El número de personas que viven en la pobreza podría reducirse en un 50 % en la próxima década: así lo afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos durante el pleno de enero del CESE, a la vez que revelaba las conclusiones de su misión a las instituciones de la UE.

La reducción de la pobreza debe ser una de las principales prioridades del próximo plan de acción de la Comisión Europea para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales: así lo aseveró Oliver De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

El Sr. De Schutter señaló que la pobreza en la UE afecta cada vez más a las mujeres y los hogares monoparentales.

También advirtió que el Pacto Verde de la Comisión, si bien incluye una sólida dimensión social, no sustituye a una estrategia de reducción de la pobreza: «La reducción de la pobreza no es, en sí misma, un objetivo del Pacto Verde», subrayó.

Explicó que se han señalado tres limitaciones estructurales en la lucha contra la pobreza en la UE:

• El dumping fiscal en los países de la UE, en los que la carga fiscal se ha desplazado gradualmente, durante los últimos veinte años, de las empresas y las personas más ricas a los trabajadores, los consumidores y las familias con bajos ingresos.
• Lascondiciones sociales y los costes laborales, con políticas que han intentado mejorar la competitividad de los costes reduciendo los salarios y las cotizaciones sociales pagadas por los empresarios.
• El marco macroeconómico de la unión económica y monetaria, en particular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que debe revisarse lo antes posible para eximir a la inversión social en sanidad y educación de las medidas de disciplina presupuestaria.

El Sr. De Schutter afirmó que deben incluirse tres objetivos ambiciosos en el plan de acción de la Comisión para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales:

• una estrategia destinada a reducir la pobreza de aquí a 2030 que fije el ambicioso objetivo de reducir en un 50 % el número de personas en riesgo de pobreza;
• una garantía infantil que cubra cinco ámbitos esenciales: acceso a la educación, cuidados de la primera infancia, nutrición, vivienda y asistencia sanitaria. Esto implicaría apoyar a las familias ofreciendo ingresos dignos, trabajo y acceso a las prestaciones y
• crear un nuevo instrumento jurídico vinculante sobre los regímenes de renta mínima, que garantice que dichos regímenes sean adecuados en toda la UE y que los Estados miembros sigan una metodología común.

La presidenta del CESE, Christa Schweng, afirmó que, incluso antes de la COVID-19, una de cada cinco personas ya se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social en la UE, lo que constituye un fracaso de nuestras sociedades europeas desarrolladas. «Una de las mejores maneras de sacar a las personas de la pobreza y de prevenirla es generar resiliencia social e individual», aseveró Schweng.

A continuación, señaló que, además de ofrecer financiación, también es necesario adoptar un enfoque basado en los derechos que reconozca a las personas afectadas por la pobreza no solo como titulares de derechos sino también como agentes del cambio. Y añadió que el compromiso de no dejar a nadie atrás implica capacitar o volver a capacitar a las personas para que desempeñen un papel positivo en la sociedad. (at/mp)