De los más de tres millones de trabajadores en prácticas en Europa, casi la mitad no percibe compensación alguna y casi un tercio no tiene acceso a la protección social.

En julio, el CESE celebró un debate de alto nivel sobre la mejora de la legislación de la UE en materia de períodos de prácticas en un contexto de peticiones de la sociedad civil y de las organizaciones juveniles para erradicar el hábito extendido de contratar a trabajadores en prácticas que trabajan de balde y no tienen acceso a la protección social ni a otros derechos laborales y sociales.

Durante el debate del pleno, que contó con la participación de Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales, el CESE acogió con satisfacción las últimas propuestas de la Comisión destinadas a mejorar los períodos de prácticas en la UE: la Directiva sobre los períodos de prácticas y la Recomendación relativa a un marco de calidad reforzado para los períodos de prácticas.

Sin embargo, el CESE ha instado a los colegisladores a que refuercen las propuestas para evitar un uso indebido de los períodos de prácticas como fuente de mano de obra barata o como sustitutos de puestos de trabajo de nivel inicial. Ha destacado la importancia de que los trabajadores en prácticas perciban una compensación justa que cubra los costes de subsistencia en que puedan incurrir al participar en un período de prácticas.

Oliver Röpke, presidente del CESE, afirmó: «Los períodos de prácticas constituyen un instrumento fundamental para que los jóvenes adquieran experiencia laboral de primera mano, razón por la cual debemos garantizar que ninguno de ellos sufra discriminación en el acceso a estas oportunidades por mor de limitaciones económicas y que perciban una compensación justa. Debemos abordar estas prácticas de explotación en Europa, por lo que agradezco a la Comisión sus propuestas para lograr este objetivo».

El comisario Schmit declaró: «Los períodos de prácticas pueden representar formas más que adecuadas para que los jóvenes adquieran una experiencia laboral inicial, desarrollen nuevas capacidades y hagan contactos. No obstante, deben ser de calidad, lo que conlleva la necesidad de establecer un objetivo claro de aprendizaje, fijar una compensación y prever para los trabajadores en prácticas una tutoría y orientación profesionales que les ayuden a acceder al mundo laboral».

En su Dictamen «Directiva sobre los períodos de prácticas y Recomendación relativa a un marco de calidad reforzado para los períodos de prácticas», el CESE subraya el papel clave que desempeñan las autoridades competentes en la lucha contra las relaciones laborales regulares encubiertas como períodos de prácticas. Los interlocutores sociales pueden desempeñar en estos esfuerzos un papel decisivo que se ajuste a las prácticas nacionales existentes.

«Es esencial reforzar el marco de calidad para los períodos de prácticas en toda Europa, especialmente los contenidos de aprendizaje y formación, y luchar contra el uso indiscriminados e indebido de los períodos de prácticas. En consecuencia, pedimos a la Comisión que mejore las propuestas presentadas para garantizar el cumplimiento de estos objetivos», afirmó Nicoletta Merlo, ponente del Dictamen. (ll)

El CESE advierte desde este momento sobre el impacto en la agricultura de la próxima ampliación de la UE, la cual se enmarca en un contexto de importantes retos mundiales, entre los que cabe destacar los cambios geopolíticos, el cambio climático y la doble transición energética y medioambiental. El CESE subraya la importancia de que los candidatos a la adhesión estén bien preparados y respeten debidamente los valores de la UE cuando se incorporen a la Unión. 

En su pleno de julio, el CESE aprobó un Dictamen en el que se destacan las complejidades del proceso de ampliación y se pone de relieve la necesidad de que el sector agrícola, tanto en los Estados miembros como en los países candidatos a la adhesión, esté preparado para acometerlo, sea sostenible y reciba un apoyo equilibrado. Esta ampliación aspira a reforzar la autonomía estratégica de la Unión y a reducir el impacto medioambiental de la agricultura. No obstante, las anteriores ampliaciones han arrojado resultados desiguales, ya que a menudo han favorecido a las empresas agrarias de mayor tamaño frente a las explotaciones rurales de menor envergadura. 

Así lo ha señalado Stoyan Tchoukanov, ponente del Dictamen, al afirmar que las anteriores ampliaciones fueron en general satisfactorias, si bien no beneficiaron ni a las zonas rurales ni a los pequeños agricultores; además, subraya la necesidad de gestionar cuidadosamente el sistema agrícola para evitar perturbaciones. 

Con el fin de evitar posibles casos de desinformación y garantizar una integración fluida, el CESE aboga por que se lleven a cabo una recopilación exhaustiva de datos y una supervisión de las reformas agrícolas. Los países candidatos deberán adaptarse a la evolución de la política agrícola común (PAC), que ahora hace hincapié en los servicios ecosistémicos frente a las ayudas tradicionales. Se espera que la ampliación aumente significativamente la superficie agrícola de la UE, en particular con la adhesión de Ucrania, que por sí sola la incrementaría en un cuarto. 

El CESE recomienda adoptar un enfoque de integración gradual que comprenda presupuestos específicos para prestar apoyo a los subsectores agrícolas más afectados, en particular a las pymes. Las futuras reformas de la PAC deben centrarse en la sostenibilidad, lo que implica sustituir la concesión de ayudas basadas en las superficies por incentivos que beneficien al medio ambiente y a la sociedad. 

En general, el CESE pide un proceso de ampliación cuidadoso y que cuente con apoyo suficiente para garantizar que todos los Estados miembros puedan sacarle provecho y que las prácticas agrícolas de la UE sigan siendo sostenibles y equitativas en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

El CESE ha criticado el plan actual de la Comisión Europea en el ámbito de los materiales avanzados por carecer de financiación, objetivos cuantificables e indicadores de sostenibilidad. En su Dictamen correspondiente a la Comunicación de la Comisión, aboga por una estrategia integral para posicionar a la UE como líder mundial en este crucial sector. 

«Los materiales avanzados son fundamentales para la industria, el crecimiento económico y la sostenibilidad de la UE. Necesitamos indicadores de sostenibilidad en todos los procesos de producción y garantizar que disponemos de competencias adecuadas y de mano de obra cualificada», afirmó Anastasis Yiapanis, ponente del Dictamen. 

El CESE advierte de que el plan de la Comisión carece de la ambición y los objetivos específicos necesarios para asegurar el liderazgo industrial de la UE. Gerardo Luis Arroyo Herranz, coponente del Dictamen, hizo hincapié en la falta de objetivos cuantificables, plazos e indicadores clave de rendimiento. El CESE aboga por un enfoque audaz y estratégico para mejorar las capacidades de la UE en el ámbito de los materiales avanzados y propone incluir la asistencia sanitaria como ámbito estratégico debido a su importante impacto industrial. 

Una de las principales recomendaciones es llevar a efecto la transición hacia una economía circular para reducir la dependencia de las materias primas, lo que exige una mayor cooperación entre la industria, el mundo académico y los responsables políticos, inversiones sustanciosas en investigación y desarrollo y la mejora de las capacidades. «Sin personal debidamente cualificado, cualquier acción puede fracasar. La UE debe poner en marcha programas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional e iniciativas de educación profesional», afirmó el Sr. Arroyo Herranz. 

El CESE considera que la dotación propuesta de 250 millones EUR para materiales avanzados en el marco de Horizonte Europa es insuficiente, por lo que pide una financiación más cuantiosa, incentivos fiscales y unos procesos burocráticos simplificados para estimular la inversión y la innovación. Otro motivo de preocupación es garantizar un suministro estable de materias primas fundamentales. 

El CESE aboga por reforzar la capacidad interna de la UE y la diversificación de las fuentes, por ejemplo estableciendo asociaciones con Corea del Sur y los Estados Unidos y concluyendo contratos a largo plazo con países más pequeños para mitigar las interrupciones del suministro. (gb)

Las elecciones europeas han demostrado que la mayoría proeuropea sigue siendo sólida, pero también han indicado que los votantes de toda la UE exigen respuestas políticas y legislativas urgentes a los retos planteados en la campaña electoral. De lo contrario, existe el riesgo de que la mayoría proeuropea pierda apoyo, ya que la ciudadanía podría distanciarse cada vez más de las fuerzas políticas tradicionales. 

En el pleno de julio, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) organizó un debate sobre el estado de la democracia en Europa con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y los representantes de los grupos políticos del Parlamento Europeo recién elegido. 

El presidente del CESE, Oliver Röpke, afirmó que «las elecciones europeas de junio han sido una llamada de atención y es nuestro deber reflexionar sobre el estado actual de la democracia tras estos resultados electorales. Estamos unidos en la convicción de que la Unión Europea es la única respuesta a este respecto, ya que ofrece una forma de democracia que mejora visiblemente la vida de la población en toda Europa». 

Para consolidar el apoyo a la democracia en Europa, como señaló Roberta Metsola, la UE debe demostrar que la política sigue siendo el mejor agente para generar un cambio positivo en las sociedades y comunidades. «Los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil son esenciales para la construcción de Europa, en todas nuestras ciudades, grandes y pequeñas, y nuestras regiones. Porque es ahí donde empieza Europa y donde la democracia se pone en marcha».

En el debate con los representantes de los grupos políticos, Željana Zovko, vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo del Parlamento Europeo, afirmó que su grupo espera que se mantengan las políticas iniciadas durante el mandato anterior. Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), señaló que es fundamental centrarse en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la lucha contra la pobreza. Dan Barna, vicepresidente del Grupo Renew, instó a la nueva Comisión Europea a defender el Estado de Derecho utilizando las herramientas existentes de manera más eficaz. Kira-Marie Peter-Hansen, vicepresidenta del Grupo Verdes/ALE, destacó la importancia de mantener el Pacto Verde como política esencial de la UE. Martin Schirdewan, copresidente del Grupo de la Izquierda, dejó claro que pedirán a la nueva Comisión que afronte la crisis del coste de la vivienda. (mt)