Para la sociedad civil europea, es hora de acelerar la transición a una economía hipocarbónica

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Ahora que Europa empieza a salir poco a poco de la crisis del coronavirus, la emergencia climática está recuperando el lugar que merece en lo más alto de la lista de prioridades de la UE.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), que reúne a organizaciones de la sociedad civil de todos los Estados miembros, ha elaborado un Dictamen en respuesta a una petición de la Presidencia croata del Consejo de la UE, cuyas prioridades son la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Toni Vidan, ponente del Dictamen, hizo hincapié en que el ritmo de la transición dependerá del grado de valentía de los responsables políticos. Ha llegado el momento de impulsar, a escala de la UE, el debate sobre la mejora de la financiación para hacer frente a la cada vez más urgente necesidad de acometer la transición a una economía hipocarbónica. Tenemos que apoyar los proyectos descentralizados de descarbonización y garantizar la participación activa y el sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos y las comunidades locales.

Por lo tanto, el CESE acoge favorablemente las recientes Conclusiones del Consejo Europeo y el anunciado Pacto Verde Europeo, que persiguen el objetivo común de garantizar la transición a una economía hipocarbónica. Este plan a largo plazo establece las condiciones para que Europa se convierta en el primer continente neutro en carbono antes de 2050.

El CESE apoya, asimismo, la Resolución del Parlamento Europeo a favor de que el Pacto Verde Europeo constituya el eje del futuro paquete de recuperación y reconstrucción de la UE, un planteamiento clave que contribuirá a acelerar la transición. El CESE subraya que el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, junto con el Fondo de Transición Justa (destinado a apoyar a trabajadores y ciudadanos en las regiones más afectadas por la transición), constituyen los primeros pasos en la dirección adecuada.

El coponente, Dimitris Dimitriadis, señaló que con el fin de lograr una transición justa a una nueva economía verde en el período de reconstrucción posterior a la COVID-19, resulta esencial la integración política, social y económica del conjunto de la ciudadanía, las comunidades y las pymes, procurando no dejar a nadie atrás.

Una de las lecciones de esta pandemia que hizo que el mundo se detuviera es que los sistemas energéticos mundiales deben abandonar lo antes posible el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático. Los combustibles fósiles representan el 80 % de la actual demanda mundial de energía primaria y el sistema energético es responsable de aproximadamente dos tercios de las emisiones mundiales de CO2 (según la División de Energía Sostenible de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas). Aquellas personas que se beneficiarían de una transición superan con creces a las que se benefician del statu quo. Según un informe del Foro Económico Mundial, en realidad, solo el 1 % de la mano de obra mundial trabaja en el sector de los combustibles fósiles y la mayor parte de los beneficios de esta industria acaba en manos de un número reducido de exportadores de este tipo de combustibles.

Europa y el resto del mundo tienen un largo camino por recorrer. Aunque la producción y el uso del carbón han venido disminuyendo desde hace décadas en la UE, este combustible sigue aportando alrededor de una cuarta parte de la electricidad. Y, a pesar de que la producción de electricidad basada en carbón y lignito disminuyó un 16 % en toda la UE en el segundo trimestre de 2019, la producción de electricidad alimentada con gas aumentó un 39 % (según el nuevo informe sobre el mercado de energía de la Comisión Europea). Si bien es cierto que el gas natural contamina menos que el carbón, con el paso de este a aquel seguiríamos dependiendo de combustibles fósiles.

Los gobiernos controlan directa o indirectamente más del 70 % de las inversiones mundiales en energía. En esta época de crisis, sus acciones importan más que nunca. Por consiguiente, debe darse prioridad a los programas de estímulo en las industrias energéticas para apoyar las energías renovables y la mano de obra existente, crear nuevos puestos de trabajo e incentivar la reducción de las emisiones.

Si Europa acierta y demuestra al mundo que merece más la pena invertir en energías renovables que en combustibles fósiles, los Estados Unidos y China podrían seguir su ejemplo.

Este es el motivo por el que Europa debe elaborar un plan de reconstrucción ambicioso que esté en consonancia con el Acuerdo de París. Una pieza clave de este plan debería ser un presupuesto de acción por el clima, cuyo importe equivalga, al menos, al valor del déficit de inversión de alrededor de 300 000 millones EUR anuales, y con una marcada prioridad de apoyo a proyectos descentralizados de descarbonización cuyo diseño y responsabilidad incumban conjuntamente a los ciudadanos, las pymes, las comunidades de energía y las entidades públicas locales y regionales.

El Acuerdo de París pide que se actúe tanto por lo que respecta a las causas como a las consecuencias del cambio climático. Las causas deben abordarse mediante una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero (es decir, mitigación) y sus consecuencias, poniendo el mismo énfasis en la inversión en resiliencia frente al cambio climático (es decir, adaptación). Por ello, resulta esencial hacer el mismo hincapié en la financiación de las medidas de mitigación que en las de adaptación, así como entablar un debate político integrador sobre el desarrollo de mecanismos financieros innovadores para las medidas de adaptación y los fondos específicos para una adaptación justa.

También es esencial:

Eliminar los obstáculos que impiden redirigir los fondos públicos y privados, principalmente los de las subvenciones directas e indirectas que se conceden al sector de los combustibles fósiles, así como los obstáculos presupuestarios y tributarios. El CESE apoya las propuestas relativas a un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, y pide que se adopten medidas encaminadas a eliminar los obstáculos a los productos de bajo consumo energético y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como a promover inversiones en energías renovables en los acuerdos comerciales.

Aumentar los fondos disponibles, poner en marcha un programa juvenil específico orientado al «Cuerpo Europeo de Solidaridad en la Acción por el Clima» y proporcionar fondos para la cooperación entre gobiernos locales y la sociedad civil organizada en el desarrollo de proyectos de energía y transporte hipocarbónicos de base y propiedad comunitarias.

Nuestra generación se enfrenta a dos grandes retos: por una parte, superar la crisis pandémica de la COVID-19 y, por otra, volver a centrarse en la emergencia climática. Tras el obligado parón, ha llegado la hora de acelerar la financiación de la transición a una economía hipocarbónica de un modo socialmente justo y rentable, ya que se trata de una nueva oportunidad para construir una economía europea más sostenible y resiliente.

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