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El órgano consultivo de la sociedad civil de la UE vota en favor de una renta mínima decente apoyada por la UE para todos los ciudadanos de la Unión que lo necesiten

El 20 de febrero, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó el dictamen «Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima», en el que pide a la Comisión Europea que introduzca un marco de la UE vinculante que establezca una renta mínima adecuada en toda Europa, adaptada al nivel de vida de cada Estado miembro. 

A juicio del CESE, es necesario un marco vinculante de la UE en forma de Directiva para abordar eficazmente el grave y persistente problema de la pobreza en Europa y restaurar la credibilidad de la Unión, ya que sus compromisos para reducir el número de ciudadanos de la UE en riesgo de pobreza en veinte millones de personas han fracasado en la mayor parte de los casos.

El instrumento actual para luchar contra la pobreza es el método abierto de coordinación (MAC), que no ha estado a la altura de las expectativas. No ha logrado garantizar una renta mínima adecuada en todos los países de la UE, con la consecuencia de que las desigualdades han seguido ampliándose dentro de los Estados miembros, y entre unos y otros, lo que plantea un problema importante para la credibilidad de la UE, afirma el CESE en su dictamen.

Elaborado por Georges Dassis, miembro del Grupo de Trabajadores y antiguo presidente del CESE, este dictamen de iniciativa fue aprobado en el pleno de febrero del CESE por 158 votos a favor, 81 en contra y 12 abstenciones.

El Sr. Dassis declaró que un instrumento jurídico vinculante que garantice una renta mínima decente es una medida basada en la solidaridad, en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales y otros textos jurídicos, cuyo objetivo es garantizar una vida digna para todos los ciudadanos de la UE y luchar contra las desigualdades y la exclusión social. Constituye también un banco de pruebas para la UE, que precisa demostrar que «está ahí para todos sus ciudadanos» ya que, de lo contrario, podría ponerse en tela de juicio la razón de su propia existencia.

«La cuestión de la renta mínima es, ante todo, eminentemente política. Se trata de una decisión que incumbe a la Unión y la Comisión no puede escudarse en el principio de subsidiariedad, mal utilizado en esta materia, para decidir que no puede hacer nada en un problema importante que atañe a la dignidad y los derechos humanos», sostuvo el Sr. Dassis.

La inacción de la Comisión sería, por tanto, inaceptable y haría incomprensible el proyecto de la Unión para los ciudadanos, que le retirarían su apoyo. Recurrir a un instrumento vinculante de la UE es imperativo para promover regímenes de renta mínima decentes. Para que sean «decentes», deben ser adecuados, accesibles y estar en consonancia con el coste medio de la vida de cada Estado miembro.

«Es importante que la Unión haga algo concreto por las personas que no tienen nada. Si ahora se es indiferente ante su miseria, mañana podría ser demasiado tarde», advirtió el Sr. Dassis.

El dictamen, sin embargo, concitó el desacuerdo de otro de los Grupos del CESE, el que representa a los empresarios europeos, que presentaron una enmienda a la totalidad. En particular, el Grupo de Empresarios se opuso a la propuesta de recurrir a una Directiva de la UE o a un instrumento vinculante para establecer regímenes de renta mínima decentes o adecuados en los Estados miembros, alegando que debería seguir aplicándose el principio de subsidiariedad. El Grupo cuestionó también que hubiera un fundamento jurídico para ello en los Tratados y textos jurídicos de la UE.

«Abordar la cuestión de la renta mínima a escala nacional no solo es lo más conveniente sino también lo más eficiente, ya que los sistemas de renta mínima se adaptarán a las características específicas de cada Estado miembro», señaló Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios.

Su enmienda a la totalidad fue rechazada por 142 miembros y apoyada por 92, mientras que ocho miembros se abstuvieron.

 

MÁS SOBRE UNA RENTA MÍNIMA

Una renta mínima es una medida de protección social que garantiza a todos los ciudadanos unos ingresos suficientes para vivir dignamente. Mediante una Directiva, la UE podría apoyar y orientar el desarrollo de regímenes de renta mínima decente en los Estados miembros. Pese a fijar de manera vinculante para cada Estado miembro los resultados que deben alcanzarse, una Directiva les deja margen de maniobra en la elección de la forma y el método de ejecución. 

El instrumento vinculante se basaría en una metodología común para elaborar «presupuestos de referencia» (es decir, cestas de productos y servicios: asistencia sanitaria y cuidados personales, vivienda, vestido, movilidad, educación, ocio, relaciones sociales, cultura, etc., adaptadas al nivel de vida de cada Estado miembro), de tal modo que los desempleados y los trabajadores pobres tuvieran las mejores oportunidades de integrarse en el mercado laboral y en la sociedad. Esta herramienta es especialmente importante para hacer frente a la pobreza infantil en la UE. Es inaceptable que, en una de las regiones más ricas del mundo, uno de cada cuatro niños siga estando en riesgo de pobreza o exclusión social.

Unos regímenes de renta mínima decentes no benefician únicamente a los necesitados, sino también a la economía, en la medida en que permiten a las personas consumir y suponen un apoyo para las pymes. Los regímenes de renta mínima representan solo un pequeño porcentaje del gasto social y, sin embargo, ofrecen un rendimiento significativo de la inversión.

Los países que cuentan con este tipo de sistemas tienen mayor capacidad para resistir los efectos negativos de la crisis y reducir las desigualdades que socavan la cohesión social.

ANTECEDENTES

En 2013, el CESE aprobó un dictamen sobre este tema en el que invitaba a la Comisión a examinar las posibilidades de financiación de una renta mínima europea, centrándose en particular en la perspectiva de crear un fondo europeo a tales efectos. En su respuesta a dicha solicitud, la Comisión consideró prematura esta medida. Seis años después, y en un momento en que se halla en juego el futuro del proyecto europeo, el CESE considera que merece la pena reiterar esta petición.

Según los últimos datos de Eurostat, en la UE el 22,5 % de la población se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque esto representa una disminución de un punto porcentual por debajo del nivel de 2016, implica que 112,9 millones de europeos —26 millones de entre ellos, niños— siguen siendo pobres.

El desempleo de larga duración ascendió al 3,4 % en 2017, y el número de trabajadores pobres en la UE aumentó hasta el 9,5 % en 2016 frente al 8,3 % en 2010.