por el Grupo de Trabajadores del CESE

La digitalización, el cambio climático, la demografía y la globalización son las cuatro cuestiones que marcan las prioridades políticas del nuevo mandato del Parlamento Europeo y de la Comisión. Para hacer frente a esta problemática es necesario un nuevo modelo industrial sostenible que posibilite una transición justa hacia una economía circular y ecológica. Las experiencias pasadas (como la de los «chalecos amarillos») nos enseñan que estas medidas urgentes no ganarán el apoyo popular si no tienen en cuenta a los trabajadores y si solo ellos soportan la carga.

Se necesita una estrategia global que empodere a los ciudadanos y a los trabajadores, garantice la sostenibilidad y proteja los derechos fundamentales. Avanzar hacia un futuro inclusivo significa que la UE debe desarrollar instrumentos jurídicamente vinculantes que garanticen un nivel mínimo de ingresos y establezcan un umbral de salario digno y marcos comunes para el seguro de desempleo.

A tal fin, las inversiones sociales (en sanidad, educación, inclusión social y transición verde) deberían quedar excluidas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento mediante una regla de oro que garantice el desarrollo y la aplicación adecuados del pilar europeo de derechos sociales y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por consiguiente, los esfuerzos en materia de sostenibilidad deben incluir siempre las dimensiones social, económica y medioambiental, mientras que las cargas y responsabilidades deben repartirse de forma acorde, en particular en lo que respecta a la fiscalidad. El diálogo social, la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas y el respeto de la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores son instrumentos fundamentales para lograr esta transición justa que no deje a nadie atrás. (prp)