Las normas de protección de los consumidores deben proteger a los consumidores y ayudar a los comerciantes a hacer frente a las perturbaciones que conlleva el auge del comercio electrónico en Europa

Las empresas europeas y los representantes de los consumidores dan al unísono una tibia acogida a la propuesta de la Comisión denuevo acuerdo para los consumidores en el pleno del Comité Económico y Social Europeo celebrado el 20 de septiembre. Al adoptar su postura, el Comité se preguntaba si el nuevo acuerdo cumple la promesa de adaptar a la era digital la legislación europea sobre protección de los consumidores. En opinión del CESE, la prioridad debería haber sido centrarse en la aplicación efectiva de las normas vigentes en materia de protección de los consumidores.

Si bien el CESE acoge con satisfacción que la Comisión haya superado por fin la incertidumbre sobre el recurso colectivo, le habría gustado que hubiera ido más lejos a la hora de hacer que las acciones de grupo fueran posibles y accesibles.

Una de las deficiencias de la propuesta es que no se prevé la posibilidad de que los consumidores puedan optar por participar o no en una acción de recurso colectivo.

El CESE considera que la Comisión debería abordar también la cuestión de la financiación de las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil encargadas de la defensa de los intereses colectivos de los consumidores, y pedir a los Estados miembros que apoyen la creación de fondos destinados a litigios.

El Comité considera que la Comisión debería haberse centrado en la aplicación de las normas existentes en materia de protección de los consumidores sobre seguridad de productos, vigilancia de mercado, prácticas comerciales desleales y cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros.

El Comité aprecia algunos elementos de la propuesta de la Comisión. Es particularmente bienvenida la ampliación de los derechos de los consumidores, incluidos derechos relativos a los servicios digitales aparentemente gratuitos, así como la introducción de criterios específicos para multas disuasorias contra las empresas que infringen las normas, por un importe de como mínimo el 4 % del volumen de negocios del comerciante.

Son muy necesarias medidas para proteger a los consumidores contra la «calidad dual», especialmente en los alimentos, para que los consumidores, algunos de los cuales se sienten tratados como ciudadanos de segunda, se sientan igual en toda Europa.

Sin embargo, los representantes de los comerciantes y de los consumidores en el CESE reconocieron que no podían conciliarse sus puntos de vista sobre determinadas cuestiones.

Mientras que los comerciantes están a favor de actualizar, simplificar y adaptar la información precontractual, los consumidores piensan que ello reduciría el nivel de protección de los consumidores.

Sobre el derecho de desistimiento de los contratos en línea, las empresas —las pymes en particular— están a favor de que se eliminen las obligaciones de aceptar los productos comprados en línea que hubiesen sido devueltos después de haberse utilizado, y no simplemente probado, así como de reembolsar el dinero antes de que puedan inspeccionar los daños en las mercancías devueltas. Los consumidores consideran que esta propuesta puede limitar los derechos de los consumidores sin pruebas en lo que concierne al abuso generalizado de dichos derechos.

En cuanto a las prácticas comerciales agresivas, los comerciantes creen que dar a los Estados miembros la facultad de limitar las ventas a domicilio puede estigmatizar a todo un sector económico, y desearían que se contemplasen todas las prácticas agresivas. Los consumidores apoyan la medida cuando se aplica a categorías bien definidas de mercancías (productos farmacéuticos, armas) por motivos de salud y seguridad. (dm)