Dados los resultados desiguales de las anteriores políticas de reforma, es esencial que la UE y los Estados miembros lleven a cabo una evaluación en profundidad. En su Dictamen sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019 (EPAC), el CESE sostiene que, a pesar de las mejoras realizadas hasta la fecha, son necesarias nuevas reformas y medidas políticas para impulsar el crecimiento y reforzar la cohesión y la dimensión social de las políticas.

El CESE critica la valoración globalmente favorable que hace la Comisión en el EPAC de los avances económicos y sociales realizados desde 2014 y de las políticas de reforma anteriores. El crecimiento económico de la UE en su conjunto sigue siendo más lento que antes de la crisis y hay que tener en cuenta las diferencias dentro de las regiones y entre ellas. Del contenido del EPAC no se infiere en modo alguno que podamos dormirnos en los laureles.

El CESE acoge favorablemente que la Comisión se haya comprometido a apoyar las reformas. Las reformas y las políticas deberían aumentar la resistencia de la economía y los mercados de trabajo, contribuyendo así el crecimiento económico y la productividad. Asimismo, deben demostrar un compromiso real con el pilar europeo de derechos sociales y los objetivos climáticos internacionales. Desafortunadamente, el EPAC no presenta propuestas adecuadas en materia de aplicación y financiación,

ni tampoco para contrarrestar los riesgos externos para el crecimiento. Deben formularse y presupuestarse políticas de estímulo que permitan mantener el crecimiento y los niveles de empleo. En este contexto, se acogería favorablemente una inversión de alta calidad en educación y formación, tal como se propone en el EPAC.

Los interlocutores sociales y la sociedad civil podrían contribuir a acelerar el trabajo sobre las nuevas propuestas políticas y asegurarse de que las reformas sean específicas para cada país, adecuadas y prácticas.

Por último, el CESE se congratula de que la Comisión dé prioridad a las reformas encaminadas a aumentar la inversión pública y privada. Las normas presupuestarias de la UE deben permitir la financiación, con cargo a los presupuestos nacionales, de inversiones productivas desde el punto de vista social y económico, que no pongan en peligro la futura sostenibilidad presupuestaria. (jk)