El Plan de Inversiones debe estar a la altura de las ambiciones del Pacto Verde

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La sociedad civil organizada europea pide que se adapten el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y el Fondo de Transición Justa

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) insta a todas las instituciones de la UE y a los Estados miembros a seguir dando una respuesta rápida y armonizada, basada en la solidaridad, a la pandemia de coronavirus, así como a adoptar medidas adicionales para promover inversiones sostenibles con vistas  al Pacto Verde Europeo. Los Estados miembros deben ponerse de acuerdo rápidamente sobre un marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027 en consonancia con las ambiciones del Pacto Verde.

El 10 de junio de 2020, el CESE aprobó un conjunto de dictámenes sobre la financiación del Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta de la UE hacia una economía sostenible. En sus dictámenes, el Comité señala que la asignación presupuestaria destinada al Pacto Verde, la inversión pública y privada y la eficacia de la respuesta de la UE al coronavirus son fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y los objetivos del Pacto Verde. En consecuencia, el CESE aboga por una asignación presupuestaria adecuada, un marco global de apoyo para las inversiones sostenibles y una respuesta continuada y solidaria de la UE al coronavirus.
 
Carlos Trias Pintó, ponente del Dictamen del CESE sobre el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, declaró: El brote de coronavirus tendrá un impacto significativo en nuestra economía, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos del Pacto Verde, así como en el presupuesto de la UE. Por consiguiente, los esfuerzos de recuperación deben centrarse en estos mismos objetivos. El Pacto Verde debe convertirse en la espina dorsal de nuestra economía.

El CESE pide que se refuerce el presupuesto de la UE para el período 2021-2027

El Comité considera que el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo es una primera medida política global para alcanzar los ambiciosos objetivos del Pacto Verde; no obstante, independientemente del posible impacto de la crisis del coronavirus en el futuro MFP, expresa su preocupación por la asignación presupuestaria para el Pacto Verde en el futuro presupuesto a largo plazo.

Las dotaciones presupuestarias para el Pacto Verde dentro del nuevo MFP son insuficientes, afirmó Petr Zahradník, coponente de los dictámenes del CESE sobre el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y sobre el Fondo de Transición Justa (FTJ) y la modificación del Reglamento sobre disposiciones comunes. El próximo presupuesto de la UE debe estar a la altura de las ambiciones del Pacto Verde y de un plan de recuperación. Debería reforzarse y ampliar de forma temporal su límite de gasto hasta el 2 %. A juicio del CESE, esto proporcionaría los recursos financieros necesarios y podría apoyar la emisión de bonos comunitarios como parte de un sólido plan de recuperación.

Ester Vitale, ponente del dictamen del CESE sobre el FTJ y la modificación del Reglamento sobre disposiciones comunes, explicó lo siguiente: El aumento presupuestario podría cubrirse mediante nuevos recursos propios o aumentando las contribuciones de los Estados miembros.

Además de las medidas temporales de solidaridad diseñadas para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus, el Comité pide que se refuerce la Función Europea de Estabilización de las Inversiones y se aplique inmediatamente el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad, con un aumento de su dotación en el próximo MFP. Es igualmente importante incrementar los recursos presupuestarios destinados al Mecanismo para una Transición Justa, que engloba al FTJ.

La sociedad civil propone medidas con el fin de aumentar las inversiones en favor de una transición justa

El CESE considera que el marco financiero del FTJ debe ser más claro. Las dotaciones presupuestarias del Fondo tendrán que compensarse mediante transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional/Fondo Social Europeo+, la cofinanciación por parte de los Estados miembros y una importante inversión privada, así como con el mecanismo de préstamo al sector público gestionado por el BEI. Debe garantizarse la complementariedad de estos instrumentos.

El CESE es consciente de que el éxito del Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y del FTJ depende de un nuevo tipo de asociación social entre los sectores público y privado en términos de financiación y de responsabilidad compartida. Esta es la razón por la que el Comité acoge con satisfacción los nuevos incentivos propuestos para
la inversión y financiación sostenibles públicas y privadas y apoya la mejora de la gobernanza presupuestaria de la UE.

Por lo que se refiere a la manera de seguir aumentando las inversiones, Petr Zahradník señaló: Necesitamos un tratamiento fiscal adecuado para los microfinanciadores colectivos y donantes, a fin de completar la política de estímulo. Una unión de los mercados de capitales y una unión bancaria eficientes e integradas también podrían desempeñar un papel importante. Por consiguiente, el CESE aboga por completar la unión económica y monetaria.

Tras acoger con satisfacción la flexibilidad propuesta para las normas sobre ayudas estatales, Ester Vitale declaró: Las ayudas estatales deben contribuir a la transición hacia una economía más verde e inclusiva. Deben utilizarse para promover el empleo entre las personas que a menudo se ven excluidas del mercado laboral abierto. Las inversiones públicas para la protección del medio ambiente y el cambio climático deben quedar excluidas de las limitaciones impuestas por el Pacto de Estabilidad.

Además, un marco propicio a la inversión debe proporcionar igualdad de acceso a la información, mejores datos estadísticos públicos y apoyo para determinar, estructurar y ejecutar proyectos sostenibles con el fin de seguir incrementando la inversión privada sostenible y la contratación pública socialmente responsable. La normalización de la taxonomía y de la información no financiera en los sectores público y privado también podría facilitar un mayor compromiso.

La sociedad civil debe tener voz en la transición justa

Respecto del FTJ, el CESE respeta y apoya el importante papel que desempeñan las regiones en la programación, la gobernanza y la aplicación. No obstante, recomienda que se tengan en cuenta los distintos niveles de preparación de los Estados miembros y regiones, el diverso potencial para producir energía limpia dentro de la UE y las diferentes actitudes de los ciudadanos y las regiones respecto de una contribución activa a la protección del clima.

Los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil podrían impulsar el gasto en materia de clima y, por lo tanto, deberían participar en el desarrollo y la aplicación de las políticas y estrategias. Ello incluye participar de forma activa y real en la ordenación territorial, los programas específicos del FTJ y el Semestre Europeo. Este último debe centrarse en los ODS y el Pacto Verde y aplicar una taxonomía más amplia de la UE.

La educación y la formación son fundamentales para la transición hacia una economía justa y verde

Es preciso aumentar los recursos de la política de cohesión destinados a reforzar y revitalizar el sistema de enseñanza secundaria y universitaria, así como dedicar un porcentaje sustancial de los recursos del FTJ a generar las inversiones necesarias para ayudar a los trabajadores en la transición de una ocupación a otra.

Los Estados miembros también deben mejorar los programas de educación financiera mediante la inclusión de las finanzas sostenibles, afirmó Carlos Trias Pintó. Esto podría seguir alentando a las administraciones públicas a introducir incentivos fiscales para la inversión pública y privada en iniciativas ecológicas, que son de interés público y tienen un impacto social positivo, y garantizar unas decisiones de inversión informadas por parte de los inversores públicos y privados.

Por último, el CESE también señala que son necesarias inversiones medioambientales y climáticas para apoyar la actuación fuera de la Unión Europea, especialmente dentro de la Estrategia para África.

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