CESE info

Las organizaciones y personas dedicadas a fomentar la cultura y el patrimonio europeos todavía están a tiempo de presentar su candidatura al Premio Sociedad Civil del CESE 2018 e intentar así aumentar su visibilidad y obtener una inyección de fondos para financiar futuros proyectos.

Los candidatos potenciales pueden presentar sus candidaturas hasta el 7 de septiembre. El premio se dirige a las organizaciones de la sociedad civil y las personas que han desarrollado una actividad para:

• sensibilizar sobre las múltiples facetas y la riqueza de las identidades europeas;
• aprovechar plenamente el potencial de la riqueza cultural europea;
• facilitar el acceso al patrimonio cultural europeo, y
• promover los valores europeos, como el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho.

Los premios, con una dotación total de 50 000 euros, se concederán a un máximo de cinco ganadores.

El Premio está abierto a todas las organizaciones de la sociedad civil registradas oficialmente en la Unión Europea y a los particulares, independientemente de que actúen a escala local, nacional, regional o europea.

El Premio Sociedad Civil, que este año celebra su décima edición, es un proyecto del Comité Económico y Social Europeo para recompensar y fomentar iniciativas y realizaciones concretas de organizaciones de la sociedad civil y particulares que hayan contribuido significativamente a promover aquellos valores comunes que refuerzan la cohesión y la integración europeas. En 2017, el Premio se centró en el empleo de calidad y el espíritu empresarial.

La lista completa de los requisitos y el formulario de inscripción en línea están disponibles aquí. (dm)

La transición energética puede beneficiar a las economías regionales de Europa La transición hacia unas modalidades de suministro de energía descentralizadas, renovables y digitalizadas tendría beneficios económicos para las regiones de la Unión Europea, además de beneficios medioambientales. En un informe de Lutz Ribbe, el CESE afirma que existen al menos cuatro razones por las que la producción inteligente de energía puede ayudar a las economías regionales, y pide a la Comisión Europea que vincule sistemáticamente la futura política de cohesión regional y social a la iniciativa de la Unión de la Energía.

Aunque el debate público y político en el ámbito europeo tiende a girar en torno a los beneficios medioambientales de la transición descentralizada —o a los riesgos asociados a ella—, el Comité se desmarca y afirma que el desarrollo de las energías renovables podría aportar beneficios económicos a las regiones de la UE. La transición energética representa una gran oportunidad para las economías locales y, especialmente, para las regiones rurales y estructuralmente débiles de Europa. El Dictamen del CESE, aprobado en el pleno del 11 de julio de 2018, subraya que la producción de energía sin emisiones de carbono podría beneficiar a las regiones:

• reduciendo la necesidad de importar combustibles,
• generando valor económico en la región de que se trate, sobre todo si la titularidad sigue siendo local,
• creando empleo sostenible y de calidad gracias a la instalación, la gestión y el mantenimiento de sistemas de producción de energía renovable
• y, por último,
• incrementando los ingresos tributarios regionales.

En un debate sobre la transición energética que tuvo lugar durante el pleno de julio del CESE, Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea, destacó la importancia de enlazar las iniciativas de la UE en materia energética con la política y el desarrollo regionales y de reforzar la cooperación entre los órganos de la UE y la sociedad civil.

«Es en el nivel local donde los planes y los compromisos políticos se transforman en proyectos tangibles. La Unión de la Energía no puede construirse aquí, en Bruselas, sino en nuestros pueblos y ciudades. Debe ser un esfuerzo colectivo al que contribuir con soluciones creativas», afirmó Maroš Šefčovič.

El Sr. Šefčovič reiteró el compromiso de la Comisión con las acciones futuras orientadas a suprimir las actuales trabas que impiden que las personas participen activa y plenamente como «prosumidores» en la transición energética y a fomentar la confianza de los inversores en energía ecológica.

El presidente del CESE, Luca Jahier concluyó haciendo hincapié en la visión del CESE y en su función a la hora de velar por que se escuche a todos: «Al aunar los conocimientos técnicos de la sociedad civil organizada de toda Europa, el CESE intenta asegurarse de que nadie se quede rezagado en la modernización de la economía europea, ni por lo que respecta al medio ambiente, al empleo o a las oportunidades de crear valor económico, ni tampoco como consumidores». (mp)

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha pedido a las instituciones y Estados miembros de la UE que redoblen sus esfuerzos para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad, que siguen sujetas a múltiples formas de discriminación en la sociedad europea por razón tanto de género como de discapacidad, lo cual a menudo desemboca en su exclusión social.

Aunque conforman el 16 % de la población femenina total de Europa, este grupo de cuarenta millones de mujeres figura entre los más vulnerables y marginados de la sociedad europea.

En el Dictamen que aprobó en julio, el CESE señala que la UE y sus Estados miembros carecen de un marco jurídico sólido para proteger y garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas con discapacidad.

«Aunque las mujeres con discapacidad necesitan un apoyo especial, ninguna de las estrategias de la UE les presta la atención adecuada, ni la estrategia sobre la mujer ni la relativa a las personas con discapacidad. Es como si estas personas hubieran desaparecido, como si importaran menos que el resto de la población», señaló durante el pleno Gunta Anča, ponente del Dictamen.

El CESE insta a la UE y a sus Estados miembros a aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular su artículo 6 referido a las mujeres con discapacidad.

Insiste en la importancia de que los países de la UE se adhieran al Convenio de Estambul sobre lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y recuerda que las mujeres con discapacidad tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de ser víctimas de violencia que sus congéneres sin discapacidad.

El Dictamen servirá como contribución del Comité al próximo informe que el Parlamento Europeo publicará sobre este mismo tema en otoño. (ll)

Un informe del CESE aprobado recientemente señala que cualquier tipo de solución que pueda proponer la UE sobre la fiscalidad de los modelos empresariales digitales debe estar en consonancia con las prácticas y acuerdos internacionales en materia de fiscalidad de las empresas. Sin embargo, el paquete legislativo de la Comisión Europea pretende gravar el volumen de negocios en lugar de los beneficios de la empresa y aplicar impuestos donde se realiza la venta, en vez de donde se crea valor.

En opinión del CESE, este enfoque podría poner en peligro la integridad del mercado único de la UE y dar lugar a una doble imposición. Asimismo, es probable que, al aumentar la complejidad de los sistemas fiscales internacionales, creciera también la incertidumbre para los inversores. Habida cuenta de estos factores preocupantes, el CESE solicita a la Comisión que elabore una evaluación de impacto complementaria de las medidas propuestas.

En su informe, el CESE subraya la importancia de desarrollar nuevos principios sobre cómo asignar los beneficios de las actividades digitales de una empresa a un Estado miembro de la UE y cómo gravarlos. Las empresas que realizan actividades digitales deberían contribuir a las finanzas públicas de la misma manera que las empresas tradicionales y compartir la carga fiscal necesaria para financiar los servicios públicos; no obstante, cualquier solución deberá ser justa y consensuada, y propiciar unas condiciones de competencia equitativas para todas las economías de la UE.

Pese a estas preocupaciones, el CESE considera que las iniciativas de la Comisión en materia de fiscalidad digital constituyen un paso en la buena dirección y acoge favorablemente su afán por encontrar una solución a nivel mundial. La Comisión ha abierto un debate internacional, por lo que ahora resulta de suma importancia que los Estados miembros adopten una posición común y hagan avanzar las negociaciones en curso, a fin de lograr la necesaria solución global en el marco de la OCDE. (jk)

Las medidas propuestas por la Comisión Europea en relación con el desarrollo de la tecnología financiera (FinTech) en Europa deben adaptarse para lograr un equilibrio entre la reactivación del mercado y la seguridad y estabilidad del sistema financiero y económico. A juicio del CESE, el Plan de acción propuesto es una buena base, pero se necesitan medidas adicionales para aprovechar todo el potencial de la tecnología financiera y garantizar la seguridad, la protección y la igualdad de condiciones de mercado a todos los participantes en el mercado.

El CESE considera que los agentes del sector de la tecnología financiera deberían estar sujetos a las mismas normas que los del sector financiero, en particular por lo que se refiere a la resiliencia, la seguridad cibernética y la supervisión, y que se necesitan normas que garanticen un desarrollo uniforme de dicha tecnología en la UE. La Comisión debe aclarar la responsabilidad de las empresas que ofrecen servicios de computación en nube por lo que se refiere a la protección de los datos personales que alojan, y determinar posibles normas al respecto.

Sin embargo, el CESE apoya el Plan de acción de la Comisión, ya que podría contribuir a la culminación de la Unión de los Mercados de Capitales, la UEM y el Mercado Único Digital. El CESE también acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de crear un marco que facilite la financiación participativa (crowdfunding), dado que ofrecen nuevas oportunidades y una mayor seguridad y protección a todos los participantes en el mercado. No obstante, al menos en un primer momento, debería hacerse aún mayor hincapié en los aspectos de riesgo asociados a la financiación participativa y los mercados, para hacerlos más perceptibles o para reducirlos en la medida de lo posible, garantizando la seguridad y protección a todas las partes interesadas.

Por otra parte, hay que abordar mejor las cuestiones del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la fiscalidad de la financiación participativa, e introducir disposiciones para supervisar y evaluar regularmente el régimen de la UE propuesto. (jk)

El CESE acoge favorablemente las propuestas de la Comisión Europea sobre préstamos dudosos. Aunque el Comité propone que se analice el posible impacto del Reglamento propuesto, estima que las propuestas contribuirán a reforzar la UEM y a avanzar hacia la culminación de la unión bancaria.

Es preciso aplicar medidas adicionales a escala de la UE para reducir la cantidad de préstamos dudosos y evitar que se acumulen. También resulta esencial eliminar las deudas deterioradas de los balances de las entidades financieras para evitar las consecuencias del sobreendeudamiento en el futuro y permitir que los bancos se concentren en la concesión de préstamos a las empresas y los ciudadanos. En el futuro, las entidades de crédito deberían conceder préstamos de manera responsable.

El Dictamen del CESE sobre las propuestas de la Comisión cuestiona el enfoque «de talla única» y el calendario para la provisión de nuevos préstamos dudosos con arreglo a los mecanismos legales de protección prudencial propuestos. La aplicación de estos mecanismos debería tener en cuenta las diferencias que existen entre los diferentes Derechos civiles nacionales y en la duración de los procedimientos en los tribunales civiles. El calendario propuesto podría obligar a los bancos a vender rápidamente los nuevos préstamos dudosos, un inconveniente para las empresas implicadas.

Por tanto, para establecer si el Reglamento propuesto es adecuado y eficaz, es muy recomendable evaluar sus posibles consecuencias sobre los bancos, la transmisión del crédito a los hogares, las pymes y el crecimiento del PIB.

Las propuestas de la Comisión promueven el desarrollo de mercados secundarios para los préstamos dudosos. El CESE considera que los reguladores no deberían fomentar la venta de préstamos dudosos, ya que existe el riesgo de que en los mercados secundarios se vendan a un precio menor del que podrían alcanzar si fueran los propios bancos los que los recuperaran. (jk)

El CESE cree que, en línea con la iniciativa ciudadana Right2Water, la actualización de la Directiva sobre el agua potable debería basarse en las directrices de la OMS y considerar el acceso al agua como un derecho humano. En el Dictamen del CESE relativo a la Directiva sobre el agua potable se pide poner fin a la privatización del agua y se aboga por medidas que motiven a los ciudadanos a hacer un uso razonable de este recurso limitado. Además, el Comité cree que es conveniente adelantarse a los problemas que pudiera afrontar la industria del agua mineral.

El CESE lamenta que la propuesta de la Comisión no reconozca claramente el derecho universal de acceso al agua potable y al saneamiento que se reivindica en la ICE y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El modelo de la OMS, basado en unas cantidades mínimas de agua al día y por persona, podría representar una opción válida.

«El agua potable constituye una materia prima fundamental para la salud, el bienestar y la dignidad de todos los seres humanos, y es crucial para la actividad económica y productiva, por lo que no debería seguir privatizándose», declaró Gerardo Larghi, ponente del dictamen.

Hay que aplicar medidas apropiadas, dirigidas tanto a los particulares como a la industria y la agricultura, para desalentar el uso desproporcionado del agua.

Las medidas de anticipación, como la reestructuración de la industria y el reciclaje profesional de sus trabajadores, deberían contribuir a amortiguar las repercusiones que se prevé que sufran los productores de agua mineral. (sma)

En el pleno del CESE del 11 de julio, la migración fue uno de los temas principales de la presentación del programa de la Presidencia austriaca para la UE, que corrió a cargo de Gernot Blümel, ministro austriaco de Relaciones Europeas, Arte, Cultura y Medios de Comunicación.

«La UE podría fracasar por la cuestión de la migración, por Schengen y por la defensa de unos valores fundamentales. Más que una Europa que proteja, debemos defender una Europa que proteja, promueva y comparta", afirmó el presidente del CESE, Luca Jahier.

Gabriele Bischoff, presidenta del Grupo de Trabajadores, afirmó que los trabajadores defienden un concepto diferente de una Europa protectora. Y añadió: «Sobre todo en un momento en que la confianza en Europa se está desvaneciendo, los ciudadanos necesitan saber que Europa puede garantizar sus derechos y libertades».

Arno Metzler, presidente del Grupo Diversidad Europa, declaró: «Espero que la Presidencia austriaca defienda el principio de humanidad y garantice que trabajemos juntos. La migración es solo un aspecto, pero también debemos colaborar en otras cuestiones, como el comercio digital, el libre comercio, la participación ciudadana y el marco financiero plurianual».

Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios, subrayó que el sentido de Europa también está en sus valores, que no son negociables. Y añadió: «Europa se encuentra aún en una encrucijada. Hemos de ser claros sobre la dirección que queremos tomar. El debilitamiento de Schengen tendría consecuencias devastadoras para las empresas y para todos los ciudadanos».

El ministro Blümel defendió los centros de migración que se han previsto fuera de Europa. «Mientras abordar un barco pueda significar un tique para llegar a Europa, la gente seguirá muriendo en el Mediterráneo», declaró. (sma)

El transporte desempeña un papel esencial para facilitar y hacer realidad el desarrollo sostenible ya que contribuye a impulsar la economía, el comercio y el empleo, pese a que también plantea problemas en relación con el medio ambiente, el tráfico y la seguridad. En un informe de Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, el CESE pasa revista a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y, desde un enfoque transversal en el que confluyen aspectos económicos, sociales y medioambientales, insta a la Comisión a que elabore un nuevo marco integrado para la futura política de transportes de la UE.

«El transporte es una política fundamental de la Unión Europea pero, lamentablemente, su formulación sigue caracterizándose por la compartimentación, lo que da lugar a enfoques e iniciativas bastante fragmentados. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas con el mercado forman parte de la política de transportes, mientras que los asuntos relacionados con la energía y la lucha contra el cambio climático se abordan en el marco de la Unión de la Energía», afirmó la Sra. Kylä-Harakka-Ruonala.

También se deberían gestionar adecuadamente las oportunidades y los retos planteados por la digitalización y la robotización. «El transporte debe ser accesible, asequible, fluido, eficaz y seguro para permitir la movilidad de las personas y las mercancías. Para ello, y de conformidad con los ODS, necesitamos inversiones significativas en infraestructuras adecuadas, e innovación y sistemas de transporte eficientes, incluido el transporte público», concluyó la Sra. Kylä-Harakka-Ruonala.

En el dictamen se señala asimismo que es fundamental hacer que la sociedad civil participe en la preparación y la aplicación de la política de transportes. El sector público debe desempeñar un papel central pero también deben facilitarse las iniciativas de carácter participativo y colaborativo. (mp)

Para garantizar que nadie se quede atrás, la transición digital en la UE debe basarse en el respeto de los valores europeos y contar con el respaldo de unas políticas sociales más sólidas. La sociedad europea en su conjunto, es decir, tanto los trabajadores como las empresas y los ciudadanos, debe poder beneficiarse del enorme potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, afirmó el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su pleno de julio.

En su dictamen sobre los Conceptos de la UE para gestionar la transición en un mundo laboral digitalizado, solicitado por la Presidencia austriaca de la UE, el Comité enumera una serie de prioridades para la UE que deberían permitir cosechar los beneficios de la digitalización. Entre ellas figuran la mejora de las cualificaciones de los trabajadores europeos, el refuerzo de los sistemas de seguridad social y la garantía de la diversidad en el lugar de trabajo, de modo que, por ejemplo, dejen de predominar los hombres en los empleos de los sectores digitales.

No obstante, el CESE advirtió que la inversión en políticas sociales solo representa el 0,3 % del gasto público total en la UE, y señaló la necesidad de aumentar este porcentaje.

Reiterando su apoyo a un enfoque de la digitalización basado en el control humano, el CESE se pronunció en favor del desarrollo de una inteligencia artificial socialmente responsable al servicio del bien común.

«El funcionamiento poco transparente de los algoritmos y el modo en que toman decisiones que escapan al control humano plantean inmensos retos a la UE, así como cuestiones fundamentales sobre la sociedad en la que queremos vivir», concluyó el CESE. (ll)

Los miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y los representantes de la sociedad civil de Montenegro, reunidos en Podgorica el 17 de julio para abordar la situación actual y el futuro de las negociaciones de adhesión de Montenegro a la UE, aprobaron una declaración conjunta.

El Comité Consultivo Mixto (CCM) UE-Montenegro exhortó al Gobierno montenegrino a redoblar sus esfuerzos para cumplir los criterios de referencia estipulados para el cierre de los capítulos de negociación y, en especial, los criterios provisionales acerca del Estado de Derecho.

Por lo que respecta a la política social y el empleo, el CCM subrayó la importancia de la legislación laboral como base de la reforma estructural del mercado de trabajo, que redundaría en beneficio de la situación económica y social del país en general. A fin de prepararse para la libre circulación de trabajadores, el CCM solicita a las autoridades montenegrinas que comiencen a tiempo los preparativos para participar en la coordinación de los sistemas de seguridad social y la red de servicios de empleo EURES, y para el uso de la tarjeta sanitaria europea. Por lo que respecta a la situación de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil en el país, el CCM expresó su preocupación por la libertad de prensa, especialmente en lo relativo a la emisora pública nacional RTCG.

La próxima reunión del CCM, la duodécima, se celebrará en Bruselas en el segundo semestre de 2018. Este Comité está compuesto por doce miembros, seis por cada parte, en representación del CESE y de la sociedad civil montenegrina. (ks)

La Red de agentes económicos y sociales UE-África reconoce el protagonismo de los jóvenes africanos de cara al desarrollo económico y social de su continente. Su reunión anual se centró en los jóvenes africanos como motor del desarrollo económico y como grupo de edad más afectado por la migración.

En la declaración final, los participantes señalaron que el papel de la sociedad civil en las relaciones África-UE consiste en aportar una contribución estructurada y periódica a la Estrategia UE-África y que es necesario que los agentes económicos y sociales participen en las plataformas adecuadas para dirigir recomendaciones a los órganos políticos, a fin de lograr una buena gobernanza y la participación ciudadana.

Reflejando la diversidad geográfica de África, diversos jóvenes empresarios africanos de Burkina Faso, Kenia, Suazilandia y Madagascar explicaron el éxito de sus experiencias y, al hacerlo, demostraron lo enérgicos y emprendedores que son los jóvenes de ese continente, una fuente de aliento e inspiración para los pueblos de África y Europa.  «El desarrollo económico está ahí. Lo que necesitamos son instrumentos, no fondos europeos. O lo hacemos mejor en África o nos vendremos todos a Europa», afirmó Fahiz Diallo, un joven empresario de Burkina Faso responsable de una empresa de construcciones prefabricadas.

Las conclusiones de la reunión se enviarán a las instituciones y autoridades políticas africanas y de la UE como aportación de los agentes no estatales a las relaciones entre la UE y África.

Por el Grupo de Empresarios del CESE

La productividad de la economía europea disminuye algo más del 2 % anual por no contar con la formación adecuada, lo que se traduce en una pérdida de 80 céntimos por hora de trabajo. A esta conclusión ha llegado un estudio reciente encargado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE). La situación empeorará a menos que se lleven a cabo reformas.

De acuerdo con el citado estudio, las empresas de la mayor parte de la UE ven cómo cada vez hay menos trabajadores que cuentan con las habilidades adecuadas. En algunas profesiones —como los informáticos, los médicos, los profesionales de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, los profesores, los enfermeros y los matrones— las consecuencias ya son importantes. Hay una carencia de perfiles con una formación intermedia, como camioneros, cocineros o soldadores.

Entre otras cosas, esto implica más gasto en la formación de los trabajadores, una pérdida de competitividad y procesos de contratación más lentos. Según más del 70 % de las empresas que ofrecen servicios profesionales, científicos o técnicos y el 67 % de las empresas del sector de las TIC, la inadecuación de las habilidades incide seriamente en sus políticas de recursos humanos.

Las empresas que respondieron a la encuesta señalaron que la inadecuación de las habilidades se debe, sobre todo, a la falta de tradición en el aprendizaje permanente y en la (re)cualificación. Los menores de 24 años y mayores de 65 años son los más afectados por la inadecuación de las habilidades, mientras que los menos afectados tienen entre 40 y 54 años.

Para solucionar esta situación es fundamental una educación y formación profesionales eficaces, más aprendizaje permanente, medidas de intermediación laboral eficaces y mejorar la evaluación de las competencias para poder establecer de antemano qué competencias se necesitarán en el futuro.

La lentitud de las reformas en la enseñanza, la desmesurada regulación del mercado laboral, la excesiva imposición del trabajo y los mecanismos arbitrarios de fijación de salarios son causas políticas que contribuyen a la inadecuación de las habilidades. Tanto los entes nacionales y locales como las demás partes interesadas —las instituciones educativas, los empresarios y los propios trabajadores— deben implantar cambios.

El estudio, elaborado por el Instituto para la Economía de Mercado a solicitud del Grupo de Empresarios del CESE, puede descargarse aquí: http://europa.eu/!dM96Ft (jl)

por el Grupo de Trabajadores del CESE

Un estudio del Grupo de los Trabajadores del CESE centrado en las estrategias nacionales sobre el trabajo 4.0 demuestra que la participación de los interlocutores sociales es fundamental y que los trabajadores sufren las peores consecuencias allí donde se ha debilitado la negociación colectiva.

El ritmo de la transformación digital y los retos que se plantean en términos de regulación y calidad del empleo exigen respuestas políticas globales. Según estimaciones de la OCDE, el 14 % de los puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatizarse y el 31 % sufrirá cambios significativos en los próximos quince o veinte años.

Los resultados del estudio revelan una fuerte demanda de trabajadores más cualificados y una erosión en el futuro de los empleos de cualificación retribución medias o, lo que viene a ser lo mismo, más desigualdades.

El estudio se remite a las conclusiones de la OIT sobre la economía de plataformas, en las que se afirma que las lagunas o las zonas grises de la legislación que han fomentado un entorno propicio para el desarrollo de condiciones de trabajo atípicas y de baja calidad son el resultado del declive de la negociación colectiva en algunos países.

En el estudio, titulado «Resumen de las estrategias nacionales sobre Trabajo 4.0: un análisis coherente del papel de los interlocutores sociales», se reivindica lo siguiente:

• la mejora del diálogo social mediante una participación más activa de los interlocutores sociales en la configuración de una transición digital justa que garantice empleos de calidad y salarios dignos,
• regímenes de protección social universales,
• normas sobre seguridad y salud en el trabajo actualizadas para las nuevas tecnologías,
• la anticipación de las necesidades de creación de empleo, y
• el diseño de programas de formación.

El estudio se presentará oficialmente y se debatirá en un acto que el Grupo de Trabajadores celebrará el 18 de octubre. (prp)

por el Grupo Diversidad Europa del CESE

En una sesión de intercambio de ideas organizada el 20 de julio por el Grupo Diversidad Europa del CESE se animó a los participantes a reflexionar saliéndose del camino trillado y aportar ideas que puedan incluirse en las propuestas para la cumbre de Sibiu sobre el futuro de Europa.

El acto se celebró bajo el lema de «Recuperar la confianza de los ciudadanos en la UE» y en él se plantearon cuestiones fundamentales como las siguientes:

• ¿Cuáles deberían ser las prioridades, de carácter general u horizontal, de la UE?
• ¿Cómo podemos recuperar la esperanza y la confianza de los ciudadanos: promover una política social europea eficaz, luchar contra la pobreza y la exclusión social, y defender un sistema de migración justo?
• ¿Cómo podemos estimular un crecimiento económico equilibrado y proteger los derechos de los ciudadanos?
• ¿Cómo podemos utilizar el enfoque asociativo para crear un entorno sostenible?
• ¿Cómo podemos dar a conocer Europa y comunicar eficazmente sobre ella, disipando al mismo tiempo la preocupación que generan la seguridad y el populismo?
• ¿Qué más quieren los europeos y qué puede hacer la UE?

Esta sesión representó el pistoletazo de salida de la contribución del Grupo a la Hoja de ruta del CESE «Desde Cracovia hasta Sibiu y más allá», un proyecto emprendido por la Presidencia ampliada en Cracovia el 11 de junio en el que se pide a todos los órganos del CESE —los tres grupos, las secciones, los observatorios y los grupos de estudio temporales— que definan sus prioridades para el futuro de Europa con vistas a la cumbre de Sibiu de marzo de 2019.

En el debate salieron a colación muchas ideas relacionadas con la juventud, el desarrollo sostenible, las pymes, la paz, los derechos fundamentales, las profesiones liberales, las nuevas modalidades de cooperación, el establecimiento de normas, la transparencia, la innovación social y la comunicación sobre Europa.

En breve, las recomendaciones específicas se concretarán en una lista de prioridades. (ih)