Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2023: el CESE pide normas de la UE para prevenir los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo

Con ocasión del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 2023, el Comité Económico y Social Europeo pide a la Comisión Europea que adopte normas vinculantes para prevenir los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. Cada vez son más los indicios que apuntan a que el trabajo precario está afectando significativamente a la salud mental de los trabajadores. La petición se formuló en el pleno de ayer del CESE, que dirigió por primera vez el recién elegido presidente, Oliver Röpke.

El 27 de abril, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) presentó su Dictamen sobre Trabajo precario y salud mental durante un debate con el secretario de Estado de Empleo y Economía Social de España, Joaquín Pérez Rey.

El ponente del Dictamen, José Antonio Moreno Díaz, reiteró que existen indicios claros de que el trabajo precario aumenta las posibilidades de deterioro de la salud mental de los trabajadores, lo que convierte este asunto en una cuestión de salud pública. El trabajo precario, que abarca aspectos como la inseguridad laboral, los contratos temporales que explotan a los trabajadores, las jornadas laborales prolongadas y la imposibilidad de planificar el tiempo de trabajo, vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores y debe ser erradicado y combatido en todas sus formas. Es por ello que el CESE pidió la adopción de normas vinculantes a escala de la UE, así como el desarrollo y la modernización de la Directiva sobre seguridad y salud en el trabajo (89/391/CEE).

Necesitamos un entorno de trabajo de calidad que no provoque penalidades físicas ni psicológicas. Es menester contar con una directiva de la UE que aborde específicamente los riesgos psicosociales, afirmó el Sr. Moreno Díaz. El secretario de Estado también aprovechó la oportunidad para presentar las prioridades de la futura Presidencia española del Consejo de la UE, que se centran en la reducción de la desigualdad social en la UE y en la democratización de los mercados laborales. El CESE se ha comprometido a colaborar con la futura Presidencia española en las cuestiones que resultan cruciales para construir una Europa más social.

El presidente del CESE, Oliver Röpke, declaró: Este Comité se ha esforzado por contribuir a los avances en la agenda social de la Unión y a la construcción de una Europa sostenible y competitiva adaptada al siglo XXI». Esto conlleva, entre otras cosas, unas condiciones dignas en el mercado laboral, el apoyo a la participación de los trabajadores y la lucha contra el trabajo precario. Celebro tener la oportunidad de debatir estas cuestiones de actualidad, que ocuparán un lugar prioritario en la agenda del CESE durante este nuevo mandato. Soy muy optimista con respecto a que se hará uso de nuestros dictámenes durante la Presidencia española.

Democracia en el trabajo y convergencia social

El CESE también aprobó un Dictamen destinado a garantizar la «Democracia en el trabajo» mediante la plena participación de los trabajadores y los interlocutores sociales, así como el Dictamen sobre el Procedimiento de desequilibrio social un mecanismo mediante el cual se pretende corregir las disparidades sociales en Europa.

En el Dictamen sobre Democracia en el trabajo el CESE destacó la importancia de hacer más democráticos los lugares de empleo, independientemente de su tamaño o de su titularidad, asegurándose de que los trabajadores tengan voz en las decisiones. Como afirmó el ponente Reiner Gerd Hoffmann, la democracia no puede acabar en las puertas de las fábricas. Es importante reforzar la democracia en el trabajo, ya que de ese modo se refuerza la democracia liberal y se contribuye a la cohesión social.

En el Dictamen sobre el Procedimiento de desequilibrio social, el CESE destacó la necesidad de poner el mecanismo en marcha para mejorar la coordinación de las medidas nacionales orientadas a evitar que aumente la desigualdad social. Propuesto por primera vez por España y Bélgica en 2021, el procedimiento debe constituir un mecanismo de convergencia social que detecte y corrija los desequilibrios sociales dentro de los Estados miembros en una fase temprana.

La ponente, Justyna Kalina Ochędzan, declaró: Más del 60 % de los europeos consideran que el gasto social debe incrementarse, lo que indica claramente cuál es el camino que debemos seguir. En opinión del CESE, la gobernanza fiscal, macroeconómica y medioambiental está más desarrollada y mejor coordinada en la UE que la gobernanza social, y el procedimiento de desequilibrio social debería contribuir a equiparar los indicadores sociales con los indicadores de desequilibrio económico a la hora de elaborar las políticas de la UE.