Mejorar la cooperación jurídica entre los Estados miembros para luchar contra el fraude informático es un paso en la buena dirección, señala el CESE en un reciente dictamen referido a la propuesta de Directiva de la Comisión sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo. No obstante, el CESE pide más salvaguardias para proteger a los usuarios de los medios de pago electrónicos y medidas de prevención obligatorias para alertarlos sobre las formas de operar de los ciberdelincuentes.

A la vez que apoya la propuesta de la Comisión, el ponente del dictamen Victor ALISTAR subraya la necesidad de ir más allá de la cooperación en el ámbito de la investigación y cooperación judicial entre autoridades policiales nacionales.

El CESE propone que se exija a los Estados miembros establecer un seguro financiero para indemnizar a las víctimas de fraude informático con tarjetas de pago. Este seguro financiero debería cubrir tanto a los ciudadanos como a las pymes.

Además, para que la lucha contra la ciberdelincuencia sea eficaz, los operadores económicos deberían estar obligados legalmente a comunicar los incidentes de fraude informático.

El fraude informático mediante medios de pago digitales emitidos en la zona del euro es un grave problema. Según un informe del Banco Central Europeo, ascendió a 1 400 millones de euros en 2013. Desde entonces no ha dejado de aumentar.

Uno de los perfiles más vulnerables al fraude es el pago de gastos de desplazamiento (billetes de tren y de avión, alojamiento y otras operaciones conexas). Entre los que intervienen en este tipo de fraude informático o se benefician de él figuran personas y organizaciones involucradas en actividades terroristas.

A juicio del CESE, la prevención debería tener un papel importante para luchar contra la ciberdelincuencia. Debería alertarse a los ciudadanos sobre cómo operan los ciberdelincuentes al falsificar medios digitales de pago, mediante campañas de sensibilización y de información de las autoridades policiales de los Estados miembros para explicar las causas, riesgos y medios existentes con el fin de protegerse del fraude informático. (dm)