La política comercial en tiempos excepcionales: esta semana, las negociaciones sobre la actualización de los aspectos comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Chile se celebran a distancia. En vísperas de esta ronda, el Comité Consultivo Conjunto UE-Chile (CCC) adoptó una declaración conjunta sobre las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Los miembros del CCC señalaron el peligro de un aumento de la desigualdad social y apoyaron la cooperación bilateral y multilateral como la mejor manera de abordar la crisis.
A través del CCC, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y sus organizaciones contraparte chilenas cumplen su mandato dentro del Acuerdo de Asociación UE-Chile. Esto conlleva proporcionar asistencia al Consejo de Asociación para la promoción del diálogo y la cooperación entre las distintas organizaciones económicas y sociales de la sociedad civil, tanto de la Unión Europea como de Chile.
En su declaración conjunta, los miembros del CCC definieron la pandemia como un «reto histórico», haciendo hincapié en la crisis sanitaria, económica, humana, social y política provocada por la COVID-19, que tendrá «consecuencias profundas» en todos los aspectos de las relaciones bilaterales entre la UE y Chile, incluidos el comercio, la libertad de circulación y las cuestiones sociales.
Como se indica en la declaración, antes de la pandemia Chile ya estaba sufriendo una profunda crisis social y política, que causaba desigualdad y falta de oportunidades para la mayoría de la población. El brote de COVID-19 puede empeorar la situación, ya que amenaza los medios de subsistencia de muchos grupos vulnerables. Los miembros del CCC acordaron que «las respuestas políticas deben permitir que la ayuda llegue a los trabajadores y las empresas que más lo necesitan para garantizar la estabilidad social».
Para alcanzar este fin, los miembros del CCC expresaron su apoyo a la cooperación internacional y las soluciones multilaterales como la mejor manera de abordar la crisis. En particular, acogieron con satisfacción los esfuerzos de Naciones Unidas, el G-20, el G-7, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las instituciones financieras internacionales para ofrecer una respuesta global.
También apoyaron el llamamiento de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) a gobiernos, bancos centrales y bancos regionales de desarrollo para que hagan uso de todos los instrumentos a su disposición, incluidas las medidas fiscales y monetarias, para luchar contra las consecuencias de la crisis.
Los miembros del CCC afirmaron que «existen cuestiones fundamentales que resultan aún más importantes en tiempos de crisis, pero de las cuales podría estarse haciendo caso omiso», como proteger el medio ambiente, fomentar la seguridad de los trabajadores, garantizar la sostenibilidad de las empresas, promover la igualdad de género y defender a los consumidores. A este respecto, recordaron que el Acuerdo de Asociación, una vez actualizado, debe reflejar el compromiso de las Partes de «no alentar el comercio o la inversión extranjera directa mediante la reducción de la legislación y las normas ambientales, laborales o de salud y seguridad.»
El papel de la sociedad civil
También destacaron que «la sociedad civil es un impulsor esencial e indispensable para la necesaria transición hacia una sociedad más sostenible», y señalaron la función consultiva del CCC como órgano de la sociedad civil. Los miembros del CCC reiteraron su solicitud de que se preserve el Comité Consultivo Conjunto UE-Chile en la futura actualización del Acuerdo, «de manera que el CCC pueda expresarse sobre cualquier tema cubierto por el Acuerdo, incluido el capítulo de comercio.»
Asimismo, pidieron a las autoridades del Acuerdo de Asociación que proporcionen «todo el apoyo institucional, político, operativo y financiero que necesitan las organizaciones de la sociedad civil chilena, con el fin de aumentar su capacidad, solidez y competencias, reforzar su presencia en el diálogo tanto social como civil a nivel nacional y mantener sus actividades como contraparte de la sociedad civil europea a nivel bilateral.»
Esto incluye no solo los recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus actividades, sino también respetar su plena independencia y mantener a los miembros del CCC plenamente informados y sin demora en todas las fases de las negociaciones sobre la actualización del Acuerdo.
Antecedentes
El Acuerdo de Asociación, firmado en 2002 entre la UE y Chile, constituye una de las asociaciones más antiguas y es probable que se refuercen tales lazos con motivo de su próxima actualización. El CESE ha mantenido excelentes contactos con la sociedad civil chilena durante años, principalmente a través de las reuniones bienales de la sociedad civil organizada UE-América Latina.
Desde octubre de 2016, esta relación ha adoptado la forma de un Comité Consultivo Conjunto, compuesto por un número igual de miembros del CESE y miembros de la institución correspondiente encargada de los asuntos económicos y sociales de la República de Chile.
El CCC se reúne anualmente para debatir y permite que organizaciones de la sociedad civil de ambas partes aborden cuestiones de interés común y realicen un seguimiento de la actualización del Acuerdo de Asociación.
Por parte del CESE, los miembros del CCM son: Josep Puxeu Rocamora (presidente), Thomas McDonogh y Marie Zvolská del Grupo I; Tatjana Babrauskienė, Giuseppe Iuliano y José María Zufiaur Narvaiza del Grupo II; y John Bryan, Renate Heinisch y Meelis Joost del Grupo III.