Europa tiene que hacer más por proteger a las mujeres con discapacidades

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CESE: la UE tiene que combatir y prohibir todas las discriminaciones por razón de género o de discapacidad que afectan en Europa a aproximadamente 40 millones de mujeres con discapacidad

El 11 de julio, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), un órgano que representa a la sociedad civil organizada europea, pidió a las instituciones y Estados miembros de la UE que redoblen sus esfuerzos por proteger a las mujeres y niñas con discapacidad, que siguen sujetas a múltiples formas de discriminación en la sociedad europea por razón tanto de género como de discapacidad, lo cual a menudo desemboca en su exclusión social.

En el dictamen que adoptó en su pleno de julio, el CESE señala que la UE y sus Estados miembros carecen de un marco jurídico sólido para proteger y garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas con discapacidad. Tampoco han conseguido integrar el factor de la discapacidad en sus políticas de igualdad de género. De igual modo, las estrategias sobre discapacidad no tienen en cuenta la perspectiva de género, lo cual es contrario a la legislación vigente en materia de discapacidad.

Aunque las mujeres con discapacidad necesitan un apoyo especial, ninguna de las estrategias de la UE les presta la atención adecuada, ni la estrategia sobre la mujer ni la relativa a las personas con discapacidad. Es como si estas personas hubieran desaparecido, como si importaran menos que el resto de la población, señaló durante el pleno Gunta Anča, ponente del dictamen.

El Comité también insta a la UE y a sus Estados miembros a aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en particular su artículo 6 referido a las mujeres con discapacidad.

También pide que los fondos de la UE se utilicen para ayudar a los Estados miembros a promover la accesibilidad y la no discriminación de las mujeres y las niñas con discapacidad.

El CESE insiste en la importancia de que la UE y sus Estados miembros se adhieran al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y recuerda que las mujeres con discapacidad tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de ser víctimas de violencia que sus congéneres sin discapacidad.

Asimismo, el Comité aboga por mejorar el acceso a la atención sanitaria para estas mujeres: tanto a servicios de salud específicos para la discapacidad como a servicios convencionales. Los establecimientos y equipos sanitarios —como las máquinas de mamografías y las camillas de reconocimiento ginecológico— a menudo son físicamente inaccesibles para las mujeres con discapacidad, por lo que se ven excluidas de ciertas medidas de salud preventiva, como las campañas de detección precoz del cáncer de mama.

Aunque conforman el 16 % de la población femenina total de Europa, es decir, 40 millones de mujeres, este grupo figura entre los más vulnerables y marginados de la sociedad europea.

Muchos responsables políticos ignoran a este colectivo, y no se dispone de suficientes estudios o estadísticas al respecto. La situación de estas mujeres no solo es peor que la de las mujeres sin discapacidad, también es peor que la de sus homólogos masculinos, afirmó Gunta Anča.

Con demasiada frecuencia, se las excluye de la enseñanza y la formación inclusivas y sus tasas de empleo son bajas: el 18,8 % frente al 28,1 % de los hombres con discapacidad que tienen empleo. No acceden a puestos de liderazgo y no participan suficientemente en la vida política y pública. Todo ello las pone en mayor riesgo de exclusión social o pobreza.

En su dictamen, el CESE insiste especialmente en los derechos sexuales y reproductivos, cuyo ejercicio a menudo se deniega a las personas con discapacidad debido a estereotipos y prejuicios erróneos que arraigan tanto en la comunidad como en el círculo familiar.

Frecuentemente se aconseja a las mujeres con discapacidad que se sometan a una esterilización, ya que a menudo se les dice que los niños no son para ellas. Aquellas que desean tener hijos cuentan con muy poco apoyo, afirmó Gunta Anča. El CESE pide el fin de la esterilización forzada y que se reconozca a todas las mujeres el derecho a tomar sus propias decisiones sobre la conservación de su fertilidad o el derecho a fundar una familia.

Una serie de actos legislativos impide a las mujeres con discapacidad tomar decisiones sobre su propia vida. Se topan con obstáculos que impiden el disfrute de sus derechos como ciudadanas de la UE, señaló Gunta Anča.

Además de tener que afrontar la historia, las actitudes y los prejuicios, son casi completamente ignoradas por los medios de comunicación que las tratan, en el mejor de los casos, «desde una perspectiva médica asexual», ignorando sus capacidades y contribución al entorno circundante.

El CESE sugiere que la UE y sus Estados miembros pongan en marcha una campaña para sensibilizar sobre la legislación relativa a la discapacidad, que aumente la visibilidad de las mujeres con discapacidad y las ayude a combatir los prejuicios con los que se topan.

Durante el debate sobre este dictamen en el pleno del CESE, se señaló que las mujeres con discapacidad deberían participar activamente en las elecciones europeas, no solo como votantes sino también como candidatas.

Este dictamen fue emitido a petición del Parlamento Europeo para servir de contribución al próximo informe del Parlamento sobre el mismo asunto previsto para el otoño.