Gestión de riesgos y normas claras, factores cruciales para un marco de financiación participativa de la UE viable

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El marco de financiación participativa de la UE propuesto por la Comisión Europea contribuirá a crear una Unión de los Mercados de Capitales, fomentará la innovación y apoyará a los empresarios y pymes en toda la UE, afirma el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en un dictamen aprobado recientemente que apoya de manera clara las propuestas de la Comisión. El marco reglamentario propuesto —un 29.º régimen, que coexistirá con los veintiocho regímenes nacionales— permitirá, en particular a las pequeñas empresas, jóvenes e innovadoras, buscar financiación en todos los Estados miembros de la UE.

Aunque el CESE está de acuerdo con la mayoría de las normas propuestas por la Comisión, solicita que se adopten medidas adicionales con objeto de adaptarlas al mercado. En su opinión, la gestión de riesgos y la claridad y seguridad de las normas aplicables para todos los participantes en el mercado será esencial para la viabilidad y el éxito de las propuestas.

Por lo que se refiere a la gestión de riesgos, el CESE sugiere que se introduzcan medidas adicionales —al menos en la fase inicial— para seguir detectando, reduciendo y gestionando los aspectos de riesgo financiero y no financiero asociados a las operaciones y los mercados de financiación participativa: la transparencia y, sobre todo, la protección de los inversores son de la máxima importancia, y debería definirse mejor el estatuto de los proveedores y de sus servicios, así como el papel de los supervisores nacionales. Las medidas adicionales no deberían en modo alguno crear nuevos obstáculos.

La evaluación del riesgo de proyectos específicos en las plataformas de financiación participativa se deja demasiado en manos de los mercados y los inversores. La limitada protección de los inversores prevista por la actual propuesta podría crear unas condiciones de competencia no equitativas entre la financiación participativa y los proveedores tradicionales de servicios financieros, señala Daniel Mareels, ponente del dictamen del CESE. Es algo que debe evitarse, ya que podría convertirse en causa de inseguridad y arbitraje regulador y minar la confianza en determinados participantes en el mercado y, en última instancia, en la estabilidad financiera de la UE.

Las medidas adicionales también deberían garantizar que los proveedores actúen primordialmente como intermediarios neutrales. En opinión del Comité, esta neutralidad queda comprometida por la capacidad de los proveedores para suscribir contratos con los inversores que les permitan ejercer su «poder discrecional» para obtener los mejores resultados para sus clientes. Asimismo, es necesario clarificar el papel de los supervisores nacionales.

Los supervisores nacionales están más próximos a los mercados nacionales y conocen mejor las situaciones locales. Por este motivo, la Comisión debería examinar la posibilidad de asignarles un papel sustancial en la supervisión, afirma Daniel Mareels. En cualquier caso, el Comité considera conveniente que la UE y los supervisores nacionales mantengan una colaboración estrecha.

La coexistencia del régimen europeo con los regímenes nacionales podría dar lugar a confusión para los participantes en el mercado. Convendría que el marco regulador de la UE proporcionase más claridad y seguridad sobre las condiciones de utilización de las plataformas de financiación participativa. Esto sería esencial tanto para el éxito de estas plataformas como para el del marco de la UE. Las autoridades y los supervisores nacionales deberían facilitar información precisa, detallada y de fácil acceso. Además de publicar la lista de plataformas de financiación participativa con autorización europea en el sitio web de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), los supervisores nacionales y otras autoridades relevantes deberían proporcionar información sobre las plataformas con una autorización europea, y las plataformas mismas deberían estar obligadas a clarificar su estatuto en todas las comunicaciones al público.

El Comité opina asimismo que el alcance de las disposiciones propuestas por la Comisión sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sigue siendo demasiado limitado y se interroga sobre el estrecho margen para someter a las plataformas de financiación participativa a estas normas. Esta opción debería ser aplicable en todo momento y no ser de competencia exclusiva de la Comisión. Además, las condiciones y los criterios aplicables en este contexto deben clarificarse. Por otro lado, el tratamiento fiscal de los ingresos de la financiación participativa y las obligaciones fiscales de los deudores deberían incluirse en el debate, ya que la fiscalidad podría ser otro factor determinante del éxito del marco propuesto.

Por último, las empresas y los inversores deberían hacer un uso amplio y eficaz del marco de financiación participativa, lo que permitirá crear un auténtico mercado y garantizar su éxito. El Comité opina que la restricción de los proyectos de financiación —únicamente hasta un importe máximo de un millón de euros por doce meses— podría constituir otro obstáculo para la viabilidad del régimen propuesto. Debería examinarse la posibilidad de ampliar este umbral.

En líneas generales, el CESE considera que el objetivo global debería ser la realización de un mercado único armonizado en la UE con las mismas normas tanto para los empresarios como para los inversores. El régimen propuesto sentaría las bases para su creación. Todas las partes interesadas deberían participar para seguir avanzando.

Contexto:

El nuevo marco permite a los servicios de financiación participativa operar en toda la UE con una única autorización, lo que añade una nueva dimensión a los mercados de capitales, creando oportunidades de financiación adicionales. Esto es de especial interés para las empresas pequeñas, jóvenes e innovadoras, que a menudo tienen dificultades para acceder a la financiación tradicional, en particular durante la transición de la fase inicial a la de expansión. A su vez, brindará a los inversores más y mejores oportunidades. El marco propuesto por la Comisión Europea podría contribuir a reforzar e integrar en mayor medida la unión de mercados de capitales, la unión económica y monetaria y el mercado único digital, que son áreas prioritarias que el CESE defiende encarecidamente.