Es preciso analizar las inversiones extranjeras directas para proteger la seguridad nacional y el orden público en la UE

Foreign Direct Investment

La inversión extranjera directa es una fuente importante de crecimiento, empleo e innovación, y desde siempre ha sido esencial para apoyar el desarrollo económico y social en la UE. Sin embargo, también puede suponer un riesgo para la seguridad nacional, por lo que es preciso disponer de un marco adecuado para analizarla.

«La inversión extranjera en tecnologías clave e infraestructuras sensibles, como el suministro energético y de agua o los servicios financieros, debe controlarse», afirmó Christian Bäumler, ponente del dictamen del CESE sobre el control de la inversión extranjera directa, aprobado por el CESE el 19 de abril durante su pleno.  Sin embargo, las inversiones en negocios de importancia estratégica para la seguridad nacional y el orden público en la UE se analizan de manera desigual y descoordinada. No todos los Estados miembros cuentan con procedimientos de análisis y, en aquellos en los que no existen, las inversiones no se someten a ningún control. El CESE destaca que un sistema a nivel de la UE debe abordar estas diferencias entre los Estados miembros al tiempo que garantiza la protección de los intereses nacionales y europeos.

Durante los últimos diez años han aumentado las inversiones en la UE procedentes de terceros países, la mayoría de ellas de EE. UU., Canadá y Suiza, y en menor medida de Brasil, China y Rusia. Resulta preocupante que algunos inversores extranjeros, en particular inversores públicos, busquen adquirir empresas europeas que disponen de tecnologías esenciales e invertir en sectores industriales estratégicos, infraestructuras y otros activos importantes para la seguridad de los Estados miembros y del conjunto de la UE.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea, pero observa que la magnitud del problema no se ha captado en toda su extensión, puesto que la Comisión no ha realizado una evaluación de impacto exhaustiva de los flujos de inversión.

«El mecanismo de análisis de la UE propuesto supone un avance, pero no puede proteger totalmente los intereses de la UE y de los Estados miembros. Por tanto, en esta fase, el sistema no debe resultar gravoso, requerir demasiado tiempo o ser costoso», afirmó el coponente del CESE, Gintaras Morkis. (sg)