionalización de la normativa es positiva, la simplificación sin evaluaciones exhaustivas podría socavar protecciones sanitarias, sociales y medioambientales fundamentales. No es la regulación la que obstaculiza la innovación empresarial, sino la falta de normas claras. Una mayor desregulación solo crearía un clima de incertidumbre, penalizando a los pioneros (las empresas que asumen el liderazgo), al tiempo que dañaría el progreso y la sostenibilidad.
También tememos que este impulso simplificador vaya en detrimento de los objetivos medioambientales y sociales. La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y la taxonomía de la UE presentan muchas deficiencias y no han llegado todo lo lejos que hubieran podido. Si se debilitan aún más, dado que el punto de partida ya era bajo, estas Directivas dejarían de tener sentido.
Otro ejemplo concreto pone de relieve la situación actual. Flandes se ha enfrentado a un inmenso problema con las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en los últimos años: gran parte de nuestro territorio está contaminado por estas sustancias químicas y cientos de miles de ciudadanos se ven afectados. Establecer una restricción o prohibición en virtud de la legislación sobre sustancias químicas (REACH) se considera la herramienta más eficaz para controlar los riesgos que plantean las sustancias, como las PFAS, que se utilizan en procesos industriales, así como en productos (mezclas y artículos). Si la Comisión Europea dejara de reconocer la importancia de una normativa REACH estricta, aumentaría el riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas, algo perjudicial para la salud pública. Las empresas tendrían menos obligaciones de buscar alternativas seguras, lo que inhibe la innovación en química sostenible. La contaminación ambiental podría aumentar, ya que unas normas menos rigurosas dan lugar a vertidos y residuos más peligrosos. Los consumidores corren un mayor riesgo porque los productos no se someterían a un control tan exhaustivo de las sustancias tóxicas. Esto podría dar lugar a que las empresas europeas se queden rezagadas en la transición mundial hacia productos más seguros y respetuosos con el medio ambiente, perdiendo cuota de mercado en favor de los competidores que adopten innovaciones preparadas para el futuro.
¿Es optimista sobre el destino del Pacto Verde a la luz del nuevo curso que ha anunciado la Comisión para impulsar la economía europea?
El programa de trabajo de la Comisión Europea para 2025 es prometedor, pero también conlleva peligros. Si bien sus compromisos con la descarbonización y la energía asequible apuntan a una posible senda hacia una Europa más limpia y resiliente, las principales ambiciones del Pacto Verde Europeo corren el riesgo de quedar relegadas. La propuesta de Reglamento ómnibus suscita una creciente preocupación, dado que podría servir de puerta trasera para la desregulación de la responsabilidad de las empresas bajo el pretexto de la «simplificación». Las tendencias recientes muestran que la simplificación se utiliza con demasiada frecuencia para debilitar las salvaguardias esenciales, desde la legislación sobre sustancias químicas hasta la agricultura. La reforma precipitada de la política agrícola común (PAC) en marzo de 2024, que eliminó las salvaguardias ecológicas, es un claro ejemplo. Ahora, la tan esperada revisión del Reglamento REACH, diseñado en su día como una herramienta para proteger la salud pública y el medio ambiente, entraña el riesgo de reconvertirse en una medida de «simplificación» para facilitar las normas del sector.
Hace solo unos meses, la presidenta Von der Leyen prometió mantener el rumbo de todos los objetivos del Pacto Verde Europeo. Sin embargo, el actual programa de trabajo ofrece una visión diferente, quitando prioridad a los objetivos en los que más urge actuar, especialmente la ambición de lograr una contaminación cero.
¿Considera que la desregulación, tal como se propone, podría tener un impacto negativo en la sostenibilidad y en los avances logrados hasta la fecha?
La UE debe resistir los cantos de sirena de la desregulación, que solo socavaría la seguridad y la previsibilidad de la reglamentación para las empresas, debilitaría la competitividad impulsada por la sostenibilidad a largo plazo y erosionaría el bienestar y la confianza de los ciudadanos.
La UE debe velar por que la reducción de la burocracia no suponga una reducción de la protección del medio ambiente y de la salud pública. La aplicación inteligente debe reforzar y no socavar el Pacto Verde Europeo. Debilitar las principales protecciones medioambientales y sociales, so pretexto de reducir la burocracia, no es una estrategia de fortaleza económica. Se trata de un paso atrás imprudente que minará las normas concebidas con vistas a preparar nuestra economía para el futuro. Todo ello refuerza el alarmante riesgo de que se deshaga una década de avances en materia de sostenibilidad.
Al mismo tiempo, la sociedad civil está sometida a una presión cada vez mayor en toda la UE, mediante leyes restrictivas en materia de agentes extranjeros, represión de las protestas y recortes de financiación que suponen una amenaza para los derechos fundamentales. El Escudo Europeo de la Democracia y la próxima estrategia para la sociedad civil europea deben cumplir compromisos que no sean meramente simbólicos, sino que deben proporcionar protección jurídica, financiación sostenible y un diálogo civil estructurado con las instituciones de la UE. El programa de trabajo de la Comisión debe dar prioridad a la salvaguardia de la democracia mediante el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin una sociedad civil independiente y dotada de recursos suficientes, la propia democracia europea está en peligro.
Danny Jacobs es el director general de Bond Beter Leefmilieu – BBL (una federación de 135 ONG medioambientales de Flandes, Bélgica) y representante belga en la Oficina Europea del Medio Ambiente (la mayor red europea de organizaciones ciudadanas medioambientales, que representa a unos treinta millones de miembros y simpatizantes).
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), la principal organización sindical europea que representa a 45 millones de trabajadores a escala europea, se ha negado a aprobar la Brújula para la Competitividad, el plan de la Comisión Europea para impulsar la economía de la UE. En opinión de la CES, la Brújula en su forma actual es inaceptable. Hablamos con la secretaria general de la CES, Esther Lynch, sobre las principales objeciones de los trabajadores a la Brújula y el destino del pilar europeo de derechos sociales en un contexto de nuevos llamamientos en favor de una desregulación drástica y de un mayor énfasis en la competitividad.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), la principal organización sindical europea que representa a 45 millones de trabajadores a escala europea, se ha negado a aprobar la Brújula para la Competitividad, el plan de la Comisión Europea para impulsar la economía de la UE. En opinión de la CES, la Brújula en su forma actual es inaceptable. Hablamos con la secretaria general de la CES, Esther Lynch, sobre las principales objeciones de los trabajadores a la Brújula y el destino del pilar europeo de derechos sociales en un contexto de nuevos llamamientos en favor de una desregulación drástica y de un mayor énfasis en la competitividad.
Los sindicatos de la UE ya han manifestado su descontento con el plan más reciente de la Comisión Europea para reactivar la economía de la UE. En su opinión, ¿dónde reside el principal defecto de la Brújula para la Competitividad de la Comisión? ¿Qué propuestas del plan considera particularmente alarmantes o cuestionables?
El principal problema de la Brújula para la Competitividad de la Comisión Europea es que prioriza la desregulación frente a las inversiones necesarias para crear puestos de trabajo de calidad, desarrollar una política industrial europea sólida y garantizar unos servicios públicos de alta calidad. Del mismo modo, si bien la Brújula reconoce la importancia de los puestos de trabajo de calidad para una economía competitiva, en lugar de proponer la legislación necesaria para fortalecer los derechos, mejorar las condiciones de trabajo y promover la negociación colectiva, socava esta prioridad al promover la desregulación, que puede dar lugar a unas peores condiciones de trabajo y a inseguridad laboral.
Una de las propuestas más preocupantes es la introducción del 28.º régimen de empresas, que permitiría a las empresas operar al margen de la legislación laboral nacional. Esto podría socavar gravemente la legislación laboral en toda Europa, creando una competición a la baja en términos de derechos y protección de los trabajadores.
En esta misma línea, la prohibición de la sobrerregulación —la facultad de los Gobiernos de adoptar normas que vayan más allá o sean más exigentes que las normas mínimas establecidas por las Directivas de la UE— es profundamente problemática. La idea que subyace a las Directivas de la UE es que, a diferencia de los Reglamentos de la UE, establecen normas mínimas para todos los países. Hacer que las Directivas pasen a determinar el límite máximo de lo posible no solo socavaría esta idea, sino que sería profundamente perjudicial para los trabajadores y acarrearía la supresión de avances que ha costado mucho conseguir en materia de asistencia sanitaria, educación, salud y seguridad en el trabajo o remuneración justa, por citar tan solo algunos ejemplos.
Además, el llamamiento de la Brújula en favor de reformas de los sistemas de pensiones basadas en la prolongación de la vida laboral es problemático, ya que impone una carga desproporcionada a los trabajadores sin abordar la necesidad de unos sistemas de pensiones sostenibles y justos.
Además, la Brújula está muy sesgada en favor de las empresas, ya que contiene numerosas promesas dirigidas a los grupos empresariales, pero no incluye compromisos legislativos concretos que puedan beneficiar a la gente trabajadora. Esto incluye la falta de medidas para garantizar que las inversiones públicas se utilicen para crear puestos de trabajo de calidad en lugar de simplemente aumentar los beneficios empresariales.
En resumen, la Brújula para la Competitividad no concilia adecuadamente las necesidades de las empresas y los derechos y el bienestar de los trabajadores, lo cual la convierte en una propuesta inaceptable en su forma actual.
¿Considera que la aplicación del pilar europeo de derechos sociales podría ahora estar amenazada?
Sobre el papel, la Comisión ha vuelto a comprometerse con el pilar europeo de derechos sociales en su programa de trabajo para 2025, publicado recientemente. Sin embargo, en la práctica, ese mismo programa de trabajo es el primero desde 2019 en no incluir ninguna iniciativa legislativa social.
En cambio, la Comisión ha propuesto ocho actos normativos de «simplificación» para el próximo año. A nadie le gusta verse agobiado por los requisitos administrativos, y los sindicatos están proponiendo soluciones a este problema de manera activa en materia, por ejemplo, de normas sobre contratación pública.
Sin embargo, es evidente que los problemas a los que se enfrenta Europa no se resolverán mediante la simplificación.
La mayor amenaza para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales es la ola de despidos masivos anunciados en toda Europa. Esto pondrá en peligro los salarios y la seguridad laboral, pero también las pensiones, la protección social y muchos de los demás principios del pilar.
Es necesario garantizar las inversiones a fin de proteger y crear puestos de trabajo de calidad, incluido un instrumento SURE 2.0 y un mecanismo de inversión de la UE potente, así como introducir las iniciativas legislativas necesarias para garantizar unos puestos de trabajo de calidad.
Si no es mediante la reducción de la carga normativa, ¿cuál sería el rumbo adecuado para que la UE alcance una mayor relevancia en el actual contexto económico mundial?
Las condiciones que condujeron a estos despidos son imputables a la falta de inversión. Esto es así tanto en el caso de la inversión privada como en el de la pública.
Las empresas han estado reorientando sus inversiones para dirigirlas no a la remuneración de los trabajadores y a la investigación y el desarrollo, que tan necesarios resultan, sino a la distribución de dividendos y a las recompras de valores, que no llevan a ningún lado y suponen un obstáculo para los avances ecológicos y tecnológicos en Europa.
En los últimos años, los Estados Unidos y China han puesto en marcha importantes iniciativas de inversión pública. Mientras tanto, la UE estaba ocupada adoptando nuevas normas para obligar a sus Estados miembros a aplicar recortes en nombre de la austeridad.
La UE debe cambiar urgentemente de rumbo. Las inversiones públicas masivas —con requisitos sociales para garantizar que estas generen puestos de trabajo de calidad— son una condición previa para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
Esther Lynch es secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Tiene una amplia experiencia sindical a nivel irlandés, europeo e internacional y ha sido secretaria general adjunta y secretaria confederal de la CES. En el ejercicio de sus funciones, lideró los esfuerzos por impulsar los derechos de los trabajadores y los sindicatos, influyendo en las Directivas clave sobre salarios mínimos adecuados, condiciones de trabajo transparentes y previsibles y denuncia de irregularidades. También encabezó campañas en pro del pilar europeo de derechos sociales y de una remuneración justa. Su trabajo logró la adopción de quince límites jurídicamente vinculantes de exposición a carcinógenos, así como de acuerdos entre los interlocutores sociales sobre digitalización y reprotoxinas. Esther ha sido feminista durante toda su vida y aboga por poner fin a la infravaloración del trabajo realizado predominantemente por las mujeres.
La CES representa a 45 millones de miembros procedentes de 94 organizaciones sindicales en 42 países europeos, además de a diez federaciones sindicales europeas.
Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta publicados en 2024 han causado revuelo en la UE y los Estados miembros y han terminado por erigirse en hojas de ruta que señalan el rumbo que Europa debe seguir para garantizar un futuro viable. En su Dictamen Evaluación de los informes Letta y Draghi sobre el funcionamiento y la competitividad del mercado único de la UE, el CESE presenta la perspectiva de la sociedad civil respecto de ambos informes y formula recomendaciones para adoptar medidas urgentes. Hemos pedido a Matteo Carlo Borsani, Giuseppe Guerini y Stefano Palmieri, los tres ponentes del Dictamen, que subrayen las propuestas contenidas en los informes que consideren de especial importancia para la futura prosperidad de la UE.
Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta publicados en 2024 han causado revuelo en la UE y los Estados miembros y han terminado por erigirse en hojas de ruta que señalan el rumbo que Europa debe seguir para garantizar un futuro viable. En su Dictamen Evaluación de los informes Letta y Draghi sobre el funcionamiento y la competitividad del mercado único de la UE, el CESE presenta la perspectiva de la sociedad civil respecto de ambos informes y formula recomendaciones para adoptar medidas urgentes. Hemos pedido a Matteo Carlo Borsani, Giuseppe Guerini y Stefano Palmieri, los tres ponentes del Dictamen, que subrayen las propuestas contenidas en los informes que consideren de especial importancia para la futura prosperidad de la UE.
La competitividad parece estar en boca de todos en este momento y la desregulación es aclamada como la receta mágica que convertirá a Europa en uno de los principales protagonistas de la economía mundial. Pero hay muchas formas de medir la competitividad y no existe una respuesta categórica a la cuestión de saber qué constituye un exceso de regulación. Si no se procede con cautela, el debate sobre la competitividad y la desregulación corre el riesgo de verse reducido a un intercambio excesivamente simplista y dogmático que podría suponer una amenaza para la elaboración de políticas económicas sólidas, sostiene nuestro invitado sorpresa Karel Lannoo, director ejecutivo del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS).
La competitividad parece estar en boca de todos en este momento y la desregulación es aclamada como la receta mágica que convertirá a Europa en uno de los principales protagonistas de la economía mundial. Pero hay muchas formas de medir la competitividad y no existe una respuesta categórica a la cuestión de saber qué constituye un exceso de regulación. Si no se procede con cautela, el debate sobre la competitividad y la desregulación corre el riesgo de verse reducido a un intercambio excesivamente simplista y dogmático que podría suponer una amenaza para la elaboración de políticas económicas sólidas, sostiene nuestro invitado sorpresa Karel Lannoo, director ejecutivo del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS).
Karel Lannoo es director ejecutivo del CEPS, uno de los principales grupos de reflexión independientes de Europa. Entre sus publicaciones más recientes, centradas en la regulación financiera, la gobernanza económica europea o cuestiones relacionadas con el mercado único, figuran «Comprender Europa» (en neerlandés), un informe del grupo de trabajo sobre la política del sector financiero elaborado a instancia de la Comisión Von der Leyen II, y diversas contribuciones a volúmenes y revistas académicos. Karel es un orador habitual en audiencias de las instituciones de la UE, nacionales e internacionales, y también en conferencias internacionales y programas para ejecutivos. Dirige estudios para gobiernos nacionales, organizaciones multilaterales y entidades del sector privado, y colabora frecuentemente con medios de comunicación. Karel también forma parte de consejos de administración de empresas y fundaciones y es miembro de consejos consultivos, como el de la comisión de mercados de capitales de la AFM, la autoridad neerlandesa encargada de supervisar dichos mercados.
Actualmente, está de moda calificar a Europa de «no competitiva» y exigir una campaña masiva de desregulación a escala de la UE. Sin embargo, la medida en que la situación económica puede considerarse problemática depende no solo de las circunstancias, sino también de la definición de «competitividad», del denominador utilizado y del criterio de referencia.
Actualmente, está de moda calificar a Europa de «no competitiva» y exigir una campaña masiva de desregulación a escala de la UE. Sin embargo, la medida en que la situación económica puede considerarse problemática depende no solo de las circunstancias, sino también de la definición de «competitividad», del denominador utilizado y del criterio de referencia.
Además, la competitividad se equipara con la desregulación, lo cual es incorrecto, como si la solución fuera una campaña de simplificación masiva. Por lo tanto, es importante aplicar los parámetros correctos a la hora de controlar el debate, ya que de otro modo podría descontrolarse y acabar beneficiando a los euroescépticos.
La competitividad como objetivo político está de vuelta, aunque, en realidad, nunca llegó a desaparecer, y es importante recordar estos precedentes. Con la Estrategia de Lisboa, aprobada formalmente por el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la UE aspiraba a «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social». Ya durante la época de Delors, la competitividad era una de las inquietudes de la Comisión Europea: basta leer el famoso artículo de Paul Krugman de 1994, que la calificó de «obsesión peligrosa». En aquel entonces, el Sr. Delors estaba preocupado por el aumento del desempleo europeo en un contexto de competencia con los Estados Unidos y Japón, y propuso como solución un programa de inversión en infraestructuras y alta tecnología. No es la primera vez que oímos esto.
También la simplificación legislativa lleva mucho tiempo figurando en la agenda. Los ejercicios de simplificación de la legislación en el mercado interior (iniciativa «SLIM», por sus siglas en inglés) comenzaron ya en 1996, cuando la UE contaba con quince Estados miembros. El comisario Charles McCreevy (2004-2009) se mostró favorable a las «pausas» normativas en 2005-06, hasta que estalló la crisis financiera. Al vicepresidente Frans Timmermans se le encomendó un programa de mejora de la legislación bajo la Comisión Juncker. Aunque todos estos planes eran encomiables, sería mejor abordar las causas profundas de la complejidad normativa —el proceso de toma de decisiones y las deficiencias en la aplicación— en lugar de limitarse a tratar los síntomas. Sin embargo, con veintisiete Estados miembros, esto es más fácil de decir que de hacer.
La competitividad, al menos tal como se define en el informe Draghi, se refiere más bien a la productividad y al crecimiento del PIB, lo que puede arrojar resultados muy diferentes en función del denominador. Pero también existen otras formas de medir la competitividad. Se podría considerar la competitividad interna frente a la externa. A nivel interno, la UE parece débil, con una productividad decreciente en comparación con los Estados Unidos. En cambio, de cara al exterior, la UE tiene un superávit comercial y por cuenta corriente, mientras que los Estados Unidos se enfrentan a un enorme déficit comercial y por cuenta corriente, lo cual no parece plantear problema alguno (salvo para el presidente Trump).
La UE también goza de una situación presupuestaria mucho mejor que la de los Estados Unidos o incluso Japón, aunque no disponemos de datos precisos para una comparación precisa con China. El déficit presupuestario de la UE fue de aproximadamente el 3,5 % del PIB en 2024, mientras que, en los Estados Unidos, fue de casi el doble (6,4 %). Los Estados Unidos pueden financiar esto en los mercados internacionales gracias al estatus que tiene el dólar en la escena mundial, aunque los tipos de interés a medio plazo en la UE y en los Estados Unidos están divergiendo, lo que pone de manifiesto la preocupación de los mercados por la economía estadounidense. Actualmente, el tipo de interés de los préstamos de mercado a seis meses para el dólar estadounidense se sitúa en el 4,8 %, mientras que en la zona del euro es del 2,5 % (Euribor).
Además, los precios de la energía en la UE han sido mucho más elevados que en los Estados Unidos desde mediados de 2021, cuando Putin empezó a manipular los precios, lo que constituye un problema de competitividad para la industria manufacturera y, en particular, para Alemania. En la actualidad, el coste de la energía en la UE es al menos un 50 % superior al de los Estados Unidos.
La política energética es otro buen ejemplo para el debate en materia normativa: ¿radica el problema en un exceso de regulación? Al contrario: la UE cuenta con un mercado único de la energía para la distribución, pero no para la producción, que sigue bajo el control de los Estados miembros. Esto genera problemas en los países con exceso de producción, ya que aumenta los precios debido a la escasez de energía en otros países, como sucede entre Suecia y Alemania.
Además, en el sector digital cabe preguntarse si acaso es mejor no tener regulación. ¿Queremos la libertad de expresión de tipo estadounidense y la ausencia de moderación de contenidos? ¿Queremos un mercado oligopolístico como el que tenemos hoy?
Esta breve reflexión pone de relieve que cualquier debate sobre la competitividad y la desregulación debe abordarse con la máxima cautela a fin de evitar que degenere en un debate simplista en blanco y negro, algo que podría repercutir negativamente en la elaboración de políticas económicas sólidas.
