Deben prohibirse todas las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y todos los operadores deben estar protegidos

Las prácticas comerciales desleales producen efectos negativos de carácter económico, social y medioambiental. La cadena alimentaria es especialmente vulnerable a las prácticas comerciales desleales, tal y como ha reconocido la Comisión. Sin embargo, su propuesta de Directiva sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos no va lo suficientemente lejos.

«La creciente concentración de poder en la cadena alimentaria perjudica sobre todo a los agricultores, los trabajadores, las pymes y los consumidores. No basta con adoptar un enfoque de armonización mínima. Necesitamos un marco jurídico de la UE que prohíba todas las prácticas abusivas», afirma Peter Schmidt. Además, la legislación también tiene que cubrir los productos agrícolas no alimentarios y los piensos.

Otra propuesta del CESE se refiere a los mecanismos de control del cumplimiento, que han de ser mucho más sólidos y garantizar que se protege el anonimato del denunciante. Estos mecanismos podrían adoptar la forma de un procedimiento específico ante el Defensor del Pueblo, demandas colectivas y un control del cumplimiento ejercitado por las autoridades. Para facilitar la instrucción de las denuncias, los contratos escritos deberían ser obligatorios, aportando así más equidad a las negociaciones.

Por lo que respecta al alcance de la protección, el CESE considera necesario extenderla a todos los operadores tanto dentro como fuera de la UE, ya que, incluso cuando grandes operadores son víctimas de las prácticas comerciales desleales, la presión se ejerce frecuentemente sobre los agentes más débiles de la cadena.

Por otra parte, es inaceptable que los alimentos se vendan por debajo de los costes de producción. «Queremos una prohibición eficaz de la venta de productos por debajo de los costes de producción en el sector del comercio de alimentos», subrayó el Sr. Schmidt. «Los productores, por ejemplo los agricultores, deben recibir un precio equitativo y justo que les permita percibir ingresos suficientes para invertir, innovar y desarrollar una producción sostenible». (sma)