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El CESE ha recibido 148 candidaturas a su premio, que este año recompensará iniciativas innovadoras que fomenten las identidades, los valores europeos y el patrimonio cultural en Europa

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), la voz de la sociedad civil organizada a escala europea, convocó en junio este premio, dotado con 50 000 euros. Esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de candidaturas finalizó el 7 de septiembre, ha atraído a concursantes procedentes de veintisiete Estados miembros de la UE, lo cual demuestra que el interés de la sociedad civil por el premio ha aumentado respecto de 2017, edición en la que solo estuvieron representados veinte países.

Con veinticuatro proyectos, Italia presenta el mayor número de participantes en 2018. Por otra parte, hay trece aspirantes originarios de Alemania y Bélgica, así como once de Grecia.

Las candidaturas serán evaluadas por un grupo de expertos integrado por diez miembros y se prevé comunicar el fallo a los galardonados hacia finales de noviembre. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 13 de diciembre de 2018 en Bruselas, durante el pleno del CESE.

Los galardones se concederán a un máximo de cinco ganadores.

El Premio Sociedad Civil del CESE está abierto a todas las organizaciones de la sociedad civil registradas oficialmente en la Unión Europea cuyo ámbito de actuación sea local, nacional, regional o europeo. Al Premio se puede concurrir también a título individual.

El Premio, que este año celebra su décima edición, es un proyecto del CESE para recompensar y fomentar iniciativas y realizaciones concretas de organizaciones y miembros particulares de la sociedad civil que hayan contribuido significativamente a promover los valores comunes que sustentan la cohesión y la integración europeas.

Para más información sobre el Premio, consulte nuestra página web – Sociedad Civil del CESE 2018. (ll)

Durante un debate plenario celebrado en septiembre con Günther Oettinger (comisario de Presupuesto y Recursos Humanos) sobre el marco financiero plurianual de la UE para 2021-2027, el CESE pidió —en consonancia con la posición del Parlamento Europeo— un presupuesto ambicioso de al menos el 1,3 % de la RNB. Este volumen proporcionaría a la UE los instrumentos necesarios para afrontar los retos actuales y futuros. Alcanzar un acuerdo sobre un presupuesto sólido antes de las elecciones europeas de mayo de 2019 enviaría un valioso mensaje político y garantizaría que los programas de gasto importantes pudieran comenzar sin demora.

Javier Doz Orrit, ponente del dictamen del CESE sobre este asunto, hizo referencia a la propuesta de presupuesto de la Comisión: «Apoyamos la estructura y las prioridades de la propuesta y las medidas de simplificación, flexibilidad y sinergias, pero una nueva disminución del volumen de recursos, dada la situación de la economía de la UE, no es aceptable».

El Sr. Oettinger defendió la disminución prevista del presupuesto del 1,16 % al 1,11 % de la RNB. La salida del Reino Unido, que dará lugar a una pérdida de ingresos, y la falta de voluntad de algunos Estados Miembros para aumentar su contribución constituyeron la base de esta decisión. La propuesta de la Comisión debe ser ambiciosa, pero realista, para desembocar finalmente en un acuerdo unánime.

Los miembros del CESE señalaron que no podían aceptar en ningún caso un riguroso recorte presupuestario para la política de cohesión o la PAC. Ambas políticas deberán, al menos, mantener su dotación presupuestaria actual.

El comisario lamentó los recortes presupuestarios para estos programas, pero los consideró apropiados. Los recortes son consecuencia de la disminución del presupuesto y la introducción de nuevas prioridades políticas.

A este respecto, el CESE apoya la creación de nuevos recursos propios en el presupuesto para aumentar los ingresos y lamenta que la propuesta de la Comisión solo incluya una parte de las propuestas del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios».

Declaraciones conexas:

Presidente Luca Jahier

Ponente Javier Doz Orrit

Las propuestas de la Comisión Europea para la política de cohesión después de 2020 contienen muchos aspectos positivos, pero no van lo suficientemente lejos. Un presupuesto que se ha visto recortado en el ámbito de la cohesión en un 10 % en comparación con el anterior será insuficiente para dar respuesta a las necesidades de la actual agenda política y del medio ambiente. Atendiendo a los retos con los que se enfrenta la UE, es perentorio alcanzar un acuerdo definitivo sobre el presupuesto de la UE 2021-2027 antes de las elecciones de 2019.

Estas son algunas de las principales conclusiones de una conferencia organizada recientemente por el CESE con vistas a la preparación de diversos dictámenes sobre el paquete de cohesión de la Comisión, cuya presentación forma parte de sus propuestas de marco financiero plurianual (MFP).

En el transcurso de esta conferencia se subrayó la necesidad de un compromiso real con el desarrollo regional y la política de cohesión. En un momento crucial para el futuro de la UE, una política ambiciosa podría ser un instrumento para contrarrestar el creciente euroescepticismo, entre otros desafíos políticos y socioeconómicos, que aportaría beneficios reales a la vida de las personas e incidiría en la percepción que se tiene de la política de la UE. Este compromiso real debería plasmarse ante todo en una estrategia clara y unas disposiciones presupuestarias adecuadas. Ambos aspectos han de adaptarse al entorno político para ser eficaces y satisfacer las expectativas de los ciudadanos. En opinión de la mayoría de los participantes, habría que mantener, cuando menos, las disposiciones presupuestarias del anterior MFP para la política de cohesión. Está en juego la credibilidad de la UE.

Por lo demás, los oradores afirmaron que se debe preservar la tasa de cofinanciación al objeto de garantizar el acceso a los fondos por parte de todos los beneficiarios.

Los dictámenes del CESE sobre el paquete de cohesión de la Comisión se someterán a votación en los plenos de septiembre y octubre de 2018. (jk)

La brecha digital de género es consecuencia de la discriminación contra las mujeres, que empieza ya en la primera infancia. El CESE propone un enfoque multinivel y políticas integrales que ofrezcan respuesta a diferentes causas de desigualdad.

«El primer ámbito político en el que se debe actuar es el sistema educativo. Necesitamos combatir los estereotipos culturales y lingüísticos, y todos podemos contribuir, en particular en lo que respecta a este último elemento», afirma Giulia Barbucci. «Las niñas (y los niños) necesitan otros modelos con los que identificarse. En el siglo XXI es hora de afrontar de una vez los estereotipos de género y combatirlos de raíz, tanto en sus aspectos sociales como culturales.

Resulta esencial garantizar las competencias y la educación digitales para todos, por lo que es importante que profesores y formadores estén familiarizados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Es preciso aumentar el interés de las niñas y mujeres por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), por ejemplo trayendo al frente modelos digitales femeninos y a empresarias de éxito, y dando a conocer las posibilidades y oportunidades que brinda un mayor conocimiento de las asignaturas CTIM para tener éxito en la vida profesional. Ello resulta tanto más necesario vista la importancia creciente de la educación relacionada con las TIC y de las capacidades intersectoriales, empresariales, digitales y genéricas, como la empatía, la creatividad y la resolución de problemas complejos, aptitudes estas que se atribuyen principalmente a las mujeres.

El aprendizaje permanente es esencial para evitar la exclusión del mercado de trabajo, en particular para las mujeres. En este sentido, el papel de los interlocutores sociales es fundamental. «En general, los interlocutores sociales tienen que desempeñar un papel clave a fin de garantizar unas condiciones de trabajo justas y el acceso a la protección social. Esto se aplica también a la denominada “economía de los trabajos ocasionales”», señala Barbucci. (sma)

El acceso a la protección social es un elemento clave para unas sociedades más justas; sin embargo, para muchos de los trabajadores que participan en el mercado de trabajo europeo y, en particular, para aquellos que ejercen nuevas formas de trabajo y los trabajadores por cuenta propia, el acceso es cada vez más insuficiente, advierte el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su dictamen sobre la propuesta de la Comisión relativa a una Recomendación sobre el acceso a la protección social.

El CESE insta a las autoridades de todos los niveles, así como a la sociedad civil y los interlocutores sociales de la Unión Europea, a que colaboren para restablecer la sostenibilidad social «con el objetivo general de crear una situación de igualdad en materia social que garantice que todas las personas a las que se aplican las mismas normas y condiciones comparables tengan acceso a la protección social».

«La UE debe promover la igualdad entre los ciudadanos de la Unión y es preciso debatir sobre la sostenibilidad social de nuestras sociedades», declaró la ponente del dictamen, Giulia Barbucci, en el pleno. «Nuestra tarea consiste en consolidar el modelo social europeo y restablecer la confianza en la UE y, de este modo, luchar contra la extensión del euroescepticismo, ya que ello repercutirá en el futuro de la UE».

El CESE pide a los Estados miembros que busquen soluciones que permitan financiar los sistemas de seguridad social de manera que no solo se garantice su sostenibilidad sino que los haga más inclusivos para que respondan a la necesidad de ofrecer acceso a las personas que desempeñan su actividad según las nuevas formas de trabajo y a los trabajadores por cuenta propia, así como a los grupos vulnerables. (ll)

En el pleno del CESE del 20 de septiembre, los organizadores de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «Minority SafePack» presentaron su petición, que tiene por objeto mejorar la protección de las minorías nacionales y lingüísticas en Europa

Los defensores de la quinta ICE que prospera, representados por Loránt Vincze, agradecieron al CESE que fuera la primera institución de la UE que da a esta iniciativa exitosa una plataforma. 

Los organizadores de la ICE consideran que no siempre se respetan los derechos de las minorías nacionales y lingüísticas y que, en muchos casos, las lenguas y culturas de las minorías incluso están en peligro.

En su intervención, el Sr. Vincze también criticó el instrumento de la ICE y señaló que era excesivamente complicado y costoso para los ciudadanos de a pie. Esta ha sido también durante muchos años una importante queja del CESE, que por fin ha logrado convencer a la Comisión de que es necesario revisar este importante instrumento de participación de los ciudadanos dentro de la UE. La revisión está en curso, y la Comisión, el Parlamento y el Consejo ya han iniciado consultas oficiales al respecto.

Los organizadores aún no han decidido cuando presentarán su ICE oficialmente a la Comisión. El Sr. Vincze explicó que, dado que no tenían ningún plazo vinculante, primero querían reunirse con los altos responsables políticos de la UE para valorar cuál podría ser el máximo resultado de su iniciativa.

El presidente del CESE, Luca Jahier, que ha convertido el patrimonio cultural europeo en uno de los ejes de su presidencia, reconoció el gran éxito de la iniciativa y afirmó que este logro demuestra que los ciudadanos europeos pueden forjar el futuro de Europa si trabajan juntos y se expresan al unísono.

Las empresas europeas y los representantes de los consumidores dan al unísono una tibia acogida a la propuesta de la Comisión denuevo acuerdo para los consumidores en el pleno del Comité Económico y Social Europeo celebrado el 20 de septiembre. Al adoptar su postura, el Comité se preguntaba si el nuevo acuerdo cumple la promesa de adaptar a la era digital la legislación europea sobre protección de los consumidores. En opinión del CESE, la prioridad debería haber sido centrarse en la aplicación efectiva de las normas vigentes en materia de protección de los consumidores.

Si bien el CESE acoge con satisfacción que la Comisión haya superado por fin la incertidumbre sobre el recurso colectivo, le habría gustado que hubiera ido más lejos a la hora de hacer que las acciones de grupo fueran posibles y accesibles.

Una de las deficiencias de la propuesta es que no se prevé la posibilidad de que los consumidores puedan optar por participar o no en una acción de recurso colectivo.

El CESE considera que la Comisión debería abordar también la cuestión de la financiación de las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil encargadas de la defensa de los intereses colectivos de los consumidores, y pedir a los Estados miembros que apoyen la creación de fondos destinados a litigios.

El Comité considera que la Comisión debería haberse centrado en la aplicación de las normas existentes en materia de protección de los consumidores sobre seguridad de productos, vigilancia de mercado, prácticas comerciales desleales y cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros.

El Comité aprecia algunos elementos de la propuesta de la Comisión. Es particularmente bienvenida la ampliación de los derechos de los consumidores, incluidos derechos relativos a los servicios digitales aparentemente gratuitos, así como la introducción de criterios específicos para multas disuasorias contra las empresas que infringen las normas, por un importe de como mínimo el 4 % del volumen de negocios del comerciante.

Son muy necesarias medidas para proteger a los consumidores contra la «calidad dual», especialmente en los alimentos, para que los consumidores, algunos de los cuales se sienten tratados como ciudadanos de segunda, se sientan igual en toda Europa.

Sin embargo, los representantes de los comerciantes y de los consumidores en el CESE reconocieron que no podían conciliarse sus puntos de vista sobre determinadas cuestiones.

Mientras que los comerciantes están a favor de actualizar, simplificar y adaptar la información precontractual, los consumidores piensan que ello reduciría el nivel de protección de los consumidores.

Sobre el derecho de desistimiento de los contratos en línea, las empresas —las pymes en particular— están a favor de que se eliminen las obligaciones de aceptar los productos comprados en línea que hubiesen sido devueltos después de haberse utilizado, y no simplemente probado, así como de reembolsar el dinero antes de que puedan inspeccionar los daños en las mercancías devueltas. Los consumidores consideran que esta propuesta puede limitar los derechos de los consumidores sin pruebas en lo que concierne al abuso generalizado de dichos derechos.

En cuanto a las prácticas comerciales agresivas, los comerciantes creen que dar a los Estados miembros la facultad de limitar las ventas a domicilio puede estigmatizar a todo un sector económico, y desearían que se contemplasen todas las prácticas agresivas. Los consumidores apoyan la medida cuando se aplica a categorías bien definidas de mercancías (productos farmacéuticos, armas) por motivos de salud y seguridad. (dm)

La UE ha de garantizar que la revolución de la inteligencia artificial no pone en peligro la calidad del trabajo en Europa. Hay que regular la interacción entre trabajadores y máquinas para que los seres humanos no se conviertan nunca en subordinados de las máquinas, sostiene el Comité Económico y Social Europeo en un informe aprobado en su pleno de septiembre.

El CESE considera que es fundamental definir la relación entre los seres humanos y las máquinas, su grado de autonomía y cómo complementarán estas el trabajo de los seres humanos, e insta a la Comisión a que aborde estas cuestiones en las orientaciones éticas que está preparando.

«No es éticamente aceptable que un ser humano se someta al control de la inteligencia artificial o a la subordinación de una máquina que emita órdenes sobre cómo, cuándo y qué tipo de tareas debe realizarse. Sin embargo, a veces parece que ya hemos cruzado ese particular Rubicón ético», afirmó la ponente, Franca Salis Madinier.

Si bien la estrategia de IA de la Comisión Europea, con su sólido enfoque en la educación, la formación y el desarrollo de las capacidades digitales, es útil para refrenar la polarización social, no deja de ser solo una respuesta parcial a los complejos desafíos que se plantean. El CESE señala tres instrumentos de diálogo social que pueden contribuir a garantizar una transición socialmente aceptable:

• una inteligencia artificial inclusiva que implica en la práctica a los trabajadores en los procedimientos para introducir la IA en los puestos de trabajo, con miras a facilitar su aceptación;
• anticiparse al cambio a través del diálogo social, estudiando cómo los procesos de producción transformarán las empresas y los sectores, y
• una reestructuración socialmente responsable cuando los planes de despido sean inevitables, explorando todas las alternativas posibles a los despidos.

El CESE también advierte de los peligros de aplicar algoritmos a la contratación de trabajadores y recomienda que las orientaciones éticas de la Comisión consagren los principios de transparencia.

Dado que ya se han registrado accidentes como consecuencia de la interacción entre las personas y las máquinas en el lugar de trabajo, el CESE pide que se definan claramente los nuevos riesgos para la salud y la seguridad y que se adopten disposiciones en la legislación de la UE para proteger a los trabajadores expuestos a dichos riesgos.

Por último, el CESE desea que la Comisión entable un debate sobre cómo financiar los sistemas de seguridad social en el futuro, ya que los sistemas actuales, basados principalmente en los ingresos procedentes de la carga impositiva del trabajo, dejarán de ser sostenibles. (dm)

Las prácticas comerciales desleales producen efectos negativos de carácter económico, social y medioambiental. La cadena alimentaria es especialmente vulnerable a las prácticas comerciales desleales, tal y como ha reconocido la Comisión. Sin embargo, su propuesta de Directiva sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos no va lo suficientemente lejos.

«La creciente concentración de poder en la cadena alimentaria perjudica sobre todo a los agricultores, los trabajadores, las pymes y los consumidores. No basta con adoptar un enfoque de armonización mínima. Necesitamos un marco jurídico de la UE que prohíba todas las prácticas abusivas», afirma Peter Schmidt. Además, la legislación también tiene que cubrir los productos agrícolas no alimentarios y los piensos.

Otra propuesta del CESE se refiere a los mecanismos de control del cumplimiento, que han de ser mucho más sólidos y garantizar que se protege el anonimato del denunciante. Estos mecanismos podrían adoptar la forma de un procedimiento específico ante el Defensor del Pueblo, demandas colectivas y un control del cumplimiento ejercitado por las autoridades. Para facilitar la instrucción de las denuncias, los contratos escritos deberían ser obligatorios, aportando así más equidad a las negociaciones.

Por lo que respecta al alcance de la protección, el CESE considera necesario extenderla a todos los operadores tanto dentro como fuera de la UE, ya que, incluso cuando grandes operadores son víctimas de las prácticas comerciales desleales, la presión se ejerce frecuentemente sobre los agentes más débiles de la cadena.

Por otra parte, es inaceptable que los alimentos se vendan por debajo de los costes de producción. «Queremos una prohibición eficaz de la venta de productos por debajo de los costes de producción en el sector del comercio de alimentos», subrayó el Sr. Schmidt. «Los productores, por ejemplo los agricultores, deben recibir un precio equitativo y justo que les permita percibir ingresos suficientes para invertir, innovar y desarrollar una producción sostenible». (sma)

Las plataformas de medios sociales deberían asumir más responsabilidades y atenerse a normas estrictas. El Comité coincide con la Comisión Europea en que esto representaría un gran paso adelante en la lucha contra la desinformación. Sin embargo, la propuesta de la Comisión carece de medidas concretas para alcanzar estos objetivos. En el dictamen elaborado por Martin Siecker y aprobado en el pleno del CESE el 19 de septiembre de 2018, el Comité insta a la Comisión a que adopte medidas obligatorias.

El crecimiento de la desinformación organizada producida por varios agentes estatales y no estatales supone una amenaza real para la democracia ya que el buen funcionamiento del sistema democrático depende de que ciudadanos bien informados puedan tomar decisiones fundamentadas sobre la base de datos fehacientes y opiniones fiables.

Uno de los principales problemas de la desinformación es que resulta virtualmente imposible comprobar la identidad de las fuentes en la web. Por si esto fuera poco, las personas y organizaciones malintencionadas que operan en el ciberespacio utilizan identidades falsas. «La tecnología no es ni buena ni mala pero puede utilizarse de una forma buena o mala. Depende de quien esté detrás de ella» afirmó el Sr. Siecker. «Esta es la razón por la que tenemos que luchar contra la desinformación con sus mismas herramientas y aprovechar todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para informar a los ciudadanos» concluyó. (mp)

El nuevo Reglamento sobre el mercado único digital propuesto por la Comisión Europea no solo protegerá a los consumidores que utilizan el comercio electrónico sino también, por primera vez, a las pymes. Las empresas que trabajan en plataformas en línea y con motores de búsqueda podrán resolver posibles conflictos de manera extrajudicial. Este es el avance que se destaca en el dictamen elaborado por Marco Vezzani y aprobado en el pleno del CESE el 19 de septiembre de 2018.

Un estudio de la Comisión revela que casi el 50 % de las empresas europeas que trabajan en plataformas en línea se encuentran con problemas. En el 38 % de los casos, los problemas vinculados a las relaciones contractuales no se llegan a resolver, mientras que en el 26 % de los casos los problemas se solucionan, aunque con dificultades. Hasta ahora, la legislación europea se ha centrado en definir la relación entre empresas y consumidores del comercio en línea (B2C), pero nunca había abordado con resolución la relación entre empresas y plataformas en línea (B2B).

Por ello, con vistas a aumentar la equidad y transparencia, la Comisión ha decidido abordar la relación comercial entre las pymes y las plataformas en línea como parte de la revisión de la estrategia del mercado único digital. «Acogemos con satisfacción esta propuesta de la Comisión como un primer intento por regular las relaciones entre empresas del ámbito del comercio electrónico y proteger las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea», declaró el Sr. Vezzani. «Sin embargo, este Reglamento por sí solo no puede resolver todos los problemas del mercado único digital», prosiguió. «En un mercado tan dinámico y complejo como es el digital, hay una desproporción de fuerzas entre los operadores mundiales y las empresas usuarias, sobre todo las pymes. La Comisión debe establecer límites y relaciones más claros entre las partes y combatir los abusos de posición dominante». (mp)

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha advertido de que el plan de acción en materia de medio ambiente de la Comisión Europea, destinado a mejorar en toda la UE la aplicación deficiente y desigual de la legislación y la gobernanza en materia de medio ambiente de la UE, adolece de una grave falta de ambición y de recursos, pues propone medidas demasiado débiles para sancionar de manera adecuada y uniforme el incumplimiento por parte de los Estados miembros.

Arnaud Schwartz, ponente del dictamen, ha afirmado: «Esto es solo una pequeña parte de lo que se necesita para garantizar que la legislación medioambiental se aplique. Consideramos que es necesario abordar el incumplimiento del Derecho de la UE en un contexto de alto nivel y sin demora, algo que no se propone en la actual Comunicación.»

En un dictamen reciente, el CESE expuso que la Comisión —en su calidad de «guardiana de los Tratados»— debe velar por que las normas en materia de medio ambiente se respeten y tiene la facultad de incoar procedimientos de ejecución, ya que desempeña un papel fundamental en la protección de este interés común de la UE, especialmente a la luz del grave nivel actual de degradación del medio ambiente.

No obstante, el plan solo habla del desarrollo de capacidades en los Estados miembros. Igualmente, es motivo de objeción el hecho de que proponga medidas solo para contrarrestar el incumplimiento causado por la confusión o la falta de comprensión, sin abordar otras razones importantes, como la falta de voluntad política.

El CESE concluyó que, para controlar de modo adecuado el cumplimiento de la normativa medioambiental, los Estados miembros y la Comisión deberían garantizar una financiación considerable que permita contratar personal adicional. (ll)

El presidente del CESE, Luca Jahier, y la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, participaron en un animado debate sobre la movilidad durante el pleno del CESE del 20 de septiembre de 2018. El debate, en el que también participaron los miembros del CESE, giró en torno a los siguientes temas: un marco regulador adecuado para el buen funcionamiento del espacio único europeo de transporte, la digitalización de la tecnología usada en el transporte terrestre, una mejor interoperabilidad entre los diferentes sistemas de telepeaje de las carreteras y la inversión en electricidad limpia.

Con la publicación en mayo de 2018 del tercer paquete de medidas sobre movilidad concluye la ambiciosa agenda de la Comisión Europea para modernizar la movilidad. Por su parte, el CESE debatirá y aprobará sus dictámenes sobre el tema en su pleno de octubre.

Luca Jahier afirmó que «el CESE ha hecho un seguimiento pormenorizado de todos los paquetes de medidas sobre movilidad y ha contribuido activamente a perfilar estas nuevas políticas. Nos complace ver que la Comisión ha puesto en marcha las iniciativas de "Europa en movimiento" para modernizar profundamente la movilidad y el transporte en Europa. Apoyamos el tercer paquete de medidas sobre movilidad. Aunamos esfuerzos para invertir en una movilidad sostenible, segura e inteligente».

Violeta Bulc destacó que los tres paquetes de medidas sobre movilidad reflejan el objetivo de la Comisión Europea de centrarse en la descarbonización, la digitalización, la inversión y la innovación y concluyó que «nuestro objetivo es disponer de una movilidad europea segura, protegida, limpia, inclusiva y eficaz. En especial, con el tercer paquete de medidas sobre movilidad pretendemos lograr una movilidad segura sin víctimas mortales, una movilidad limpia sin contaminación y una movilidad autónoma sin papel». (mp)

Un presupuesto más sólido, más sinergias entre redes, apoyo técnico permanente, un compromiso renovado de invertir en proyectos de electricidad e infraestructuras de doble uso, civil y militar. En el dictamen elaborado por Aurel Laurențiu Plosceanu y Graham Watson, aprobado en el pleno del CESE del 19 de septiembre de 2018, el Comité apoya en líneas generales el nuevo Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para el período 2021-2027 y llama la atención sobre las áreas en que existe margen de mejora.

A través del programa MCE reformado, la Unión Europea invertirá en redes transeuropeas de transporte, de energía y digitales. Contar con infraestructuras modernas y de alto rendimiento es clave para contribuir a la interconexión y la integración de las regiones de Europa al tiempo que se fomenta la creación de empleo y se logra un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

«El MCE es uno de los programas más exitosos de la UE y tiene importancia estratégica en lo que respecta a la integración del mercado interior, la conclusión de la Unión de la Energía, la movilidad inteligente y la oportunidad de que la UE aporte un valor añadido tangible a los ciudadanos, la cohesión social y las empresas», declaró el Sr. Plosceanu. «No debemos permitir que las autoridades reguladoras de los Estados miembros o de la UE impidan la interconexión eléctrica, por ejemplo, congelando proyectos que están financiados por el sector privado. Si queremos alcanzar nuestros objetivos climáticos necesitamos financiación tanto pública como privada en las redes transnacionales europeas», concluyó el Sr. Graham. (mp)

Por el Grupo de Empresarios del CESE

Para defender los logros sociales, necesitamos una economía floreciente. Para garantizar que el modelo social europeo siga siendo sostenible, debemos mejorar su eficiencia y aumentar la productividad de Europa. Tales fueron las principales conclusiones del debate sobre El modelo social europeo, ¿aún podemos permitírnoslo en un mundo globalizado?, que se celebró en Sopot, Polonia, el 27 de septiembre de 2018.

La UE representa el 7 % de la población mundial, el 20 % del PIB mundial y al menos el 40 % del gasto público mundial en protección social, señaló Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios del CESE. No obstante, afirmó, un sentimiento de exclusión se difunde cada vez más entre los ciudadanos europeos, al igual que el populismo.

Los participantes coincidieron en la necesidad de un equilibrio adecuado entre las políticas económica y social, pero no hubo acuerdo sobre el peso que debe tener cada una. Para Markus Beyrer, de BusinessEurope, impulsar la competitividad sigue siendo una prioridad. En su opinión, la fuerza del modelo social europeo se basa en el abanico de soluciones nacionales, enfoque que debe mantenerse.

Los derechos económicos, sociales y medioambientales deben colocarse en pie de igualdad. Los derechos sociales son también derechos humanos, subrayó Katarzyna Gardaphadze de la OSCE.

Maciej Witucki, presidente del consejo de administración de la empresa polaca Work Service, recordó a los asistentes que, para financiar los sistemas de protección social, es necesario gravar a las empresas y los trabajadores y que, para proporcionar empleo, es necesario ofrecer una educación adecuada a los ciudadanos.

El modelo social europeo debe considerarse no como un coste, sino como una inversión. Es necesario un verdadero diálogo social para disipar la desconfianza entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, destacó Dorota Gardias del Foro de Sindicatos Polacos.

Hans-Peter Klös, del Instituto de Investigación Económica de Colonia, señaló que, sin aumentar la productividad de Europa, será difícil preservar el modelo social europeo.

El debate tuvo lugar en el Foro Europeo de las Nuevas Ideas, organizado por la Confederación polaca Lewiatan. (jl)

Por el Grupo de Trabajadores del CESE

El Grupo de Trabajadores se reunió este mes en Viena para debatir sobre la Presidencia austriaca, así como sobre las amenazas que atenazan a los trabajadores y ciudadanos de Europa y las estrategias de los sindicatos para solventarlas.

El racismo, la xenofobia, el nacionalismo y el populismo de derechas están creciendo, alimentados por años de políticas neoliberales que han ido generando un descontento popular a medida que la desigualdad y la pobreza aumentaban. La falta de solidaridad nacional se ha reflejado a nivel europeo, donde los Estados miembros han aprovechado todas las oportunidades existentes con el fin de desvirtuar la agenda social para Europa. El pilar social, que prometía resolver la situación, hasta ahora ha sido ineficaz y carece de suficientes recursos y mecanismos. Al mismo tiempo, algunos gobiernos nacionales están desafiando abiertamente las bases de la democracia y el Estado de Derecho y atacando a la sociedad civil y los sindicatos.

En este momento crítico en que están en juego los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores, el Grupo de Trabajadores se reunió en la sede de la Presidencia de la UE para debatir qué pueden y deben hacer los sindicatos para revertir esta situación antes de que sea demasiado tarde. Entre los participantes figuraban Wolfgang Katzian, presidente de la Federación Austriaca de Sindicatos ÖGB, Raimund Löw, conocido periodista e historiador, y Hannes Swoboda, antiguo presidente del Grupo S&D en el Parlamento Europeo. (ppr)

por el Grupo Diversidad Europa del CESE

El progreso económico y la estabilidad social son dos armas excelentes para contrarrestar el euroescepticismo, pero no son suficientes. En una conferencia celebrada en colaboración con la Cámara de Comercio de Vorarlberg en Feldkirch (Austria) el 11 de octubre de 2018, el Grupo Diversidad Europa del CESE examinó cómo y por qué ha surgido el populismo en la UE y señaló el papel clave que puede desempeñar la sociedad civil para combatirlo.

El acto reunió a miembros del CESE y a representantes austriacos de organizaciones de la sociedad civil para debatir los principales resultados del estudio Sociedades fuera de las metrópolis: el papel de las organizaciones de la sociedad civil frente al populismo, encargado por el Grupo Diversidad Europa al Servicio Europeo de Acción Ciudadana (ECAS). El debate se centró en el auge del populismo en cuatro países y comparó dos zonas de cada país que tienen diferentes niveles de desarrollo económico:

• Austria: Klagenfurt-Villach y Baja Austria Sur;
• Francia: Drôme y Aisne;
• Italia: Udine y Regio de Calabria;
• Polonia: Płocki y Nowosądecki.

Arno Metzler, presidente del Grupo Diversidad Europa, afirmó: «La UE no solo debe hablar con la gente, sino también escuchar activamente y entablar un diálogo. La sociedad civil europea debe ayudar a la Unión a conectar con los ciudadanos. Como miembros del CESE, tenemos una doble responsabilidad: intensificar nuestras actividades, que vinculan los niveles europeo y nacional, y colaborar más estrechamente». Y concluyó con estas palabras: «Solo así podremos ayudar a reducir los temores equivocados que los populistas manipulan con tanto éxito». (cl)

El papel de la sociedad civil en la protección, promoción y refuerzo de nuestro patrimonio de valores con vistas a las próximas elecciones europeas

En la 12.ª edición de su Seminario de los medios de comunicación de la sociedad civil, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en Atenas, el Comité Económico y Social Europeo abordará los valores europeos como parte del patrimonio de Europa. En vísperas de las elecciones europeas, se constituirán tres paneles para debatir los retos y las cuestiones candentes de la Europa contemporánea, como el multiculturalismo, el declive de la solidaridad, el creciente nacionalismo y el antiliberalismo, así como la cuestión de qué puede hacer la sociedad civil para proteger una Europa que honra su patrimonio de valores: el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho.

Y no se podría haber escogido un mejor lugar para celebrar este seminario que la ciudad de Atenas, allí donde Sócrates, Platón y Aristóteles impartieron sus conocimientos de filosofía, política, ética, estética y tantas otras materias.

Con ocasión del pleno de octubre, se presentará la exposición de pinturas «Edvard Stepančič y el constructivismo a través de las fronteras» en el Foyer 6. La exposición, que incluye una colección privada de veintiuna obras de arte originales, la inaugurará el presidente del CESE, Luca Jahier, el miércoles 17 de octubre a las 13 horas.

El acto cultural de este mes está organizado en cooperación con la asociación cultural «Giuliani nel Mondo» y cuenta con el apoyo de la Oficina de Enlace en Bruselas de la Región Autónoma de Friuli-Venecia Julia. La exposición presentará una introducción a la emblemática carrera artística de Edvard Stepančič, un exponente destacado del movimiento artístico constructivista. (ck)

En noviembre, el CESE albergará la exposición titulada Food for Thought, que consta de veinticinco óleos sobre lienzo del artista de renombre Bruce Thurman, Presentada en forma de libro de cocina ilustrado, es un viaje por diferentes recetas europeas que representan distintas culturas culinarias.

La exposición se inaugurará el 28 de noviembre, con ocasión de la reunión del Grupo de Estudio Temporal sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles, y se podrá visitar hasta el 7 de diciembre. (ck)